La eutanasia de Martha Sepúlveda se canceló con contradicciones de la clínica

Como indica el protocolo de la institución, el comité no vio directamente a Martha. Tomó la decisión basado en la historia clínica de la paciente, es decir, las valoraciones que le habían hecho los distintos especialistas de su EPS, Sura.

Según la versión del comité, tal como les había indicado el Ministerio, para esa decisión no tomaron en cuenta la sentencia de la Corte. Aprobaron la eutanasia, argumentan, porque consideraron que Martha era una paciente terminal.

En efecto, el acta que oficializa la decisión, consignada en la historia clínica de Martha, no menciona la sentencia. Sin embargo, tampoco incluye la palabra “terminal” en ningún párrafo.

En su lugar, dice que, “teniendo en cuenta la resolución No 971 de 2021 (del MinSalud), este paciente presenta una condición clínica de fin de vida (enfermedad incurable avanzada)” y que “cumple con los requisitos para acceder al derecho a morir con dignidad a través de eutanasia”.

La doctora Arboleda le dijo a La Silla que la prueba de que en agosto consideraron a Sepúlveda como una paciente terminal es que hacen referencia a la resolución del Ministerio, que es anterior a la sentencia de la Corte y establece el requisito de enfermedad terminal.

Pero hay otro documento que contradice esto y muestra que el comité era consciente de que Martha Sepúlveda no era una paciente terminal. El último concepto de neurología en su historia clínica, en la que Incodol se basó para aprobar la eutanasia, dice explícitamente: “Su esperanza de vida es mayor a seis meses”.

Esto se refleja en la propia acta del comité que, aunque no nombra la sentencia de la Corte, califica el estado de Martha como “enfermedad incurable avanzada”, una categoría que según la propia resolución del Ministerio es distinta a la terminalidad.

Si la consideraron un paciente terminal, nunca se lo dijeron ni a Martha ni a su familia, quienes después del procedimiento seguían convencidos de que la eutanasia la habían aprobado gracias a la reciente decisión de la Corte, según nos dijo la abogada de Martha y como afirmaron en el reportaje de televisión.

Incluso, su médica tratante estaba bajo esta impresión: en la valoración del 6 de octubre que le hizo por orden de Incodol, escribe que la paciente estaba en proceso de eutanasia “amparada en la nueva legislación”.

La patraseada

El 5 de octubre, dos días después de la nota de televisión, Incodol llamó a Martha. Le dijeron que debía hacerse otra valoración con la neuróloga tratante de su EPS, que se cumplió al día siguiente. Finalmente el 8 de octubre, 48 horas antes de la fecha programada para la eutanasia, el Comité le envió una carta a la familia, dejada debajo de la puerta, informándole que se cancelaba el procedimiento.

Por escrito, la IPS concluyó que Martha no cumple los requisitos para la eutanasia, porque el progreso de su enfermedad “no afecta completamente la funcionalidad de la paciente (...) como la paciente y su familia lo habían expresado en las historias médicas previas”.

Arboleda, la médica de Incodol, le dio otra versión a La Silla: “Lo que consideramos dentro del comité, con base en la valoración neurológica, fue que la enfermedad no ha progresado como se esperaba. Y por lo tanto, no esperamos una expectativa de vida menor a seis meses”. Es decir, que Martha no era una paciente terminal.

Pero La Silla tuvo acceso a esta historia clínica, y no hay ningún concepto sobre la progresión esperada de la enfermedad, ni tampoco hay indicación alguna de que la funcionalidad de la paciente sea mejor a la previamente mencionada por ella y su familia.

En la valoración del 6 de octubre la médica tratante consigna que la paciente es dependiente de otras personas para todas las actividades cotidianas. Además, señala un “mayor deterioro de la marcha”, y dice que “ha perdido fuerza en miembros superiores”. Es decir, su enfermedad sí había progresado. No es claro por qué el comité consideró que la progresión no era la que se esperaba, dado que no mencionan este concepto en el acta para justificar su decisión.

Es decir, que la justificación para cancelar la eutanasia que consigna el comité por escrito no coincide con la justificación que le dio a La Silla un miembro del mismo comité. Y ninguna de las dos justificaciones coincide con lo reportado en la historia clínica de la paciente que, en teoría, fue el insumo para tomar la decisión de cancelar la eutanasia.

Según la doctora Arboleda, el cambio en su posición respondió a razones médicas y no hubo de por medio ninguna presión por parte del Ministerio de Salud. Esto en respuesta al comentario de varios periodistas, como María Jimena Duzán y Vanessa de La Torre, que dicen que tras la nota de televisión hubo una llamada del Gobierno a Incodol para que frenara la eutanasia, un rumor que La Silla no pudo corroborar.

Lo que es un hecho es que, varios meses antes, el Ministerio sí le había dejado claro a la IPS que no debía aprobar la eutanasia para ningún paciente no terminal hasta no tener la sentencia completa de la Corte y su respectiva regulación por parte del Gobierno.

Pese a esa advertencia, Incodol aprobó una eutanasia en una zona gris que, en cuanto se hizo pública en medios, reversó dejando una estela de contradicciones.