La batalla por los aranceles al acero: Constructores 1 - Industriales 0

La batalla por los aranceles al acero: Constructores 1 - Industriales 0

En los próximos días el Ministerio de Comercio debe decidir si baja los aranceles a dos productos de acero, fundamentales para construir casas y apartamentos. Eso podría ayudar a que no se paren proyectos de vivienda, cuya rentabilidad está en vilo y que son clave para mejorar la calidad de vida, y para reactivar el empleo y la economía, pero también afectar a todo un sector productivo.

Por más de tres meses, esa decisión fue objeto de un intenso debate y de un fuerte cabildeo de dos de los gremios más poderosos del país. En una esquina Camacol, de los constructores; en la otra, la Andi, que representa a la industria, y en particular los cinco fabricantes de productos de acero (Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc y Ternium).

Históricamente los dos sectores han sido aliados. Por ejemplo, los constructores apoyaron medidas para frenar la exportación de chatarra para que las siderúrgicas tuvieran más materia prima, o poner salvaguardas y derechos antidumping a productos chinos.

Pero ahora están en una batalla que, como dijo a La Silla una alta fuente del Gobierno, “ha dejado sangre en la arena”. Una batalla que van ganando los constructores, pues el borrador de decreto que está en comentarios ya en el Ministerio, los favorece.

La disputa del acero en la triple A

Las peleas por aranceles son típicas entre sectores económicos con intereses encontrados.

En octubre del año pasado el precio del acero empezó a dispararse en todo el mundo porque creció la demanda por la reactivación económica de países que consumen mucho acero y estaban reabriéndose, como China y Estados Unidos, y no creció tanto la oferta porque la pandemia llevó al cierre de plantas, que tardan tiempo en reactivarse.

En Colombia, eso se agravó porque había escasez de oxígeno, y muchas siderúrgicas calientan sus hornos con oxígeno líquido. A eso se sumaron luego los bloqueos de carreteras durante el paro nacional, que encarecieron las materias primas y retrasaron los pedidos.

Con el acero caro, se complicó el buen momento de los constructores de vivienda, que estaban impulsados por los subsidios para compra de casas y apartamentos.

La cifra más elocuente de esta mala hora la da el Dane. En su Índice de Costos de Construcción de Vivienda, muestra que en 2019 y hasta septiembre de 2020, el precio del hierro y el acero venía creciendo a un ritmo anual de 4 a 4,5 por ciento, cerca de la inflación, pero que para julio de este año ya se estaban encareciendo a un 40 por ciento.

“El 16 por ciento del costo de un edificio es el acero”, dijo a La Silla Martín Gómez, gerente de CG Constructores. “Eso le pega muy duro a la estructura de costos de cualquier proyecto y está bajando la utilidad, en particular de interés social, hasta 6 puntos porcentuales.”

Según análisis de Investigaciones Bancolombia, la buena noticia es que en este momento el sector no se está contrayendo, el problema es que tiene menos utilidades.

Gómez y otros tres constructores con los que hablamos nos explicaron que en octubre del año pasado empezaron a ver que las cinco siderúrgicas arrancaron a pedir pagos por adelantado y de contado y a no comprometerse con fechas exactas de despacho. Es decir, que se estaba enredando la compra de un material esencial para construir.

Por eso, a finales del año pasado en la junta directiva de Camacol, donde estaban tanto constructores como las cinco siderúrgicas, se discutió cómo bajar los precios. No llegaron a ningún acuerdo.

En junio la junta de Camacol decidió pedirle al Comité Triple A del Mincomercio, en el que se sientan delegados de varias entidades del Gobierno, que le recomendara al Ministerio bajar a cero los aranceles de los dos productos del acero que más se usan en la construcción de viviendas: las barras y el alambrón.

Eso bajaría los precios en Colombia de las barras y el alambrón importados de los países con los que no hay TLC. Eso incluye a China, Turquía, Ucrania y Rusia, grandes productores que tienen excedentes de acero para exportar.

