Esta semana el Congreso arrancó el debate del proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca recaudar más de 25 billones de pesos. A diferencia de las tributarias de Iván Duque, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó un proyecto de ley que solo estipula nuevos impuestos y no en qué se va a gastar la plata.
Por eso el trámite no se hará conjuntamente en las dos comisiones económicas, Tercera y Cuarta, sino únicamente en la Tercera, que se encarga de los nuevos impuestos y donde la coalición de Petro tiene presidentes aliados y mayorías definidas. La Cuarta, en cambio, se ocupa de los nuevos gastos, y es menos favorable al Gobierno.
Se trata de una estrategia arriesgada con la que MinHacienda Ocampo busca “que la aprobación se dé en un mes y medio”, según le dijo a La Silla Vacía un portavoz del Gobierno. Sin embargo, varias voces dentro del Congreso advierten que ese atajo podría terminar creando más problemas de los que soluciona.
El camino exprés de la reforma tributaria de Ocampo
Al discutirse sólo en una comisión económica, el Gobierno se asegura no solo de que ese primer paso se dé rápido, sino que el proyecto original pase por menos manos y que los cambios que se hagan sobre la marcha sean más controlados. Hoy, por ejemplo, Ocampo, anunció que va a eliminar los artículos que desmontaban subsidios a combustibles en fronteras y que van a contemplar la idea de vender algunas electrificadoras.
Pero los congresistas de las comisiones Cuartas ya expresaron sus molestias, y por eso el Gobierno se puede enfrentar a un desgaste político que lo puede afectar hacia futuro. En las comisiones Cuartas, el Gobierno debe pasar el complemento de la Tributaria: la ley de Presupuesto para 2023 (cuyo monto se debe definir antes del 15 de septiembre), una adición presupuestal para incorporar los 25 billones que espera recaudar, y más adelante el Plan de Desarrollo.
Además, porque una cosa es llegar a una Plenaria con una reforma conocida y consensuada por 95 congresistas que componen las dos comisiones en Senado y Cámara, y otra, con los 50 que están en las Tercera.
“Si sigue por ese camino cuando llegue la reforma a la Plenaria vamos a empezar de cero, proposiciones de cero, y el trámite no va a salir como las otras reformas en una sola sesión”, advierte el senador liberal John Jairo Roldán. Para entrar en vigencia en 2023, la reforma debe ser aprobada antes del 28 de diciembre.
El inicio formal de la reforma en las comisiones Tercera se dará en la primera semana de septiembre, una fecha clave porque es en la que los partidos deben definir si se declaran de gobierno, independencia u oposición.
En la Comisión Tercera el Gobierno juega de local
El texto de la reforma, que Ocampo sorprendentemente ya tenía listo el 8 de agosto, llegó a las comisiones Tercera de Senado y Cámara, que son presididas por Gustavo Bolívar y Katherine Miranda, aliadas del Gobierno Petro. La semana pasada los dos presidentes designaron los coordinadores ponentes que deben liderar el proyecto en comisiones.
Los coordinadores designados son congresistas de los partidos que se han declarado a favor del Gobierno o están camino a serlo: el representante Jorge Hernán Bastidas y la senadora Clara López del Pacto Histórico; el representante Álvaro Monedero y el senador Juan Diego Echeverry del partido Liberal; y el senador Juan Carlos Garcés de La U.
Sin embargo, el proyecto crispó los ánimos entre los congresistas de la Comisión Cuarta que ya hablan de posibles vicios de trámite.
“Cometen un error, por una razón, porque lo que quieren es rentas frescas para financiar temas sociales como la renta básica, matrícula universal. Costos adicionales para el presupuesto”, dice el senador Juan Felipe Lemos de La U, y quien desde 2010 está en comisiones económicas.
“Lo que hacen es modificar impuestos, crear otros, para recaudar. En el fondo lo que están presentando es una Ley de Financiamiento, y no Tributaria. Ambas buscan generar rentas, nuevos ingresos, pero la Ley de Financiamiento incorpora nuevos gastos considerados en el presupuesto”, añade.
Por eso, considera que el trámite debió hacerse en las dos comisiones y no en una sola. Voz a las que se han sumado otros congresistas del partido Liberal, Conservador y del mismo Pacto Histórico como Paulino Riascos que preside la Comisión Cuarta del Senado.
La senadora Liberal Laura Fortich dice que en 2001 la Corte Constitucional sentó precedentes sobre ese discusión, y que es sensato concluir que las dos comisiones deben encargarse de ese tipo de reformas. Se refiere a la revisión que hizo la Corte a la Ley 633 de 2000 que modificó normas en materia tributaria y en la que justificó “la competencia de las comisiones de asuntos económicos del Congreso para debatir propuestas que contemplan el estudio del proyecto de rentas adicionales para financiar los gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación”.
