La invasión en Dagua muestra el aterrizaje forzoso del simbolismo de Petro

La invasión en Dagua muestra el aterrizaje forzoso del simbolismo de Petro
250822_DagupazAnimal.jpg

Foto: Gobernación del Valle.

El día de su inauguración, Gustavo Petro dijo que a partir de ese día todos los bienes en extinción de dominio de los bienes incautados a los narcotraficantes pasarían a ser la base de una “nueva economía productiva” administrada por campesinos, cooperativas urbanas y asociaciones populares femeninas.

La invasión de un terreno en Dagua, Valle, el martes puso en evidencia la distancia que hay entre el discurso cargado de simbolismos de un gobierno dispuesto a cambiar muchos paradigmas y los pasos concretos gerenciales que se requieren para convertirlo en realidad. También los riesgos que existen de que en el entretanto esas promesas populistas sin concretar se conviertan en nuevas violencias.

La historia en Dagua

El martes, unas 150 personas invadieron el predio “Caballo Loco”, a una hora de Cali, que perteneció al mafioso Gilberto Rodríguez Orejuela.

Desde que se lo incautaron hace más de 20 años, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se lo dio a la Fundación Paz Animal que funciona como un albergue para animales maltratados, principalmente para los que son incautados por la Policía.

En la finca de 17 hectáreas —ocho de ellas bosque de la reserva natural Parque Nacional de los Farallones— viven cerca de 300 animales, entre perros, caballos, cerdos, aves, guatines y conejos silvestres. Liliana Ossa, una mujer de 70 años, animalista y vegana, dirige la fundación.

Ossa dice que el terreno ha sido invadido antes, incluso que en 2012 hubo una ocupación que duró dos años. Asegura que en ocasiones han entrado a la finca buscando caletas que la gente cree que dejaron enterradas los Rodríguez Orejuela. “Los que han venido acá no han sido campesinos, son bandas de personas que vienen de Cali y son expertos en robar y ocupar tierras”, dice. Lo mismo piensa de los que invadieron esta finca el martes pasado.

El 23 de agosto, más de cien habitantes del municipio, en especial del corregimiento El Palmar, cortaron los alambres de la finca e irrumpieron a las 8 de la mañana, algunos con machetes en la mano y otros con ellos al cinto. Pedían las tierras para cultivar y tener vivienda.

“Esto no es predio privado, esto ya es del Estado y el gobierno dice que todas las tierras decomisadas pasarán al campesino para que cultive y produzca”, dijo uno de los líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos La Conquista de Dagua en un video haciendo eco del discurso de posesión presidencial.

Otro de los campesinos, luciendo una camisa del Pacto Histórico (con la cara de Petro y Francia) dijo —como quedó grabado en este video— que era el representante de Petro en el municipio y que fue enviado por el senador Alexander López Maya y el representante Jose Alberto Tejada, de Cali.

Ambos congresistas negaron conocer a esta persona o haberle dado directrices y Juan Guzmán, uno de los voceros de la invasión, le dijo a La Silla que el señor que habló en ese video “está medio enfermo de la cabeza. No podemos comprometer al presidente ni a senadores, ellos no nos mandaron, fue algo que nosotros hicimos por la necesidad que urge”.

Dijo que antes de la invasión habían tenido “unas seis reuniones” (algunas incluso antes de lo que dijo Petro de las propiedades de la SAE) en veredas del corregimiento de El Palmar de Dagua para planear la invasión, pero el discurso de Petro los animó más.

“Claro que nos motivó, es que tiene razón, la SAE cómo va a venir a rematar esto a los ricos y no al pueblo —dijo a La Silla Brayan Hoyos, otro de los que invadieron— Nosotros ya veníamos organizando y cuando Petro dijo lo que dijo, pues nos dio más ánimo.”

María Oneida Galarza, que vive en Cali pero es de El Palmar y llegó al predio para pedir un pedazo de tierra pues dice que tiene 61 años y no tiene casa ni pensión, confirma que lo que dijo Petro la motivó mucho. “Yo voté por él, y cuando escuché lo que dijo de las tierras me gustó, me parece lo mejor y acá estamos. Y si no nos cumplen claro que volvería, me consigo lo del pasaje y acá estaremos.”

Ayer en la tarde hubo acuerdo entre la Alcaldía de Dagua, la Personería, delegados de la Gobernación del Valle y las personas que invadieron, quienes dejaron el predio después. El compromiso consiste en “ayudarlos a iniciar el camino legal para las pretensiones que ellos quieren de tener las tierras productivas y tener esa seguridad alimentaria que han solicitado”, dijo Camilo Murcia, secretario de Convivencia y seguridad ciudadana de la Gobernación del Valle.

