La historia de la proposición uribista que buscaba bloquear una negociación de paz

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El representante a la Cámara por Antioquia, Juan Felipe Lemos, (arriba) fue quien radicó en la Secretaría de la Cámara la proposición de la bancada uribista. Hasta hoy había acompañado al Gobierno de Juan Manuel Santos en varias de sus iniciativas, pero hoy encabezó el ala uribista.

Tal como lo advirtió La Silla y se evidenció anoche en el Congreso, el atentado terrorista contra el ex ministro Fernando Londoño se coló dentro del debate del Marco Jurídico para la Paz. Sin embargo, la propuesta de archivo fue ampliamente derrotada y el proyecto pasó en su sexto debate. Pero cuando ya todo parecía ganado, apareció el sector más uribista con una proposición que de haberse aprobado habría dejado a Santos sin la ‘zanahoria’ que podría ofrecerle a la guerrilla si finalmente hay un ambiente para negociar con ellos la paz. Al parecer fue el último envión del ex presidente Uribe contra este proyecto.

El texto de la proposición dice:

Agregar un párrafo al artículo primero que dirá así:

“Quienes habiendo cometido delitos de lesa humanidad o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario y (sic) cumplan con las condiciones fijadas por la ley en el marco de procesos de paz, podrán ser beneficiarios de rebaja de pena y de subrogados penales, pero sin que implique amnistía o indulto.

En ninguna circunstancia podrán ser elegidos ni nombrados a cargos que conlleven funciones públicas quienes hayan cometido delitos diferentes al delito político o al homicidio culposo.”

(Vea el documento original aquí)

El párrafo adicional

Este párrafo tiene dos puntos clave. El primero, prohíbe expresamente amnistías o indultos y el segundo, elimina la posibilidad de que quienes hayan cometido delitos distintos al delito político y el homicidio culposo participen en política y ejerzan funciones públicas.

Ni lo uno ni lo otro estaba permitido dentro del acto legislativo que se presentó en plenaria para este sexto debate pero tampoco estaba expresamente prohibido.

El argumento del gobierno y de los ponentes es que esas prohibiciones ya existen en la Constitución o en el Derecho Internacional, luego su inclusión es innecesaria.

Sin embargo, con esas prohibiciones expresas este acto se parecería más a lo que fue la Ley de Justicia y Paz en su momento, que a un nuevo marco jurídico que facilite una negociación futura con la guerrilla.

En efecto los paramilitares no tuvieron ni amnistías ni indultos ni se les está permitido que participen en política. Si se hubiera aprobado esta proposición, los desmovilizados paramilitares podrían descansar tranquilos desde su prisión porque no les estarían ofreciendo mayores beneficios a sus mayores rivales.

El Gobierno ha dicho que el objetivo del Marco para la Paz no es conceder amnistías, indultos o concesiones políticas para delitos no políticos, sino permitir que la Fiscalía seleccione y juzgue solo los casos de los máximos responsables de crímenes atroces y sancione mediante mecanismos no judiciales a los demás responsables como, por ejemplo, creando comisiones de la verdad.

En todo caso, como esta reforma lo único que crea es el Marco Legal, que luego sería desarrollado por una ley, el Gobierno conservaría cierto margen para ofrecerle a los comandantes de la guerrilla en el futuro otros incentivos para negociar como el de poder participar en política si abandonan las armas.

Por eso el sector más uribista apareció con esta proposición como salvavidas de último minuto para contrarrestar el peso de la devastadora derrota a la proposición de archivo y la ponencia. Si el proyecto entero no pudo ser hundido, intentaron al menos reducir las herramientas para una futura negociación.

La historia de la proposición

 
La posibilidad de que guerrilleros como Timochenko estuvieran sentados junto a los actuales congresistas fue el argumento que utilizaron los autores de la proposición.. Esto fue visto por la Unidad Nacional como un intento por embolatar el proyecto, igual que lo hicieron otros parlamentarios que pidieron no votar el proyecto por el atentado del que fue víctima Fernando Londoño.

