Con la imputación de cargos contra Bernardo Moreno, la judicialización de las ChuzaDAS llega hasta la Casa de Nariño. La pregunta ahora es si llegará hasta donde Álvaro Uribe.

La Fiscal Viviane Morales le imputó a Moreno y a María del Pilar Hurtado cargos por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. A Hurtado, además, le imputó cargos por peculado por apropiación por usar recursos del DAS para pagar fuentes humanas y por falsedad en documento público.

Según la Fiscalía, Bernardo Moreno ordenó obtener de manera ilegal información sobre magistrados, periodistas y congresistas de oposición, así como la grabación de sesiones de la Corte Suprema de Justicia. Y le imputó el cargo de haber abusado de la función pública porque para la fiscal, el interés de Moreno de obtener información de magistrados no tenía nada que ver con sus funciones dentro de la Presidencia.

Moreno no aceptó los cargos y la audiencia fue suspendida hasta el martes a las dos de la tarde para que el juez de garantías decida si concede la detención preventiva solicitada por la Fiscal General. Luego vendrá el juicio durante el cual la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la inocencia o culpabilidad de Moreno.

Jairo Tapias Ospina, Efraín Cepeda, Bernardo Moreno y Álvaro Uribe. Moreno manejaba la relación con el Congreso y el ‘computador de Palacio’.

Bernardo Moreno siempre ha defendido su inocencia y cuando María del Pilar Hurtado se asiló en Panamá dijo que él no evadiría la justicia. Y ha cumplido su palabra.

María del Pilar Hurtado se asiló y si el juez de garantías decide su captura el gobierno de Panamá tendrá que decidir si se le mantiene esa protección.

Los hechos

Con esta decisión, la Fiscal judicializa un caso que políticamente Bernardo Moreno ya había perdido.

Desde que la revista Semana destapó el escándalo de las ChuzaDAS hace ya casi dos años, las confesiones de ex detectives y altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad involucrados en estos delitos han señalado que los delitos contra los magistrados, periodistas y miembros de la oposición se orquestaron desde la oficina de Bernardo Moreno, en la Presidencia de la República.

“Es claro que el requerimiento hecho por el doctor Bernardo Moreno sí influyó en gran medida en lo realizado por la Dirección General de Inteligencia, a partir de septiembre de 2007 y gran parte del año 2008, para la obtención de información de los tres temas de interés de la Presidencia de la República, tales como la ubicación de fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia y el incremento del esfuerzo de búsqueda de información sobre la senadora Piedad Córdoba. Y hablando de información es importante aclarar que el flujo de la misma relacionada con los dos temas antes citados tenía como único destinatario el Alto Gobierno”, dijo Fernando Tabares en su declaración ante la justicia.

En concreto, Moreno aparece mencionado en relación con los siguientes eventos:

* Desayuno en el Metropolitan: este encuentro se produjo entre el 3 y el 7 de septiembre de 2007 y fue organizado por la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado con Bernardo Moreno y Fernando Tabares, director de inteligencia del DAS.

“El doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del señor Presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell”, dijo Tabares.

Y, según él, la orden se cumplió. Hurtado impartió instrucciones para que las labores de inteligencia del DAS se centraran en el requerimiento de Bernardo Moreno.

* Caso Tasmania: De acuerdo con Fernando Tabares, jefe de inteligencia del DAS, “el 29 de septiembre de 2007 la doctora María del Pilar Hurtado, por instrucciones del doctor Bernardo Moreno, según ella misma nos lo manifestó, ordena que la doctora Marta Leal se desplace a la ciudad de Medellín y allí le entregan un sobre cerrado que tenía como destinatario el señor Presidente de la República y esa misma noche ella regresa y según su informe se lo entrega a la doctora María del Pilar Hurtado”. Ese sobre contenía la declaración de Tasmania contra Iván Velásquez en copia por lo que al día siguiente Marta Leal volvió a viajar para recoger el original de la carta de la que después se retractó Tasmania.

* Caso de infiltración de Ascencio Reyes a la Corte:  Este caso se dio entre noviembre y diciembre de 2007, cuando María del Pilar Hurtado, según la declaración de Fernando Tabares, lo citó a él y al capitán Jorge Lagos a su oficina. Allí les dijo que en la Casa de Nariño el doctor Bernardo Moreno le había puesto en conocimiento de un supuesto plan de infiltración a la Corte Suprema de Justicia por parte de Ascencio Reyes.

El 25 de abril de 2008 Jorge Lagos, Fernando Tabares y María del Pilar Hurtado se reunieron en el despacho de Bernardo Moreno con Jorge Mario Eastman y José Obdulio Gaviria. “Estando allí se nos indicó que lo que se requería de nosotros era que los apoyáramos en el reconocimiento del sujeto Ascencio Reyes en una fotografía que al parecer se encontraba almacenada en un computador en dicha oficina y que al parecer correspondía a la ceremonia de posesión en la Casa de Nariño del Fiscal General Mario Iguarán”, según dijo Tabares a la Fiscalía. Tabares agregó que a partir de entonces comenzó la infiltración dentro de la Corte a través de la “Mata-Hari”.

