La Corte ratifica que ‘Matarife’ fue una gran campaña de desinformación

La Corte ratifica que ‘Matarife’ fue una gran campaña de desinformación
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Ayer se notificó el fallo de la Corte Constitucional que obliga a rectificar al director del ‘Matarife’ las múltiples aseveraciones que hizo sin sustento contra Álvaro Uribe Vélez. Las 172 páginas de la sentencia confirman que esta serie web fue una gran campaña de desinformación en redes sociales, que terminó avalada por figuras claves de izquierda: desde políticos prominentes como Gustavo Petro hasta tuiteros influyentes pasando por periodistas reconocidos e incluso el premio más importante de la televisión colombiana.

“Matarife, un genocida innombrable” es el nombre de una serie de 50 videos publicada en youtube en el que su guionista Daniel Mendoza intenta demostrar que el expresidente es un “genocida”, “paramilitar” y “narcotraficante” y asegura que es dueño de un aparato organizado de poder, por medio del cual supuestamente lleva más de 30 años ejecutando múltiples crímenes y graves violaciones de derechos humanos.

Desde su estreno en mayo de 2020, se han publicado 3 temporadas. La primera, titulada “Un genocida Innombrable”, consta de 10 episodios, en los que Mendoza relata los supuestos nexos paramilitares de Uribe. La segunda temporada, llamada “Señor Masacre”, relata la supuesta participación del expresidente en diferentes homicidios —incluidos los magnicidios del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, del director del Espectador Guillermo Cano y del humorista Jaime Garzón— y masacres perpetradas por los paramilitares. Y en la última temporada, que lleva 6 episodios, cuenta la supuesta influencia actual de Uribe en la política, principalmente frente a las movilizaciones sociales y campañas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

“Matarife” fue lanzada en medio de una gran campaña de expectativas en redes sociales y rápidamente se convirtió en un producto viral aupado por todo el ecosistema digital de izquierda.

Hollman Morris, quien venía de ser el candidato de Petro a la Alcaldía de Bogotá, entrevistó a Mendoza en su Tercer Canal.

La revista Rolling Stones, versión colombiana, también lo entrevistó (y Petro lo retuiteó) y lo mismo hizo Vice. Antes de publicar su primer episodio, “Matarife” ya tenía medio millón de suscriptores en youtube, como lo trinó elogiosamente la entonces influencer y hoy congresista por el Pacto Histórico Cathy Juvinao.

Otras influencers convertidas en representantes a la Cámara petristas, como Mafe Carrascal, lo recomendaron en redes:

Senadores de izquierda le hicieron fuerza al documental: Inti Asprilla, Gustavo Bolívar. Incluso Petro lo catalogó como un “éxito audiovisual absoluto”.

Y, por supuesto, los tuiteros más influyentes de izquierda, como Beto Coral y Levy Rincón, entre otros, lo movieron activamente.

El periodista Julián Martínez resaltó en su momento que la serie tendría “un trabajo de hemeroteca de 40 años” de revisión de trabajos periodísticos (varios de él y de Guillén) y judiciales previos. 

La euforia llegó a su clímax cuando "Matarife" se ganó el Premio India Catalina, que para el mundo de la televisión es el mayor reconocimiento.

Y es que la serie de youtube condensó en un lenguaje audiovisual, con una estética de la indignación y en un formato que imitaba una pieza de periodismo investigativo las teorías de conspiración, las sospechas y el odio que moviliza desde hace años al antiuribismo. 

Así se convirtió en un producto de consumo fácil, con llegada directa a los jóvenes, y que se nutría y a la vez alimentaba la polarización política en un momento clave del país: cuando Colombia vivía un estallido social, el gobierno de Duque caía en sus peores niveles de desprestigio y la izquierda por primera vez acariciaba la posibilidad de llegar a la Presidencia con Gustavo Petro ascendiendo en las encuestas. 

Los límites a la libertad de expresión

Más allá de su funcionalidad política, “Matarife” planteó desde su estreno un debate sobre los límites de la libertad de expresión, en una época en que la información circula ya no sólo en medios de comunicación que (por lo menos, en principio) siguen unas pautas de ética periodística, sino en las redes sociales. 

La falta de rigor periodístico de la obra de Daniel Mendoza era evidente desde el mismo trailer promocional. Pero cuando Uribe puso una tutela para exigirle que rectificara las injurias en su contra, Mendoza se negó a hacerlo. El caso —después de recorrer varios juzgados— fue seleccionado por la sala de tutelas de la Corte Constitucional. 

