La diplomacia de Duque ha hecho más peligrosa la frontera donde fue atacado

La diplomacia de Duque ha hecho más peligrosa la frontera donde fue atacado

De la frontera entre Venezuela y Colombia al sector del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, desde donde salieron los disparos contra el helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, hay apenas cuatro kilómetros.

Se trata de la frontera más activa que tiene Colombia, pero está cerrada casi totalmente por sus pasos formales hace más de un año. Cúcuta es un municipio de más de 1 millón de habitantes. Del otro lado, en el estado de Táchira, en Venezuela, viven alrededor de 1,2 millones de personas. En realidad son una misma región. 

“Hay fincas que son la mitad en Venezuela y la otra mitad en Colombia”, dice Germás Umaña, presidente de la Cámara Colombo-Venezolana, una asociación empresarial. Los lazos económicos y familiares entre las dos regiones, separadas por el río Táchira, que usualmente se puede cruzar caminando, son centenarios. 

Incluso en pandemia y con la frontera cerrada, a través de trochas ilegales, se mueve un comercio de todo tipo de mercancías, calcula Umaña, de más de 1.000 millones de dólares al año. Alimentos, medicinas, electrodomésticos, todo lo que no hay en un país con un aparato productivo desmantelado y severas sanciones internacionales. 

Y de todo eso, la función de aduana la ejercen los ilegales, sacando una tajada de alrededor del 20 por ciento, según cálculos en la región, que no incluyen ingresos por el paso de personas y el narcotráfico.

Porque desde que llegó Duque a la presidencia la frontera está cruzada por un lío diplomático: la ausencia total de relaciones entre el Gobierno de Duque y el de Nicolás Maduro. No hay embajador, cónsules, agregados de negocios, intercambio militar, judicial, ni canales conocidos de comunicación. 

Se trata de una apuesta sostenida, sobre todo desde Colombia, que ha tenido un fuerte impacto sobre la seguridad de la región. Una postura internacional en la que está hoy solo el Gobierno, como quedó claro en la llamada que tuvo ayer Duque con Joe Biden, y cuyas consecuencias, el fortalecimiento criminal, afectaron incluso la seguridad del mismo presidente.  

A pesar de que esta apuesta por un “cerco diplomático” fracasó, y hoy hay vientos claros de diálogos con Maduro desde Washington, Duque se ha parado firme en su apuesta de política internacional. 

Tanto, que desde Bogotá, la Cancillería frenó un silencioso diálogo regional, que había avanzado para lograr acuerdos puntuales para regular el paso fronterizo, y quitarle, al menos, una porción de las rentas a los grupos ilegales.

Una apuesta sin pretensiones diplomáticas, liderada por el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, quien se iba a reunir, según nos confirmaron dos fuentes, con un funcionario chavista. Habría sido el encuentro de funcionarios de más alto nivel de los dos países durante el gobierno Duque, que fue desautorizada por su Cancillería.

Más que una jugada internacional, la movida buscaba, sobre todo, devolverle algo de normalidad a la gente de la región, sometida a lidiar con guerrilleros, paramilitares, y bandidos en las trochas.

El cierre de la frontera desde quienes lo padecen

“Una amiga, una actriz que pasaba de Colombia a Venezuela por la trocha, me contó que tuvo que dejar 200 dólares. Estaba a 30 metros de un puesto de la Guardia Nacional”, le contó a la Silla Vacía Victor Bautista, el Secretario de Fronteras de Norte de Santander. 

En las trochas “tienen una forma de categorizar a las personas. Tienen tablas aduaneras, una televisión de 55 pulgadas paga tanto. Son trochas de 500, 300, 100 millones de pesos diarios. Es una criminalidad que todo el mundo acepta porque son los grupos que tienen el control, y sería muy ingenuo decir que hay corrupción solo en venezuela”, agrega. 

Bautista, un exfuncionario de la Cancillería que se fue a ocupar un cargo político en su departamento, es la persona que ha encabezado el diálogo regional: “desde que se cerró la frontera, dijimos que aunque estemos de pelea con los del al lado lo peor que podemos hacer es cerrar las fronteras y entregarle esas válvulas a los ilegales”, dice. 

Esa ilegalidad está disparada. Como contamos, en la zona desde donde se hizo el atentado, hay una lucha por el control del territorio que involucra a una alianza de paramilitares, y a las guerrillas establecidas en la región, y el ELN. 

Bautista reafirma cómo el cierre ha impulsado esa criminalidad, “hace siete años había dos bandas, entre los paracos y los elenos. Ahora son 9 o 10 bandas. Estamos en un sandwich muy difícil”. La respuesta de Bogotá a esa criminalidad fue una campaña militar y policial bautizada, “Operación Muralla”, para “que no haya personas transitando de un lado para el otro”, según dijo un oficial militar en Cúcuta a finales del año pasado.   

