La Comisión de la Verdad y los empresarios aún no logran vencer la desconfianza

Ecopetrol y la Asociación Colombiana del Petróleo estuvieron ayer en la entrega a la Comisión de la Verdad de un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que detalla cómo la infraestructura del sector petrolero fue atacada durante el conflicto, incluyendo un conteo de más de tres mil atentados contra oleoductos –1.563 de los cuales han sido contra Caño Limón – Coveñas- entre 1985 y mayo de este año.

Esta es quizás la única buena noticia en dos semanas muy turbulentas para la entidad de la justicia transicional que tiene el mandato de entender y explicarles a los colombianos qué pasó durante décadas de violencia.

Las tensiones al interior de la Comisión han aflorado públicamente a raíz de la filtración, este fin de semana, de una carta escrita por el comisionado y mayor retirado del Ejército Carlos Guillermo Ospina, calificando la cancelación de un evento de la Comisión el viernes pasado con militares como censura y preguntando si ésta va a “reconstruir la verdad escuchando solo a algunos interlocutores”. 

Ese duro cruce, atípico en comisiones de la verdad, se sumó a la sonada polémica por el trino del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón acusando a los comisionados de “afinidad ideológica o nexos con grupos armados”, sin aportar evidencia, y de tener un sesgo político de izquierda.

El informe del sector petrolero, sin embargo, es más una excepción que la regla. En año y medio de funcionamiento, es uno de los muy pocos que el sector privado ha entregado, subrayando cómo la Comisión debe todavía ganarse la confianza de los sectores de la sociedad colombiana que han sido más escépticos de su trabajo, incluidos los empresarios, los políticos conservadores, los líderes religiosos y los militares.

Aunque la Comisión ha avanzado con la mayoría de éstos, le está costando especialmente lograrlo con el sector privado.

Una Comisión centrada en las víctimas

Aunque la mayoría de líderes empresariales y dirigentes gremiales rehúyen de la retórica de Pinzón, en privado muchos comparten su percepción de que hay un sesgo político en la Comisión contra el sector privado. Un trino de hace tres años de Lucía González, celebrando –antes de ser comisionada- que las Farc había creado su partido político y declarando que compartía sus principios, resucitó e inflamó aún más el debate.

Es un problema que han tenido desde el principio. El proceso público de selección dio como resultado un grupo muy diverso de comisionados, incluyendo a una líder comuntaria afro, una abogada indígena, un mayor retirado del Ejército, un abogado de derechos humanos, una periodista de investigación, una exdirectora de museos, una investigadora feminista, un experto en salud pública y un psicólogo cuyo trabajo se ha centrado en las víctimas. 

Al frente está el padre Francisco de Roux, un sacerdote jesuita con doctorado en economía y años liderando el exitoso experimento de construcción de paz en el Magdalena Medio del que han surgido cuatro iniciativas locales que han recibido el Premio Nacional de la Paz.

Los antecedentes de este grupo, más orientado al trabajo en el terreno que a la investigación académica, parecían adecuados –como contó La Silla- para un enfoque centrado en las víctimas para buscar la verdad sobre la forma en que el conflicto armado afectó a 20 grupos de población identificados en el mandato de la Comisión.

Pero no le ha ayudado con cuatro grupos específicos priorizados: agricultores, ganaderos, comerciantes y empresarios. La distancia ha sido mutua: ningún comisionado viene del sector privado y tampoco hubo líderes empresariales que se postularan para serlo. El resultado es que la Comisión, desde los comisionados hasta sus equipos de investigación y sus enlaces territoriales, conocen y se relacionan poco con el mundo empresarial. 

Una oportunidad para acortar esa brecha surgió cuando la Comisión eligió a un nuevo integrante en abril, tras la muerte del escritor Alfredo Molano a finales de 2019. Sin embargo, una vez más no se presentaron candidatos que vinieran del sector privado y resultó electo Alejandro Castillejo, un antropólogo que trabajó en la comisión peruana y que ha estudiado la transición sudafricana.

Los empresarios subrayan que miles de ellos fueron víctimas de extorsión, secuestro o asesinato, al tiempo que cientos de empresas fueron saqueadas, obligadas a cerrar u operaban en regiones donde no había presencia del Estado, una realidad que consideran se ha reconocido poco en Colombia. 

Por otro lado, muchas organizaciones de derechos humanos denuncian que empresas y empresarios financiaron o asesoraron voluntariamente a grupos armados como los paramilitares y las Farc, algo que el sector privado se ha mostrado reacio a admitir a pesar de que al menos una –la bananera gringa Chiquita- se declaró culpable. También hay muchas zonas grises, como la distinción entre cuándo hubo extorsión y cuándo financiación al terrorismo.