* El caso de la UIAF: entre octubre y noviembre de 2007, Bernardo Moreno le solicitó a la empresa Satena información sobre unos vuelos charter realizados a Neiva que tenían relación con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una vez recibida se la entregó al director de la Uiaf, Mario Aranguren.

Moreno siempre ha negado que haya ordenado las chuzadas. Inicialmente negó haber tenido algo que ver con el DAS; después de la confesión de Tabares, dijo que una vez después de un consejo de seguridad, se reunió con él y con María del Pilar Hurtado y le pidió algunos detalles sobre cómo ‘Tasmania’ había hecho llegar una carta al gobierno. También recordó una reunión en Palacio con funcionarios del DAS y de la Uiaf pero afirmó que se trató de la presentación de un análisis sobre la información del pago de un vuelo por Ascencio Reyes, en el que viajaron magistrados de la Corte Suprema, pues sabían que él era socio de José María Ortiz Pinilla, alias Chepe Ortiz, narcotraficante extraditado a Estados Unidos. Y siempre ha dicho de manera categórica que él no mandó nunca a chuzar gente.

Sin embargo, el Procurador Alejandro Ordóñez le dio veracidad a los testimonios de los funcionarios del DAS y en octubre de 2010 inhabilitó a Moreno para ejercer cargos públicos durante 18 años. Sustentado en esas declaraciones, la Procuraduría concluyó que Moreno conocía de los seguimientos e interceptaciones ilegales, sabía que se trataba de hechos ilegales y aún así decidió ordenarlos. Y con esa decisión, Moreno quedó condenado políticamente.

Pero faltaban las pruebas judiciales, que ahora la Fiscal General Viviane Morales, dice tener para acusarlo.

El círculo de Uribe

Cuando el Procurador sancionó disciplinariamente a Moreno, Álvaro Uribe dijo públicamente que “asumía la responsabilidad jurídica y política” por la conducta de Moreno. Pero matizó ese comprimiso al decir que ésta se había limitado a solicitar al DAS y a la Uiaf información por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados.

Si bien la condena de su primo Mario Uribe lo golpeó personalmente, el caso contra Bernardo Moreno involucra directamente su Presidencia. Si la Corte Suprema acoge la solicitud de la Fiscal General y lo condena, se probaría lo que las víctimas de las chuzadas sospecharon desde siempre: que los seguimientos ilegales y el hostigamiento del DAS fueron el resultado de una órden directa de Palacio de Nariño.

Bernardo Moreno se desempeñó como Secretario General de Presidencia durante seis años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y formaba parte de su círculo más cercano junto con Alicia Arango, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez. Moreno era quien manejaba el registro de los puestos de libre nombramiento y remoción del gobierno central y además, las relaciones con el Congreso.

En ese rol, como dueño del ‘computador de Palacio’, Bernardo Moreno ha sido mencionado en otros dos grandes escándalos políticos del gobierno Uribe. En el 2008, fue llamado a indagatoria por la Fiscalía cuando la ex congresista Yidis Medina afirmó que Moreno estaba encargado de las prebendas a cambio de su voto a favor de la primera reelección de Uribe. Y a finales del 2009, el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute declaró que Moreno lo contactaba para asegurarse que las notarías prometidas a políticos les eran entregadas.

Pese a ello, Uribe hace muy pocos días, dijo en la entrevista con la W desde Panamá que Moreno era un hombre “impoluto”. Y es que Uribe lo conoce hace años y lo ha impulsado en su carrera.

Nacido en Armenia, Moreno, un administrador de empresas de la Universidad de la Salle, conoció a Uribe en la década de los noventa, cuando fue el director liquidador del Corpes de Occidente. Uribe lo apoyó en las elecciones del 2000 para la gobernación del Quindío, elecciones en las que Moreno se lanzó como independiente y perdió. Y en 2002, lo designó presidente de Findeter (Financiera de Desarrollo Territorio S.A.), creada por el Gobierno Nacional en 1989 para financiar proyectos de inversión en las regiones. En julio del 2004, Moreno fue nombrado Secretario General de la Presidencia de Uribe, donde gozaba de toda la confianza del Presidente.

La decisión de la Fiscal pone a Uribe ahora en una situación incómoda, por decir lo menos. No solo termina otro alto funcionario de su gobierno enredado judicialmente por un caso grave, sino que a estas alturas, si no logra defenderse bien durante su juicio, la salida más segura para Moreno sería negociar con la justicia una pena menor o el principio de oportunidad para alguno de los delitos a cambio de darles información sobre alguien arriba de él. Y encima de él sólo estaba el ex presidente. Es claro de las imputaciones que, si Moreno cometió un delito, este benefició a Uribe, pues ninguna de las acciones por las que lo acusan lo ayudaban a él personalmente. 

Si Moreno es culpable, la justicia esclarecerá si era el Fernando Botero de ese gobierno o una cabeza de ese “Montesinos bicéfalo” del que habló en algún momento el senador Hector Helí Rojas. Si Moreno actuó por órden de Uribe, el país lo sabrá más temprano que tarde.