La libertad de Uribe es una muestra de y un desafío a la independencia judicial

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Más allá de la victoria personal y política para el Expresidente, la justicia demostró que funciona. Viene prueba grande con el futuro del caso.

Hoy la Juez 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, dejó en libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras adelanta el proceso penal en su contra por presuntamente torcer testigos.

El argumento central no es que la detención fuera injusta ni que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema haya hecho algo indebido, sino un tecnicismo jurídico que es consecuencia de la renuncia de Uribe al Senado.

El debate técnico

Como al hacerlo perdió el fuero que tienen los congresistas, el proceso pasó de la Corte a la justicia ordinaria.  Ese cambio no solo modificó el juez sino también el procedimiento que se aplica, porque en la Corte funciona una ley vieja (la ley 600) y en el resto de casos, una más nueva (la 906), y la pregunta era si una detención definida bajo el procedimiento anterior se mantenía en el nuevo.

En otras palabras, la juez no discutió si la detención de la Corte con el argumento de que Uribe podía torcer testigos si estaba libre fue legal; sino si con el cambio de procedimiento se mantiene la detención o debe pedirse de nuevo bajo la ley que rige el proceso en la Fiscalía; esto ahora dependerá de si la Fiscalía la pide o no.

El defensor de Uribe, Jaime Granados, argumentó que se debía caer. Y no solo la detención, sino todas las decisiones que tomó la Corte, esencialmente porque la ley 600 da menos garantías a los procesados que la ley 906.

En concreto, dijeron que hay una diferencia fundamental en el momento en el que arranca formalmente la investigación en cada ley: que en la vieja era la indagatoria (que no existe en la nueva ley) y en la nueva es la imputación (que no existía en la vieja).

Aunque ambas son audiencias en las que se le dice a una persona que queda vinculada formalmente a un proceso en el que se investigan ciertos hechos y potencialmente ciertos delitos, tienen algunas diferencias, como que en la indagatoria no hay un juez de control de garantías sino que la hace quien investiga.

La Procuraduría y el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, apoyaron los argumentos de los abogados de Uribe, un hecho muy relevante porque la Procuraduría está en manos del liberal y no uribista Fernando Carrillo y Jaimes es el encargado de investigar a Uribe por decisión del Fiscal General, Francisco Barbosa (amigo cercano del presidente Iván Duque), y es quien decide si lo lleva a juicio.

Jaimes no solo argumentó el cambio de procedimiento, sino que incluso dijo que en la indagatoria de la Sala Penal de la Corte hubo “vulneración al debido proceso” de Uribe.

Por el contrario, para las víctimas (el senador Iván Cepeda, el ex Fiscal General Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo), el proceso se debe mantener donde iba, porque presume la legalidad de lo que decidió en su momento la Corte.

Además, argumentaron que cuando se pasa de un procedimiento al otro la indagatoria sí suple la imputación, y que en este caso concreto la indagatoria de la Corte cumplió con todos los requisitos, como explicar los hechos y delitos.

 

Lo difícil de este debate es que no había un antecedente directo. Los dos lados revisaron jurisprudencia y trajeron antecedentes similares, pero no iguales, de casos que pasaron de la ley 906 a la 600. Es decir, al revés. Por eso era un debate técnicamente complejo y sin respuesta obvia.

La juez, que habló desde el principio de su intervención de que había dos posiciones extremas, las de las dos orillas, se fue por un camino intermedio en el que no choca contra sus superiores de la Corte pero deja libre al Expresidente.

La decisión

La juez hoy explicó que no iba a debatir las decisiones de la Corte porque se entienden legales y agregó que fue un “desatino” de Jaimes haber cuestionado la indagatoria, algo que está por fuera de la discusión de la libertad.

También dijo que analizó sólo si la indagatoria servía para reemplazar a la imputación como sustento de una detención, y encontró que no, que tienen diferencias suficientes como para que no se pueda reemplazar de forma mecánica. 

Igualarlas "no hace menos que desnaturalizar la estructura del proceso", dijo

Entre otras, argumentó que: 

  • En la imputación, la defensa puede debatir ante un juez los argumentos del acusador; en la indagatoria, no.

  • En la imputación hay medidas de aseguramiento diferentes a la detención; en la indagatoria, no.

  • La forma de argumentar la decisión de una detención es diferente en una indagatoria y en una imputación.

  • En ley 906 solo se puede detener después de la imputación.

Por último, dijo que con esta decisión no se violarían los derechos de las víctimas debido a que la libertad de Uribe no impide que el proceso siga y eventualmente termine condenado.

