Dentro de tres semanas comenzará una de las pruebas más duras para el proceso de desmovilización paramilitar que lideró el ex presidente Álvaro Uribe: los rasos comenzarán a contar su verdad.
Dentro de tres semanas comenzará una de las pruebas más duras para el proceso de desmovilización paramilitar que lideró el ex presidente Álvaro Uribe: los rasos comenzarán a contar su verdad.
En mayo comenzarán en seis regiones del país los Acuerdos de Contribución a la Verdad, una serie de entrevistas que realizará el Centro de Memoria Histórica con los 12 a 15 mil desmovilizados que no fueron judicializados por delitos graves y que se encuentran en los últimos pasos del proceso de reintegración.
Para recibir el paz y salvo final y reintegrarse de manera definitiva a la sociedad, tendrán que primero contribuir a la verdad y la reparación de sus víctimas. A través de estas entrevistas, que se extenderán durante unos dos años, tendrán que contar lo que saben, con la garantía de que no afrontarán consecuencias penales.
Su situación judicial se resolverá siempre y cuando revelen información que sea considerada esclarecedora sobre temas que van desde el origen de los grupos a los que pertenecían hasta los hechos violentos perpetrados por éstos, desde sus modalidades de financiación hasta los vínculos con políticos a nivel local. Será el nivel de verdad que logren aportar el que determinará si deberán pagar cárcel o si podrán continuar libres.
Porque si bien las audiencias de Justicia y Paz con los altos mandos de las autodefensas han logrado sacar a la luz pública muchos datos desconocidos, la lentitud de esos procesos ha hecho que la inmensa mayoría de las víctimas aún no conozcan la verdad de sus victimarios.
Hasta ahora poco se ha sabido de estos Acuerdos, quizás una de las funciones más importantes y al mismo tiempo menos conocidas del Centro de Memoria Histórica que dirige Gonzalo Sánchez. Tanto que La Silla constató que el tema ha pasado por debajo del radar de varias de las principales organizaciones de víctimas e investigadores sobre paramilitarismo en el país.
Los Acuerdos de la Verdad fueron el resultado del agrio debate que se originó a partir de los indultos de facto que contemplaba el proceso original de desmovilización de las AUC, que las organizaciones de víctimas sentían como una afronta y los defensores de derechos humanos como un sinónimo de impunidad.
Luego, cuando la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia tumbaron estas condiciones, fueron los desmovilizados los que quedaron en un limbo jurídico y muy inconformes por los cambios en las reglas de juego que habían negociado.
Así que en 2010, el Congreso lanzó un salvavidas al proceso y tramitó una ley que sí pasó la prueba de las Cortes, resolviendo su situación y al mismo tiempo concediéndoles beneficios penales, sujetos a una serie de condiciones muy puntuales. Entre ellas, que el esclarecemiento de la verdad fuese un compromiso real -e individual- y no un mero trámite.
Siguiendo el ejemplo de países como Sudáfrica, se ideó un proceso para empujarlos a reconstruir la verdad, por fuera de la justicia, y donde la contribución fuese obligatoria. Y se resolvió que el proceso quedaría a cargo del recién creado Centro de Memoria Histórica, que dedicó los últimos seis meses a poner a punto el proceso que arrancará en mayo.
“Correspondía buscar una solución que no fuera un indulto pero que respondiera de manera coherente a su reintegración y les ofreciera beneficios penales sin transgredir los parámetros internacionales para delitos graves”, le explicó a La Silla Álvaro Villarraga, el investigador que dirige los Acuerdos de la Verdad y que venía trabajando en temas de desarme, desmovilización y reintegración desde la época de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
Eso no quiere decir, sin embargo, que los procesos judiciales contra los desmovilizados quedarán suspendidos mientras se define si están dispuestos a revelar lo que saben.
“Todos los desmovilizados deben ser procesados y condenados por el delito de concierto para delinquir agravado, pero si cumplen con todos los requisitos estipulados por la Ley 1424 no irán a la cárcel. Al final todos serán condenados, pero el juez será quien debe determinar si podrán recibir el beneficio de la suspensión de la pena”, le dijo a La Silla Alejandro Éder. La Agencia para la Reintegración que él dirige es una de las instituciones cuyo trabajo en llave, junto con la Fiscalía y Memoria Histórica.
Son cinco las condiciones básicas que deben cumplir para clasificar. Primero, no deben tener cuentas pendientes con la justicia por delitos de lesa humanidad, sino por otros menores como porte de armas o uso indebido de uniformes de la fuerza pública. En segundo lugar, no pueden haber reincidido una vez desmovilizados. Además, deben haber culminado el proceso de reintegración y terminado sus horas de servicio social. Y finalmente, contribuir a reconstruir la verdad histórica sobre el paramilitarismo.
En el momento en que sus casos llegan a Memoria Histórica ya deben haber cumplido con las primeras cuatro, por lo que el paz y salvo final -aprobado por el juez- depende en buena medida de que aporten su granito de verdad.
