El sábado pasado Barranquilla fue la sede del Acuerdo de la Prosperidad. Allí el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la gestión del Alcalde Alejandro Char es un ejemplo que deben seguir los mandatarios del resto del país.
Foto Presidencia de la República
Alejandro Char es el alcalde más popular del país. Tiene un 96 por ciento de aprobación entre los barranquilleros y entre los empresarios fue elegido como el mejor alcalde de Colombia, según la última encuesta de la firma de consultoría Cifras y Conceptos a los líderes empresariales. Pero sus empresas y su constructora están llenas de líos y la entrega y vigilancia de las concesiones en el Distrito está más enredada que nunca. Detrás de cámaras, Alex Char está pasando por una muy mala hora.
Char prometió acabar con todas las concesiones de Barranquilla, que calificó de onerosas para su ciudad y solo lo ha logrado con una -y a medias; durante el último año y medio, han circulado grabaciones ilegales a personas de su equipo que lo dejan muy mal parado y que al parecer buscan chantajearlo; su constructora ha tenido que pagar una cifra multimillonaria por errores en la edificación de dos urbanizaciones donde viven casi cinco mil personas; y su familia, de la que se declaró independiente cuando llegó a la Alcaldía, tuvo que ayudarle económicamente por ese lío y los que adquirió con los Nule.
La verdad es que el discurso de independencia y renovación con que llegó Char a la Alcaldía poco tiene qué ver con su administración hoy. Ha perdido capacidad de maniobra y su gestión está siendo cuestionada por los sectores gremiales y las veedurías ciudadanas, que pese a que en el pasado han admirado su gestión están llamando la atención por actuaciones recientes que no se ven muy transparentes.
La Triple A es la empresa de servicios pùblicos de Barranquilla. Fue concesionada a una empresa española hasta 2013 y tiene una prórroga, que no convence a la Alcaldía, por veinte años más.
En junio del año pasado Manuel María Márquez, el representante de una veeduría ciudadana de Barranquilla y claro opositor de los gremios y de la Alcaldía, reveló en rueda de prensa algunas conversaciones telefónicas entre el entonces secretario de movilidad, Enrique Berrío, y el entonces presidente del Comité Intergremial, Arturo Sarabia. En las charlas hablaban del veedor en términos desobligantes y aparentemente intentaban armar un plan para desprestigiarlo e incluso plantearon la posibilidad de demandarlo ante la Fiscalía aunque tuvieran que hacerlo con testigos falsos.
La publicación desató un verdadero escándalo en Barranquilla pues las conversaciones privadas dejaron en evidencia comportamientos poco elegantes por el lenguaje soez y porque quienes hablaban han sido fuertes críticos de las prácticas ilegales en las administraciones de la ciudad y el departamento.
Luego se fueron revelando nuevas grabaciones producto de chuzadas ilegales. Estas conversaciones, que a cuentagotas fueron divulgadas durante los tres meses siguientes en Barranquilla, parecen haber sido grabadas entre marzo y julio de 2008 e involucran a los funcionarios más cercanos a Alex Char, asesores suyos y algunos de sus secretarios privados. A quienes están grabados les contaron que son más de 60 horas grabadas.
La grabación y divulgación de la versión barranquillera de las chuzadas coincide con la revisión que realizaba la administración distrital de las concesiones que los expertos habían calificado como “exóticas” y como responsables de la “captura de las únicas rentas de la ciudad”.
Cuando se grabaron, la Alcaldía acababa de emitir una resolución para terminar la cuestionada concesión de recaudo tributario de la empresa Métodos y Sistemas y cuando se divulgaron, se revisaban 13 más entre las que se cuentan el manejo de la semaforización y la señalización. Los que las grabaron al parecer querían chantajear al Alcale e impedir que entrara en vigencia un otrosí firmado por la alcaldía anterior un par de días antes de entregar su mandato y que implementaba la detección electrónica de infracciones de tránsito.
En su momento, Berrío dijo que las grabaciones tenían “origen en las mafias que han tenido asiento en el Distrito, que se han aprovechado del erario y que han tenido representación política”. Y dijo también que el objetivo no era él sino la administración y que tal vez lo que se buscaba era presionar al Alcalde Char para que reversara decisiones en el tema de las concesiones y contratos. Dos de las grabaciones fueron a dos de los abogados barranquilleros que asesoraban el tema de las concesiones para la Alcaldía. A ellos les llegó un correo electrónico con las grabaciones que no han sido publicadas. Una señal de advertencia.
