El viernes Colombia le dio el toque final a su defensa ante la Corte Interamericana en el caso de la masacre de Santo Domingo. El abogado Rafael Nieto se centró en defender la actuación de la Fuerza Aérea y para eso, optó por sacrificar a la justicia nacional.
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| La Corte Interamericana tiene sede en San José de Costa Rica y estudia casos de demandas contra los Estados miembros de la OEA por responsabilidad en violaciones de derechos humanos. |
El viernes Colombia le dio el toque final a su defensa ante la Corte Interamericana en el caso de la masacre de Santo Domingo. El abogado Rafael Nieto se centró en defender la actuación de la Fuerza Aérea y para eso, optó por sacrificar a la justicia nacional.
El de Santo Domingo es el caso más reciente de violación de derechos humanos contra Colombia que llegó a la Corte Interamericana. Pero además es el cuarto caso internacional que se refiere a hechos directos de las Fuerza Pública (no a relaciones con paramilitares como los anteriores) y en particular, el primero que se mete con la Fuerza Aérea.
Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 1998 en medio de combates entre las Farc y la Fuerza Aérea -FAC-. Dejaron 17 personas muertas, seis de ellas menores de edad, y 27 heridos. Y aunque no es claro si fue un bombardeo de la FAC o un carro bomba puesto por las FARC, a Colombia la acusan ante el órgano internacional es por el primero.
Por los hechos hay dos sentencias de la justicia penal. Una que condena a la Fuerza Aérea y otra a las Farc. Y hay además una condena del Consejo de Estado y conciliaciones con algunas de las víctimas, que el Ministerio de Defensa ya pagó.
Como lo contó La Silla, una semana antes de la audiencia en Costa Rica Colombia seguía sin agente. Por lo que Rafael Nieto Loaiza tuvo que aceptar la insistente oferta que le venían haciendo meses atrás y asumir el caso a última hora con la línea de defensa que venía presentando el Estado. El caso había sido manejado por Eduardo Montealegre, quien preparó la defensa del Estado hasta el momento en que tuvo que retirarse porque fue nombrado Fiscal.
La defensa de este caso ante la Corte Interamericana desconcertó. Por un lado, porque rompió con el trabajo de defensa del Estado que había venido haciendo Colombia de buscar legitimar lo que se ha hecho en justicia en el país. Y por el otro, porque elaboró una defensa más parecida a la de un proceso penal en el que se busca desvirtuar cada evidencia aportada por las víctimas, que al de un proceso internacional, cuyo objetivo es demostrar que el Estado, con todas sus actuaciones, no es un violador de derechos humanos.
Durante la audiencia en la Corte en Costa Rica, a principios de junio, Nieto expuso los hechos con mapas, estudios, análisis e interrogatorios a las víctimas. Concluyó su argumentación afirmando que la Fuerza Aérea no había sido la responsable y al final reconoció que Colombia cometió un error. Pero un error judicial.
“Aceptamos que hay un problema en la administración de justicia colombiana y por eso aceptamos responsabilidad (por falta de garantías judiciales y protección judicial) pero no aceptamos que los hechos sean atribuibles a agentes del Estado, sólo la responsabilidad que deviene de decisiones”, fue lo que dijo Nieto como reconocimiento de responsabilidad ante la Corte.
De esta forma, la defensa del Estado quedó entonces fracturada en dos: la de la Fuerza Aérea y la de la justicia. Nieto, como agente del Estado, dejó claro con todas las pruebas que analizó que sus pilotos no eran culpables por la masacre, pero que sí eran responsables los jueces que no habían llegado a esa misma conclusión.
Por los hechos de Santo Domingo hay al mismo tiempo una condena a las Farc y otra a los pilotos de la Fuerza Aérea.
La defensa de Nieto se basó en que sólo uno de estos fallos, el que condena al guerrillero Granobles es definitivo. Dice que el fallo que condena a los pilotos de la Fuerza Aérea no lo es pues está pendiente de decisión el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Un recurso que puede llegar a decidir que hubo un error judicial.
Conocedores del caso consultados por La Silla criticaron este argumento principalmente porque el fallo contra las Farc no impide necesariamente que la FAC tenga responsabilidad en en los hechos como ya lo determinó la justicia colombiana. (Vea aquí el primer y segundo fallo contra la Fuerza Aérea y el que condena a Granobles)
El que condena a las FAC tiene más de 100 páginas, analiza cada una de las pruebas y reconstruye los hechos de Santo Domingo. El de Granobles, en cambio, no habla específicamente sobre los hechos de la mañana del 13 de diciembre. Solo investiga y acusa al guerrillero por la muerte de agentes de la Fuerza Pública en combates en la zona ocurridos por esos días. Pero como al final incluye en la condena los nombres de las víctimas de la masacre de Santo Domingo, Eduardo Montealegre, quien era el agente de este caso antes de ser nombrado Fiscal, decidió traer este fallo al proceso.
