El informe de DD.HH. de la Alcaldía de López a la ONU pone el énfasis en el vandalismo

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Foto: Alcaldía de Bogotá.

El pasado 26 de mayo, en una rueda de prensa transmitida por Facebook Live y Canal Capital, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó a la ONU un anunciado informe sobre violaciones de derechos humanos en el marco del Paro. Con una copia del documento en mano, López lo calificó como el “primero” de su tipo en el país.

La destinataria era Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y estaba parada al lado de López. Rivero había sido una de las voces protagonistas de denuncia sobre excesos policiales al inicio del Paro. Eso había ya generado un enfrentamiento con la Cancillería del presidente Iván Duque. En un comunicado fuerte, el ministerio lamentó “profundamente” que las denuncias de la oficina fueran emitidas “sin verificar, ni con fuentes oficiales”.

En el contexto de esas tensiones, López había anunciado el informe dos días antes, en su reaparición con mea culpa, luego de estar enferma de covid. Explicó que el documento sería una recopilación de “denuncias y evidencias” sobre violaciones a los derechos, que nutriría una veeduría independiente de la ONU y la ONG, Human Rights Watch. El foco estaba sobre los abusos policiales, como reiteró la alcaldesa: “sin peros ni atenuantes, perdón por los abusos cometidos contra su legítima movilización y reclamos”.

Cuarenta y ocho horas después ya estaba listo, y era entregado frente a las cámaras en la rueda de prensa: “Es el primero que documenta las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el Paro Nacional”, dijo la alcaldesa. 

El informe no fue público, pero La Silla Vacía obtuvo una copia. Según organizaciones de derechos humanos, abogados, y políticos de la ciudad consultados y el medio En La Raya, que criticó el informe en redes, se trata de un ejercicio problemático en su enfoque de derechos humanos. Incluso es criticado por funcionarios dentro de la misma Alcaldía, que opinaron a condición de no ser identificados.

Más que una investigación sobre la acción de la Policía, se trata de un compendio de cifras, presentaciones de Power Point y actas, en el que el recuento de infraestructura “vandalizada” tiene más peso que los “abusos” policiales. Por ejemplo, en las más de cien páginas hay 61 referencias al vandalismo, y dos a abusos y exceso de fuerza policial. 

Derechos humanos mezclados con daño a infraestructura

En conversación con La Silla Vacía, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que el informe al que tuvimos acceso está incompleto: “El completo tiene 480 páginas e incluye anexos de salud, historias médicas, denuncias de vulneraciones de derechos humanos, violencia sexual y afectaciones a la infraestructura. La infraestructura pública es necesaria para garantizar derechos, entre otros el de la movilidad, etc.”.

Sin embargo, este medio pudo corroborar con la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que el informe que les entregaron es el mismo que tiene La Silla, de 144 páginas, sin ningún tipo de anexo sobre violaciones de derechos humanos a las víctimas ni detalle sobre sus testimonios.

Este énfasis es llamativo en un informe titulado “Afecciones a los derechos humanos” en Bogotá. Queda claro en las “recomendaciones generales” que hace el documento preparado, según nos dijo Gómez, por “varias secretarías, integrado por la Secretaría de Gobierno”. De diez puntos, solo cuatro se relacionan con las acciones de la Policía. Y su redacción es confusa y ambigua.

Por ejemplo, recomienda “pedir a los entes de control y justicia condena efectiva a los autores de la violencia, evitando naturalizar los hechos vandálicos”. Por otro lado, en esa misma sección afirma que “no se tienen registros de noticias criminales por denuncias vinculadas a presuntos casos de abuso sexual”. 

Los daños a la infraestructura ocupan 80 páginas de las 144 del documento. En anexos y soportes relata daños a buses, estaciones, instalaciones del Distrito, CAI, entre otros. Se detalla que, entre el 28 de abril y el 23 de mayo, hubo 6.657 daños a la ciudad, que costarán más de 28 mil millones de pesos. 

“Equiparar las dos cosas es impreciso en términos jurídicos y teóricos. Y políticamente desacertado”, dijo a La Silla Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos, que revisó el informe. Agregó que “jamás se podrá hacer el mismo juicio de reproche respecto de daños a infraestructura cometidos por ciudadanos, que sobre violaciones a derechos humanos que le son imputables al Estado (o a sus representantes)”.

Cuando preguntamos por qué se incluía en el informe de violación de derechos humanos ese nivel de detalle sobre los daños a la infraestructura, un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno nos dijo a condición de no ser citado: “Yo me hago la misma pregunta. Ese informe es una vergüenza. Tiene muy poco de derechos humanos”.

Equiparar policías con manifestantes

Otro de los puntos problemáticos del informe es que pone en el mismo nivel a miembros de la Fuerza Pública con manifestantes: 

“Es nuestro deber denunciar la violencia de la Fuerza Pública y vándalos: 361 personas lesionadas hasta el 23 de mayo. 380 policías lesionados atendiendo confrontaciones y disturbios”, se lee en el texto.

Según el secretario Gómez, “el informe incluye vulneraciones a los derechos humanos de civiles y uniformados. Para la Alcaldía de Bogotá los policías también tienen derechos humanos”, dijo el responsable de la secretaría que coordinó el documento. 

Según explicó un abogado de Derechos Humanos, que pidió no ser citado porque trabaja con una organización internacional y no es vocero oficial, de acuerdo a los tratados internacionales es el Estado, en este caso representado por miembros de la Policía, el garante de los derechos humanos y por lo tanto el énfasis de un informe de violación a los derechos humanos debería estar en las víctimas civiles. 

