La Fiscalía de Barbosa usa una vara distinta para imputar a Sergio Fajardo

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La decisión tiene un sustento jurídico débil que fortalece las acusaciones de que tiene motivaciones políticas. Fajardo pide que Barbosa se involucre.

La primera imputación penal en la carrera de Sergio Fajardo, hoy candidato a la presidencia, fue anunciada esta mañana a través de un comunicado de la Fiscalía General, encabezada por el mejor amigo del presidente Duque, Francisco Barbosa

“Las investigaciones dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, afirma la Fiscalía. Los delitos se habrían cometido porque Fajardo firmó un contrato para que la Gobernación tomara un préstamo en dólares en el 2013, que luego se encareció con la devaluación del peso colombiano.

La argumentación jurídica está por ahora limitada al comunicado. Sostiene que “no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario.”

Se trata de una imputación con un sustento jurídico débil, y cuestionamientos de sectores empresariales y económicos. 

La Silla Vacía analizó varios contratos para adquirir préstamos en dólares, firmados por entidades públicas desde el 2009, que carecen de los requisitos que la Fiscalía cita como fundamentos para la imputación a Fajardo. Estos contratos, en cambio, no han suscitado acciones similares de la entidad encabezada por Barbosa. Esto sugiere un doble estándar. 

Según la opinión de expertos consultados por La Silla Vacía —que van en la línea de las abundantes críticas de todo el espectro político a la decisión de la Fiscalía— la imputación es tardía y hace requerimientos que no son claros en la ley, como hacer estudios previos para endeudarse en dólares y adquirir seguros cambiarios. 

Todo esto le da fuerza a la idea de que existen motivaciones políticas para esta imputación. Con implicaciones distintas para Fajardo y el fiscal Barbosa. 

Por un lado, le agrega un problema a la campaña de Fajardo, por el otro, pondrá en el centro del debate la credibilidad e independencia de la Fiscalía bajo la batuta de Barbosa, y sus vínculos con el gobierno Duque y el uribismo.

El contrato del supuesto peculado

Los supuestos delitos habrían sido cometidos cuando Fajardo fue gobernador de Antioquia, entre 2012 y 2015. Fajardo respondió a la imputación en este trino:

El contrato para el préstamo lo suscribieron la Gobernación de Antioquia, Corpbanca Colombia y el Idea el 5 de diciembre de 2013. Es un préstamo de 98 millones de dólares para pagar la deuda pública del departamento: 77 millones de dólares los aportaría Corpbanca y los 21 restantes el Idea. 

Finalmente el Idea no entregó los recursos del préstamo y el departamento de Antioquia quedó con la deuda en Corpbanca. Según la Fiscalía, la subida posterior del dólar “originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”.

Aunque Fajardo es quien firmó el contrato, la dependencia encargada del proceso era la Secretaría de Hacienda, a cargo de María Eugenia Escobar. Y los cuestionamientos no son nuevos. 

En 2016 el secretario de Hacienda de Luis Pérez, Adolfo León Palacio, le solicitó a la Fiscalía una investigación por supuestas irregularidades en ese contrato. Pérez es hoy precandidato y ha sido opositor de Fajardo. 

En la carta de denuncia el secretario León utilizó argumentos similares a los que hoy sostiene la Fiscalía. Critica, por ejemplo, que Fajardo firmó el contrato “sin haber contemplado ningún tipo de cobertura al riesgo cambiario, bajo el supuesto cero devaluación durante la vigencia del crédito”. Cinco años después, la Fiscalía retoma el argumento. 

En su momento el préstamo tuvo un ruido adicional. Escobar, la secretaria de Fajardo, tenía 14.000 acciones, que según ella representaban 7 millones de pesos, en Helm Bank, una entidad financiera que luego se fusionó con Corpbanca, el banco prestamista. 

Esa información generó cuestionamientos por un posible conflicto de intereses, según le dijo a Semana el hoy contralor general, Carlos Felipe Córdoba, cuando fue Auditor General. Pero Escobar se defendió aclarando que sus acciones eran muy pocas para verse beneficiada con el contrato. 

Estos elementos serán los que ahora examinará la justicia. Como Fajardo es aforado, la imputación del Fiscal debe presentarse ante un juez del Tribunal Superior de Bogotá, donde tendrá control de garantías. Este proceso debería surtirse en los próximos 240 días. Luego será la Corte Suprema en su sala de instrucción y juzgamiento la que examine y defina los méritos de la acusación.

Fajardo, juzgado con una vara distinta

Medidos con esa misma vara que hasta ahora ha revelado la Fiscalía, La Silla encontró ejemplos de otros contratos que podrían ser susceptibles de los mismos delitos imputados a Fajardo. 