Sobre las pretensiones de sellar la frontera, Umaña, el presidente de la asociación empresarial, dice que “nosotros no tenemos un muro de Berlín sino un container”. Tienen de hecho varios, bloqueando los dos puentes principales que conectan los dos pasos oficiales. Puestos ahí por el régimen chavista, cuando Duque y Guaidó intentaron pasar la famosa ayuda humanitaria en febrero del 2019. Ahí siguen, murallas sobre las vías legales, mientras la gente pasa debajo de los puentes. 

Las matemáticas de esta decisión, si bien aproximadas, son abrumadoras. Según Umaña, exdecano de economía de la Universidad Nacional y hermano del asesinado abogado Eduardo Umaña, además del cruce multimillonario de mercancía, el paso de personas también arroja ganancias astronómicas. 

“Ahora en la pandemia se calcula que pueden pasar entre 5 mil y 8 mil personas diarias por las trochas. Están pagando, cada uno, entre 5 y 10 dólares, basta que uno haga la operación anual”. En el rango bajo, son 50 mil dólares diarios, más de 18 millones al año. 

“Bastaría con quitar un container para resolver parte de la criminalidad”, dice Umaña, sin muchas esperanzas. 

Él también participó en los diálogos regionales a los que la Cancillería de Duque les cerró la puerta. “Ha sido imposible la autorización para que se reúnan las autoridades regionales de ambos países. Para hacer una cosa que no implica reconocimiento diplomático”, dice con frustración. 

Los diálogos regionales

A principios de marzo del 2020, justo antes del inicio de la pandemia, Cúcuta empezó a oler a caucho quemado. Una nube de humo gris se instaló sobre la ciudad, y, más que el covid, los problemas respiratorios empezaron a alertar a las autoridades. Del otro lado de la frontera, la quema de basuras en Venezuela, especialmente para sacar el cobre de cables recuperados, inundó de humo el lado colombiano. 

“Por esa crisis tuvimos que irnos a Táchira y sentarnos”, dice Bautista, el funcionario departamental. Pronto fue claro que la interlocutora, la gobernadora de oposición a Maduro, Laidy Gómez, no era el verdadero poder. “Dijimos, hablemos con la gobernadora pero también con el protector”, cuenta Bautista. 

Ese es Freddy Bernal, una autoridad impuesta por el chavismo en el departamento. Ex policía, ex alcalde de un municipio de Caracas y fiel a la línea del partido. “Al señor Bernal le dijimos que íbamos a dialogar con ellos sin meternos en la pelea Caracas-Bogotá. Hicimos tres visitas y en 10 días se solucionó la crisis”, dice el funcionario colombiano.  

Cuando llegó la pandemia, la frontera que dejaba pasar a personas y mercancía por los puentes, se cerró del todo, el que terminó siendo el más prolongado de la historia. Pero los diálogos continuaron. “El señor Bernal se volvió cada vez más interlocutor nuestro, y eso impulsó encuentros entre grupos de lado y lado”. 

Desde la gobernación, avanzaron bajo la premisa de que una ley, el Estatuto Orgánico Territorial, permitía a departamentos y municipios fronterizos entablar diálogos internacionales para asuntos puntuales de su región. Además, construyeron mesas con empresarios y sociedad civil. 

Umaña, que participó en los diálogos, los describe como acercamientos para plantearles a los Gobiernos centrales de ambos países puntos en común de actores en la región. Puntualmente, dice, “los agentes empresariales, sin excepción, han tenido manifestaciones conjuntas pidiendo la apertura de los puentes para mercancías”. 

La apertura del lado venezolano al diálogo, no llegó sin intentos de usarlos para presionar políticamente a Duque. Durante esos encuentros, el funcionario chavista, Bernal, usó sus redes para llamar la atención sobre el evento. En un tuit del año pasado, con fotos de las reuniones, dijo, “la apertura de la frontera debe ser una acción bilateral, del acuerdo entre dos naciones; como lo señala el Pdte @NicolasMaduro”. 

Aún así, los diálogos continuaron de manera discreta. En Colombia, como dice Umaña, esa búsqueda de reconocimiento del lado chavista hizo que la gente “tuviera temor de hablar de esto”. Pero, continuaron bajo la premisa de buscar caminos para “que no estemos sometidos a la ilegalidad”.

Además, coordinados por la Gobernación de Norte de Santander, los actores de la región en Colombia construyeron un “Dossier Fronterizo”, con propuestas para el Gobierno “para el funcionamiento integral de la frontera con Venezuela”. 

La Silla conoció el documento, que se entregó a Cancillería en diciembre del año pasado, en donde funcionarios, empresarios y organizaciones piden abrir pasos fronterizos para el tránsito, con medidas de bioseguridad, de estudiantes, migrantes y el paso de personas con mercancías. Como previendo el apetito limitado para la apertura en Bogotá, dice el documento, “consideramos prudente tener un plan B llamado Zona de Abastecimiento”, y propone un mercado sobre el puente Tienditas, el principal paso fronterizo formal en el área metropolitana de Cúcuta. 

