La semana pasada los hoteleros y los comerciantes de San Andrés y Providencia le enviaron una carta a Luis Carlos Villegas alertando al recién posesionado ministro de Defensa sobre “la grave y preocupante situación” de seguridad que vive la isla por la guerra entre bandas criminales.
La semana pasada los hoteleros y comerciantes de San Andrés le enviaron una carta a Luis Carlos Villegas alertando al recién posesionado ministro de Defensa sobre “la grave y preocupante situación” de seguridad que vive la isla por la guerra entre bandas criminales. Los términos del documento y el que lo hayan hecho público demuestra que la violencia ha llegado a un punto que ya ni ellos mismos -que viven de eso- son capaces de sostener la imagen rosa del territorio rodeado por el mar de los siete colores.
“Homicidios por delitos de alto impacto como el sicariato y las extorsiones nunca antes visto en el Departamento, han generado sensación de inseguridad tanto en los habitantes del territorio, como en los visitantes nacionales y extranjeros, quedando en algunas ocasiones impunes estos actos delictivos”, le escribieron al ministro Ana María Fajardo, representante de los hoteleros, y Víctor Henao Londoño, presidente de la Cámara de Comercio.
Los gremios redactaron el documento horas después de que Villegas sobrevoló el archipiélago y presidió un consejo de seguridad en el que además de los representantes de los hoteleros y los comerciantes asistieron, entre otros, la gobernadora Aury Guerrero Bowie, el comandante de la Policía del archipiélago Luis Carlos Hernández y el almirante Andrés Vásquez, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia.
En esa reunión, la gobernadora y el comandante de la Policía le presentaron al ministro una isla mucho más segura por cuenta de los operativos que dejan este año 14 capturas relacionadas con homicidios y los casos de extorsión controlados por la presencia de los hombres del Gaula.
Al final del consejo, el ministro Villegas aseguró que se llevaba un reporte “positivo” en materia de seguridad y soberanía para el presidente Juan Manuel Santos.
La declaración indignó a los gremios y decidieron dejar por escrito un testimonio de lo que, según ellos, realmente ocurre.
La carta la publicó dos días después el portal El Isleño al igual que una caricatura, dibujada por el artista SandFly, de la que se leía: “No, pero si aquí en San Andrés todo anda divinamente”.
El temor a impactar el turismo, del que depende el 80% de la economía de la isla, ha llevado a que durante los últimos años las denuncias sobre la violencia asociada al narcotráfico tiendan a minimizarse. Se ha subestimado a tal punto que en octubre pasado, la Defensoría del Pueblo cuestionó públicamente que así se hiciera.
La secretaria del Interior Licette Hooker le dijo a La Silla, por ejemplo, que durante la entrevista no hablaría a fondo de las estadísticas de inseguridad por tratarse de “temas muy álgidos” para un destino turístico como el archipiélago.
Si bien las cifras oficiales evidencian que hasta ahora el número de visitantes extranjeros y nacionales se ha mantenido estable e inclusive creció el primer semestre de este año, el temor de los hoteleros y comerciantes es que eso pueda cambiar si no se garantizan mejores condiciones de seguridad para los turistas.
Al final ese argumento pesó más y por eso le escribieron al ministro.
El acecho de las bacrim
La violencia reciente que azota a San Andrés comenzó a ser noticia constante en 2010 por una seguidilla de asesinatos, la mayoría de ellos producto de los enfrentamientos entre las bandas Los Rastrojos y Los Urabeños: fue así como de 8 homicidios que registró la isla en 2009, según el Forensis de Medicina Legal, pasó a tener 25 en 2010. Desde entonces las cifras se han mantenido en dos dígitos. Este año ya van 9 homicidios.
Con 75 mil habitantes y solo 27 kilómetros cuadrados de extensión, San Andrés tuvo el año pasado una tasa de homicidios de 30 por cien mil habitantes, ligeramente superior a la tasa nacional que fue de 28, pero muy superior a ciudades como Bogotá con 17.