Sin conversaciones sinceras sobre estos temas, parece difícil que surja un relato más complejo sobre el sector privado durante la violencia.

La Comisión ha intentado compensar esta limitación de varias maneras. Invitó al azucarero Henry Éder, hijo de una de las primeras víctimas de secuestro y asesinato de las Farc, a hablar durante su inauguración en noviembre de 2018. Incluyó a David Bojanini, hasta hace poco presidente de Sura* y una voz muy respetada del Grupo Empresarial Antioqueño, en su consejo asesor. Tanto él como Gonzalo Restrepo, el expresidente del Éxito que formó parte del equipo de negociación de paz, han facilitado reuniones con líderes empresariales.

En general, la Comisión ha confiado en su presidente, el Padre de Roux, la tarea de hablar con los cacaos, dada su experiencia pasada de reunir a personas diversas para encontrar un terreno común en asuntos espinosos. Por ejemplo, ayudó a crear un Grupo de Diálogo Minero compuesto por 12 personas –incluyendo a un exministro de minas, un ejecutivo minero, un científico ambiental y líderes indígena y afro- para acordar una propuesta de hoja de ruta para la política minera.

La Comisión ha celebrado decenas de reuniones privadas con líderes del sector privado y publicó una cartilla especialmente pensada para éste, en el que explica la naturaleza de su trabajo, que combinará un informe exhaustivo y audiencias públicas que buscan una catarsis colectiva sobre las atrocidades del pasado.

Pero, justo cuando acaba de llegar al punto medio de su mandato de tres años, los avances han sido tímidos en el mejor de los casos y la confianza entre ambos brilla por su ausencia.

Un comienzo poco auspicioso

Los distintos acercamientos se han topado con todo tipo de escollos. La Comisión ha priorizado a los gremios como forma de llegar a los empresarios, pero las reuniones han sido a menudo difíciles y usualmente han involucrado a los directores de responsabilidad social o vicepresidentes en lugar de sus jefes. “No hablemos de no repetición, porque es como si yo hubiera hecho algo malo” o “Necesitamos garantías” son líneas comunes en ellas.

Esas reuniones han sido aún más tensas cuando han ido los abogados. Más preocupados por el blindaje jurídico que por ayudar a la sociedad a comprender los contextos de violencia, suelen preguntar a los funcionarios de la Comisión si hay información incriminatoria contra sus clientes y han pedido firmar acuerdos de confidencialidad como precondiciones. “Cuando mandan de primero a los abogados, ya perdiste la oportunidad de tener una conversación de sustancia”, dice un observador externo que ha tratado de mediar entre ambos y que pidió proteger su nombre para discutir el tema con franqueza.

La mayoría de esfuerzos no han prosperado más allá de las reuniones iniciales. Varias personas con conocimiento directo creen que la decisión de la Comisión de canalizar los esfuerzos a través de los gremios fue un error, ya que suelen adoptar posturas defensivas para proteger los intereses de sus miembros, mientras que otros sostienen que la falta de coordinación interna también ha jugado en contra. Una empresa grande incluso se quejó de que dos comisionados distintos llegaron a su oficina con mensajes diferentes.

Incluso los modestos avances han sido recibidos con vacilación. Un ejecutivo que asistió a una audiencia pública sobre el alarmante aumento en la violencia contra los líderes sociales, que la Comisión convocó para elevar la consciencia sobre ese problema, estaba inicialmente preocupado de que su invitación como ‘testigo’ significaba que estaba siendo citado formalmente.

Dada esta desconfianza mutua, varias organizaciones cívicas cercanas al empresariado empezaron a pensar cómo ayudar a juntar a la Comisión y al sector privado. Su mesa de trabajo informal ganó terreno rápidamente, uniéndoseles primero la ANDI y luego la propia Comisión. Incluso se reunieron con Leigh Payne, una respetada académica de Oxford quien ha trabajado mucho el tema. Pero tras un año de discusiones, su único avance fue un protocolo metodológico que no se ha traducido en una relación más fluida.

“Hablar con la Comisión del tema de empresarios ha sido muy difícil y hablar con los empresarios de la Comisión ha sido igualmente difícil. Pero incluso ese documento procedimental hubiera podido fructificar si las voluntades estuvieran alineadas”, dice otra persona que ha tratado de actuar, en sus palabras, como ‘traductora simultánea’ entre ambos.

Al final, la Comisión ha tenido más éxito al hablar con pequeños empresarios, comerciantes y ganaderos en regiones como el Magdalena Medio, Tumaco y Córdoba. Esto se debe seguramente a que muchos de ellos no sienten la necesidad de que los gremios nacionales hablen por ellos y les preocupa sobre todo la reconciliación en lo local, algo que coincide con los sondeos entre empresarios que hizo el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (Creer) en tres regiones.

