La fiebre del oro desatada por Maduro en la Amazonía de Venezuela

La fiebre del oro desatada por Maduro en la Amazonía de Venezuela
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“Hay una propuesta que hablamos con el presidente Gustavo Petro para retomar la defensa del Amazonas y revertir los procesos de destrucción de la selva” dijo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro hace dos semanas, desde la COP 27 en Egipto. Detrás de esta faceta ambientalista de Maduro, que el presidente Petro recalcó en su reunión en Caracas, hay un Gobierno que ha desatado la destrucción sistemática de destrucción de la selva.

Del lado venezolano de la frontera, el régimen de Maduro lleva seis años promoviendo la minería para sacar oro y coltán en los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas. Esto incluye el transporte de maquinaria pesada en aviones y helicópteros del Gobierno Venezolano, acuerdos con el ELN, y permitir minas en parques nacionales.

Por eso, más allá de los apretones de manos televisados con Maduro en la COP, la acción conjunta para la conservación del Amazonas tendrá que solucionar una minería controlada por el régimen y las guerrillas colombianas.

Las minas en la selva que promueve el régimen de Maduro

En febrero de 2016, Maduro firmó el decreto presidencial 2248 que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), un polígono de 112 mil kilómetros cuadrados al sur del río Orinoco en donde se legaliza la actividad extractiva.

“Bajo la regulación y autorización del Estado venezolano, esta zona especial tiene como propósito estimular las actividades sectoriales asociadas a la explotación de los recursos minerales del país con criterios de soberanía y responsabilidad ambiental” se lee en la propuesta del AMO.

Esta política del Arco Minero ha ocasionado la pérdida de más de 230 mil hectáreas de selva en la zona del AMO. De estas casi ocho mil se han convertido en zonas mineras para la extracción de oro y coltán, según Sos Orinoco, una organización que desde el 2018 le hace seguimiento a la minería al sur del río Orinoco venezolano a través de imágenes satelitales y trabajo en terreno. Sus investigadores deben mantenerse anónimos por la persecución del régimen chavista.  

“El Arco Minero es más que solo una franja en la selva donde pueden hacer minería, es una política minera que el régimen usa para aprovechar los minerales de toda la Amazonía, incluyendo zonas protegidas” le dijo a la Silla uno de los investigadores de Sos Orinoco.

Esta permisividad para la explotación ha aumentado la minería ilegal en zonas por fuera del Arco Minero, como el parque natural Yapacana, según el mapeo que adelanta Sos Orinoco.

“Quien quiera hacer una mina, incluso en una zona protegida, solo necesita tener un acuerdo con algún representante del Gobierno. Así, la mayor parte de los recursos no pasan por una oficina estatal, sino que se quedan en los militares o funcionarios políticos locales” dice el investigador. 

El parque Yapacana es una de las minas que operan el ELN y las disidencias de las Farc en alianza con las Fuerzas Militares venezolanas. “El negocio lo maneja Colombia” dicen los investigadores de Sos Orinoco, “hemos rastreado los flujos económicos van hacia Puerto Inírida, mucho más que hacia Puerto Ayacucho (la capital del estado venezolano de Amazonas)”.

Según la organización, la complicidad del régimen venezolano con los grupos criminales colombianos es evidente en Yapacana, donde jefes guerrilleros visitan periódicamente a comandantes del Ejército venezolano. “Sabemos de encuentros esporádicos entre jefes del ELN y jefes militares en Puerto Ayacucho, incluso hay encuentros con jefes de las disidencias de las Farc” dicen.

Además, explican que la minería ilegal en la cima del cerro Yapacana necesariamente implica tener complicidad de los militares venezolanos. “Para llegar al tope necesitan helicópteros y aviones del Ejército, para el transporte aéreo de los equipos con los que se hace la minería, además de gasolina que en Venezuela la controla únicamente el Estado” cuentan los investigadores.

La ONU mencionó el vínculo entre los militares venezolanos y las guerrillas colombianas en el último informe de la misión de observación de derechos humanos en Venezuela. Explica que por esta relación, el Estado venezolano “no investiga ni sanciona los delitos cometidos” por los grupos criminales colombianos en esas zonas de la selva.

