La Corte Interamericana encuentra a Colombia con los pantalones abajo

Imagen
7363552824_b8313661c3_o_0(1).jpg

La Corte Interamericana tiene sede en San José de Costa Rica y estudia casos de demandas contra los Estados miembros de la OEA por responsabilidad en violaciones de derechos humanos. 

 

A Colombia la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha condenado 11 veces desde 1985. Pero este año, la Corte emprendió una movida fuerte contra Colombia y en solo un año tiene cuatro casos en proceso. Como la defensa internacional está pendiente de los resultados de la reforma del Estado del presidente Santos, mientras tanto al país lo defienden con las uñas unos pocos funcionarios.

Este será el año más difícil de Colombia ante la Corte, y no existe un grupo fuerte de defensa del Estado.  El que existe no cuenta con apoyo institucional ni con un mecanismo para tomar decisiones. Para tres de los cuatro casos que están en curso, no han nombrado abogados externos especialistas en el tema que actúen como agentes ante la Corte.

El caso de Santo Domingo, que es el último que llegó a la Corte, ya deja ver toda la crisis. Por ahora, Colombia no tendrá posibilidad de llevar ni testigos ni peritos expertos a la audiencia de la Corte el próximo 27 de junio, lo que perjudica su defensa.
 

El Caso de Santo Domingo
Assad Jater (arriba) es el Director de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde está actualmente ubicado el grupo de abogados que está a cargo de la defensa del Estado. La Canciller María Angela Holguín (abajo) es quien representa al Estado ante los organismos Internacionales y ante la OEA.

 
El último caso sobre Colombia que llegó a la Corte es el de la masacre ocurrida en el caserío de Santo Domingo en 1998, luego de un bombardeo de la Fuerza Aérea. El 13 de diciembre de ese año en medio combates de la Fuerza Aérea con las Farc murieron 17 civiles, de los cuales seis eran menores de edad.

Aunque no es claro todavía si la masacre fue causada por el bombardeo o porque las Farc estallaron un carro bomba en el lugar, Santo Domingo es un caso simbólico y además, difícil para la defensa de Colombia porque la justicia tiene versiones encontradas sobre lo sucedido.

Por los hechos de Santo Domingo existen condenas contra militares y contra miembros de las Farc. Pero por varias razones, entre ellas que no existe claridad sobre quién responde actualmente por la defensa internacional del Estado, no hay todavía un abogado externo altamente reconocido asignado al caso como agente, que es como se llama a los que defienden al Estado colombiano.

En este caso era agente Eduardo Montealegre, pero renunció el 8 de marzo luego de ser nombrado Fiscal General de la Nación.

Antes de renunciar, Montealegre debía solicitar las pruebas de peritos expertos y testigos a la Corte, con nombres y objeto de cada prueba. Pero al momento de contestar, la Fuerza Aérea no había concretado estos nombres, entonces Montealegre señaló únicamente el objeto de cada prueba, según le contó a La Silla una fuente que conoce el caso. 

Hace menos de un mes, la Corte volvió a pedir la lista de nombres de testigos y peritos. Y aunque Colombia respondió en tiempo, la Comisión -que es la  que acusa inicialmente ante la Corte- se quejó y dijo que era extemporáneo y la Corte le dio la razón.

El miércoles 6 de junio, Colombia tuvo un nuevo revés, cuando llegó una nota de la Corte en la que le negaban los peritos y testigos que solicitó para el caso.

Colombia apeló esta decisión y tiene argumentos de jurisprudencia para defenderlo, según le contó una fuente a La Silla. Pero si pierde, tendrá que ir a la Corte a enfrentar un caso de enorme trascendencia nacional e internacional, sin pruebas de testigos o expertos. Como la discusión es sobre quiénes realmente causaron la muerte de la población civil, si fue la FAC o la guerrilla, los testigos y los expertos son cruciales.

 

Los que ponen la cara por Colombia  
Fernando Carrillo es desde el pasado 15 de marzo el nuevo Director de la recién creada Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que será la instancia que defina qué pasa con la defensa del Estado.

La defensa del Estado es clave para el país por dos razones. La primera, porque es la ventana internacional para dar la cara de manera digna a las víctimas y a los ciudadanos por hechos que no debieron haber sucedido. Y segundo, porque al Estado le cuesta mucho una condena, en términos de su credibilidad pero también en términos económicos. Por eso es tan grave dejar abandonado el tema.