La decisión de llevar esta petición al Comité Triple A cayó tan mal entre las siderúrgicas que se salieron de Camacol, y armaron la defensa del arancel en el Comité Colombiano de Productores de Acero, una dependencia de la Andi que conforman las cinco compañías.

Tienen tres grandes argumentos:

  • Que el problema ya no es de abastecimiento. Dicen que hay suficiente acero porque las importaciones han venido aumentando (según el Dane entre enero y julio de 2020 y de este año, crecieron un 29 por ciento) y porque han invertido en plantas para que haya más producción nacional.
  • Que la reducción de aranceles los deja desprotegidos frente a importaciones que en el pasado han usado prácticas anti competitivas (como vender productos por debajo de su costo para bajar artificialmente los precios, lo que se llama dumping) y en países con industrias altamente subsidiadas, que es una ventaja que los nacionales no tienen.
  • Que el problema hoy es que los precios están altos no en el acero sino en las materias primas en general, y que usar el Comité Triple A para impactar este tema en particular es un error. “No podemos coger una política arancelaria para intervenir un mercado, entonces cuando el precio esté bajo, ¿vamos a decirle al Gobierno: 'suba el arancel para que suban los precios?'”, dijo en una conferencia la directora del Comité de Acero de la Andi, María Juliana Ospina.

Frente a eso, el Comité Triple A (donde tienen asiento funcionarios de los ministerios de Comercio, Hacienda, Agricultura y Minas, del DNP, la Dian y la Superintendencia de Industria y Comercio) decidió unánimemente recomendar al Gobierno bajar los aranceles a estos dos productos del 10 al 5 por ciento (no al cero como pedía Camacol), por seis meses. Dejando abierta la la posibilidad de extenderlo por seis meses más.

Aunque la decisión fue unánime hubo debate entre quienes, como Planeación Nacional, querían bajarlo a cero de forma indefinida; y otros, como el Ministerio de Energía y Minas, proponían bajarlo menos y por tiempo limitado.

El Ministerio de Comercio deberá decidir si acoge esta recomendación y saca un decreto que efectivamente baje el arancel. Usualmente acoge las recomendaciones del Comité y esta vez parece que también: ya publicó para comentarios un borrador de decreto que acata la sugerencia del Triple A.

“Esa recomendación busca disminuir el costo de los insumos de la construcción de viviendas y garantizar el abastecimiento de la materia prima para las obras de infraestructura de manera competitiva. Pero además reconoce las importantes inversiones en modernización tecnológica y capacidad instalada que ha hecho la industria siderúrgica nacional”, le respondió a La Silla el Ministerio de Comercio, lo que refuerza la idea de que la van a acoger.

El rifirrafe puso al Gobierno en la posición incómoda de decidir si protege a la industria siderúrgica nacional con sus 45 mil empleos, o le lanza un salvavidas a los constructores, que son la punta de lanza de la reactivación económica porque dan empleo y además ayudan a mejorar la calidad de vida de la gente sin vivienda o con vivienda precaria.

La reactivación inclinó la balanza del gobierno hacia los constructores

El encarecimiento del acero es muy sensible para el Gobierno porque afecta una de las industrias en las que quiere apuntalar el crecimiento después de la pandemia. Además es un debate que pone en la línea de fuego a actores económicos de gran influencia en el Gobierno Duque.

La construcción pesa 6 puntos del PIB, de los cuales la mitad corresponden al sector de construcción de vivienda. Además incluye jugadores tan grandes e influyentes como el Grupo Bolívar, Amarilo, Marval, Ospinas o Arquitectura y Concreto.

Y se ha venido reactivando a buen ritmo, pues se están iniciando más proyectos de vivienda que antes de la pandemia.

Los 3.500 proyectos iniciados generarían cerca de medio millón de empleos directos, pero se diseñaron con precios de acero del año pasado y hoy son menos rentables o pueden incluso no serlo.

