La lucha por la voz de los afectados por Hidroituango empieza en Valdivia

La lucha por la voz de los afectados por Hidroituango empieza en Valdivia
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El alboroto en Valdivia, Antioquia, el municipio más afectado por la crisis de Hidroituango, esta vez no tiene que ver con los problemas que vivió la represa hace tres años cuando se temió que la hidroeléctrica más grande de Colombia se la fuera a llevar el río Cauca.

Ahora, la notoriedad nacional que le dio a Valdivia ser el más afectado por la crisis de la hidroeléctrica, administrada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), tiene dividida a la comunidad. La comidilla del pueblo es el enfrentamiento entre líderes. “Ah sí, ahí hay unos como peleando”, le dijo a La Silla el mesero de uno de los pocos restaurantes del pueblo de casi 18 mil habitantes. 

Se trata de un conflicto que presagia que Hidroituango, y sus líderes en lugares como Valdivia, serán influyentes en la política de Antioquia, posiblemente inclusos en las discusiones entre candidatos presidenciales. Ahí confluyen varios temas calientes. Para el departamento, alrededor del papel de EPM y sus errores en Hidroituango, como ha señalado el Alcalde de Medellín Daniel Quintero. 

Y a nivel nacional, sobre el papel de Sergio Fajardo en la construcción del proyecto, como gobernador de Antioquia. Este es uno de los asuntos por los que Gustavo Petro, su contrincante político, lo ha criticado de manera reiterada. Incluso ha lanzado denuncias contra Fajardo por corrupción.

En Valdivia la división afloró públicamente con una carta: “Los abajo firmantes, líderes sociales del municipio de Valdivia, nos dirigimos a los medios de comunicación y a la opinión pública, para aclarar que el movimiento Ríos Vivos no nos representa”. Los nombres de 35 personas aparecen escritos a mano, con descripciones como “comerciante” y “barequera”, e incluye a dos concejales del municipio. 

La carta llegó al Concejo de Medellín, a principios de junio, y fue leída en una sesión. Luego, el principal concejal fajardista de la ciudad, Daniel Duque, la puso a circular por redes sociales. Desde ahí la líder de Ríos Vivos, Isabel Zuleta, lo acusó de caer “muy bajo” al promover conflictos en la comunidad.

Isabel Zuleta tiene 39 años y con la crisis de Hidroituango se convirtió en una de las voces críticas líderes del proyecto en el país. Se refiere a Sergio Fajardo como “Falsardo”, y pide que EPM “desmonte” la represa que ha costado más de 16 billones de pesos. Zuleta es fuente frecuente de medios nacionales y ha intervenido en el Congreso. Además, es cercana al movimiento de Gustavo Petro, la Colombia Humana, y ha sido invitada a hablar en el espacio de opinión de Petro y Gustavo Bolívar los domingos.

Uno de los firmantes de la carta que le disputa la vocería a Ríos Vivos, el movimiento de Zuleta, es Milber Cano. Pasó de ser un líder reconocido en su vereda a trabajar con EPM y luego a concejal de Valdivia. Tiene 34 años, los ojos verdes y la piel quemada por el sol de trabajar en el campo en una finca ganadera y de cacao que tiene con su familia en el municipio.  

La crisis y el papel de EPM

El 12 de mayo de 2018, cuando varios habitantes de Puerto Valdivia habían empezado a escapar de sus viviendas, hacia la parte alta de las montañas, Cano estaba sacando los muebles que más pudo de su casa. 

“Desde el día anterior nos empezaron a evacuar, pero solo ese día vimos que el agua del río de verdad se nos iba a meter a la casa”, dijo. 

Su casa familiar queda en Remolino, a orillas del río Cauca y cerca a Puerto Valdivia, el corregimiento más grande del municipio que queda aguas abajo de Hidroituango. En ese lugar viven poco más de 70 familias que, en su mayoría, vivían del río gracias a la minería y la pesca. El resto son comerciantes o campesinos de fincas. 

En la tarde de ese sábado, luego de que unos derrumbes tuvieron taponados los lugares por donde salía el agua del río, la empresa abrió unas compuertas y el agua empezó a salir río abajo. El poderoso río Cauca brotaba sin control, trancado por la represa a medio construir de la que es dueña una sociedad compuesta por la Gobernación de Antioquia y EPM, pero administrada por ésta última.  

La inundación acabó con puentes, casas y varias de las cosas que Milber Cano tenía en su vivienda. Por eso, en 2019 EPM le dio una indemnización de 18 millones de pesos. Cano utilizó siete para recuperar lo perdido e invirtió el resto en su finca.

Según el registro de EPM, 74 edificios aguas abajo de la presa quedaron completamente destruidos y 140 sufrieron daños en la infraestructura o los muebles. 

“A mi no me afectó tanto porque yo tenía mi finca y la casa de Remolinos era un arrimadero. Pero EPM me dio la plata y se hizo responsable de los daños, así yo no viviera ahí”, dijo Cano. 

