La Ley de Compras convierte al Estado en el mejor cliente de los campesinos

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La Ley de Compras busca acabar promover la asociatividad en el campo colombiano.

Esta historia hace parte de la Sala de redacción ciudadana, un espacio en el que personas de La Silla Llena y los periodistas de La Silla Vacía trabajamos juntos.

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El informe sobre pobreza multidimensional del Dane reveló que el país rural fue el más afectado por la crisis económica de la pandemia. Aunque hubo un aumento de la tasa de pobreza en todo el país, en las zonas rurales fue del triple.

“A pesar de todo, los campesinos y los agricultores no pararon ni un día por la pandemia. Entonces desde el Ministerio de Agricultura hemos dicho que llegó la hora de devolverles a los campesinos todo lo que hicieron, pero con plata y que todo el Estado les compre”, nos dijo Felipe Márquez, asesor del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea y encargado de la implementación de la política pública que busca reactivar la economía rural.

Se trata de la Ley de Compras Públicas Locales. Es una política pública que obliga a que el 30 por ciento de las compras de alimentos que se hagan con recursos públicos sean hechas directamente a pequeños productores agropecuarios. Esto aplica tanto para entidades públicas, como aquellas de economía mixta y contratistas de programas estatales.

Contexto: La Ley de Compras nació de una experiencia internacional, del programa público de adquisición de alimentos de Brasil, que funciona hace más de 15 años. La FAO ayudó a formular el proyecto de ley en Colombia.

Antes de la ley, el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque ya daba incentivos para cumplir con este 30 por ciento, pero no era obligatorio. Por ejemplo, en el caso de los operadores logísticos, contratistas de los programas alimentarios del Estado, esto les daba un puntaje adicional a la hora de ganar las licitaciones.

Después de que la Ley fue sancionada, en agosto del 2020 por Duque y reglamentada en marzo de este año por un decreto del Ministerio de Agricultura, ese 30 por ciento se volvió obligatorio. A pesar de esto la implementación va lenta y el potencial de esta ley solo se verá en los próximos años.

“La aspiración es que para finales de 2023 y 2024 todas las entidades y los campesinos en Colombia conozcan está política pública”, afirma Felipe Márquez, líder de la implementación.

En cifras:

  • Algunas no cuadran. Según los cálculos del Ministerio de Agricultura, esta medida espera tener un impacto en tres millones de productores agropecuarios. Pero según cifras del DANE, en el país hay alrededor de dos millones de productores agropecuarios.
  • Según un estudio de la FAO, los tres programas más grandes de alimentación del Estado, el PAE, los programas de alimentación del Icbf y la alimentación de las cárceles (Uspec) invierten 2.6 billones de pesos anuales.
  • Según esta cifra, por lo menos 0.78 billones de pesos tendrían que destinarse a productos de la economía campesina, familiar y comunitaria de Colombia. Pero podría ser más, porque este estimado solo tuvo en cuenta a esos 3 programas.

Lo que dicen los expertos:

Felipe Roa-Clavijo, experto en desarrollo rural e investigador en temas de pobreza multidimensional de la Universidad de Oxford: “Esta Ley pone un reto porque está generando una demanda de alimentos a la pequeña agricultura. Esto podría ocasionar comprar un poquito más caro, pero con un impacto social muy grande para la economía campesina. Desde ese punto de vista no vería problemático incluso que se suban los gastos, porque es una inversión social”.

Gonzalo Enrique Mejía, docente investigador de la Universidad de La Sabana y experto en temas de seguridad alimentaria: “No soy muy optimista frente a esta política pública porque me parece artificial. El productor no tiene ninguna motivación para mejorar la calidad de su producto o para producir más con menos. Esa motivación no está porque tiene garantizada la compra”.

Marcos Rodríguez, director de la agenda de Desarrollo Rural y Mercados Inclusivos de la FAO en Colombia: “Esta es una medida efectiva para combatir la pobreza y combatir los déficit de seguridad alimentaria. La experiencia en Brasil ha mostrado que esto es un impacto sostenible y que promueve la asociatividad, porque un solo campesino no puede abastecer el PAE de su municipio”.

Cómo aterriza la Ley: “El truco de la implementación de esta Ley se llama voluntad política”, nos dijo Dilberto Trujillo, secretario de Agricultura de la Gobernación del Huila.

Este departamento fue uno de los que sufrió un mayor aumento en el índice de pobreza rural en el año 2020. Pasó del 27 por ciento, en 2019, al 39 por ciento, en 2020.

También ha sido uno de los departamentos que ha tomado pasos más decididos para la implementación de esta Ley, tres fuentes consultadas para esta historia e independientes a la Gobernación del Huila mencionaron su caso.

Estos son las tres decisiones claves de la Gobernación de este departamento para implementar:

  • Aumentar la obligatoriedad del 30 al 60 por ciento a la compra de alimentos a los pequeños productores para el PAE en los diferentes municipios del departamento.
  • Fueron los primeros en comenzar con el registro y certificación de pequeños productores y asociaciones: tiene aproximadamente 2 mil usuarios registrados.
  • Eliminar el azúcar de la minuta de todos los programas de alimentación que funcionan en el departamento y comprar únicamente panela del departamento: ha beneficiado a los campesinos de San Agustín y San José de Isnos.

Lo que viene: Para el secretario Trujillo, la implementación de esta política en el Huila reveló también grandes desafíos: “Encontramos que los pequeños productores no estaban preparados, no alcanzaban a responder a la demanda de los operadores por falta de asociatividad. Y por otro lado, los problemas que ponen los mismos operadores logísticos porque les sale más barato comprar panela industrial”.

Pero no solo hay retos en la implementación, sino relacionados con la corrupción. Los programas alimentarios de Colombia han sido salpicados por escándalos y malos manejos, especialmente por el PAE en varias regiones del país.

“Con la alimentación la corrupción es infinita. Todos esos casos son los operadores que están ahorrando plata y robándose los recursos para la alimentación de los niños en Colombia”, advierte el académico Felipe Roa-Clavijo, quien es favorable a la Ley de Compras, pero le preocupa la corrupción asociada a la alimentación y pide hacerle veeduría. 

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