Según una encuesta de Camacol, la mitad de los constructores cree que si no bajan los precios deberán aplazar los proyectos, y solo un 30 por ciento está dispuesto a asumir el sobrecosto o renegociar con otros proveedores, para recortar gastos de otro lado.

Esa carta alertó al Gobierno. “Si no se corrige el problema, se nos acaba la fiesta”, dijo a La Silla un alto funcionario que estuvo en las conversaciones.

“Para nosotros es muy importante mantener el dinamismo del sector edificador”, nos dijo a su turno el Ministro de Vivienda, Jhonatan Malagón, que explicó que la propuesta del comité Triple A va en esa dirección.

La decisión “atiende la necesidad de encontrar un balance entre las peticiones de cada uno de los sectores productivos involucrados: construcción e industria siderúrgica”, dijo a su turno el Ministerio de Minas en una respuesta oficial.

Aunque esa decisión parece salomónica porque no lo baja tanto ni de forma indefinida, dejó un sabor de derrota en el sector constructor.

“Durante muchos años el Gobierno y las decisiones de la Triple A han favorecido a las siderúrgicas, por eso se siente un golpe más fuerte”, comentó un asesor del Ministerio de Comercio que conoce por dentro el Comité, pero nos pidió no citar su nombre para hablar con libertad. “Lo que está en juego para el gobierno es muy grande, una de sus principales apuestas económicas”.

Camacol se pronunció aplaudiendo la recomendación del comité como “fundamental para el proceso de reactivación económica del país”. Es decir, cantó victoria.

Las necesidades de reactivación de la pandemia, movieron la balanza del Gobierno hacia los constructores, un gremio poderoso, de empresarios que tienen un rol clave en la reactivación económica y que además suelen ser donantes activos en campañas presidenciales y beneficiarios de contratación pública.

Y lo distanció de los industriales, y en particular de la Andi, que no solo es el gremio económico más grande del país, sino que también le ayudó al Gobierno a recuperarse de la fallida reforma tributaria, y a construir la narrativa que terminó dándole sepultura al paro nacional de abril de este año. 

También de las cinco siderúrgicas que tienen entre sus dueños a actores multinacionales como las brasileras Gerdau y Votorantim; la argentina Techint; y actores importantes en el escenario regional como Maurice Armitage (exalcalde de Cali, cercano a los Verdes), propietario de la Siderúrgica de Occidente.

Esa distancia podría profundizarse más porque bajar el arancel no soluciona el problema de fondo. A los tres constructores con los que hablamos les preocupa la viabilidad financiera de los proyectos de vivienda de interés social, pese a que nos comentaron que ya estaban encontrando aceros en Colombia levemente más baratos.

“La reducción de 5 por ciento no soluciona”, nos dijo un empresario miembro de la junta de Camacol, que habló off the récord por no ser el vocero oficial. “El transporte está alto, a nivel mundial los commodities están altos. Hubiera ayudado más ponerlo en cero”.

Por eso, ya hablan de pedirle al Gobierno que aumente el tope del precio de la vivienda de interés social, para que refleje el costo adicional del acero. Pero no todos están de acuerdo: “Sería un despropósito trasladar ese sobrecosto a la población”, nos dijo una fuente de Camacol.

El Ministerio de Vivienda también le dijo que no a esta idea.

El 17 de octubre se cierra el plazo para hacer comentarios al borrador de decreto. Después, MinComercio deberá contar en un informe si acepta los comentarios que recibió, entre los que están la petición de Camacol de alargar el plazo del arancel reducido y la insistencia de la Andi de no bajarlo.

Luego pasará a firmas de la ministra Lombana; el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; y el Presidente Iván Duque.

Lo más probable es que el decreto refleje lo que dice el borrador, con lo que la disputa quedará uno a cero a favor de los constructores.

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