La Corte manda a la basura la licitación más sospechosa de Samuel

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Antes de salir a vacancia judicial, la Corte Constitucional anunció una sentencia que salvó a Bogotá de una de las licitaciones más sospechosas que realizó Samuel Moreno: la de las basuras.


Myriam Margoth Martínez, directora de la Uaesp, fue inhabilitada y destituida por el Procurador y no pudo adjudicar la licitación de basuras. Luego, los recicladores pusieron una tutela para detener la licitación argumentando que incumplía las sentencias de la Corte Constitucional sobre el mínimo vital. Ayer, la Corte Constitucional les dio la razón a los recicladores tradicionales, según lo anunció el presidente de la Corte Juan Carlos Henao (foto inferior).

Antes de salir a vacancia judicial, la Corte Constitucional anunció una sentencia que salvó a Bogotá de una de las licitaciones más sospechosas que realizó Samuel Moreno: la de las basuras.

La Corte Constitucional tumbó la licitación para la recolección, administración y disposición de basuras que fue suspendida de manera cautelar por la Corte el 19 de agosto de 2011 en respuesta a una tutela interpuesta por Nohora Padilla, líder de la Asociación de Recicladores de Bogotá.

De esta forma, la Corte dejó sin piso un negocio de 2,5 billones de pesos que olía muy mal, como lo denunció La Silla Vacía en su momento.

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao, concluyó que los pliegos de condiciones de la licitación no garantizaban de manera real la inclusión de la población recicladora en este negocio, como lo había ordenado la Corte desde 2003 y en sucesivas sentencias. Dijo que las medidas para beneficiar a los recicladores eran tan solo “aparentes”.

Según el presidente de la Corte Constitucional, las condiciones en los pliegos de la licitación para ese contrato no respetaban el principio de igualdad consagrado en la ley. "No asegura que todas las asociaciones de recicladores tengan acceso a utilidades ciertas y periódicas", dijo el magistrado.

La Corte ordenó comenzar el proceso licitatorio desde cero, con un nuevo pliego de condiciones, y le impuso al Distrito la obligación de entregar una estrategia sobre cómo se hará la nueva licitación antes del 31 de marzo de 2012, con lo que Gustavo Petro podrá agregar otro punto a su lista de tareas.

Además, y esto es muy significativo, compulsó copias a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría para que investiguen a las asociaciones de recicladores que al parecer se constituyeron en forma irregular para participar en la licitación.

Si las ías adelantan esta investigación, los funcionarios de la Uaesp, y en particular la destituida ex directora Myriam Margoth Martínez, podrían volver a estar en el ojo del huracán. De paso, podría esclarecerse otra pata del Cartel de la Contratación en Bogotá, que también involucra al polémico abogado de los hermanos Moreno Álvaro Dávila, de quien se ha rumorado que está negociando un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

 

¿Falsos recicladores?

 

La licitación de basuras comenzó mal y por lo tanto no es extraño que haya terminado mal. Estuvo rodeada de varios escándalos, desde el episodio del ‘mantel’, en el que salió por primera vez a la luz pública el nombre del abogado Dávila, hasta la destitución de la directora de la Uaesp por parte de la Procuraduría. Pero la forma en la que se incluyeron los recicladores fue quizá lo más escandoloso de la licitación, aunque pasó relativamente bajo el radar de los medios.

Como lo explicó La Silla Vacía en agosto, la licitación tenía una particularidad: concesionaba la recolección de desechos orgánicos, el barrido y la limpieza de la ciudad, pero dejaba las rutas de reciclaje abiertas a la libre competencia. Es decir que las botellas, los plásticos y los cartones que los bogotanos separaran en la fuente y dejaran en la acera podían ser recogidos por el primero que lo viera, lo cual era absurdo.

Muchos de los 300 mil recicladores de Bogotá esperaban que la Uaesp le quitara a los concesionarios la ruta de reciclaje –como en efecto lo hizo–, pero para entregársela a ellos de manera exclusiva. Al dejarla a la libre competencia del mercado, muchos recicladores temían que empresas de reciclaje como las de Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del ex presidente Uribe, o satélites de empresas como Peldar, los siguieran desplazando del negocio. (ver historia).

Para compensar el hecho de que los recicladores no tendrían exclusividad sobre sus rutas de reciclaje y poder cumplir en todo caso la acción afirmativa ordenada por la Corte desde 2003, la solución del Distrito fue incluir en la licitación que, para poder concursar, las empresas operadoras tenían que asociarse con organizaciones de recicladores y cederles por lo menos el 5 por ciento de la empresa futura que conformaran. Hasta ahí la condición parecía lógica y acorde con lo ordenado por la Corte.

Pero la Uaesp fue más lejos de una “generosidad” que generó sospechas tanto entre los recicladores como entre los empresarios tradicionales de la basura. Abrió una convocatoria para que las organizaciones de segundo nivel de recicladores que quisieran ‘ganarse’ una zona de aseo se inscribieran. Y dijo que la Uaesp asignaría estas asociaciones a cada una de las empresas operadoras, que tendrían que aceptarlos como socios sí o sí.