De Bogotá, según nos dijo una persona que estuvo involucrada en su elaboración y pidió no ser nombrada para no cerrar puentes de negociación futuros, no llegó respuesta. 

Aún así, durante este 2021 siguieron avanzando en los diálogos regionales con acuerdos concretos importantes. Se iban a recoger los containers que bloquean los puentes, para permitir el paso de buses escolares con algunos de los casi 4 mil estudiantes que viven en Venezuela y asisten al colegio en Colombia. La medida inicial, aspiraban, pudiera dar paso a una apertura más amplia. El acuerdo se iba a sellar en una reunión entre el gobernador de Norte de Santander, Serrano, el protector chavista Bernal, y cinco alcaldes en mayo, hace un mes. 

Sin embargo, antes de cruzar, el gobernador decidió informar a la Cancillería. Martha Lucía Ramírez aún no se había posesionado. Pero, según la fuente, la reunión “causó discusiones en Bogotá. Unos decían que eso era claudicar frente a Maduro. Cancillería nos dijo que era mejor que no cruzáramos. Al final, la reunión no se dio y volvimos tres pasos para atrás”.

Al cierre de esta nota Cancillería no había delegado a un vocero para responder preguntas de La Silla Vacía. 

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, supo de los acercamientos. “En mayo se vino abajo. Se fueron cayendo porque a Bogotá no le gustaba que Norte de Santander tuviera un tipo de diálogo con Maduro”. Rodríguez, una de las personas que más ha estudiado la relación bilateral, afirma que “esa diplomacia local no logra materializarse por el tire y afloje de Bogotá y Caracas”.

Del otro lado, reitera Rodríguez, también hay intereses del chavismo para usar estos acercamientos en su propia estrategia diplomática, “Maduro está exigiendo el reconocimiento de Bogotá”, explica. 

El secretario Bautista no quiso dar detalles de por qué los esfuerzos se truncaron. Sin embargo, sí se quejó de la decisión que tomó el Gobierno Duque, poco después de haber desautorizado la reunión. Sorpresivamente, el 1 de junio, Bogotá decretó la reapertura unilateral de la frontera, tras 14 meses de cierre total.  “Nos pareció ilógico sin una coordinación con el otro lado”, afirmó.

En efecto, del otro lado la frontera sigue cerrada. La apertura por parte de Colombia fue calificada, por el Canciller venezolano, Jorge Arreaza, como una medida para “distraer a la opinión pública de los problemas internos”, aludiendo al paro. Y como contamos en el podcast de La Silla, la reapertura, de solo un lado, ha hecho poco para cambiar la dinámica criminal que aún controla la frontera.  

Diplomacia desmantelada

Desde que llegó a la Casa de Nariño Duque decidió no enviar a un embajador a Caracas.“Hemos mantenido la relación a nivel consular y un delegado a nivel de encargado de negocios. Pero, somos claros, lo que hay en Venezuela es una dictadura y como tal no tendremos embajador en ese país”, dijo Duque recién llegado, en octubre de 2018. 

Recibía una relación ya deteriorada del Gobierno de Juan Manuel Santos, luego del cierre unilateral de la frontera por parte de Maduro en 2015. A su salida, Santos también, como Duque después, pensaba que estaba “cerca la caída de Maduro”, como dijo poco antes de entregar el cargo. 

Pero con la llegada de Duque, incluso la representación consular, la atención más básica para los colombianos en Venezuela, salió de Venezuela, expulsada por Maduro, cuando rompió relaciones con Colombia, luego de los esfuerzos de cambio de régimen del 2019. 

Según el investigador Rodríguez, dentro de la Cancillería durante este Gobierno la capacidad de análisis y comprensión de Venezuela fue desmontada. “Todo el equipo que teníamos se desmontó. Ahora no tenemos información, estamos supeditados a lo que nos digan algunos líderes de oposiciones y a algunas ONG, que son de oposición, que fueron la que nos llevaron al descalabro del dossier presentado a la ONU”. 

Rodríguez se refiere a la vergüenza internacional que pasó Duque, al presentar, en la Asamblea General de la ONU en 2019, un dossier con evidencia falsa sobre la presencia del ELN en Venezuela. Varias de las imágenes que fueron realmente tomadas en Colombia, citaban como fuente a Fundaredes, una ONG de derechos humanos venezolana vinculada a partidos de oposición. 

Además, una fuente de la Cancillería que pidió no ser nombrada, le dijo a La Silla que durante el periodo de Claudia Blum, se redujo la planta de personal de la Dirección de Fronteras, la encargada de la situación de regiones como Norte de Santander. 

Por ahora, con el presidente a salvo en Bogotá, seguirán siendo esos habitantes de la frontera, en ambos lados, los que vivan las consecuencias de este choque diplomático.”Es como si la región no existiera”, se lamenta el empresario Umaña.

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