Dos periodistas, una en el estado de Bolívar y otra en Amazonas en Venezuela, que prefieren mantener su nombre en reserva por las condiciones de seguridad en sus estados, le confirmaron a la Silla que los niveles de violencia han aumentado considerablemente con el avance de la minería desde la creación del Arco Minero en 2016. 

El año pasado, la Ocde también llamó la atención sobre los flujos de oro ilegal que salen del Amazonas venezolano para ser exportados. Según el informe que publicó, el oro que sale de estas minas ilegales es llevado a Colombia para que se pueda exportar a Estados Unidos o a Suiza bajo la fachada de oro colombiano, una práctica conocida como el lavado de oro.

El incumplimiento sistemático de pactos internacionales

“Ya existen una cantidad de Pactos y Acuerdos de los países amazónicos, ¿qué más se va a inventar Petro si lo que ya existen Maduro ni los ha firmado, ni los va a hacer cumplir?” dice Cristina Vollmer de Burelli, directora y fundadora de Sos Orinoco.

Para Vollmer, un ejemplo de la poca intención que tiene Maduro de cumplir un pacto o acuerdo de países amazónicos es el Convenio de Minamata sobre el uso de mercurio, un elemento clave en la minería que sirve para separar el oro de otros sedimentos y es tóxico para los humanos. Aunque en 2013 Venezuela participó en la Conferencia de Minamata, es el único país de Sudamérica que no ha ratificado el Convenio hasta ahora.

Maduro incluso llegó a firmar un decreto en 2016 para prohibir “absolutamente y totalmente, el uso de mercurio en todas las actividades conexas a la industria minera de Venezuela”. Pero en terreno, el mercurio sigue siendo ampliamente usado, una investigación de Sos Orinoco y el diario Correo del Caroní reveló que el 35% de los indígenas en el parque nacional Canaima, en el estado amazónico de Bolívar, tienen un grado de contaminación con ese metal mayor al que la OMS considera saludable.

El más reciente ejemplo de la falta de interés de Maduro por estas iniciativas multilaterales es el Acuerdo de Escazú. De todos los países latinoamericanos, Venezuela es parte del grupo de cinco países que no asistieron a las negociaciones del Acuerdo –además de Surinam, Belice, Barbados, Bahamas y Cuba–.

Los investigadores de Sos Orinoco llaman la atención sobre las similitudes entre la Constitución venezolana de 1999, vigente hasta hoy, y Escazú.

El capítulo IX de la Constitución –“De los derechos ambientales–”, plantea una política de ordenación territorial “de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana”. Este se parece mucho al primer artículo de Escazú, que habla de “derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. El artículo 129 de la Constitución incluso exige que “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”.

“Y a pesar de eso, el Arco Minero se hizo, inicialmente, sin ningún tipo de consulta pública” cuenta una investigadora, “cuando hubo revuelo en la prensa por eso, hicieron una consulta amañada en comunidades específicas sin ninguna especificidad sobre cómo lo hicieron. Al régimen no le interesa hacer cumplir esos mecanismos de transparencia”.

La minería en la Amazonía también toca a Brasil, que ahora con Lula Da Silva, se uniría a los esfuerzos de protección que han conversado Maduro y Petro. Desde la década de los 80, a la Amazonía venezolana llegaron empresarios mineros brasileros, llamados garimpeiros, a sacar oro y coltán de la selva.

Sos Orinoco asegura que los garimpeiros han llegado de manera más intensa a Venezuela en los últimos veinte años porque cuentan con el apoyo del régimen para la actividad extractiva. Particularmente en la frontera entre esos dos países en donde sacan oro territorios protegidos como el parque nacional Parima Tapirapecó y terminan afectando a las comunidades indígenas que en ellos habitan.

La minería ilegal será la prueba de fuego que medirá el grado de efectividad del compromiso de Colombia, Venezuela, e incluso el Brasil de Lula da Silva, con la conservación de la selva amazónica. Para los investigadores, “más allá de las promesas de un posible acuerdo, la verdadera voluntad de los dos Gobiernos la veremos si Petro y Maduro se reúnen en Inírida o Puerto Ayacucho para aterrizar una política de conservación y control de la minería extensiva”. 

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