La Corte propina duro golpe a Duque al tumbar su cadena perpetua

La Corte propina duro golpe a Duque al tumbar su cadena perpetua

Con un fallo 6-3, la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para violadores de niños. Con eso le propinó un duro revés al presidente Iván Duque, quien se la jugó a fondo para sacar un proyecto con una alta carga simbólica y política pero inútil para prevenir el abuso de niños y nefasta para la situación carcelaria.

Aunque la decisión parecía cantada, el debate en la Sala Plena tuvo suspenso.

Primero habló Cristina Pardo, la magistrada ponente, que es del ala conservadora en asuntos morales. Argumentó que la reforma iba en contra de un elemento central (axial, en lenguaje de la Corte) de la Constitución: la dignidad humana. Esencialmente, porque una prisión perpetua niega la posibilidad de resocializarse y la posibilidad de que las personas cambien y mejoren es parte de esa dignidad.

Hasta ahí todo parecía andar normal, pues incluso El Tiempo había anticipado esa ponencia hace diez días.

Pero luego hablaron, una tras otra, Gloria Ortiz y Paola Meneses (amiga del colegio de Duque). Coincidieron en que la Corte no debía tumbar la reforma porque la demanda estaba mal hecha. Es decir, por una razón formal.

Los votos cantados iban 1- 2, en favor de la reforma.

Luego tomó la palabra Diana Fajardo, quien defendió la ponencia y agregó otro argumento: los países en los que hay cadena perpetua han avanzado en la dignidad humana porque vienen de eliminar la pena de muerte, y por eso tiene sentido tenerla. Acá, en cambio, la propuesta sería retroceder en la protección de la dignidad humana.

El siguiente fue Jorge Enrique Ibáñez, uno de los magistrados cuyo voto suele ser una incógnita en la Corte porque a veces vota con el ala liberal y a veces con la conservadora, porque es religioso. Apoyó a la magistrada Fajardo. Con eso, el panorama volvió a lo esperado: con 3 votos contra 2 la reforma se iba a hundir. Eso porque faltaban los votos liberales de Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Antonio José Lizarazo y Alejandro Linares.

La reforma se hundió, con dos particularidades: Reyes, que es penalista, hizo un discurso fuerte contra el populismo punitivo (la idea de que a partir de penas cada vez más altas se resuelven problemas sociales) y votó a favor de hundirla junto con Rojas y Linares. En cambio, Lizarazo votó en contra de la ponencia. Dijo que, a su juicio, la reforma no tocaba ningún elemento central de la Constitución.

Con los seis votos de la mayoría, la Corte retomó el argumento central de la demanda que presentaron tres miembros del Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes, liderados por el profesor Manuel Iturralde. Ellos le pidieron a la Corte aplicar la teoría de la sustitución de la Constitución, por negar el principio de dignidad de todos los ciudadanos. Un argumento que secundaron varios expertos que intervinieron en las audiencias públicas que convocó la Corte: desde el semillero en derecho penitenciario de la Javeriana hasta la clínica de interés público de La Sabana, pasando por el Colegio de Abogados Penalistas con firmas de penalistas conocidos como Iván Cancino, Marlon Díaz o Francisco Bernate.

La inversión del capital político

Sacar adelante la cadena perpetua era un punto de honor para Iván Duque y se movió tanto en el Congreso como en la Corte para sacarla adelante.

Aunque fue un proyecto inicialmente presentado por congresistas de ocho partidos, la cadena perpetua fue una de sus promesas de campaña, era bandera de su partido, el Centro Democrático, y fue uno de los proyectos que exaltó en su posesión como Presidente.

La cadena perpetua para violadores de niños venía moviéndose desde 2007, cuando por primera vez se radicó un proyecto para modificar el artículo 34 de la Constitución que prohíbe “las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.

Ni ese intento ni los ocho siguientes prosperaron.