Ante el reclamo, el ministro Ocampo argumenta que la decisión de llevar el debate sólo a una comisión no fue de él, sino de los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero. “En últimas depende de los presidentes del Congreso más que de nosotros a quién le dan esa competencia. Es un tema que ustedes deben tener con ellos. Entiendo el punto de vista de ustedes”, dijo en una sesión de la comisión Cuarta.
Esta versión choca con la que recibió La Silla del portavoz que pidió ser identificado como del Gobierno y que señala que el proyecto solo le apunta a disposiciones que aumentarían los ingresos a través del Estatuto Tributario. Y que por eso las comisiones terceras son las encargadas de dar estudios. Es decir, que se salten a la comisión Cuarta es el resultado de una decisión del Ministerio de Hacienda, por como se diseñó el proyecto.
Así pasó con dos reformas tributarias en el gobierno de Juan Manuel Santos, una impulsada en 2013 y otra en 2016. El exministro de Hacienda de esas reformas, Mauricio Cárdenas, señala que tal como fue presentada la reforma tributaria por el ministro Ocampo el trámite es el correcto.
“La Ley de Financiamiento va pegada a la discusión del presupuesto porque el presupuesto va desfinanciado. Pero no es el procedimiento estándar ni el que debió haber presentado este gobierno. Las tributarias solo van Terceras, leyes de financiamiento sí van en conjuntas”, dice el exministro Mauricio Cárdenas.
El afán le puede terminar costando al MinHacienda
En las comisiones Tercera el Pacto y sus nuevos aliados son mayoría. Por ejemplo, de los 33 integrantes de la comisión de Cámara 3 son del Pacto, 4 del Verde, 2 de curules de paz, 7 del Liberal, 5 conservadores y 3 de La U.
Mientras que la oposición del Centro Democrático y Cambio Radical solo tienen seis sillas.
Ese control total no lo tienen en las Cuartas. En la de Cámara la presidencia es de la liberal Yezmi Barraza y en la del Senado Paulino Riascos. Aunque llegó al Congreso avalado por el Pacto, Riascos tiene resistencia en su bancada porque para quedarse con la presidencia de la comisión hizo alianzas con los partidos tradicionales y desbancó del cargo a Wilson Árias, quien había sido elegido por la bancada para ese cargo.
“Parece ser que unas voces asesoraron al ministro Ocampo para no meter a las comisiones Cuartas, en especial la de Senado, que porque ponemos mucho problema. Que mejor en Terceras solas”, dice el liberal Jhon Jairo Roldán.
“Las cuartas son unas comisiones menos gobiernistas, más rebeldes. Nosotros no elegimos el Presidente que ellos querían, no sé si fue por cobrarle a la comisión lo de Wilson, o correr el riesgo de que se hundieran algunos temas, las razones de sacarnos del debate”, añade Lemos de La U.
Más allá de si se trata de un tema político o técnico como lo ha planteado el ministro Ocampo, lo que está claro es que el camino que eligió la bancada de Gobierno puede alterar las relaciones al interior del Congreso.
Porque necesariamente otros temas como la Ley de Presupuesto o la inclusión de los recursos recaudados por la Tributaria deben pasar por las comisiones Cuarta como lo admite el ministro Ocampo.
La de Presupuesto tiene dos tiempos. El 15 de septiembre se debe establecer el monto, y el 20 de octubre la aprobación de la destinación detallada. Mientras que la inclusión de lo que piensa recaudar la Tributaria debe hacerse con una adición presupuestal en el arranque del 2023.
Pulsos que van a estar condicionados por las posturas que van a asumir los partidos políticos antes del 7 de septiembre. Aunque por ahora el Gobierno goza de una luna de miel con el Liberal, Conservador y La U, como se vio en la elección de mesas directivas y del Contralor, el panorama no está del todo definido.
Por ejemplo, entre los liberales porque, como nos dijeron cuatro congresistas, aún hay dudas sobre si en los ministerios que les dieron, Justicia y Vivienda, van a tener margen de maniobra.
“Nos pidieron apadrinar dos ministros y por ahora solo vemos humo. Fíjese que en la Superintendencia de Notariado, cargo clave del Ministerio de Justicia, nombraron a Roosvelth Rodríguez que fue de La U y es petrista”, nos dijo uno.
Y en La U, el Gobierno sigue dando tumbos sobre quién va a ser nombrado en el ministerio de las Tics.