Desde la contingencia cambió la vida del río Cauca drásticamente. En cuestión de días se transformó el ecosistema y las actividades económicas de varias personas que viven en las orillas y subsistían de él. Por unos días estuvieron taponadas las salidas del agua y se disminuyó casi totalmente el caudal del segundo río más grande de la cuenca andina.  

Lo que antes era una arteria de aguas café, de los sedimentos que arrastra en los 600 kilómetros desde su nacimiento en el macizo colombiano, es ahora un remanso de agua verde transparentosa que fluye lentamente entre el cañón de montañas enormes. Las aguas menos fértiles, que al reposarse en la represa dejan ahí sedimentos y minerales, han afectado la pesca y la minería río abajo. 

Según EPM, más de dos mil familias del Bajo Cauca damnificadas por la contingencia han regresado a sus viviendas. Otras fueron reubicadas o recibieron indemnizaciones. Pero la situación atomizó los liderazgos de los barrios y las veredas. Y algunos ganaron más que otros. 

Los líderes 

En medio de la crisis del 2018, Olga Rúa cocinó con su familia varios de los almuerzos que les ofrecieron a personas damnificadas en el albergue en el coliseo de Valdivia, Adela Balbuena ayudó a identificar y reportar los daños en las casas de la vereda El 15 y Milber Cano ayudó a trasladar a los habitantes de Remolino hacia los albergues de paso. 

Los tres firmaron en marzo de 2019 un contrato con EPM, a través de la empresa Desmarginalizar S.A.S, para servir de voceros ante sus comunidades con miras a empezar los procesos de indemnización. Según la empresa, en total se vincularon 25 personas “identificadas por EPM y organismos de socorro como la Cruz Roja durante la contingencia de 2018 que lideraron actividades y orientaron a sus comunidades en albergues”. 

Cano renunció a los cinco meses, cuando se lanzó al Concejo de Valdivia por el Partido Liberal y quedó electo. Rúa y Balbuena –al igual que el resto de voceros– siguen vinculadas con un sueldo de un salario mínimo y prestaciones sociales hasta finales de este año cuando se termine el convenio. 

La contingencia también sirvió para avivar las voces de líderes de la región o que llegaron a ella desde antes de la inundación para oponerse a la construcción de la hidroeléctrica, pero que tomaron fuerza con los daños causados por ella. 

En cabeza de Isabel Zuleta, presidenta del movimiento Ríos Vivos, asociaciones de mineros artesanales y pescadores del Bajo Cauca se vincularon al movimiento desde antes de la contingencia para demostrar que el proyecto tenía impactos graves para la región. La crisis les dio la razón en muchos de sus reclamos.

Ella nació en Ituango, un municipio al norte de Antioquia donde está ubicada la hidroeléctrica, y uno de los más golpeados por el conflicto armado en el departamento. Es socióloga de la Universidad de Antioquia y vive en Medellín, pero desde Ríos Vivos ha ejercido su liderazgo en el Bajo Cauca defendiendo las fuentes hídricas. 

La oposición a EPM por parte de Ríos Vivos ha sido muy fuerte y también muy difundida gracias a la gestión de Zuleta. “Pedimos primero evacuar las aguas represadas que representan una amenaza para las comunidades. Luego que se establezca la inviabilidad o viabilidad del proyecto, y por último que se desmantele de manera controlada”, le dijo a Pacifista en 2019. 

Zuleta ha llevado los reclamos de quienes habitan las montañas más espesas de Antioquia al Concejo de Medellín y el Congreso. Se ha enfrentado a uno de los proyectos energéticos más controversiales en Colombia, que una vez entre en operación generará el 17 por ciento de la electricidad del país. También ha casado peleas con los exgobernadores de Antioquia, especialmente con Sergio Fajardo, a quien responsabiliza de los impactos medioambientales de Hidroituango y por haber desprotegido a los líderes. “Necesitamos justicia. El papel de Sergio Fajardo era protegernos a nosotros. Ese era su papel, proteger a la comunidad y no lo hizo”, dijo en Blu Radio

El movimiento que preside reclama la reparación colectiva, señala los impactos medioambientales del proyecto, y ha pedido que se desmonte Hidroituango para buscar a los desaparecidos en medio del conflicto que fueron arrojados al río Cauca, y que afirma Hidroituango enterró debajo de agua. “Queremos que se desmonte la hidroeléctrica y se hagan las cosas bien desde el principio”, le dijo a La Silla Mauricio Madrigal, vicepresidente de Ríos Vivos. 

Y esos reclamos han tenido eco en varios momentos. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos recobró importancia el 1 de junio, cuando la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP reveló que la Universidad de Antioquia había usado para fines académicos los restos óseos de personas no identificadas encontradas en la zona de influencia de Hidroituango en el río Cauca. 

Las peticiones de Ríos Vivos volvieron a resonar en el Bajo Cauca durante el paro nacional. A mediados de mayo varios habitantes de Puerto Valdivia instalaron un punto de bloqueo en uno de los túneles de la hidroeléctrica. Exigieron espacios de conversación directa con la Alcaldía de Medellín y la gerencia de EPM.  

