La denuncia contra Cecilia Orozco marca la ruptura de la Corte Suprema con los periodistas

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La Corte Suprema de Justicia hace algunos meses, cuando se discutía la Reforma a la Justicia.

 

La Corte Suprema sorprendió ayer con un comunicado en el que anuncia que denunciará penalmente por injuria y calumnia a la columnista Cecilia Orozco Tascón y critica también duramente a María Jimena Duzán. Así le pone fin al romance que  ha existido entre los periodistas más progresistas del país y la Corte Suprema. ¿Qué provocó esta ruptura?

La Corte Suprema lleva años clientelizada, actuando con roscas y con una actitud poco proclive a rendir cuentas públicamente. Sin embargo, solo ahora sus defectos comienzan a ser señalados por los periodistas. Como dijo una fuente a La Silla que no quiso ser citada, “Así como había un embrujo autoritario con Uribe, había un embrujo justiciero con la Corte”.

José Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal, fue objeto de una dura frase de Cecilia Orozco: "Bustos, a quien no le ajusta la toga, ha armado una oscura trinca y está triunfando". Es uno de los hombres fuertes de la Corte.
La directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, escribió una columna para defender a Iván Velásquez y criticar a varios magistrados de la Sala Penal de la Corte. Ahora enfrenta una denuncia por ello.
La Sala Penal de la Corte graduó de enemiga a María Jimena Duzán, columnista de Semana. Pero no anunció una demanda en su contra.
El ex magistrado Camilo Tarquino, de la Sala Laboral, salió hace poco de la Corte pero mantiene su influencia. Es amigo personal de Leonidas Bustos, el presidente de la Sala Penal.
Augusto Ibáñez era uno de los magistrados que mandaban la parada durante el último trecho del gobierno Uribe, y era uno de los más distantes con el entonces Presidente.

Las razones para que ahora se vea lo que siempre estuvo allí pero no se decía son varias. Durante toda la época de Uribe, la Corte Suprema se volvió uno de los principales contrapesos de poder frente a los abusos del gobierno de Álvaro Uribe y en el adalid de la parapolítica. La Corte metió presos a más de diez congresistas (a pesar de que algunos renunciaron a su cargo y a su fuero), y fue blanco de las chuzadas del Das y de todo tipo de hostigamientos como el montaje de Tasmania.

Con el cambio de Gobierno, ese contrapeso se ha hecho menos visible y necesario. Y con la fallida Reforma a la Justicia quedó en evidencia que magistrados de la Corte habían hecho lobby, incluso con comidas a congresistas, para mejorar su posición con períodos más largos, capacidad total para elegir sus reemplazos y evitarse los requisitos más estrictos para ser magistrado que regirían en el futuro. Esto le restó a la Corte una buena parte del respeto moral que se había ganado.

El cambio en la Corte

Pero no solo cambió el entorno, sino que varió la composición de la Corte. De los 19 magistrados actuales (hay cuatro vacantes) solo ocho participaron en la elección de Viviane Morales como Fiscal. En la Sala Penal, de la ‘línea dura’ contra la parapolítica solo queda María del Rosario González.

Algunos de los principales magistrados que se enfrentaron con Uribe y que más sufrieron las chuzadas del Das, han salido de la Corte. Sobre todo los que mandaban la parada en ese momento, como César Julio Valencia Copete, Sigifredo Espinosa, Augusto Ibáñez y Yesid Ramírez, varios de ellos parte de la línea más dura contra Uribe que impidió que se eligiera fiscal en 2010.

Con esas salidas, ganó fuerza Francisco Javier Ricaurte, de la Sala Laboral. Y con él lo hicieron Julio Enrique Socha, Leonidas Bustos, y, sobre todo, el tolimense Camilo Tarquino, quien cumplió su período hace algunas semanas. En contraste con la rosca anterior, Ricaurte se declaró “uribista reflexivo” en 2009, y Bustos era uno de los que en 2010 apoyaba la elección del candidato de Uribe, Camilo Ospina, como Fiscal.

Este cambio en el eje del poder, facilitó que una vez saliera Sigifredo Espinosa tomaran la decisión de sacar al magistrado estrella de la parapolítica Iván Velásquez de la coordinación de la unidad encargada de esos procesos.

Esta nueva 'rosca' tiene tal fuerza que según el columnista Ramiro Bejarano, Tarquino y Ricaurte (quien terminará su período en septiembre) están buscando ser elegidos en el Consejo Superior de la Judicatura. Lo mismo señaló Óscar Montes, editor de El Heraldo, en otra columna.

