La capitalización de Coltel, otro cheque en blanco del Congreso al Gobierno

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El miércoles el Congreso aprobó el proyecto de ley que autoriza al Presidente a capitalizar Colombia Telecomunicaciones. Eso le puede costar a los contribuyentes hasta 3,5 billones de pesos, lo mismo que la reparación a las víctimas el próximo año. Fue un cheque en blanco que obtuvo Santos sin mayor esfuerzo.

Aunque el proyecto ha suscitado críticas de muchos sectores, desde la Asociación Colombiana de Ingenieros hasta el Polo Democrático, pasando por el ex contralor Antonio Hernández Gamarra, este fue aprobado con muy pocas modificaciones y en apenas un mes de discusiones.

Algunas voces pedían un tiempo más largo para estudiar un negocio tan grande. Pero la Unidad Nacional movió su maquinaria y arrasó: en Cámara el proyecto pasó por 85 votos a favor y seis en contra, y en el Senado lo hizo 57 a 11.

La historia de Coltel

El gobierno Uribe diagnosticó a Telecom como inviable, en buena medida por el peso de su pasivo pensional. Por eso creó una empresa cero kilómetros, Colombia Telecomunicaciones (Coltel), que recibió los activos de Telecom y asumió sus funciones.

Además, se empezó a buscar la participación de privados en Coltel, para conseguir recursos con los cuales pagar las liquidaciones de los ex empleados de Telecom y asegurar la supervivencia de la empresa en un mercado que exige altas inversiones y permanente renovación tecnológica.

En 2005 el Gobierno le ofreció la empresa a Carlos Slim, el magnate mexicano dueño de Telmex, un negocio que  fracasó por la oposición de personas como el Contralor Antonio Hernández Gamarra.

A principios de 2006 se reactivó la idea, esta vez con un concurso abierto. Finalmente, Telefónica ganó una puja con su oferta de capitalizar a Coltel en 369 millones de dólares a cambio de la mitad más una de sus acciones, lo que le dio el control de la empresa.

A partir de ese momento Coltel debería pagar el arriendo de los equipos e instalaciones de la vieja Telecom a un precio que se definió entonces. Ese dinero se destinaría a tener fondeado todo el pasivo pensional para cuando se acabaran esos arriendos, en 2020, y se pagaría a un patrimonio autónomo que se creó para ese fin.

Además de hacer viable a Coltel, el negocio buscaba mejorar las comunicaciones del país. Por eso, Telefónica incoroporó en Coltel su negocio de internet, lo que le dio a la española más acciones (tiene aproximadamente el 52 por ciento de Coltel) y a Coltel un nuevo servicio para ofrecerle a sus clientes.

Aunque entre 2006 y 2010 Coltel creó el suficiente dinero como para pasar en total 4,5 millones de pesos al patrimonio autónomo, ahora volvió a estar en graves problemas de liquidez e incluso de viabilidad y por eso el Gobierno decidió capitalizarla, junto con su socio privado.

Es decir, el objetivo de la recién aprobada capitalización es arreglar un problema que se suponía que ya estaba resuelto.

¿Qué pasó en Coltel?

Desde principios de este año, Coltel se empezó a colgar en el pago del arriendo de los equipos de la vieja Telecom y que son necesarios para su funcionamiento. Por eso empezó a ser notorio que algo iba mal.

La situación es muy grave. “Coltel está ad portas de la liquidación”, dijo el senador Honorio Galvis, ponente del proyecto, en la plenaria de ayer. Y también contó que la empresa tiene activos por 1,1 billones y pasivos por 2,5, además de que está arrojando pérdidas. En una intervención ante la comisión cuarta del Senado a principios de noviembre, el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry contó que el pago del arriendo de los equipos de la vieja Telecom pasaría de 500 mil millones en 2011 a 800 mil en 2012.

Según la Contraloría General, en 2009 Coltel dejó de ser una empresa exitosa. En diferentes indicadores financieros, como el margen operacional, el órgano de control encontró que la empresa pasó de número positivos a negativos. En 2010, sus ventas en telefonía fija cayeron un 5,4 por ciento. Ese estado es la que la ha llevado a dejar de pagar el arriendo de los equipos que usa.

Existe un debate sobre el por qué de estos malos resultados. Coltel tiene dos negocios: telefonía fija y banda ancha de internet. También tiene un contrato de asociación con Movistar, que es de propiedad de Telefónica, para hacer mercadeo conjunto de servicios. Y ofrece en paquete teléfono fijo, internet y televisión por cable, lo que en el mercado se llama la 'triple play'.

En su respuesta a la Contraloría, Coltel señaló que, al ser su negocio la telefonía fija, la baja en los precios de la telefonía celular la golpeó duramente, igual que la recesión mundial, pues muchos colombianos prefieren ahora tener celular que una línea fija. Aunque siguió teniendo el mismo porcentaje de los teléfonos fijos del país, el número de líneas viene en caída. Existe un consenso en que ese declive se debe al cambio tencológico en las telecomunicaciones.

