En las últimas semanas el gobierno ha hecho dos movidas clave para blindar a Isa y Ecopetrol frente a un eventual gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la estrategia puede sentar un precedente que facilite al siguiente gobierno acabar con el gobierno corporativo de la empresa más grande del país sin pagar un costo político.
La estrategia de Duque para blindar a Ecopetrol de Petro le puede salir al revés

La más reciente movida viene por el lado de ISA, la empresa de transmisión eléctrica que fue comprada por Ecopetrol el año pasado. Según reveló el portal económico Primera Página, y se lo ratificaron a La Silla dos fuentes cercanas al proceso, el Gobierno se ha movido para que la junta nombre como próximo presidente de la compañía a Juan Emilio Posada, un empresario que es alto consejero presidencial de Iván Duque y es miembro de la junta directiva de Ecopetrol.
La compañía contrató a la cazatalentos Spencer Stuart para seleccionar su nuevo presidente, en reemplazo de Bernardo Vargas, que renunció a su cargo el año pasado. La encargada de liderar el proceso de selección del nuevo gerente es Ana Fernanda Maiguashca, ex codirectora del Banco de la República.
Según Primera Página, ante la negativa de la junta de incluir a Posada en la lista corta de elegidos, el Gobierno —que como dueño de Ecopetrol controla ISA— citó una asamblea extraordinaria para el próximo martes con el fin de cambiar a Maiguashca por Carolina Rojas, ex viceministra de Minas de Duque.
La otra movida se dio en marzo en Ecopetrol, cuando en la Asamblea General de Accionistas (donde el voto mayoritario lo tiene el Gobierno) aprobó un cambio de estatutos para alargar los periodos de permanencia de los miembros de la junta directiva de dos a cuatro años.
Esta junta incluye a siete miembros independientes nombrados en el Gobierno actual, incluyendo a Luis Guillermo “Luigi” Echeverri, que la preside y es uno de los asesores más cercanos de Iván Duque. De hecho, fue el jefe de Duque durante ocho años en el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Este periodo fortalece la preservación de la memoria histórica de la compañía y se ubica en el promedio que tienen las compañías integradas del sector Oil and Gas que es de 4,4 años”, explicó en su momento la compañía de petróleos.
Un exministro de minas, que por restricciones en su cargo actual nos habló off the récord, nos dijo que aunque eso es cierto, lo que genera sospecha es que el cambio en el estatuto haya cobijado a los miembros actuales de la junta, nombrados por Duque, y no a los que debería nombrar el próximo gobierno en 2023.
El precedente de Duque
Ecopetrol e ISA son dos de las empresas más grandes del país. La petrolera controla las dos refinerías que producen los combustibles del país, y este año girará 11,5 billones de pesos en dividendos a la Nación, lo que equivale a un 16 por ciento del presupuesto de inversión del estado colombiano de 2022.
En términos de plata, ISA aporta menos: para este año, girará 426 mil millones de pesos a Ecopetrol, y 73 mil millones a EPM, su otro accionista principal. Pero su importancia estratégica es clave porque tiene la red de transporte de electricidad más grande del país, opera el mercado de energía eléctrica donde las generadoras de energía venden sus kilovatios a las electrificadoras y clientes industriales, construye grandes vías y maneja la red de fibra óptica más grande del país.
Dado que ambas compañías manejan negocios que implican inversiones a largo plazo —el plan estratégico de negocios de Ecopetrol, por ejemplo, está fijado a 2040— se ha hecho un esfuerzo desde 2018 por garantizar cada vez más la independencia de las juntas directivas de ambas compañías para que no estén al vaivén político.
Las juntas deciden las líneas de negocio de la compañía, eligen su presidente, pueden autorizar compras y ventas de filiales de ambas compañías, entre otras funciones.
Desde ese año, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, los ministros de Hacienda y de Minas, que son cargos que el Presidente de la República puede poner y quitar cuando decida, ya no hacen parte de la junta directiva de Ecopetrol, y fueron reemplazados por miembros independientes. Que si bien son nombrados por la Asamblea de Accionistas, donde el voto definitivo es del representante del Gobierno, una vez nombrados no pueden ser removidos por orden del presidente.
Además tienen la misión de velar por la empresa y no por las finanzas del Gobierno, que se nutren en buena medida de los dividendos de ISA y Ecopetrol.
Al cambiar la junta de ISA en una asamblea extraordinaria y los estatutos de Ecopetrol para alargar los periodos de los miembros de la junta que ya habían sido elegidos por solo dos años, el Gobierno busca que Ecopetrol mantenga en el largo plazo su visión estratégica, blindándola ante una eventual presidencia de Gustavo Petro que propone ponerle un freno de mano a la exploración de hidrocarburos.
“El problema de ese tipo de decisiones es que generan antecedentes, así que si el próximo presidente decide cambiar toda la junta no me pueden llamar autoritario, porque ya este Gobierno lo hizo”, dice un exmiembro de la junta directiva de Ecopetrol, que habló a condición de no ser citado porque trabaja aún en el sector.
Lo que quiere Petro con Ecopetrol
De acuerdo con la visión a 2040 presentada este año por Ecopetrol, el objetivo a largo plazo de la compañía es mantenerse como un líder en el sector de hidrocarburos. La apuesta es aumentar las inversiones en exploración y producción, incluyendo en su portafolio proyectos con fracking, como el que adelanta con Oxy en Estados Unidos, y en el mar.
Y a la par, consolidar su negocio en energías no convencionales como el hidrógeno verde y azul; renovables, como la solar, y transmisión eléctrica e infraestructura, negocios a la cabeza de ISA.
En un eventual gobierno de Gustavo Petro solo la segunda parte de la estrategia se mantendría en pie. Su apuesta de transición energética implica no firmar más contratos de exploración petrolera, no hacer fracking en Colombia (no se ha pronunciado sobre si lo haría en Estados Unidos a la cabeza de Ecopetrol), ni producir petróleo y gas en el mar.
Algo que según las cuentas de las empresas petroleras privadas significaría 18 billones de pesos menos de ingresos al Estado por impuestos y regalías entre 2022 y 2026 y desincentivaría inversiones privadas por 21 billones de pesos en el mismo periodo.
Con las movidas de las últimas semanas, si Petro es elegido tendría que dar un paso adicional para cambiar el rumbo de las empresas: tendría que citar a una asamblea extraordinaria para acortar el periodo de los actuales miembros de la junta, o para removerlos, dado que con su voto es suficiente para tomar dicha decisión. Pero Duque ya le habría allanado el camino para que el costo político de hacerlo no sea tan alto.
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