“Hoy cualquiera puede desaparecer bienes incautados de la SAE”

Hablamos por chat todos los días. A veces también me citan en Palacio, casi que una vez a la semana. Estoy en el gabinete estratégico de la reforma rural y ahí me veo constantemente con el presidente. Y tenemos pendiente una reunión bilateral solo él y yo para hablar de temas de la SAE.

La verdad no lo sé. Conmigo me da instrucciones precisas, muy precisas, casi que con coordenadas de las tierras que tenemos que ir a buscar para verificar que están en el inventario. Él me escribe y me dice: esto es así, y no se deje convencer de nadie más.

No me quiero enemistar con ningún compañero en el Gobierno. Pero sí me da un poquito de guayabo ver que la interpretación del programa que debería de hacerse genuinamente en el Plan de Desarrollo no ha sido bajo la clave que ha dado el presidente en la campaña y sus discusiones públicas. Intuyo también que es porque en Planeación Nacional vienen de una tradición que no es la nuestra, de gobiernos anteriores. Y les cuesta mucho interpretar la ambición del programa.

El programa exige interpretar al Estado de otra manera. Un ejemplo: la economía popular. Estamos hablando de actividades que no están en el PIB: vendedores ambulantes, artistas populares, trabajo del cuidado. En Planeación están acostumbrados a que lo excluido se atiende con un subsidio. Nosotros decimos que no, que Colombia tiene un potencial de productividad ahí y que hay que vincularlos a circuitos de comercialización. Por otro lado creo que hay una lealtad con el programa en carteras estratégicas: la ministra de Minas está jugadísima; también la de Salud.

Hay un informe de ciberseguridad contratado desde la administración anterior del que no nos informaron en el empalme. Me enteré hace como un mes, en noviembre o diciembre. La consultora que hizo el informe nos contactó y nos informó sobre el alto riesgo de seguridad que tenemos en el sistema. La conclusión es que la SAE tiene un 73,9 % de vulnerabilidad en su sistema.

¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona, incluso sin altos conocimientos en informática, puede entrar al sistema de la SAE, hacer cambios en el inventario, navegar en carpetas compartidas e incluso desaparecer del inventario de la SAE bienes incautados. Incluso utilizando mi propio usuario.

La empresa no alcanzó a presentar el informe a la administración pasada, pero desde el empalme se sabía que se estaba haciendo una auditoría. Y en octubre, cuando se recibieron los resultados, el funcionario de la administración anterior que los recibió no me los dio a conocer. Hoy tenemos la preocupación de que incluso bajo nuestra administración han podido vulnerar el inventario.

No, porque estamos haciendo cambios en el personal. La idea es entregarle a la Fiscalía todos los indicios que tengamos respecto a movimientos que se hayan hecho en los sistemas.

El director de la oficina de gestión de la información.

En todas las áreas tenemos preocupación. Desde talento humano hasta la oficina de gestión de información, y toda el área de bienes rurales, urbanos, bienes muebles e inmuebles. De hecho recibí una alerta de la Contraloría porque hay quejas de que estamos removiendo a muchos funcionarios. Pero es que las alertas que nosotros tenemos respecto a los procesos, respecto a la transparencia de los procesos de la SAE, nos obligan a hacer cambios drásticos en el personal en todas las áreas.

Cambiamos a los cuatro gerentes regionales, que tienen mucho poder sobre los negocios de menor cuantía en los departamentos, que son la mayoría. Uno de ellos, Juan Carlos Suárez, del suroccidente, activó la ARL porque tuvo una contusión en la mano y eso nos detuvo su remoción. Hasta el último momento se pegó de esa posibilidad, hasta que vimos la viabilidad jurídica para terminarle el contrato. No había confianza en esos cuatro gerentes regionales, que tenían vínculos políticos.

No hemos tenido la primera mesa desde que hicimos el anuncio. Hemos tenido algunas reuniones exploratorias y estamos esperando la fecha de la instalación de la mesa a mediados de este mes. El fiscal, Francisco Barbosa, ha dicho que más que trabajar con nosotros su deber es investigarnos. Yo respeto esa posición. Estamos dispuestos a que nos investiguen, pero también a que investiguemos todo el acervo de preocupaciones que tenemos.

Más que no tener suficiente colaboración, quisiéramos tenerla. Le digo la verdad y es que el único que nos ha apoyado estrictamente es el señor presidente. Con los demás sí nos hemos sentido solos.

Hemos denunciado una falta de claridad en el inventario de la SAE. Y cada vez nos damos cuenta de que esa claridad no existe, entre otras razones por la vulnerabilidad del sistema. Un día tenemos una cifra y al siguiente otra. Pero además porque hay predios que tenemos en el papel pero no físicamente. Hemos hablado de 120.000 hectáreas como un compromiso a corto plazo para ayudar en la reforma agraria. Pero nosotros queremos mejorar la calidad del inventario para poder descubrir qué tanta tierra tiene la SAE. Entre esas acciones firmamos un memorando de entendimiento con la Superintendencia de Notariado, porque hay muchos predios que tienen extinción de dominio, pero que no están en la SAE. O se desaparecieron o las borraron o nunca llegaron.

Eso es costosísimo. Todavía no tengo ofertas para reforzar todo el tema de ciberseguridad, pero vamos a elevar los gastos de la entidad. Y como siempre nos tienen la lupa frente al aumento del gasto público, pues yo anuncio que sí lo vamos a elevar, porque es imprescindible que nos blindemos. Que blindemos los activos de la nación.

La SAE no está en el presupuesto de la nación, tiene un presupuesto autónomo. Los recursos vienen del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra la Corrupción (Frisco). De lo que se recauda por la administración de los activos incautados se saca el presupuesto de funcionamiento de la SAE.

Podrían ser mucho más rentables. Esa es otra parte de la denuncia ye s que muchos apartamentos de lujo que administra la SAE están arrendados muy por debajo de lo que determina el mercado. Y se les han dado a los arrendatarios condiciones muy favorables, como aceptarles mejoras al predio como parte del pago, y muchas veces no están sustentadas esas mejoras.

(Risas) Ni idea. Esa es la pregunta. Porque la SAE no gana nada. Pierde. Un caso concreto es la hacienda de Carlos Castaño, Támesis, que se le entregó en octubre a 50 familias campesinas. Es una finca a 20 minutos de montería, 590 hectáreas, que estaba arrendada a 10 millones de pesos. Eso era un regalo.

Drogas La Rebaja es un bien extinto. Es decir, es un bien de la nación. Por lo tanto es una empresa pública. ¿Qué hacemos nosotros como administradores? Buscar la mejor administración. Por eso firmamos el acuerdo con el Ministerio de Salud para que se encargue de poner a Drogas La Rebaja al servicio de los propósitos del Gobierno. 

Eso está en manos de la ministra. Nosotros no estamos interesados en que Copservir se vaya. Creemos que podemos hacer una alianza entre la cooperativa y los trabajadores para hacer de Drogas La Rebaja un modelo ejemplar.

Drogas La Rebaja es una empresa pública. Las decisiones sobre una empresa pública las toman los funcionarios del Estado. No es obligación del presidente avisarle a ningún privado cuáles son los propósitos que tiene con una empresa pública. Se lo comunica a la ciudadanía. El privilegio de la información la tiene la ciudadanía y por eso se hace un anuncio público.

Sí, claro, yo hablo con el presidente muy seguido. Él vive dando instrucciones y tiene muy claro el panorama de la SAE. De hecho nos sobrecarga de trabajo (risas).