En cuanto al negocio de banda ancha para internet, que sí está creciendo, Coltel ha venido bajando su participación en el mercado. Por eso, en este punto sí ha habido señalamientos de que ese probre desempeño se debe a errores en la administración.

Este argumento tiene una contracara. Germán Arce, Viceministro Técnico de Hacienda, le dijo a La Silla Vacía que si la empresa no tuviera que cargar con el pago del arrendamiento de los equipos, cuyos valores están definidos no en función que la rentabildiad del uso de los equipos sino del pago del pasivo pensional, estaría en condiciones de invertir en tecnología y crecer. En otras palabras, para el Gobierno parte del problema de la empresa es que tiene que arrastrar la carga de esas pensiones.

Pero quizás el punto más polémico es el de la relación entre Coltel y Movistar, empresa que sí ha crecido durante estos años y que tiene un resultado operacional positivo, aunque ha dado pérdidas: 570 mil millones en 2009 y casi 350 mil millones en 2010, según sus estados financieros de 2010.

Uno de los presupuestos del acuerdo de 2006 era que, con la entrada de Telefónica, dueña de Movistar, Coltel participaría del negocio de la telefonía móvil. Eso nunca ocurrió. Aunque el documento Conpes de 2005 que recomendaba la entrada de un socio estratégico lo hacía con la idea de que Coltel incursionara en ese mercado, finalmente los términos de referencia para la entrada del socio estratégico sólo exigían el compromiso de una alianza en telefonía móvil o de una prima en caso de que el interesado no tuviera cómo ofrecer esa alianza. Finalmente, el acuerdo entre Movistar y Coltel resultó bastante laxo: existe un contrato para facilitar la comercialización de los productos de cada empresa a través de la otra, pero no más.

Este acuerdo beneficia a Movistar, que pudo comercialziar sus celulares en las oficinas de Coltel en cientos de municipios a los que no había llegado Movistar, donde ofreció un producto novedoso y en pleno crecimiento. En cambio, Coltel no obtiene grandes ventajas en los canales de comercialziación de Movistar. De hecho, la telefonía celular y la fija son servicios que tienden a ser más sustitutos que complementarios (es común que se reempalce una línea fija por una móvil, que es más cómoda), por lo que en últimas el acuerdo beneficaba a Movistar y perjudicaba a Coltel. 

Con la nueva aprobación, el tema de la relación entre las dos compañías vuelve a estar sobre el tapete. Inicialmente, el Gobierno de Santos presentó la propuesta como una fusión entre Coltel y Movistar, como lo registró Portafolio. Pero el proyecto de ley solo mencionaba esta fusión como una posibilidad. El Congreso, en el debate de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara, incluyó un artículo que condiciona la autorización a que se haga esta fusión. Es decir, que ahora está claro que o hay fusión o no hay capitalización por parte del Estado.

Las ventajas del negocio

El ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry afirmó que es necesario que el Estado capitalice la compañía para evitar que ésta se quiebre. “Esa habría sido la quiebra más grande de la historia del país, una quiebra de siete billones de pesos” dijo en el Congreso. A esa posición se han sumado otras voces como la del senador liberal Camilo Sánchez o la del senador verde Iván Name.

Pero el negocio no es firmar un cheque a nombre de Coltel. Lo que en realidad quiere hacer el Gobierno es garantizar el pago de los arrendamientos de tal forma que si Coltel no los puede pagar, el Estado colombiano y Telefónica se comprometen a hacerlo. De esa manera los dos socios buscan que la empresa no termine ahogada por el peso de esos arrendamientos, sea viable, pueda invertir y crear valor y, ojalá, pague ella misma los arrendamientos. En últimas, es una garantía de los socios por el pago de esos arrendamientos.

Echeverry anunció que si la empresa se liquida, el Estado tendría que pagar directamente el pasivo pensional, que hoy suma unos ocho billones de pesos (cifra que puede varias si los pensionados viven más o menos tiempos y tienen beneficiarios o no) y para eso se necesitaría recaudar medio billón de pesos más al año. Es decir, hacer una reforma tributaria sólo para pagar esas pensiones.

Desde el punto de vista de la empresa, la ayuda es lógica. Cuando un negocio va mal pero se cree que se puede salvar, es normal que una de las opciones sea que los socios pongan más plata para hacer las inversiones que hacen falta, o que den su garantía a los negocios de la compañía. Esa es la lógica, vista desde Coltel, que además afirma que quedaría asegurado, ahora sí, el pago del pasivo pensional.

Y es que el verdadero objetivo es la fusión, más allá de la capitalización. Para Telefónica, se trata de una estrategia que tiene el grupo para cambiar la forma en que maneja sus negocios en todo el mundo. La idea de Telefónica en España es que, más que separar la telfonía fija, el internet y la telefonía celular en empresas, se deben integrar para presentar una oferta de servicios más completa.

