No sólo mantuvo las exigencias para reanudar las aspersiones, sino que dejó explícito que deben ser la última herramienta contra los cultivos ilícitos.
La decisión de la Corte Constitucional de hoy sobre el glifosato acerca el día en que el Gobierno lo pueda usar en el papel, pero aleja el día en que sea la principal estrategia para acabar con la coca. Con eso, le dijo que no a la solicitud del presidente Iván Duque de facilitar la aspersión.
En el proceso para hacerle seguimiento a la sonada sentencia de 2017 que congeló la aspersión en el país, la Corte decidió emitir un nuevo auto. Con votación unánime 8-0 (la novena magistrada, Cristina Pardo, está impedida), mantuvo los requisitos de esa sentencia para que el Gobierno pueda volver a erradicar cultivos ilícitos con aspersión, que Duque había pedido reducir.
Además de esa negativa, la Corte hizo dos aclaraciones, una que le da una pequeña luz al Gobierno en su intención de volver a asperjar, y otra que le da un golpe muy fuerte a esa idea.
Un pasito para aquí…
La primera aclaración que hizo la Corte baja las exigencias para que el Gobierno pueda tener un programa de aspersión. Dijo que la “evidencia objetiva y concluyente” de que el glifosato no hace daño a la salud, que por su sentencia de 2017 debe tener el Gobierno antes de reactivar el programa, no debe ser absoluta.
La Corte recordó que en la sentencia de 2017 dijo que esa evidencia “no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”.
Y aclaró que eso significa que lo que debe hacer el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, el encargado de definir si se asperja o no, es “considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente”.
Eso le quita de encima al Gobierno y al CNE el obstáculo de tener que probar de manera concluyente que el glifosato no hace daño a la salud, algo que como explícó en esta entrada el experto de la Red Rural, Andrés Vecino, es imposible. Lo que hay es un debate sobre qué tan probable es que sea cancerígeno, y con el auto de hoy, quedó claro que el CNE sólo debe establecer que son bajas, no que son nulas.
Por eso, la decisión de hoy despeja el camino para reanudar la aspersión.
Lo que sigue para el glifosato
La condición de la evidencia científica era la más difícil de cumplir en el CNE. Por eso, cuando el Gobierno saque el decreto que, como contamos en La Silla, está cocinando el ministerio de Justicia para cumplir las demás condiciones, el CNE podrá avanzar en reanudar la aspersión.
Para que salga el decreto falta que termine la revisión jurídica, que los ministerios involucrados lo comenten, que MinJusticia lo publique para comentarios públicos y, finalmente, que haga los ajustes finales y lo firmen los ministros involucrados y probablemente el Presidente.
Con el decreto funcionando, el Gobierno tendrá que presentar formalmente al CNE un programa de aspersión que cumpla con los requisitos del decreto – y de la Corte.
Como el CNE tiene una amplia mayoría de funcionarios del Gobierno (son los ministros de Justicia, Agricultura, Defensa, Educación, Salud, Relaciones Exteriores y el director de la Policía), lo más probable es que le dé luz verde al programa.
Con eso, el CNE tendría que sacar las resoluciones que aterricen el decreto en detalle, para que el ministerio de Defensa pueda tramitar una licencia ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
Sólo cuando la Anla diga que sí, el Gobierno podría empezar en firme a conseguir la plata, los aviones, los pilotos, el personal en tierra y los dispositivos para hacerlo.
Aunque el Gobierno logre todo lo anterior este año, como quiere Duque, se enfrenta al freno adicional que le metió la Corte a la aspersión: dejó claro que el glifosato está de último en la fila para luchar contra la coca, lo que refuerza su No a Duque.
La sustitución, primero
La segunda aclaración de la Corte es que la aspersión no se puede hacer cuando el Gobierno quiera, sino que debe “ tomarse dentro del marco de la política pública que se deriva del Punto Cuarto del Acuerdo” de La Habana. La sentencia de 2017 no había mencionado ese requisito, que cambia el panorama para poder asperjar.
Eso porque el Acuerdo dice, de forma explícita, que sólo “en los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito”.
Eso significa que cuando el CNE le dé luz verde a la aspersión, debe hacerlo aclarando que el Gobierno solo la puede usar cuando haya intentado la sustitución o en las comunidades que no quisieron hacerlo. Si no lo hace, la Corte podría volver a suspender la aspersión en general.
Que sea la última herramienta de la cola es un reto mayor para Duque porque implica demostrar que se intentó la sustitución.
Aunque no se sabe exactamente cuántas familias cocaleras hay en Colombia, las estimaciones para 2017 iban de 107 a 180 mil, según la Fundación Ideas para la Paz.
De esas, 132 mil quedaron cobijados por acuerdos con las comunidades, conocidos como acuerdos colectivos para sustituir la coca a cambio de apoyos estatales para proyectos productivos de otro tipo, y por lo tanto el Gobierno no podrá asperjar sus cultivos sin demostrar que intentó la sustitución.
Y probablemente habrá un debate de hasta dónde lo ha intentado.
Eso porque, como hemos contado, aunque siguió con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, de Santos, Duque decidió limitarlo a las 99 mil familias que firmaron acuerdos individuales hasta cuando llegó al poder, y dejó en el congelador a las otras 33 mil familias que estaban cobijadas por acuerdos colectivos.
Eso ha llevado a problemas en regiones como el Bajo Cauca Antioqueño, el Sur de Córdoba o Caquetá, pero también dejaría por fuera de la posibilidad de asperjar a esas 33 mil, a menos de que entren al Pnis.
Además, el programa de sustitución ha estado sin cabeza desde marzo y ya había quedado en duda por la reestructuración de Presidencia, lo que ha hecho difícil que el programa avance.
La Silla supo que el Pnis hará parte de la Agencia de Renovación del Territorio y que estará a cargo de Hernando Londoño, asesor de Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia. Londoño fue subgerente de adecuación de tierras en el Incoder y es experto en distritos de riego, uno de los bienes públicos claves en la transformación del campo.
Con la decisión de la Corte, Londoño tendrá un reto mayor en reactivar el Pnis en un Gobierno que no se la ha jugado por él pero quiere entrar a asperjar lo antes posible.
Su lío es que no hay plata suficiente para que la sustitución avance con las 99 mil familias se necesitan 3,6 billones de pesos (36 millones por familia) durante dos años, y el presupuesto actual no tiene esa plata.
Para poder asperjar en la coca que sigan teniendo esas familias, el Gobierno debería demostrar que intentó sustituir para evitar otra tutela que suspenda su nuevo programa.
Entre tanto, le quedaría enfocar la aspersión en las familias que no están cobijadas por acuerdos colectivos, una cifra que se desconoce, cuando además la aspersión se hace mirando dónde hay coca, y revisar si sus dueños están en el Pnis la haría más dispendiosa.
Al final, el efecto de la decisión de la Corte es una paradoja para Duque: si realmente quiere usar glifosato, primero tendrá que avanzar en la sustitución. La plata que haya para luchar contra cultivos ilícitos primero se irá en lo que menos cree el uribismo, y solo después llegará a los aviones.