Por otro lado, dijo el abogado, el uniformado por su trabajo sabe que está expuesto a diferentes peligros y cuenta con el entrenamiento y el equipo para afrontarlos, distinto a un manifestante. Por eso lo que le sucede a un policía en su ejercicio, al menos en la visión de los tratados internacionales, no es denominado como una violación a derechos humanos. 

Esto no significa, en todo caso, que no se pueda incluir en un informe de derechos humanos hechos graves que han ocurrido contra la Policía como parte del contexto, y como lo hizo, por ejemplo, el informe de HRW. El inconveniente está en que en este informe las agresiones contra manifestantes, contra policías y la afectación a la infraestructura están en el mismo saco. 

“Han existido graves violaciones de derechos humanos y han estado en gran parte lideradas por la Fuerza Pública y hay que reconocerlo de manera clara. Este informe es muy complejo e incompleto”, dijo Diego Cancino, concejal verde, aliado de la Administración de López. 

Solo fuentes oficiales

El informe no incluyó los testimonios de las personas a las que se les habrían violado los derechos humanos. Tampoco incluye las cifras de abusos recolectadas por organizaciones de derechos humanos, que en Bogotá son muy activas y que, como contamos, suelen ser más transparentes con respecto a la metodología que usan. Ni siquiera incluye las cifras de entidades estatales de control, como la Personería de Bogotá, de la Procuraduría ni de la Defensoría del Pueblo. 

“En este momento hay una crisis institucional. La gente no confía en las instituciones. Alguien que ha sido abusado por un Policía no va a denunciar con la Policía. Por eso es importante tener información de estos abusos de otras fuentes”, dijo Alejandro Lanz de la ONG Temblores. 

Ese mismo reconocimiento lo hizo la alcaldesa, justo al entregar este informe, y pedir que fuera un insumo de una investigación independiente de la ONU y Human Rights Watch. 

Según el secretario Gómez, la falta de diversidad en las fuentes se debió a que “hace algunas semanas había una desconfianza de organizaciones a entregarnos información. Pedían tener una reunión conmigo y Claudia antes de hacerlo. Como ella y yo tuvimos covid, la reunión se aplazó”. La respuesta deja ver que este documento se elaboró bajo la premura del tiempo. De hecho, el funcionario agregó que en otros informes, entregados luego a la CIDH sí incluyeron esta información. 

Del afán no queda sino el cansancio

Esta premura queda clara con errores básicos en el apartado fundamental, el de recomendaciones del informe. Por ejemplo, dice textualmente: “Recomendar nuevamente a la Policía Nacional, el uso de munición con proyectiles de goma, especialmente por los daños causados a las personas en sus ojos”. Es evidente que falta un “no”, pues López ha insistido en que este tipo de armas no deben ser usadas. 

En el escrito, además, se quedaron por fuera recomendaciones que la alcaldesa ha hecho en público, como la necesidad de darle celeridad a las investigaciones de los casos de abuso policial.

Por otro lado, hay al menos tres afirmaciones en el informe que también pueden ser problemáticas:

  • “A la fecha no se tienen registros de noticias criminales por denuncias vinculadas a presuntos casos de abuso sexual o que contengan la formalidad de ley para establecerlo como verás”: El mismo informe se habla de una mujer, a la que mencionan con nombre propio, que manifestó ser víctima de abuso sexual. Al tener esta declaración como una de las conclusiones pareciera que no se le da credibilidad al testimonio de la presunta víctima.

    El secretario de Gobierno explicó que “toda denuncia recibida no solo es creíble, sino que hay deber de remitirla a órganos de investigación y control. Cuando se menciona que no hay noticia criminal es porque está la denuncia de la víctima pero la Fiscalía no la reporta”. 

 

  • "Nunca se ha intervenido sin verificar previamente que haya habido violencia, saqueo o vandalismo": Una de las denuncias recurrentes es que el Esmad ha intervenido también cuando las marchas son pacíficas. 

    Sobre esta frase, el secretario Gómez explicó que las intervenciones del Esmad han iniciado con una situación de alteración del orden público o de riesgo a la vida de policías o transeúntes: “Lamentablemente las intervenciones del Esmad terminan interrumpiendo y dispersando la protesta pacífica de quienes no están involucrados en la violencia. Por eso tienen razón quienes afirman que ellos no estaban involucrados en violencia pero que el Esmad los dispersó”. 

 

  • "Ha habido por lo menos 15 Policías afectados por intento de homicidio": Se habla del intento de homicidio hacia los policías, pero no de intentos de homicidios a civiles por parte de los uniformados. Y en todo caso, se trata de una afirmación que, según los abogados consultados para esta historia, le compete a la Fiscalía. 

El informe tampoco dice nada sobre los traslados arbitrarios, otro de los grandes problemas de abuso policial que se ha denunciado durante este Paro, como documentó La Silla.

El informe vs. la alcaldesa

La alcaldesa ha sido una de las líderes más visibles en señalar el abuso policial. Ha sido directa en asegurar que es necesaria una reforma a la Policía y le ha pedido tanto al Congreso como al presidente Iván Duque que la tramite. 

La mandataria también anunció que el exdefensor del pueblo Carlos Negret desarrollará un informe independiente de la Alcaldía, financiado por el PNUD. En este contará lo sucedido en las protestas de 2019, 2020 y 2021 y también se incluirá lo que pasó en Soacha. Los primeros avances se conocerán en septiembre y el resto a final del año o principios de 2022.

López además dispuso de 22 grupos de verificación de los derechos humanos en las protestas, y los gestores de diálogo han estado presentes en las marchas para tratar de desescalar la violencia que se presenta. 

Pero el informe, no refleja esta presencia ni menciona ninguna de sus posturas públicas, ni contienen “las denuncias y evidencia” sobre abusos policiales que había prometido luego de su periodo de reflexión. 

Puede ver el informe al que La Silla tuvo acceso aquí.

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