La proposición fue presentada de manera sorpresiva después de las 7 de la noche, cuando ya se estaban terminando las intervenciones de los representantes a la Cámara que rechazaban el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño. A esa hora ya estaban en la secretaría de la Cámara los textos de las proposiciones del Partido Liberal y una más de la U, pero no se sabía que había otra cocinándose en el mismo recinto.

Cuando esta nueva proposición llegó, el grupo de ministros que estaba en el Capitolio -uno de los más grandes que se haya visto durante el gobierno de Santos- se acercó a la Secretaría y leyó la proposición, que estaba escrita a mano y firmada por una lista de representantes, aunque solo cuatro nombres eran legibles: Juan Felipe Lemos, Juan Diego Gómez, Miguel Gómez y Juan Valdés.

Desde que comenzó la sesión, y cuando los congresistas del Partido de la U dijeron que iban a ejercer la objeción de conciencia para no votar el acto legislativo por el atentado contra el ex Ministro de Uribe, la avanzada del Gobierno estaba lista para actuar. Su objetivo era impedir que el ex presidente Álvaro Uribe tumbara el proyecto. Y lo primero que hicieron fue llegar con discurso claro: la forma para hacer frente a estos hechos de violencia era debatiendo el acto legislativo y no hundiéndolo.

Los miembros de la Unidad Nacional más cercanos al Gobierno también estaban preparados. Hoy, en un almuerzo con los miembros de su bancada, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, dijo -no textualmente- que este proyecto era perfecto para que los uribistas que querían hacer zancadilla a los proyectos del Gobierno de Santos se mostraran de una vez y así poder contenerlos.

Por eso cuando vieron la proposición de último momento, el comentario que varios parlamentarios le hicieron a La Silla Vacía es que esa propuesta tenía nombre propio, el del ex Presidente, y que él mismo la había dictado a uno de los congresistas.

El congresista que entregó la propuesta al Congreso es poco conocido. Se trata de Juan Felipe Lemos Uribe, un abogado antioqueño que es sobrino del ex presidente Álvaro Uribe y ahijado de Mario Uribe, según su compañero de bancada, Mauricio Lizcano.

Hasta hoy, las posiciones de Lemos habían estado del lado del Gobierno de Juan Manuel Santos en algunos temas como el de las regalías.  Pero lo de anoche le costó un regaño. El ministro saliente del Interior, Germán Vargas Lleras, se acercó a la curul de Lemos y le dijo que “eso” que había radicado “no tenía presentación”.

Uno a uno, los ministros que estaban en el recinto y otros miembros de la Unidad Nacional llegaron hasta los cuatro representantes y les dieron sus motivos para que desistieran de su propuesta. Sin embargo, no lo lograron y por eso tuvieron que acudir al Plan B.

Llamaron a algunos miembros de la Unidad Nacional y les explicaron la inconveniencia de la propuesta, para que ellos multiplicaran la recomendación del Gobierno en sus bancadas.

Así se hizo. Pero el Gobierno quería estar seguro de sus mayorías y por eso el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, pidió la palabra y sin que se hubiera leído la propuesta, recomendó no votarla. Su principal argumento es que incluir esa propuesta alteraría la columna vertebral del proyecto de acto legislativo.

La defensa que hicieron Lemos y quienes lo acompañaron en la discusión fue que su intención era blindar el proyecto porque como estaba permitiría que los guerrilleros que se acogieren a un eventual proceso de paz terminaren compartiendo su curul. Y como ejemplo dieron a Timochenko.

Al final, la defensa de la iniciativa fue realmente débil y la sensación que quedó entre los congresistas que tuvieron que defender al Gobierno -según cuatro le dijeron a La Silla Vacía- fue que la proposición tenía el objetivo de embolatar el proyecto.

“Querían enredar a la gente, diciéndole que en la silla de al lado iban a tener sentados a unos terroristas”. Pero no lo hicieron y al final, el Marco para la Paz fue aprobado en la Cámara de Representantes y sin proposición. Pero todavía queda el Senado.

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