Es un camino que exige del gobierno Petro varias medidas.  Porque como lo reiteró ayer la ministra de Agricultura y lo dijo la SAE, mientras no se tomen, ocupar estos predios es ilegal.

La realidad de la SAE

La SAE tiene cerca de 24.464 inmuebles y 1.604 sociedades, avaluados en 14 billones de pesos aproximadamente.

La SAE, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), es la encargada de administrar los bienes en proceso o a los que ya se les ha decretado la extinción de dominio. Estos son bienes que la justicia presume fueron obtenidos con dinero producto de un delito o usados para cometer delitos. Van desde predios rurales como “Caballo Loco” y urbanos hasta sociedades, vehículos, aviones y armamento.

Como lo explicó la Silla Vacía en esta historia, el Frisco puede delegar la administración de esos bienes incautados a unos administradores provisionales, inscritos previamente en la SAE. Y estos podrían ser el tipo de organizaciones como la que lideró la invasión del predio. Pero para ello deben cumplir previamente con los requisitos generales de tener experiencia certificada en administración de inmuebles, cargos directivos y liquidación de sociedades; no tener antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales a nivel nacional e internacional; y no estar reportados en centrales de riesgo ni ser deudores morosos del Estado. Esto, de entrada, impediría que los campesinos de Dagua puedan simplemente comenzar a trabajar esa tierra desde ya.

Petro tendría que modificar el decreto 2136 de 2015 que indica que los administradores provisionales deben ser, además, personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro con más de 10 años de constituidas, mediante un nuevo decreto y establecer requisitos compatibles con el tipo de asociaciones que mencionó en su discurso. Hasta ahora no lo ha hecho.

Los administradores de los bienes en proceso de extinción de dominio tienen derecho a un porcentaje sobre la renta que produzcan, por ejemplo, de lo que cultiven ahí y de acuerdo a las gestiones de cuidado del bien que realicen.

Pero si la promesa de Petro es ir más lejos y transferir el derecho de propiedad sobre los bienes incautados a los campesinos, el camino es un poco más largo.

La ley actualmente dice que los bienes o el producto de la venta de los mismos se va primero a saldar las deudas que causó su administración y a destinaciones específicas (como entregar los predios rurales a la Agencia Nacional de Tierras en cumplimiento del Acuerdo de Paz).

El saldo se distribuye así: un 50 por ciento en partes iguales para la Fiscalía General de La Nación y para la Rama Judicial, para proyectos aprobados por el MinHacienda. Y el 50 por ciento restante para el Gobierno.

Es este porcentaje del que dispondría Petro para adjudicarlo a organizaciones como la de los invasores de Dagua.

Los procesos para declarar la extinción de dominio pueden durar unos 15 años, según el penalista Francisco Bernate. Entonces la forma de hacerlo más expedito según él, y a lo cual le podría estar apostando Petro es a la figura de la enajenación temprana.

En estos casos el Frisco no tiene que esperar la sentencia judicial sino que puede hacer la adjudicación reservando un 30 por ciento del bien para responderle al propietario original del mismo en caso de que la sentencia le sea favorable y le restituyan el bien al final del proceso. Y el 70 por ciento restante, el Frisco tendría que distribuirlo en todo caso como dijimos anteriormente: para gastos y entre las diferentes organizaciones que tienen derecho.

Esta figura actualmente solo opera en siete causales específicas y ninguna aplica para el tipo de organizaciones de la propuesta de Petro. Así que para introducir una nueva causal y/o modificar los porcentajes sobre los que puede disponer, tendría que reformar el Código de Extinción de Dominio mediante el respectivo trámite legislativo en el Congreso, que puede tomarse un año salvo que le meta mensaje de urgencia.

La pregunta es si el gobierno Petro le dará esa prioridad con tantas propuestas ambiciosas en el aire, y si los que se animaron con su discurso y lo creyeron al pie de la letra tendrán la paciencia de esperar que aterrice su discurso.

Por lo menos los campesinos de Dagua con los que habló La Silla están contando con tiempos más cortos: “Ahora estamos desocupando pacíficamente, pero el compromiso es que vamos a estar pendientes, que ellos nos tienen que enviar cada mes los avances (hasta que llegue el trabajo de ellos que es presentar los documentos para adquirir las tierras como asociación) —dijo el líder Guzmán— Si en cinco o seis meses no han cumplido, acá estaremos de nuevo.”

Únase a los Superamigos

El periodismo independiente que hace La Silla Vacía se financia, en parte, con contribuciones de nuestros lectores. Conviértase en SuperAmigo de La Silla, para que podamos seguir escribiendo sobre cómo se mueve el poder en Colombia. Adquiera su membresía aquí.

Compartir