En el 2009 la Gobernación de Cundinamarca firmó un contrato, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un préstamo de 21 millones de dólares. El préstamo de este contrato, firmado por el entonces gobernador Andrés González, no tiene acuerdos para fijar tasas de cambio, compromiso de adquirir seguros o de adelantar estudios previos a los desembolsos. 

En el 2019, la Alcaldía de Bogotá también firmó un contrato similar. En el que prestaron 30 millones de dólares a la Corporación Financiera Internacional para financiar una parte del proyecto del Transmicable en Ciudad Bolívar. 

En este contrato no se especifica ningún tipo de seguro frente al cambio del dólar y la Alcaldía se compromete a pagar la deuda al precio en que se encuentre la divisa.

Incluso, en otro contrato firmado en 2014 durante la gobernación de Fajardo, Antioquia le pidió prestados 70 millones de dólares a la Agencia Francesa de Desarrollo. Arriesgándose a que el peso colombiano se devaluara frente al dólar, como sucedió.

Además, hay otro antecedente que resalta que no hay una regulación clara acerca de requisitos de protección frente a la volatilidad de parte de entidades públicas o mixtas. 

Según contó El Espectador, en 2012 el senador Jorge Robledo le solicitó a la Contraloría que le abriera una investigación a Ecopetrol por tener una política de “cobertura estratégica de precios” para protegerse de una posible caída en el valor del crudo. 

Pero los precios subieron, y la compra de seguros financieros les terminó jugando en contra, generando una pérdida de 810.226 millones de pesos en operaciones de cobertura a la empresa. Es decir, Ecopetrol terminó cuestionado por haber tomado una protección que no tomó Fajardo, y por lo cual hoy le imputan dos delitos.

Estos antecedentes ponen la lupa sobre los estándares de la Fiscalía, y le dan fuerza a quienes argumentan que el interés detrás es político.

Una imputación que pone los focos sobre Barbosa

El rechazo, además, ha llegado de diversos sectores políticos, y van enfilados al Fiscal General. 

Enrique Peñalosa, Gustavo Petro, y Rafael Nieto, del Centro Democrático, todos con juego en el 2022 en orillas opuestas a Fajardo, criticaron la decisión. Nieto y Petro lo hicieron señalando intenciones políticas de la Fiscalía.

Estas críticas también vinieron de sectores empresariales y económicos. Por ejemplo, del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, y Bruce MacMaster, director del gremio de empresarios Andi, cuestionaron que la operación se juzgara como un delito. 

Fabio Humar, abogado penalista y exfiscal, dice que la decisión “no tiene ni pies ni cabeza”. Lo primero que llama la atención es la temporalidad. “La imputación es muy tardía”, le dijo Humar a La Silla, sobre un delito presuntamente cometido en 2013. 

Además, el penalista señala que la imputación del delito de peculado en favor de terceros es difícil de entender. “El peculado es maltrato al erario a favor de uno o a favor de un tercero. Pero tiene que haber una clara demostración clara de un dolo, y aquí no la hay”. 

La idea de que Fajardo actuó con dolo está basada en la suposición de que era previsible que el dólar pasara del rango de los 2 mil pesos, en 2013 cuando se desembolsó el préstamo, a 3 mil pesos en el 2015. 

Andrés Mejía, asesor financiero y panelista de Blu Radio, le dijo a La Silla que recuerda haber estado en un comité financiero de una empresa en ese entonces y “a nadie se le ocurrió que el dólar fuera a subir, llevábamos varios años de estabilidad.” Sobre por qué endeudarse en moneda extranjera, Mejía explicó que, a pesar del riesgo de la volatilidad, las tasas de interés son mucho más atractivas. 

La Silla consultó con tres fuentes que trabajan o trabajaron en el sector público donde han participado en operaciones similares. Pidieron no ser identificadas para poder opinar sin comprometer sus cargos, y coincidieron en que nunca vieron la obligación de obtener seguros cambiarios o hacer estudios previos para obtener préstamos en dólares. 

Sin sustento jurídico ni económico, la atención se centra en los motivos y las consecuencias políticas de la imputación.

Más allá de las denuncias de los aliados de Fajardo sobre la utilización de la Fiscalía para afectar su candidatura, desde la campaña del exgobernador han sido cautos.

En su único pronunciamiento Fajardo dice estar esperando que la Fiscalía lo cite para “entender” la imputación. Santiago Londoño, quien fue secretario de Gobierno durante la gobernación de Fajardo, le dijo a La Silla que la decisión los toma por sorpresa “porque no tiene sustento”. 

Si bien no hay señales claras de qué estrategia asumirá Fajardo, el político sí da un paso para involucrar directamente al Fiscal Barbosa. “Pediré formalmente al Fiscal General que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”, dijo en un trino. 

De modo que al inicio de este proceso, además del acusado, también estará en el banquillo de la opinión pública el acusador. 
 

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