Con la decisión de la juez Marleny Orjuela de enviar a una guarnición militar detenido de manera preventiva a Bernardo Moreno, ex Secretario General de la Presidencia, aumenta la sensación de que el círculo más cercano a Álvaro Uribe quedará todo sub júdice.

La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión tras considerar que Moreno podría obstruir la justicia después de que las víctimas de las chuzadas presentaron una nueva prueba de ello.

La nueva evidencia es el testimonio del capitán Jorge Alberto Lagos, ex Director de Contrainteligencia del DAS, condenado por las chuzadas, quien dijo que en dos reuniones Moreno había tratado de convencer a su abogado de que no incriminara a Moreno en los testimonios.

Como lo contó La Silla Vacía, en mayo la Fiscalía imputó a Bernardo Moreno los delitos de concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones por supuestamente obtener de manera ilegal información sobre magistrados, periodistas y congresistas de oposición, así como la grabación de sesiones de la Corte Suprema de Justicia. Y le imputó el cargo de haber abusado de la función pública porque, para la Fiscal Viviane Morales, el interés de Moreno de obtener información de magistrados no tenía nada que ver con sus funciones dentro de la Presidencia. En ese momento, la Fiscal pidió enviarlo a la cárcel, pero el juez de garantías consideró que él no era una amenaza para la sociedad si quedaba en libertad mientras se probaba si era culpable o no.

Sin embargo, ante la nueva evidencia, la justicia reconsideró la decisión. La Fiscal confirmó que, en efecto, Moreno y el ex abogado de Lagos Rafael Martínez se reunieron dos veces. Una de ellas fue el 15 de mayo de 2009 en un reservado del Club El Nogal a la que asistieron Gabriel Reyes, presidente del Canal RCN e Iván Lizcano, directivo del Canal, con Bernardo Moreno y Martínez, el abogado de Lagos. Y la otra en un restaurante de La Macarena.

"Me manifestó que por invitación de un funcionario que trabajaba en prensa, en la Fiscalía General de la Nación, lo había invitado a un restaurante del barrio La Macarena de Bogotá y que estando allí con este funcionario llegó el señor Bernardo Moreno, quien había llegado muy preocupado por las declaraciones que yo había dado en la Fiscalía y que al momento de esa reunión ya habían sido filtradas a los medio de comunicación y que el doctor Bernardo Moreno estaba preocupado por el hecho de que en ellas se hablaba de él", sostuvo Lagos en su nueva declaración.

Lagos se ratificó en su denuncia, pero su abogado Martínez se negó a declarar sobre el tema. El ex jefe de prensa de la Fiscalía Álvaro Ayala, quien dijo ser amigo de la niñez de Bernardo Moreno, admitió haber hecho el puente entre Moreno, el abogado de Lagos que decía que los periodistas habían malinterpretado la declaración de su apoderado y los directivos de RCN.

“El periodista sostuvo que uno o dos días después Martínez le preguntó que si aún estaba en firme la posibilidad de hablar con Bernardo Moreno y que ante esta situación concretó un encuentro en el barrio La Macarena y que a partir de ahí ellos se fueron al Club el Nogal. Finalmente indicó que después se encontró con Bernardo Moreno quien le dijo se llegó a un acuerdo para corregir una noticia por parte de RCN, según la cual se trataba de una declaración de Jorge Alberto Lagos que al parecer no estaba ajusta a la verdad,” contó Caracol.

Bernardo Moreno siempre ha negado los cargos en su contra y pidió que por lo menos le den detención domiciliaria, lo cual garantizaría que no pueda interferir con la justicia.

Andrés Felipe Arias fue detenido preventivamente la semana pasada por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. El juez de garantías consideró que había interferido con la justicia al visitar a sus ex subalternos varias veces en La Picota.

Mario Aranguren, el exdirector de la Uiaf, lleva detenido varios meses por haber suministrado información sobre los magistrados al DAS sin tener autorización para ello.

La versión de RCN

RCN sacó anoche un comunicado en el que dice que en dicha reunión, que se llevó a cabo el 15 de mayo por petición de Bernardo Moreno, el Secretario de la Presidencia le manifestó al presidente del Canal y a otro directivo “su molestia por la publicación que había hecho Noticias RCN el 13 de mayo en la que se hacía referencia a la declaración del Capitán (r) Jorge Lagos en el llamado proceso de “las chuzadas”, porque no se le dio la oportunidad de controvertir la noticia y por la forma como se presentó la misma”.