Este último episodio fue el que llevó a otros habitantes que no se dedicaban a la pesca ni la minería en Valdivia a pronunciarse por medio de la carta. 

Una carta que divide

Además de Milber Cano, Olga Rúa y Adela Balbuena, la carta la firmaron presidentes de Juntas de Acción Comunal, comerciantes, mototaxistas, barequeros y dos concejales del municipio. Cinco tienen vínculos contractuales con EPM y otros han recibido indemnizaciones de esa empresa después de la contingencia de 2018, pero dicen haberla firmado a modo personal.

“No entendemos por qué los líderes de ese movimiento [Ríos Vivos] afirman reiteradamente que quienes habitamos este territorio nos estamos muriendo de hambre por el proyecto Hidroituango. Esa afirmación la consideramos irrespetuosa porque (...) luchamos por nuestros derechos y hemos obtenido beneficios, en un proceso de diálogo y entendiemiento con EPM y con las autoridades municipales, departamentales y nacionales”, dice la carta.  

El concejal que la impulsó en Medellín, Daniel Duque, del partido Verde, trabajó con Claudia López y le hizo campaña a Sergio Fajardo en las elecciones a la gobernación y la presidencia. “Hidroituango ha tenido unos problemas muy complejos pero la propuesta de Ríos Vivos es desmontarla, y yo no conozco la primera hidroeléctrica en el mundo que haya sido desmontada”, dijo. 

Cano, el campesino que se volvió concejal, había redactado la carta desde mayo, cuando Ríos Vivos instauró el punto de concentración permanente en la hidroeléctrica. Según dijo, hace apenas un mes la puso en conocimiento de Jorge Isuaza, el coordinador de Desmarginalizar S.A.S y quien fue su jefe a inicios de 2019, coordinó la recolección de firmas y la envió a la Procuraduría, la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín. 

Eso hizo que el documento saliera en un momento crucial porque revela más que la división entre los liderazgos: llega justo después de los anuncios que la JEP hizo en su última audiencia pública, choca con las intenciones políticas de Isabel Zuleta –respaldada por Ríos Vivos– y fue difundida por un concejal que representa al sector político al que se opone Zuleta.

Según le confirmaron a La Silla miembros de Ríos Vivos en Valdivia, Isabel Zuleta va aspirar al Congreso en las elecciones de 2022. Mauricio Madrigal, vicepresidente de Ríos Vivos, dijo que “el movimiento nunca estuvo de acuerdo con la política, pero nosotros como movimiento vimos la oportunidad de que Isabel nos represente en la Cámara o el Senado. Tiene todo el respaldo de las organizaciones”. 

La carta, que en un principio fue recibida como la expresión de una división en los liderazgos de la región, pasó a ser una confrontación entre dos sectores políticos opuestos que culminó en una asamblea de Ríos Vivos el viernes pasado en el coliseo de Valdivia. Asistieron cerca de 100 personas vinculadas a Ríos Vivos. Eran campesinos, pescadores y mineros que llegaron a mediodía en buses desde Puerto Valdivia y otras veredas del municipio vestidos todavía con la ropa con las que salieron a trabajar en la mañana.

Isabel Zuleta, quien ha sido amenazada por ejercer su liderazgo, llegó en una camioneta al pueblo. No respondió preguntas de La Silla, y delegó a Mauricio Madrigal, vicepresidente de Ríos Vivos, como vocero del movimiento. 

También asistió Alex Flórez, del movimiento político del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en defensa de la posición de Ríos Vivos.  

Afuera del coliseo armaron una olla comunitaria, en la que cocinaron sancocho para todos los asistentes antes de iniciar la asamblea, que duró hasta las 10 de la noche. 

“La gente dice que Ríos Vivos es esa crespita, pero esa crespita es la voz de nosotros”, dijo una señora durante la asamblea. 

Algunas personas señalaron que la carta firmada por los 35 líderes es una estrategia de EPM. “Es una tercera persona quien está tratando de generar ese conflicto. La información que tenemos es que es una persona que tiene unos líderes en Valdivia a los que les está pagando para limpiar la mala imagen de EPM en el territorio”, dijo Madrigal, de Ríos Vivos, refiriéndose a los cinco firmantes vinculados a Desmarginalizar S.A.S y otros dos –entre ellos Milber Cano– que tuvieron el mismo contrato. 

Sobre la carta, EPM niega tener alguna incidencia. Dice, en una respuesta escrita a La Silla Vacía, que la empresa “desconocía la carta comunitaria”. 

Las grietas que EPM abrió con la crisis de la represa siguen abiertas, a pesar de que las primeras unidades de generación de energía empezarán a operar en 2022. El tema tomó vuelo nacional, y la lucha por representar a las voces de las personas afectadas y beneficiadas por el proyecto ya empezó en Valdivia.  

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