Desconfianza en los informes de las ONG

Muchos empresarios creen que la Comisión está más cerca de las ONG de derechos humanos y de víctimas, muchas de las cuales han señalado a empresas en el pasado. Su percepción se ve reforzada por el hecho de que la mayoría de investigadores de la Comisión viene de la academia o de organizaciones sociales.

La Comisión ha insistido en que todos los informes que recibe son confidenciales, no representan su punto de vista y serán corroborados y verificados. Pero las dudas han reaparecido a raíz de que varias ONG los han hecho públicos de todos modos. En mayo, varios empresarios expresaron su consternación después de que El Espectador publicó detalles de un informe del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo sobre empresas y conflicto justo después de entregado. En total, la Comisión ha recibido hasta ahora 204 informes y ha hablado con 17.475 personas.

Varias organizaciones han tratado de persuadir a los empresarios de que los informes de las ONG y las voces de las víctimas en las regiones, muchas de ellas críticas de muchos actores del sector privado, inevitablemente llegarán a la Comisión – y que ellos deberían centrarse en aportar su visión de los hechos, en lugar de rehuirle.

Una investigación de la Fundación Ideas para la Paz demostró que muchos informes de ese tipo ya están disponibles públicamente. Tras analizar 56 informes de ONG nacionales e internacionales de la última década, concluyó que al menos 81 empresas, sobre todo de  agroindustria y el sector extractivo, han sido señaladas en relación a violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales en el marco del conflicto. Esa realidad amerita, argumentaron, que las empresas y gremios vean la importancia de hablar con la Comisión.

Pero los empresarios siguen temiendo que las ONG de derechos humanos tengan un papel más influyente que el de simples proveedores de información. Un acuerdo firmado entre la Comisión y la ONG holandesa Pax Colombia para que ésta le preste apoyo técnico y financiero es vista por algunos ejecutivos como una señal de sesgo, dado que esta última publicó un informe muy crítico vinculando a dos empresas carboneras con los paramilitares.

“En un reto como el que tiene la Comisión de engendrar un diálogo entre opuestos, algo que parte de crear confianza para luego construir consensos, tener como aliado a una organización activista como Pax levanta más alarmas que lo que calma”, dice un antiguo ejecutivo del sector minero.

Lo que más temen las empresas

No era la verdad lo que originalmente preocupaba al sector privado, sino la justicia. La mayoría de sus debates sobre la justicia transicional se centraban en su brazo judicial, la JEP, y las posibles consecuencias de ser convocados como ‘terceros civiles’ que financiaron o colaboraron con grupos armados, coinciden dos personas que han discutido estos temas con ellos. Esos temores se desvanecieron cuando la Corte Constitucional decidió que el tribunal no podría obligar a los civiles a comparecer, pero les permitió hacerlo voluntariamente.

Una vez disipado ese miedo, algunos empezaron a preocuparse por la búsqueda de la verdad de la Comisión, algo que antes casi ni les había importado. No tienen ningún incentivo para asistir, pero sí dos temores: el riesgo para su reputación y posibles consecuencias jurídicas en el futuro, a pesar de que la información compilada por la Comisión no puede utilizarse en los tribunales. “Son como venados asustadizos. Siquiera sugerir que alguien puede poner en tela de juicio su reputación los aterra y si hay algo que los espanta, es la justicia transicional”, dice una persona que ha trabajado con ellos.

La polarización también avivó los temores de una caza de brujas. Una campaña de desinformación de la época del plebiscito, que sostenía que la JEP tendría jurisdicción para investigar la responsabilidad de 57 empresas mencionadas en Justicia y Paz hace más de una década, sigue siendo mencionada en los círculos empresariales a pesar de haber sido probada como falsa, según dos fuentes.

Varios asesores informales también han presionado a la Comisión para que adopte una visión más compleja y matizada sobre el sector privado. “He visto que la conversación pasara de cómo hacemos que reconozcan a cómo lograr que quede la visión de todos los sectores sobre lo que pasó en Colombia. Eso incluye a unos actores que tendrán que reconocer cosas”, dice uno de ellos.

Uno de los resultados de esos diálogos ha sido la decisión de la Comisión de promover una línea de investigación sobre buenas prácticas de diversos actores para prevenir y mitigar las violaciones de los derechos humanos, como parte de su mandato -el primero en el mundo para comisiones de la verdad- de documentar también las transformaciones positivas. Esto podría dar a muchas empresas y ejecutivos la oportunidad de visibilizar otro tipo de vivencias.

¿Un informe engavetado?