Dice que Moreno pidió rectificar esa información y que habría dicho que el abogado del capitán Lagos estaría dispuesto a dar una declaración en ese sentido. Según el comunicado de RCN, el presidente del Canal le había dicho que estaba dispuesto a publicarla.

RCN no dice que esa declaración haya sido publicada, por lo tanto es presumible que no se publicó. Y tampoco es claro por qué, si se trataba de una rectificación, Bernardo Moreno decidió tramitarla con el presidente del Canal, que normalmente se ocupa de los temas de negocios de la empresa, y no con la directora de noticias de RCN, como es el protocolo normal.

En todo caso, a juzgar por la decisión de la Fiscal y de la magistrada, aunque la versión de RCN coincide con la de Bernardo Moreno, no fue suficiente para darle credibilidad al ex Secretario General.

La magistrada del Tribunal decidió enviarlo a una guarnición militar en vez de a la cárcel para garantizar su seguridad.

El gobierno sub júdice

La decisión de detener a Bernardo Moreno es otro golpe letal para el ex Presidente Uribe y su gobierno. Lo es porque los delitos por los que se investiga a Moreno involucran directamente a su Presidencia. Si estos se confirman, probarían lo que las víctimas de las chuzadas sospecharon desde siempre: que los seguimientos ilegales y el hostigamiento del DAS fueron el resultado de una orden directa de Palacio de Nariño.

La decisión de enviarlo a la cárcel pone a Uribe también en una situación difícil, por decir lo menos. La salida más segura para Moreno de la cárcel sería negociar ya o después del juicio con la justicia una pena menor o el principio de oportunidad para alguno de los delitos a cambio de darles información sobre alguien arriba de él. Y encima de él sólo estaba el ex Presidente. Es claro de las imputaciones que, si Moreno cometió un delito, este benefició a Uribe, pues ninguna de las acciones por las que lo acusan lo ayudaban a él personalmente.

Pero también afecta personalmente a Uribe, porque Moreno, al igual que el ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, detenido recientemente, formaban parte de su círculo más cercano junto con Alicia Arango, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez. Moreno era quien manejaba el registro de los puestos de libre nombramiento y remoción del gobierno central y además, las relaciones con el Congreso.

Lo peor para Uribe es que a la velocidad y en la dirección en la que están avanzando las investigaciones, Bernardo Moreno no será el último del sanedrín uribista que termine tras las rejas. El juicio contra su ex Ministro del Interior Sabas Pretelt fue anulado el viernes por errores en el procedimiento pero muy pronto se retomará y es factible que el resultado no le sea favorable al ex embajador.

Edmundo del Castillo también está siendo investigado por las visitas de Job a Palacio y también por las chuzadas. Y ha aparecido mencionado varias veces en el escándalo de los Nule. César Mauricio Velásquez rindió indagatoria en diciembre ante la Fiscalía por las chuzadas.

Mario Uribe, su primo, ya fue condenado. También Mario Aranguren, el ex Director de la Uiaf. Los tres ex directores del DAS están siendo investigados por las chuzadas: Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate.

El ex Director del Incoder, Rodolfo Campo Soto, fue destituido por la Procuraduría y está en la mira de la justicia. Es prácticamente imposible que Néstor Díaz, el exdirector de la DIAN y también cercano a Uribe, no sea llamado a declarar en conexión con el último escándalo por las devoluciones ficticias.

El ex Ministro de Protección Diego Palacio está investigado por la yidispolítica. Fabio Valencia Cossio no tiene una investigación, pero sí el escándalo de Estupefacientes y Fonsecón por la entrega de palacios municipales a congresistas claves para conseguir la reelección siguen avanzando judicialmente tendrá que dar declaraciones. Luis Carlos Restrepo, el ex Comisionado de Paz, ya ha tenido que declarar ante la justicia por las falsas desmovilizaciones.

Al General Mario Montoya, que fue el Comandante del Ejército de Uribe y que renunció recientemente a la Embajada Dominicana, no le han hecho ninguna imputación judicial pero hay testimonios muy graves que tarde que temprano la justicia terminará investigando.

Así como la decisión de detener preventivamente a Andrés Felipe Arias provocó en Uribe y en sus seguidores más cercanos la sensación de que su gobierno está siendo objeto de una persecución, la decisión contra Moreno no hará sino confirmar esa paranoia. La arremetida contra la justicia no se demorará.