Más de 24 mil desmovilizados se inscribieron en los Acuerdos para la Verdad hasta que venció el plazo a finales de 2011. A partir de ese momento, se ha venido depurando la lista de quienes efectivamente podrían beneficiarse.
Se calcula que rondará entre los 12 y 15 mil ex combatientes. De ellos, aproximadamente una quinta parte serían mujeres.
Hasta ahora han llegado a Memoria Histórica las carpetas de los primeros 1447 desmovilizados, que pasarán por dos pruebas obligatorias. Primero deberán llenar una encuesta escrita con un centenar de preguntas relacionadas con su paso por el paramilitarismo y luego tendrán una entrevista personal de dos a tres horas en la que profundizarán sobre muchos de los temas puntuales que salgan de la primera.
Uno de los grandes objetivos es terminar de armar el rompecabezas de los casi 36 grupos paramilitares que han existido en Colombia. Muchos ellos, como el Bloque Norte de ‘Jorge 40’ o el Catatumbo de Salvatore Mancuso, han sido ya bien documentados.
Pero existe muy poca información sobre las Autodefensas Campesina de Ortega, un grupo independiente en Cajibío (Cauca). O sobre subestructuras más pequeñas de las AUC como la que se dedicaba al robo de gasolina en la zona del Tequendama (Cundinamarca).
“Se conoce bastante sobre el Frente Fronteras o el Frente ‘La Gabarra’, pero muy poco sobre el de Resistencia Motilona”, dice Villarraga, quien además está trabajando en uno de los informes grandes de Memoria Histórica sobre Urabá.
Al final, con esta información los equipos de Memoria Histórica deberán decidir si hubo o no una contribución a la verdad. De considerarse que los datos aportados sí ayudan a esclarecer la verdad, la condena se suspende y los desmovilizados que gozan ya de la libertad provisional la podrán conservar.
Las primeras entrevistas se harán en Antioquia, Bogotá, Cesar, Córdoba, Magdalena y Santander, las seis regiones con mayor índice de desmovilización en el país. A partir de septiembre continuarán en otras cuatro zonas donde hubo una fuerte presencia de los paras, que podrían ser Meta, Norte de Santander, Valle y el Magdalena Medio. La meta es llegar a unas 5 mil entrevistas al cierre de 2013 y terminar el próximo año en las otras diez regiones del país.
En cada región el trabajo será liderado por investigadores con una larga trayectoria en temas de paramilitarismo, tierras, víctimas y memoria histórica, pero siempre a nivel local. Y que, por lo tanto, podrán juzgar si efectivamente las respuestas de los ex paras ayudan a armar el rompecabezas de lo que sucedió.
En Córdoba estará a cargo Víctor Negrete, el director de la Fundación del Sinú que ha venido trabajando temas de memoria colectiva desde los años setenta con Orlando Fals Borda. En Antioquia lo hará Gisela Aguirre de la Universidad de Antioquia, que ha seguido de cerca el proceso posterior a la desmovilización en Antioquia. Magdalena Jaimes (Magdalena), Francisco Taborda (Bogotá) y Libardo Lesmes (Santander) trabajaron largo tiempo con la Defensoría del Pueblo. Y Amelia Cotes ha seguido de cerca el tema de víctimas en Cesar.
El hecho de que sean personas con una larga trayectoria en estos temas y buen conocimiento del terreno ha generado tranquilidad entre muchos conocedores de Justicia y Paz, aunque persisten algunas inquietudes.
“Es un mecanismo interesante porque permite destrabar un proceso judicial que estaba enredado y que al mismo tiempo permite reconstruir una memoria histórica y una cartografía social que van más allá de la verdad jurídica”, le dijo a La Silla Ariel Ávila, el investigador de Arco Iris que ha seguido de cerca al paramilitarismo.
“Me queda solamente la preocupación de que lo estemos haciendo sin que hayan avanzado el proceso jurídico de los jefes paramilitares, la reparación de las víctimas o la restitución. Porque hasta ahora no hay justicia, verdad ni garantías de no repetición. Ni tampoco hemos visto que se judicialice a los militares, empresarios o políticos locales”, dice Ávila, repitiendo el mayor fantasma que ha rodeado a Justicia y Paz.
La información que salga de esas entrevistas no tendrá implicaciones judiciales para los desmovilizados, pero sí podrá tenerla frente a terceros. Y será confidencial, aunque nutrirá -siempre sin nombres propios- una serie de informes en profundidad sobre el paramilitarismo, similares a los que ya ha lanzado Memoria Histórica sobre masacres emblemáticas como El Salado o Bahía Portete.
“Es una experiencia nueva para el Centro de Memoria Histórica. A diferencia de los otros informes que hemos publicado, donde se privilegiaban las voces de las víctimas, aquí serán centrales por primera vez las de los actores armados”, dice Villarraga.