Por eso, como agente del caso, a Nieto le correspondió retomarlo para cuestionar el fallo que condena a la Fuerza Aérea. Esto desconcertó a las víctimas. “A las víctimas el cuestionamiento del fallo que condena a la FAC las deja en absoluta indeterminación, pues luego de haber esperado por años que se hiciera justicia, el Estado la pone en duda”, le dijo a La Silla Jomary Ortegon, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización que es el Representante de las Víctimas en el caso.
Con su defensa ante la Corte, Nieto también echó por la borda el trabajo que venía realizando el Consejo de Estado frente a la Corte Interamericana para legitimar sus sentencias.
Nieto dijo en la audiencia que los fallos del Consejo de Estado no eran pronunciamientos en materia de derechos humanos cuando precisamente eso era lo que esta corporación y la Defensa del Estado venían tratando de posicionar desde hace varios años.
Y es que por el caso de Santo Domingo el propio Consejo de Estado ya condenó al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea. Es decir que el Estado de Colombia ya se condenó a sí mismo en un proceso administrativo por los mismos hechos por los que Nieto viene defendiendo la ausencia de responsabilidad de la Fuerza Aérea.
El Consejo validó las conciliaciones entre el Ministerio de Defensa y 23 grupos familiares de víctimas y concluyó que el Estado no cumplió con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos y que si hubiera actuado diferente, el daño no se habría causado.
Nieto también atacó este fallo. Dijo que el Consejo de Estado había condenado a la Nación por el fundamento equivocado (que debía ser daño especial en lugar de falla del servicio) y que había usado las mismas pruebas falsas del proceso penal.
Pero en todo caso, basado en esas conciliaciones y en la condena, por los que el Estado pagó aproximadamente 5.000 millones de pesos a las familias de las víctimas, Nieto le pidió a la Corte Interamericana que descuente lo que ya se pagó en la reparación que ordene al final.
“Conciliar, en el derecho colombiano, no significa reconocimiento de responsabilidad. Si lo fuese, el derecho administrativo colombiano terminaría por hacer tremendamente difícil las conciliaciones”, le dijo Nieto a la Corte en la audiencia.
Un argumento que es polémico. Lo usual es que los jueces hayan identificado una fuente de responsabilidad antes de validar el pago de una indemnización por parte del Estado en una conciliación, según dijo un consejero de Estado a la Silla. La Silla no pudo conocer el documento que contiene el acta de conciliación que explica las condiciones en que ésta se llevó a cabo y qué fue lo que dijo en su momento el Miniterio de Defensa.
Pero más allá de quién tenga la razón en derecho, lo que sí es un hecho es que la defensa que hizo Nieto va en contravía de lo que públicamente ha dicho el Director de la Agencia de Defensa del Estado.
El 23 de julio de 2012, Fernando Carrillo le dijo a El Espectador que el Consejo de Estado había hecho una visita muy importante a la Corte Interamericana, dos semanas atrás.
“Se habló de la necesidad de reconocer las decisiones de la justicia a nivel interno, pues lo que tenemos que mostrar es que la justicia está funcionando a nivel nacional y ahí ha habido reparación,” dijo Carrillo. Y esto mismo se lo reiteró a La Silla el día de ayer, agregando que “la Agencia tiene la convicción de la importancia del reconocimiento de las decisiones del Consejo de Estado y el diálogo que para ello se ha iniciado con la Corte”.
La reunión de los consejeros de Estado con la Corte Interamericana se llevó a cabo en Costa Rica en las instalaciones de la Corte y duró un par de horas. La vocera fue la actual Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, unos días antes de dejar el Consejo de Estado. Su principal propósito fue mostrar que los fallos de responsabilidad del Estado en Colombia eran ejemplares en América Latina. En particular, en el tema de derechos humanos que es el que le interesa a la Corte Interamericana.
Por eso después de que Nieto dijo en la audiencia que “El hecho de que haya esas decisiones en lo contencioso administrativo, no supone responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos”, uno de los jueces de la Corte Interamericana lo cuestionó. Le dijo: “en días pasados recibimos la muy grata visita de una cantidad importante de miembros de la Sección Tercera del Consejo de Estado y en esa visita uno de los puntos que señalaron era que el Consejo de Estado era un Tribunal que también entendía en materia de Derechos Humanos”.
La Silla Vacía llamó a Rafael Nieto, quien dijo que no estaba autorizado a hablar con los medios sobre este caso, que lo recibió hace muy poco y que su argumentación en la audiencia explicaba cuidadosamente la posición frente a cada punto. La Silla habló además con una fuente del gobierno que estuvo en la audiencia como acompañante del equipo del Estado, quien le dijo que en su opinión las críticas al fallo del Consejo de Estado se referían solo a este caso y no era algo generalizado.
Concluida la etapa de alegatos finales el pasado viernes, ahora ya solo queda esperar la sentencia. Al final, si la Corte accede a la argumentación de Nieto puede llegar a una decisión favorable para los miembros de la Fuerza Aérea involucrados y para la institución, pero no para la justicia. Por lo que no sería claro qué tanto podría llamarse una victoria para el Estado.