No era una tutela fácil.  

Por un lado estaba la protección de la libertad de expresión —que es uno de los pilares de la democracia— y por el otro la protección de la honra y del patrimonio moral de una persona. Y no de cualquier persona, sino de uno de los hombres más poderosos de Colombia, como es Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento era senador, tenía más de 5 millones de seguidores en twitter, un partido político propio, un ahijado en la Presidencia y un proceso penal en su contra en curso.

El fallo de la Corte, elaborado por las magistradas Paola Meneses, Gloria Stella Ortiz y Cristina Pardo, sienta una jurisprudencia que seguramente se convertirá en la nueva guía para navegar este dilema en la nueva era de las redes sociales.

“La sentencia de la Corte es absolutamente pertinente y toma un caso estratégico para aportar luces sobre diferentes tensiones alrededor de la libertad de prensa y sus límites, como la responsabilidad que tienen los periodistas al informar sobre hechos veraces”, dice Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. “Es sumamente juiciosa, aplica una metodología que analiza el contenido, diferenciando dónde se hacen afirmaciones y dónde hay opiniones. Pero sobre todo es garantista con la libertad de expresión”.

Bock destaca que la Corte haya hecho explícito que las publicaciones digitales tienen los mismos deberes que los medios de comunicación tradicionales; que no se puede condicionar la publicación de denuncias periodísticas a que exista una condena penal pues se limitaría de manera desproporcionada la libertad de expresión; y que la Corte haya negado que el contenido de la serie configure un discurso de odio o constituya ciberacoso. 

“Sin embargo, la Corte es contundente y señala que este ejercicio periodístico fue irresponsable y que la desinformación sobre asuntos de interés y relevancia pública relacionados con el funcionamiento del Estado y el conflicto armado es profundamente nociva”, dice Bock.

Las mentiras de Mendoza

Después de revisar todas las pruebas aportadas por Mendoza, la Corte concluyó que su afirmación de que Uribe era ““paramilitar”, “asesino”, “corrupto” y “narcotraficante” era “abierta y deliberadamente falsa" y que vulnera los derechos a la honra y buen nombre de Uribe. 

También que Mendoza mintió cuando afirmó públicamente que el Juzgado que resolvió una tutela interpuesta por Uribe contra el periodista Gonzalo Guillén “haya autorizado al señor Mendoza Leal y a toda Colombia a tratar de “matarife”, “paramilitar”, “asesino”, “corrupto” y “narcotraficante” al señor Uribe Vélez”.  La Corte encontró que el juez lejos de concederle la razón a Guillén, declaró la tutela improcedente porque Uribe no había cumplido el requisito previo de solicitarle una rectificación.

Frente a la aseveración de que Uribe “estructuró un aparato organizado de poder al que le ha dictado claras políticas homicidas”, la Corte determinó que “el señor Mendoza Leal presentó sus inferencias como hechos corroborados y probados. En criterio de la Sala, esta conducta constituye un ejercicio negligente de la libertad de información y de prensa e induce a error a la audiencia de la serie”.  

Por último, que la acusación de que Uribe es un “genocida” —otra de las premisas del “Matarife”— son puras “inferencias” del guionista que no están sustentadas en ninguna evidencia. Y que la responsabilidad penal que le atribuye a Uribe por los homicidios de Rodrigo Lara Bonilla, Guillermo Cano y Jaime Garzón son acusaciones que “no tienen un sustento fáctico serio y suficiente e inducen a error al receptor”.

Las tres magistradas, de manera unánime, concluyen que Mendoza violó el derecho a la honra de Uribe y advierten también que “el ejercicio periodístico irresponsable llevado a cabo por el señor Mendoza Leal afectó el derecho de la sociedad a estar informada" y que "fue incompatible con la función social que los periodistas tienen en las sociedades democráticas”.

Aunque no le concedieron a Uribe su solicitud de despublicar la serie, sí le ordenaron a Mendoza rectificar estas afirmaciones, que son básicamente los ejes argumentativos del “Matarife”. 

Mendoza se ha limitado a decir que "no puede decir nada" porque no ha sido notificado del fallo y que si le ordenan rectificar "unos minutos" de la serie lo hará si le parece que el fallo "está ajustado a la ley". 

Hasta ahora, ninguno de los políticos, influencers y medios que promovieron y elogiaron el documental se han manifestado sobre la sentencia. Tampoco lo ha hecho el Premio India Catalina ni el presidente electo, que en su momento aplaudió “el éxito absoluto” de la serie.

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