La JEP abrirá nuevos macrocasos a partir de aprendizajes sobre sus limitaciones

La JEP abrirá nuevos macrocasos a partir de aprendizajes sobre sus limitaciones
20042022_JEP_Cifuentes.jpg

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes. Foto: Twitter JEP

La próxima semana se cumple el plazo que se fijó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para abrir tres nuevos macrocasos, adicionales a los siete que investiga actualmente. A pesar de la presión de grupos de víctimas y organizaciones de derechos humanos, que buscaban que la JEP abriera casos con miradas abarcadoras de hechos victimizantes, como sobre delitos sexuales en el conflicto, los magistrados tomaron otro camino. 

Los casos tendrán un enfoque acotado a un grupo de victimarios o víctimas en concreto. El 08, será sobre crímenes de miembros de la Fuerza Pública en alianza con los paramilitares; el 09, sobre los crímenes contra los pueblos étnicos, y el 10, sobre los crímenes cometidos por la guerrilla de las Farc.

La decisión surge de los aprendizajes de la JEP tras cuatro años de funcionamiento, en los que los avances de macrocasos abiertos como el de secuestro y el de falsos positivos han sido mayores al resto. Con una fecha límite para la etapa de reconocimiento e investigación en 2028, la decisión de los nuevos casos responde a un aprendizaje sobre las capacidades y límites de la jurisdicción.

Aunque los autos de apertura aún son materia de estudio de la Sala de Reconocimiento, ya es claro que estos serán definitivos y que tratarán de abarcar el universo faltante de hechos del conflicto. Consultamos a cuatro magistrados y tres asesores de esta Jurisdicción para entender el porqué del cambio de enfoque y los desafíos de caras a las víctimas de esta decisión.  

Un camino aprendido

La JEP arrancó en el 2018 con el gran reto de poner a andar un sistema de justicia transicional único en el mundo. Tenía, por un lado, la presión política de un sector del país que la veía como ilegítima, especialmente el uribismo. Por el otro, había miles de víctimas y organizaciones con altas expectativas por los resultados de su trabajo. En ese contexto y con el tiempo en contra abrió sus primeros siete macrocasos.

“Imagínese que usted está en una habitación llena de papeles muy bien organizados, pero usted no sabe bien por dónde empezar. Eso fue lo que le pasó a la Sala de Reconocimiento cuando se enfrentó a ese universo de hechos”, nos dijo un magistrado de la JEP, pero que pidió no ser citado para poder dar detalles sobre el funcionamiento interno de la organización. Según él, la decisión fue abrir cuatro macrocasos con los crímenes más emblemáticos de las Farc y de la Fuerza Pública, además otros tres de regiones donde había dinámicas del conflicto muy claras en lo territorial.

En el momento de apertura de los primeros casos, la JEP no contaba con los informes que debía recibir de las organizaciones de víctimas e instituciones del Estado. “Arrancamos con los pocos informes que había. Los que presentó la Fiscalía eran temáticos, además tenían expedientes de casos territoriales, entonces los macrocasos se armaron a partir de lo que se tenía”, le dijo a La Silla una magistrada de la Sala de Reconocimiento, que pidió no ser nombrada porque no es vocera.

Para ella, “lo lógico era esperar a recibir todos los informes, pero el país no se hubiera esperado cuatro años para eso”, afirma. Recientemente, la JEP apenas terminó de recibir todos los informes de la sociedad civil, el plazo venció el 22 de marzo, y ahora tiene en sus manos más de 600.

Además ya hay un camino recorrido. Después de cuatro años de investigación, de escuchar a las víctimas y las declaraciones de los máximos responsables del conflicto ya han aprendido que funciona mejor. “La experiencia demostró que los casos en los que se investigaba claramente la responsabilidad de un actor armado avanzaban mucho más rápido”, explica un asesor de la JEP con información directa de las discusiones de los nuevos macrocasos, omitimos su nombre porque no pude dar declaraciones.

Este asesor de la JEP se refiere a los macrocasos 01, que es el de secuestro, y el 03, que es sobre falsos positivos. Ambos serán los primeros que tendrán audiencias de reconocimiento de responsabilidad en esta jurisdicción. “Ahora la idea es aplicar lo que ya hemos aprendido”, concluye la magistrada de la Sala de Reconocimiento.

No dejar huecos

Cuando se empezó a hablar de la posibilidad de nuevos macrocasos en la JEP, las organizaciones de víctimas pidieron que hubiera nuevos casos temáticos de grandes hechos víctimizantes como la desaparición forzada, el desplazamientos forzado, la violencia sexual o incluso uno para los crímenes cometidos contra los militares como víctimas.

"En el enfoque temático siempre se quedaba algo por fuera. Entonces después de un debate interno muy duro entre los magistrados, terminaron decidiendo abrir unos nuevos casos centrados en actores", explica Gloria Gallego, doctora en derecho y experta en justicia transicional y quien conoce de cerca esta jurisdicción.

Una magistrada de la JEP que pidió no ser citada porque no es vocera, nos dijo que los debates siempre giraron en torno a cómo priorizar la apertura de los casos. “Después de pensarlo bien, no tenía mucho sentido separar las masacres por ejemplo de los desplazamientos forzados, porque todo estaba estrechamente vinculado”, explica.

En ese mismo sentido, otra magistrada de la Sala de Reconocimiento dice que: “Él mismo señor que el lunes desplazó a una persona, el miércoles violó a otra, y el viernes mató a alguien más. Si yo tengo tres casos separados tengo que llamarlos a una diligencia para el desplazamiento, a otra para la violación y una última para el homicidio. Esto mismo pasaría con las víctimas. No queremos eso”.