Se inscribieron 14 organizaciones y la Uaesp validó doce. De ellas, cuatro fueron creadas en 2009, después de que la Corte Constitucional creó una acción afirmativa a favor de ellas. Y cuatro fueron constituidas después de la convocatoria de la Uaesp. Sorprendentemente, tres de las nuevas incluso fueron creadas después de que ya se había abierto la licitación y era claro para todo el mundo que había una oportunidad muy lucrativa para los recicladores.

De esta manera, la población recicladora afiliada llegó a los doce mil, cuando las dos asociaciones más antiguas tenían tan solo dos mil afiliados entre las dos. Inmediatamente, las organizaciones tradicionales de recicladores, como la Asociación de Recicladores de Bogotá, constituida desde 1997, denunciaron que se habían inscrito “falsos recicladores”. Y aportaron como pruebas videos como estos dos.

En este video aparece un sargento jubilado del Ejército Nacional que reconoce que no es reciclador pero dice que: "al ver que había tanto abandono de los recicladores y que unos se creen recicladores y no reparten, por eso me metí yo". Él representa una de las nuevas organizaciones, que la Corte ahora ha dicho que la Fiscalía y la Procuraduría deben investigar. Y en este otro aparece un miembro de un nuevo sindicato de recicladores, con anillos y pulseras de oro, que dice que recicla en San Andresito. Y cuando le preguntan si en carro de balineras o en zorra y él no sabe qué responder, los recicladores tradicionales dicen "en cuatro por cuatro".

 

La explicación de Martínez

La directora de la Uaesp explicó en su momento a La Silla Vacía que si bien varias de las organizaciones de segundo nivel que se inscribieron eran recién creadas, los recicladores que afiliaban llevaban años y hasta décadas en el oficio.

“Muchos recicladores se salieron de organizaciones viejas y se unieron en nuevas”, explicó Martínez. “Mi lógica fue meterlos a todos porque, ¿quién ampara a los que se queden por fuera?”.

En aras de lograr esta "equidad", el 20 de junio de 2010, en un centro comercial, Martínez les asignó a los recicladores las áreas que les corresponderían. En orden de antigüedad, las seis organizaciones más tradicionales escogieron cada una una zona y las seis más nuevas sacaron una balota en el 'Banco de la Suerte' y entraron a compartir con las otras organizaciones las zonas que se ganaron en la rifa.

Con esa rifa, si la Corte no hubiera tumbado la licitación, estas organizaciones de recicladores habrían tenido derecho a recibir utilidades al final de cada año de las empresas que se ganaran la licitación en sus respectivas zonas. Realmente era como ganarse la lotería porque no por ganarse la rifa adquirían la obligación de recoger la basura reciclable en esas zonas.

Las zonas que se ‘ganaron’ solo importaban para efectos de saber qué empresa operadora les cedería la participación accionaria y las utilidades, pues los recicladores podían seguir recogiendo la basura donde siempre lo habían hecho.

“¿Eso significa que los recicladores pueden irse a su casa a dormir e igual reciben utilidades al final del año?”, le preguntó La Silla Vacía hace seis meses a la directora de la UAESP. “Sí”, contestó. “Eso fue lo que ordenó la Corte por ser una población vulnerable en el auto 268 de septiembre de 2010”.

 

La sentencia

 

Con la sentencia de ayer, la Corte ratifica que la ex directora de la Uaesp no había entendido su orden. La Corte había ordenado que, como criterio de calificación de las licitación de basuras, se le diera más puntos al empresario que le diera más participación accionaria a los recicladores y al que propusiera aprovechar más material reciclable. La Corte nunca ordenó que la Uaesp le asignara los socios recicladores a los empresarios y tampoco que los recicladores no tuvieran ninguna obligación que cumplir como contraparte a la cesión accionaria.

Aunque las empresas licitantes protestaron por lo absurdo de este esquema, igual hicieron sus ofertas y estas fueron extraordinariamente generosas con los recicladores. Ciudad Limpia, por ejemplo, ofreció darles el 71 por ciento de la participación accionaria y Aseo Capital propuso el 60 por ciento.

Como escribió recientemente el experto en basuras Felipe Herrera en un artículo en la Zona de Usuarios en La Silla Vacía: “Esta situación sugiere dos posibilidades: el negocio del aseo es tan bueno que alcanza para regalar tales porcentajes de utilidades y entonces en ese evento la CRA debe intervenir y declarar el grave error de cálculo de sus propias tarifas como lo demanda la ley; o los contratos van a pérdida y los recicladores no recibirán nada, que es aún peor. Ambos escenarios son nefastos, contrarios a la ley y van en detrimento de los usuarios”.

La Corte Constitucional no encontró en esta fórmula sino una maniobra aparente que realmente no propiciaba la inclusión de los recicladores como lo que son: verdaderos empresarios de la basura.

Y por lo tanto, a pesar de la insistencia de la alcaldesa encargada Clara López y del actual director de la Uaesp Juan Carlos Junca, de que la Corte no enredara la billonaria licitación y le diera luz verde a la ciudad para adjudicar los billonarios contratos, los magistrados fallaron la tutela en contra del Distrito y mandaron su negocio a la basura. Quedará ahora en manos de Petro.

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