En general, la defensa internacional en derechos humanos es compleja, no solo por la gravedad de los casos, sino por el tiempo que tarda en resolverse cada caso.  Se demoran en promedio cinco años en llegar a la Corte y más de 20 en resolverse, si se tiene en cuenta el tiempo que han estado en la Comisión.

Mientras tanto cambian los gobiernos, las políticas internacionales y las políticas en derechos humanos. Y pasan años también para la justicia, las pruebas se deterioran o se pierden, a los testigos los sacan del país a punta de amenazas o los matan, y los casos se vuelven más complejos tanto para las víctimas como para la defensa. Así por ejemplo, el manejo de un mismo caso y la respuesta puede variar mucho del Gobierno de Pastrana, al de Samper, al de Uribe y al de Santos.

La defensa internacional del Estado en derechos humanos se ha manejado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y Justicia, el Ministerio de Defensa y durante el Gobierno de Uribe desde todas las anteriores reunidas en una, el Grupo Operativo Interinstitucional –GOI- con sede en Cancillería.

Los abogados que llevaban los casos estaban en la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería y las decisiones se tomaban en una Comisión Interinstitucional que el entonces Vicepresidente Francisco Santos presidia.

Ahí se decidía todo: cómo se iban a defender los casos, cuál iba a ser la posición de cada institución del Estado, en qué temas se reconocería responsabilidad, qué reparaciones se iban a ofrecer y por supuesto, a qué abogado se contrataría como agente.

El Vicepresidente asumía personalmente las decisiones. Pero Santos decidió quitarle esas funciones a Angelino Garzón y romper con la estructura de Uribe.

La propuesta de Santos es que la nueva Agencia de Defensa Jurídica, que se creó oficialmente en noviembre de 2011, asuma la coordinación de toda la defensa internacional.

“La idea es diseñar una política clara de defensa del Estado con la participación y el respaldo de las facultades de derecho de varias universidades. Una vez se complete este proceso, llevar un equipo fuerte a la Comisión y a la Corte,” le dijo Fernando Carrillo a La Silla, quien se posesionó como director de la nueva Agencia apenas el pasado 15 de marzo y está empezando a conformar la entidad.

El problema es que como la ley que creó esta Agencia disolvió las instancias que existían para tomar decisiones sobre la defensa, el tema quedó por ahora en el limbo.
 

Con las uñas
Esta crisis de la defensa internacional coincide con un momento difícil y sin antecedentes, como es que la Corte lleve cuatro casos de Colombia en un mismo año.

Eso obedece, como le contaron fuentes a La Silla, a un plan estratégico de la Corte que no está dirigido contra Colombia. Simplemente el Tribunal busca ser más eficiente.

Pero mientras que la Corte se pone al día, Colombia no. El papel de la Vicepresidencia que era clave ahora no existe, como tampoco existe un interés especial por parte de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería en el tema. Los abogados del GOI que están llevando los casos tienen toda la carga sobre sus hombros y lo tienen que hacer sin dirección ni línea clara.

Y encontrar abogados que se le midan a llevar los casos como agentes a mitad del camino es muy complicado y costoso. Una fuente le contó a La Silla que podían llegar a pedir entre 160 y 290 millones de pesos por un caso.

Por eso mientras encuentran los abogados para defender a Colombia en estos cuatro casos, a Luz Marina Gil, quien se desempeña como asesora externa de la Cancillería, le ha tocado asumir la carga y la responsabilidad de la agencia de esos casos. Pero sin la retribución ni el acompañamiento que requerirían.

Por ahora suenan los nombres de Rafael Nieto Loaiza para defender el caso Santo Domingo y Operación Génesis (la operación militar y paramilitar cerca del río Cacarica en el Chocó en febrero de 1997 que desplazó a unos cuatro mil campesinos) y de Jorge Enrique Ibáñez para el caso del Palacio de Justicia, quien viene trabajando hace un par de años en este caso y ha acompañado su proceso ante la Comisión.

Pero a menos de 20 días de la audiencia ante la Corte, la de Santo Domingo será el 27 de junio, nada está firmado y la defensa de Colombia está en pañales.

Nota de la Editora: a raíz de las reacciones válidas de varios usuarios frente al título que decía: Arremete la Corte Interamericana contra Colombia: ¿y ahora quién podrá defendernos? decidimos cambiarlo por el actual que representa mejor el contenido del artículo, que en nada más fue modificado.

Compartir
0