Otro factor decisivo para el cambio de metodología era la capacidad limitada de los magistrados de la Sala de Reconocimiento para abrir muchos macrocasos "Cada grupo de víctimas quisiera que abrieran un caso solo para ellos, pero eso es imposible porque la jurisdicción tiene una limitante en su capacidad operativa" explica la doctora Gallego.

Por eso, la JEP se decantó por esta nueva metodología, en la que puede tener la mirada de todos los delitos bajo el paraguas del actor o la población víctima.

El más claro será el macrocaso 10, conocido dentro de la JEP como “el caso sombrilla Farc”. Este buscará cubrir todo el universo de delitos de la extinta guerrilla y abrir subcasos para mirar dinámicas específicas. Incluso ya hay definidas tres líneas de trabajo para este nuevo macrocaso.

Una abordará los crímenes cometidos por las estructuras urbanas de las Farc, como el atentado al Club el Nogal o el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Estará a cargo del magistrado auxiliar Farid Benavides. Otro subcaso será sobre los medios y métodos ilícitos de guerra, como las minas antipersonales, los cilindros bombas y los crímenes contra los militares. La magistrada Marcela Giraldo es la encargada de esa investigación.

Por último, hay una línea de trabajo sobre los crímenes relacionados con el control social y territorial, allí entran los hechos de la mal llamada limpieza social que ejercieron los guerrilleros. Estará a cargo de la magistrada Julieta Lemaitre, que además es la líder de este caso y la relatora del macrocaso sobre secuestro.

La lógica por actor armado también es clara en el macrocaso 08, que será sobre los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares. Este responderá a un hueco que tienen las investigaciones de la JEP sobre las relaciones de los militares con el paramilitarismo, algo que los casos actuales sobre la Fuerza Pública (el de falsos positivos y el de genocidio contra la UP) no han abordado en profundidad.

Este caso sobre los crímenes cometidos por militares y policías también es nacional y funciona como sombrilla de múltiples delitos, que van desde desapariciones forzadas hasta masacres. Pero la lógica de los subcasos se concentrará en los territorios de Montes de María, la región del Ariari (comprende los ríos Guaviare y Guayabero), y en el Magdalena Medio. Este sello territorial lo traen los magistrados que están liderando la apertura de este nuevo caso, Catalina Díaz y Oscar Parra. Ambos están instruyendo el de falsos positivos, en el cual también han trabajado por subcasos en regiones.

Finalmente, está el macrocaso 09, sobre la concentración de crímenes contra pueblos y territorios étnicos. Este funciona de manera inversa. Es decir, no se concentra en abordar los crímenes de un actor armado, sino en todos los crímenes cometidos contra una población víctima; que además es una de las tres partes del Acuerdo de Paz.

Esto es resultado de la perspectiva étnica que tiene la JEP por mandato del Acuerdo de Paz y el trabajo de los magistrados de la Comisión Étnica de esta jurisdicción. Para este macrocaso también se adoptó un enfoque territorial para la regiones de: la Sierra Nevada de Santa Marta y Alta Guajira, a cargo de la presidenta de la Sala de Reconocimiento, la magistrada Wayuu Belkis Izquierdo. También el de Buenaventura y Dagua, liderado por la magistrada afro Xiomara Balanta. Y otro sobre la Orinoquía y Amazonía, a cargo del magistrado Wayuu, Juan José Cantillo Pushaina.

El mayor desafío será con las víctimas

Aunque ya son claras algunas líneas de trabajo en los tres nuevos casos, según los cuatro magistrados consultados, las víctimas han pedido que se miren otros subcasos adicionales en cada uno.

En el macrocaso 08, de Fuerza Pública, hay una llamado a que se abra un subcaso sobre Antioquia. En el caso 09, el Étnico, se ha pedido uno de Chocó. Y en el 10, sobre Farc, algunos demandan uno sobre violencia sexual.

En ese sentido, un desafío de la JEP es explicar lo suficiente la razón y lógica detrás de esta nueva etapa de investigación. “Muchas víctimas no entienden el porqué de la metodología o las razones por las que la JEP cambió su enfoque en los nuevos macrocasos. ¿Cómo se llega a esas regiones dentro de los nuevos macrocasos?¿Cómo se definen esos enfoques?”, son preguntas que lanza la abogada Carolina Hoyos, del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, el cual representa víctimas de desaparición forzada ante la JEP.

A esto se suma el gran reto de la capacidad administrativa. Se debe a que con la apertura de estos nuevos casos también debe crecer la capacidad de esta jurisdicción para atender la acreditación de más personas como víctimas.

No es algo menor. Hasta ahora, en la JEP hay más de cinco mil víctimas acreditadas con todo lo que esto implica. Pero, solo en el macrocaso "sombrilla" de Farc, se espera recibir entre 17 mil y 300 mil víctimas individuales, según estimaciones de dos fuentes con información directa del caso.

Justamente la capacidad de los magistrados, especialmente los de la Sala de Reconocimiento, se pondrá a prueba la próxima semana cuando se cumple el plazo para la ponencia de los autos de apertura. Según tres fuentes de la JEP, de diferentes despachos, hay una alta probabilidad de que ese plazo se incumpla porque los autos de los macrocasos 08 y 09 no están del todo ajustados.

Con el primer reto de dar apertura oficial a estos tres nuevos macrocasos, la JEP define su norte investigativo por los siguientes 6 años que le quedan en esta etapa de reconocimiento. También es una apuesta por esclarecer el mayor número de hechos del conflicto y darle respuesta a las víctimas tras un proceso largo de aprendizaje sobre sus propias capacidades.

Publicaciones

Compartir