Tampoco un referendo que impulsó la entonces senadora verde Gilma Jiménez, con firma de Álvaro Uribe, pues la Corte Constitucional lo hundió en el 2010 por vicios de trámite.

Duque recogió ese esfuerzo e invirtió una parte significativa de su capital político en hacer aprobar el proyecto en el Congreso.

De hecho fue el que priorizó para beneficiarse de uno de los giros más grandes de su gobierno: tras dos años de negarse a darle representación política a otros partidos y sacar pecho por cumplir su palabra de no dar “mermelada”, a inicios de 2020 entregó los ministerios de Agricultura, Trabajo y Salud a representantes de los partidos Conservador, La U y Cambio Radical, y luego esas carteras se fueron llenando de altos funcionarios con el guiño de políticos de esas colectividades.

Ese giro en su relación con el Congreso se cristalizó en que en junio de 2020 el Congreso aprobó la cadena perpetua, y cuando lo hizo, Duque celebró:

En el año que ha pasado desde su aprobación presentó la reforma como uno de sus principales logros hasta ahora y firmó la ley que aterrizaba la reforma hace menos de dos meses con el discurso de que con esto protegería los derechos de los niños.

Ya en la Corte, según dijo a La Silla uno de los magistrados, el gobierno hizo lobby al más alto nivel para que no se hundiera.

Sin embargo, la evidencia fáctica demuestra que aumentar las penas no disuade a los violadores.

La cadena perpetua da réditos políticos, pero no sirve

Como explicó Ana Rita Russo, investigadora de la Uninorte, en esta entrevista de La Silla Académica  hay dos tipos de abusadores sexuales y para ninguno es efectiva la cadena perpetua: los perversos desde el punto de vista psicológico, que “tienen el deseo de abusar, lo hacen premeditadamente y encuentran goce en ello, independientemente, del castigo que puedan tener, por eso la cadena perpetua no los disuade”; y los que cometen un abuso de forma aislada e impulsiva, en circunstancias particulares “como las de una alteración psíquica que genera, a veces, una mayor excitación sexual”, que tendrían la posibilidad de resocializarse.

Según cifras del Inpec, no hay tanta reincidencia en los violadores. El 16 por ciento de los que están pagando una condena por acceso carnal violento contra cualquier persona son reincidentes (no es claro si por el mismo delito u otro), frente a un 42 por ciento de reincidencia en quienes cometieron un hurto y un 20 por ciento en quienes cometieron un asesinato.

En todo caso, la mayoría de estudios de política criminal demuestran que la severidad de la pena no está asociada con la disuasión, y evidencia de ello es que las cifras muestran que con el aumento de penas desde 2009, el número de personas presas también ha crecido.

Lo que disuade es la certeza de que quién comete un delito será capturado y castigado. Justamente, lo que no ocurre con los violadores: según datos de la Fiscalía solo hay condenas en el 8 por ciento de las denuncias de violación de menores desde 2005.

Entonces, al final, más allá de los réditos políticos que da el discurso de mano dura contra los violadores el objetivo de la cadena perpetua era encerrar a los pocos violadores que logran capturar, más que disuadir a los potenciales.

Pero, según los profesores de la Universidad Externado expertos en el tema Norberto Hernández y Marcela Gutiérrez, como los condenados a cadena perpetua ya no tienen nada que perder, la medida puede repercutir en más motines, más criminalidad en las cárceles y más suicidios y muertes violentas intramurales. Sin mencionar, un mayor hacinamiento.

Todo esto con un costo agregado. Mantener a un preso cuesta aproximadamente un millón doscientos mil pesos mensuales. “¿Si el Estado lo debe mantener de por vida, la pregunta que deberíamos hacernos es cómo podrían invertirse de manera más efectiva esos recursos para lograr la protección de los niños?”, se pregunta el profesor Hernández.

A juzgar por la reacción del Presidente Duque al fallo de la Corte, él no está pensando en esas otras alternativas para proteger a los niños. Por el contrario, anunció que seguirá en la “lucha por la prisión perpetua.”

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