A ese centenar de muertes durante los últimos cinco años se suman 15 desapariciones, los descuartizamientos de tres sanandresanos, encontrados en el Rodadero (Santa Marta), y las amenazas de muerte. El caso más reciente es el del promotor turístico Jimmy Gordon, propietario de la Cueva de Morgan. A él la Policía lo tuvo que escoltar en mayo pasado hasta el avión en el que salió de la isla y rumbo a otro país.
Estas situaciones han hecho que los isleños vean lejanas aquellas épocas en las que confiaban entre sí y vivían tan tranquilos que eran capaces de dormir con las ventanas y puertas abiertas, aún con la presencia de las embarcaciones cargadas de droga muy cerca de sus casas.
El narcotráfico ha estado presente durante más de tres décadas en el archipiélago, pero solo hasta hace pocos años comenzó a dejar de ser visto como una fuente alternativa de ingresos que no traía consigo problemas de seguridad.
Mientras el Estado y los grupos armados se enfrentaban en el continente, los pequeños grupos de narcos sanandresanos se dedicaban a transportar la droga sin pelearse entre sí. Esa relativa tranquilidad cambió en 2010 cuando Los Urabeños y Los Rastrojos se fijaron en la privilegiada ubicación geográfica de San Andrés para el envío de droga hacia Centroamérica y comenzaron a disputarse el control.
Los 27 kilómetros cuadrados de esta isla y su área marítima sirven como zona de reabastecimiento de combustible para las lanchas que transportan la coca.
Sin asentarse en San Andrés, le explicaron a La Silla dos conocedores del modus operandi de estos grupos, las bandas comenzaron a enviar a algunos de sus miembros para contratar mayoritariamente a los raizales. A ellos les encargan el abastecimiento de combustible en altamar de las embarcaciones go-fast o semisumergibles, y la tripulación de las naves hacia Centroamérica. Los contratan por sus habilidades para la navegación y el buceo.
“Las bacrim mandan a sus hombres desde ciudades como Santa Marta, La Guajira, Barranquilla y Cartagena. Llegan por dos o tres días, contactan a la gente, hacen los negocios y se devuelven al continente”, aseguró una de las fuentes.
Estos grupos, que no tienen presencia en los barrios del archipiélago, también se hacen sentir cuando envían a sus miembros a cobrar venganza por los alijos o dineros perdidos. Además, nos explicó una de las fuentes consultadas, son ellos quienes personalmente les notifican a las víctimas de extorsión en la isla cuánto dinero y en qué condiciones deben pagarlo.
Para contrarrestar la presencia de las bacrim, las autoridades intensificaron desde 2011 por orden presidencial los operativos contra los narcos. Fue así como cayeron 46 miembros de estos grupos entre 2012 y 2014, y con la ayuda de las autoridades de Honduras y Panamá también fueron capturados los ‘Mellos’ Amaury y Mario Smith Pomarce, considerados como los cabecillas de una organización de narcotráfico que operaba en el archipiélago al servicio de Los Rastrojos.
Las acciones también incluyeron el traslado en 2011, y en algunos casos destitución, de 55 uniformados; la realización semanal de reuniones entre funcionarios de la Gobernación, miembros de la Armada, gremios, líderes de la comunidad y la Policía, y la llegada del Gaula este año para enfrentar la extorsión, las amenazas y las desapariciones: la unidad de la Policía inició operaciones en marzo y la de la Armada en abril.
Estos esfuerzos han reducido la zozobra en la que estuvo la isla entre 2010 y 2012, pero como dice el exgobernador Álvaro Archbold, “hay una percepción generalizada de inseguridad entre los habitantes de San Andrés. Hay miedo”.
Ese temor también lo comparte Carmelo Pérez, presidente de una junta de acción comunal. Él, quien lleva 35 años viviendo allá, asegura que la isla pasa por momentos difíciles porque, aunque reconoce el trabajo de las autoridades, atrás quedó aquella idea de que San Andrés era un remanso de paz. “Hay fuerzas oscuras, crímenes a plena luz del día”.
Los crímenes son tan evidentes que ya ni los mismos hoteleros quieren taparlos con la mano.