Para el Estado, es parte de la decisión de mantener una empresa que puede crear más valor y evitar que se tenga que meter la mano al dril. "En estos años, Coltel ha pagado 4,5 billones de pesos que se han ido a las pensiones, lo que ha evitado que el Estado tenga que sacar esa misma plata del presupuesto. Lo que se quiere hacer es darle un nuevo empujón a la empresa, quitarle el piano que tiene en sus espaldas para que cree más valor y pueda volver a darle utildiades al Estado", le dijo el viceministro Arce a La Silla Vacía.

En últimas, la jugada del Gobierno es tener una empresa que, con la plata que produce, le quite de encima el compromiso de pagar las pensiones de Telecom. Para eso el Estado ya puso los equipos de Telecom y consiguió un socio privado. El negocio funcionó unos años, luego dejó de ser viable y ahora lo quiere relanzar. Ésta vez, sí, con telefonía celular.

Las críticas

Pero las voces contra el proyecto son varias. Y aunque ya haya sido aprobado, el Gobierno todavía tiene que terminar de negociar con Telefónica y por eso aún son válidads e interesantes

El senador del Polo Jorge Enrique Robledo dice que la fusión entre Movistar y Coltel crearía un duopolio, pues junto con el de Carlos Slim (Comcel y Telmex), dominarían las telecomunicaciones en el país. Y los damnificados serían UNE y ETB, quienes efectivamente no están de acuerdo con el proyecto. Por ejemplo, ETB reaccionó a la aprobación anunciando que el primero de enero va a empezar a comercialziar una marca propia de líneas celulares utilizando la platafroma tecnológica de Tigo, como ya está haciendo Uff!.

Robledo también ha indicado que fusionar a Coltel con Movistar no es favorable y menos sería que Telefónica capitalizara no con plata sino cediéndole Movistar a Coltel, como es muy posible que termine siendo el negocio. “Resulta que Movistar está teniendo inmensas pérdidas de todo tipo”, le dijo a El Espectador. Para Robledo, si el Estado pone plata y Telefónica a cambio entrega Movistar, lo que estaría ocurriendo es que el Estado estaría financiando a la multinacional. Pero, para Arce, lo que está haciendo el Gobierno es apostando por un negocio con grandes potenciales, sobre todo porque la penetración de internet es baja y hay mucho espacio para crecer.

El ex Contralor Antonio Hernández Gamarra, quien estudió a profundidad la llegada del inversionista privado en 2005 y 2006, tiene tres objeciones adicionales.

La primera, que con lo que se ha propuesto se va a repetir el problema del negocio de 2006: que la posibilidad de pagar el pasivo pensional se ate a los resultados de Coltel. A su juicio, habría sido mejor asegurar que el inversionista privado fuera quien directamente asumiera el pago de esas pensiones, lo que le quitaría un peso a Coltel (pagar anualmente las cuotas de arriendo de los equipos) y reduciría los riesgos de que no se paguen las pensiones. Pero, para el Gobierno, precisamente eso es lo que se está buscando: sin liquidar la empresa ni deshacer la sociedad con Telefónica, se está respaldando el pago de las pensiones con una garantía directa del Estado y de Telefónica.

Otro punto que preocupa a Hernández es que, aunque se sabe que Coltel va mal, para tener mayor claridad de las causas de esos malos resultados y poder aclarar si la capitalización y la fusión con Movistar sí son buenas soluciones, habría que hacer una auditoría más a fondo de la situación de la empresa y ésa no se ha hecho o, por lo menos, no se conoce públicamente. El Gobierno afirma que esos estudios sí se están haciendo y que, por el momento, tener la  autorización del Congreso les permite hacer el negocio en las mejores condiciones posibles.

La tercera inquietud de Hernández es que el proyecto da facultades muy amplias al Gobierno y no le deja guías sobre las condiciones del negocio. Por ejemplo, Hernández se pregunta si la participación del Estado en Coltel va a ser menor que la actual, o si la capitalización se va a hacer con una inyección de dinero, pagándole a terceros deudas de Coltel o con otros bienes, como acciones de Movistar. Arce le aclaró estas dudas a La Silla Vacía. "Hay un principio de acuerdo con Telefónica en el que las dos partes están pidiendo las autorizaciones que necesitan para llegar a la fusión. Nosotros en el Congreso y ellos en su asamblea en España".

En cuanto a cuál va a ser la participación final en Coltel de esta compañía, aún no hay respuesta. Para definirlo hay que hacer una valoración de Movistar, que debe pasar por el Consejo de Ministros, y otra de Coltel y definir cuánto ganaría en valor la compañía fusionada. Y, ahí sí, determinar cuánto valdría ese aporte de Telefónica en acciones de Movistar.

Pese a esta lluvia de críticas y dudas, el proyecto fue aprobado con unos términos tan amplios que el destino final de Coltel, de las pensiones de los ex trabajadores de Telecom y del mercado de las telecomunicaciones van a depender de lo que finalmente acuerde el Gobierno con Telefónica. Es decir, el tema no muere en la aprobación de la ley y seguramente seguirá dándo de qué habalr en los próximos meses.

Más allá de si la decisión es la correcta o no, el Congreso corrió y le firmó este cheque en blanco a Santos. Otra prueba de que la bancada de la Unidad Nacional está aceitada.