Ese cambio, además, refleja una transformación en la forma de elegir a los miembros de la Corte. Si hace algunos años en los corrillos de la justicia ya se sabía quién iba a llegar porque pocos tenían la trayectoria y el reconocimiento suficiente para ser magistrados, como José Mario Velazco o Gustavo Gómez Velásquez, ahora también es importante para llegar a la Corte tener amistades y hacer lobby.

La politización de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que elabora las listas de quienes pueden ser elegidos, ha tenido ese efecto. Y por eso la Corte cada vez está más imbricada en una red de favores.

Los puestos de los magistrados

Pero hay un hecho cierto y es que magistrados de la Corte Suprema han tenido sus familiares en otras Ramas del Poder desde hace rato.

Cuando la primera reelección de Edgardo Maya como Procurador en 2004, cuatro magistrados de la 'Corte de la Parapolítica' (Marina Pulido, Alfredo Gómez, Mauro Solarte y Yesid Ramírez) se declararon impedidos para ternarlo y Fernando Londoño Hoyos hablaba de seis magistrados con esposas en la Procuraduría.

En 2010, cuando la Corte investigó disciplinariamente al Procurador Alejandro Ordóñez, cinco magistrados tuvieron que declararse impedidos, cuatro por tener hermanos o cónyuges en la procuraduría y una por ser amiga personal de Ordóñez.

Actualmente existen varios casos, como el de Leonidas Bustos. Su esposa, Ana Josefa Velasco, desde 2010 es Procuradora Judicial II 134 administrativa, cargo igual al de Martha Cristina Pineda, amiga cercana y cuota del mismo Bustos. Y la esposa de Pedro Munar, Gladys Virginia Guevara, era hasta hace poco la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que depende del Consejo Superior de la Judicatura.

Las columnas

La columna de María Jimena Duzán tiene algunas pequeñas imprecisiones cuando explica dos de los cambios que habría hecho la Corte Suprema.

Basándose en un artículo de Semana, dice que hubo un cambio en la jurisprudencia que trataría preferentemente a los congresistas a la hora de definir sus penas. En realidad, el cambio en la jurisprudencia (que se debió a un cambio de voto de Sigifredo Espinosa) no se aplica solamente a los congresistas sino a todas las personas que no sean procesadas en el sistema acusatorio, como explicó en una columna Yesid Reyes.

El segundo cambio que señaló Duzán, que la Corte no solicitó la captura de Dilian Francisca Toro cuando sí lo hizo antes con otros congresistas acusados por lavado de activos y concierto para delinquir, pasa por alto que Toro está enredada por lavado de activos del narcotráfico, y no por concierto para delinquir.

La columna de Cecilia Orozco incluye unas frases que podrían resultar ofensivas. Dice, por ejemplo, “los magistrados titulares, cuya conducta está cada vez más cerca de la de sus procesados” y, de los magistrados actuales, dice que  están "Clientelizados, burocratizados, lagartizados y subordinados al poder del procurador, al que le deben fidelidad y puestos, y al Parlamento, con el que se concertaron para privilegiarse, no pueden tener a un testigo de sus complicidades”, es otra de sus afirmaciones.

Pero el criterio de la sala penal de la Corte para considerar que en esas columnas hay injuria y calumnia no tiene en cuenta principios penales básicos, según varios abogados consultados por La Silla. Como lo señala Carlos Cortés, experto en temas de libertad de expresión, la Sala Penal de la Corte no tiene en cuenta que una declaración no puede ser a la vez injuria y calumnia, que hay que demostrar que hay un deseo de injuriar, que irrespeto no es lo mismo que injuria o que las entidades públicas no tienen un derecho al buen nombre que pueda ser injuriado.

Además, la Corte tampoco ni siquiera consideró el hecho de que el juez que tendrá que estudiar el caso difícilmente tendrá la independencia suficiente para hacerlo porque su carrera depende de magistrados del Tribunal Superior, que a su vez dependen de los magistrados de la Corte Suprema (todo a través de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura).

Por eso, el duro comunicado de la Sala Penal señala que por lo menos algunos magistrados recogieron el guante y están dispuestos a pelear con los periodistas que los critiquen, y a ponerle límites a la libre expresión cuando tiene que ver con ellos. Y eso promete que la ruptura con los medios no hará sino crecer.

Nota de la editora: recientemente cambió la directora de la Escuela Judicial, cambio que fue incorporado en la nota después de publicada.

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