Hace tres años, la ANDI decidió que los empresarios también debían recoger su experiencia en el conflicto, en parte después de que un grupo de industriales guatemaltecos le aconsejaran jugar un papel activo en la transición y asegurarse que su voz no quedara fuera del informe final de la Comisión.

Encargaron a Jorge Giraldo Ramírez, Gloria Isabel Ocampo y Gustavo Duncan, tres investigadores de Eafit cuyo trabajos académicos sobre clientelismo y economías criminales son respetados en todo el espectro político, documentar la experiencia del sector privado durante el conflicto desde 1985. La universidad incluso anunció que sus hallazgos se publicarían como libro y que Usaid los financiaría.

Entonces ocurrió algo extraño. Después de que los investigadores presentaron su trabajo a la ANDI en 2018, el informe sigue sin salir.  Una fuente le dijo a La Silla que su junta directiva bloqueó su publicación y entrega a la Comisión. Uno de los autores declinó discutir el tema.  

Tres personas con conocimiento del informe atribuyen su engavetada a las tensiones entre los empresarios sobre el Acuerdo de Paz que aún persisten. “Quieren que ande el carro de la Comisión, pero con el freno de mano puesto”, dice un antiguo ejecutivo del sector petrolero. “El empresariado sigue muy fracturado: una parte sigue apoyando el Acuerdo, otra se opone a él y una tercera va con la corriente más fuerte, que era la paz pero que ahora [que Iván Duque es presidente] parece que es con el ‘no’. Al final, opera la vieja tradición de enfilar con el Gobierno”, dice otro observador.

Bruce MacMaster, presidente de la Andi niega que el estudio esté engavetado. “Es un estudio cuyo informe final no se ha producido. Nos falta algo de trabajo”, le dijo a La Silla, sin dar detalles sobre si han avanzado en ese trabajo tras más de año y medio de que se les hubiese presentado.

Un prólogo de un año para hablar con los palmeros

La Comisión sigue en diálogos con varios gremios, aunque el progreso ha sido muy lento. Desde mediados de 2019, se viene reuniendo con Fedepalma para discutir cómo escuchar las experiencias de los palmicultores. Han llegado a acuerdos preliminares sobre cómo podrían ser esos espacios de escucha, incluyendo un informe, un acto público para escuchar sus testimonios y reuniones privadas para conversar con los comisionados.

En marzo las conversaciones se interrumpieron súbitamente. Después de que varias ONG presentaron un informe sobre el despojo de tierras en los Llanos e incluyeran una foto de un cultivo de palma en su afiche, donde aparecía el logo de la Comisión de la Verdad como patrocinador, Fedepalma le envió una carta severa. También protestaron porque la líder de ese evento realizado en Villavicencio era Jhenifer Mojica, exsubgerenta de tierras del Incoder que ha sido muy crítica del sector palmero y que también ha sido contratista de la Comisión.

Fue necesaria una carta de Pacho de Roux, que fue bien recibida por el gremio, para tranquilizarlos, pero el impasse retrasó sus discusiones varios meses. En todo caso, la Comisión no ha hablado aún con su presidente Jens Mesa –quien no respondió a nuestras preguntas- y cualquier decisión debe pasar por la junta del gremio.

Los palmicultores son uno de los cinco sectores económicos que la Comisión decidió priorizar recientemente. También ha avanzado en diálogos preliminares con el gremio bananero Augura. Con los ganaderos no han avanzado más allá de una reunión inicial en 2019 en la que José Félix Lafaurie -un crítico vocal de la Comisión- les entregó los dos informes realizados por Fedegan sobre cómo los afiliados soportaron el secuestro, la extorsión y el abigeato por parte de grupos como las Farc durante décadas. Ni Lafaurie ni la nueva cabeza de Augura, Emerson Aguirre, respondieron a nuestras preguntas.

Por último, las embajadas de Suiza, Suecia y los Países Bajos han intentado facilitar diálogos con empresas de varios sectores, incluyendo las mineras, pero sus buenos oficios no han tenido mucho éxito hasta ahora dado que, como dice un observador, “los diplomáticos solo pueden hacer tanto”.

Estos retrasos significan que el reloj corre rápidamente en contra de la Comisión, cuyo mandato termina en noviembre de 2021 y que ya ha visto su trabajo fuertemente afectado por la pandemia.

Pero también corre para los empresarios: si eligen no hablar, tendrán que ir haciéndose a la idea de que otros lo harán en su lugar y que la visión resultante puede terminar dejándolos mal parados. Que el sector privado y la Comisión puedan encontrar ese punto medio influirá en qué capacidad pueda tener la justicia transicional de fomentar la reconciliación entre los colombianos.

Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.

* Sura patrocina el podcast de La Silla "El Futuro del Futuro".