El proceso judicial sigue en firme, con Uribe formalmente investigado pues la indagatoria no se cayó. Solo, que a partir del momento en el que se ejecute la decisión de la juez (que debería ser lo antes posible), Uribe podrá defenderse en libertad.

Ahora falta que se defina la apelación que anunció Cepeda, y que se demora; seguramente, vendrán otros debates como una solicitud de la defensa de Uribe de que otro juez anule todo lo que hizo la Corte, algo que si bien no han anunciado, es el camino natural para la parte de su argumentación que no tuvo en cuenta la juez.

También viene la definición de la Fiscalía sobre el curso de la investigación, con la duda (que no aclaró la jueza) de si debe hacer una audiencia para complementar la indagatoria y que Uribe quede imputado, y si tiene libertad para decidir si la hace o no.

Una vez lo haga, o si no debe hacerlo, el fiscal Jaimes puede pedir una nueva detención para Uribe y debe, en todo caso, decidir si lo acusa ante un juez o si cierra (precluye) la investigación en su favor. Eso si no la engaveta.

Por ahora, Jaimes dijo el jueves que las pruebas que recaudó la Corte “no se perderán” y que las usará en su propia investigación. 

Mientras tanto, y sin Uribe detenido, la puja más de fondo tendrá que ver con los discursos alrededor de la independencia y credibilidad de la justicia.

Victoria en batalla clave

Uribe seguirá siendo un mártir para sus bases, aunque su martirio sea menos intenso, pues el proceso judicial por ahora sigue y la bandera de los uribistas “contra una justicia corrupta” se mantiene. 

Sobre todo, ganará fuerza el argumento de Uribe de que era un perseguido de la Corte Suprema y que ella no lo detuvo legalmente sino que lo “secuestró”.

Aunque esa no fue ni la razón de la decisión de la juez ni lo que se discutió, como explicamos arriba, varios uribistas visibles ya empezaron a explicarla como si lo hubiera sido:

Con la libertad de Uribe, probablemente las víctimas del proceso y muchos antiuribistas asumirán el discurso enarbolado por el Expresidente: el de cuestionar la justicia.

Uribe lleva meses diciendo que la Corte usaba “procedimientos mafiosos”, que lo tenían secuestrado, que le habían violado garantías y cuestionó la imparcialidad de sus investigadores. 

Además, aliados suyos repitieron ese discurso. 

Esos golpes a la credibilidad de las decisiones judiciales han tenido un espejo del otro lado, que tiene como origen la amistad entre el Fiscal General, Francisco Barbosa, y el presidente Duque, y que se reforzó cuando Barbosa designó a Jaimes como fiscal del caso pues muchas personas recordaron que Jaimes hizo parte de su carrera al lado del anulado exprocurador Alejandro Ordóñez, aliado político de Uribe y embajador en la OEA de Duque.

Esa crítica quedó patente el jueves, cuando Jaimes pidió que se cayera la detención del Expresidente y que el proceso regresara a una etapa preliminar.

Y todavía más hoy en la audiencia, cuando el apoderado de Cepeda no solo apeló la decisión de la juez sino que pidió a quien revise la apelación que pida que se investigue a Jaimes por haber cuestionado la legalidad de la indagatoria.

Ese no se repite por ahora contra la Juez, a quien, por ahora, ninguna de las partes le ha puesto en duda su imparcialidad. 

De hecho, algunos antiuribistas visibles no han cuestionado la decisión 

Y otros, como Cepeda, la han criticado sin señalar a la juez de tener motivaciones políticas.

Existe la posibilidad de que esta decisión profundice la polarización y renueve los bríos del gobierno para arremeter contra la independencia de la justicia con una reforma judicial vengativa, como lo anticipa Héctor Riveros en su columna de hoy, pero por ahora, lo que ha sucedido podría verse como una muestra de independencia y fortaleza de la justicia. 

Al fin y al cabo, la Corte Suprema mostró independencia al procesar y ordenar detener a un poderoso Expresidente; aunque Uribe se dedicó a desacreditar a la justicia, incluso utilizando el importante espacio que le concedió la revista Semana en una entrevista de tres horas desde su detención, acató el falló y apeló a maniobras legales como renunciar a su curul para rehuirle; la Corte no sólo acató las normas al pasarle el caso a la Fiscalía, sino que avaló que quien decidiera sobre la detención fuera una juez y no ella misma; y la juez escuchó argumentos de los dos lados y tras largas horas de audiencia, pero con rapidez, tomó una decisión sustentada en argumentos.

Así es como funciona una justicia independiente. Pero ahora viene lo más difícil.

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