Desde hace algunas semanas en medios de comunicación de Bogotá rota un CD con otra grabación proveniente de La Arenosa. Se trata de una charla informal entre el asesor privado del alcalde Char, David Maestre, con Tomás Jaramillo, uno de los principales accionistas de Interbolsa, que está casado con la prima de Maestre.
En ella hablan sobre la posibilidad de venta de la Triple A, la empresa de servicios públicos de Barranquilla que está también concesionada. Maestre le dice a Jaramillo que los españoles quieren vender la empresa, que están angustiados porque el Distrito les quiere quitar el subsidio y eso los dejaría sin capital. Y así era. De hecho, Char ha dicho en varias ocasiones que anularán la prórroga de la concesión que va hasta 2023 y comienza en 2013 y la base de su reclamo era el pago de los subsidios.
Dado que Maestre es el representante de Char en la junta directiva de la Triple A, algunas personas piensan que se podría tratar de uso de información privilegiada dado que de la conversación se deduce que Jaramillo estaría interesado en comprarla. Durante las juntas a las que asistía Maestre los directivos de la Triple A comentaban los estados financieros y las posibles decisiones de Canal de Isabel II, la empresa estatal que maneja el agua en Madrid, España. Y tanto los estatutos de la empresa como la legislación comercial colombiana protegen bajo reserva todo lo que se diga en una junta directiva.
David Maestre dijo a La Silla Vacía que la grabación es “un registro adulterado de una conversación que en efecto existió”, que hay cortes que son evidentes y que así editado hace que se entienda la conversación en un contexto completamente diferente al de la conversación. Para el asesor del despacho del Alcalde esta conversación fue “alterada y manipulada”.
En consecuencia, el alcalde prefirió no responder y dijo que lo hará solamente sobre el contenido de la grabación completa. La Silla Vacía se comunicó con la jefe de prensa de Interbolsa pero no quisieron hablar sobre el tema.
No es la primera vez que se habla de la posibilidad de la venta de la Triple A, pero un vocero de la empresa le dijo a La Silla Vacía que los propietarios no tienen intención de venta. Fuentes confiables dijeron que la realidad es que los españoles requieren de la prórroga de la concesión para lograr ganancias porque hasta ahora el manejo de la Triple A sólo les ha implicado inversión.
La existencia de esta grabación, y la de muchas más que no se han divulgado públicamente, es un secreto a voces en Barranquilla. El contenido de las conversaciones ha sido un escándalo pero también lo ha sido el que alguien esté chuzando ilegalmente. Un par de las víctimas con quienes habló La Silla Vacía, creen que las grabaciones podrían venir de algún organismo estatal pues se trata de material de altísima calidad. El tema fue denunciado ante la Fiscalía y actualmente está en la etapa de recolección de pruebas en la Fiscalía 51 de Patrimonio Económico de Barranquilla.
Aunque lo que más se ha divulgado son las conversaciones de empresarios, en las charlas siempre hay un funcionario cercano al Alcalde Char. Por eso la investigación indicaría que las chuzadas estaban dirigidas hacia la administración distrital.
Después de las grabaciones de junio del año pasado, la Alcaldía no ha tomado ninguna decisión sobre las concesiones. Aunque Jaime Pumarejo, el asesor de la Alcaldía en ese tema, aseguró que varias de ellas están en estudio jurídico, para algunos ciudadanos barranquilleros conocedores del tema de contratación estatal y consultados por La Silla Vacía, pareciera que el Alcalde está chantajeado y con ello le ataron las manos.
La Silla Vacía estuvo en Barranquilla y buscó infructuosamente durante varios días hablar con el Alcalde.
La detección electrónica de infracciones de tránsito y la semaforización, así como el ornato de la ciudad están en manos de la empresa Construseñales que algunos acusan de tener oscuros poderes detrás.
Las concesiones más cuestionadas por lo que representaban en menores ingresos para la ciudad y por sus propietarios eran, en su orden, el recaudo tributario del Distrito, el alumbrado público, el mobiliario urbano y la malla vial.
El asesor en el tema de las concesiones, Jaime Pumarejo, explicó a La Silla Vacía que lo que busca el Distrito es recibir más porque se lo merece. Por ello, según Pumarejo, la Alcaldía contrató varias firmas de abogados que estudian con lupa cada contrato para ver la forma en que se pueden revocar o negociar. Hasta ahora sólo ha sido terminado unilateralmente el contrato de la concesión de recaudo tributario, y otras concesiones han sido renegociadas.
Para el director Ejecutivo de la Fundación ProTransparencia Atlántico, Horacio Brieva, esas negociaciones realmente no han significado cambios sustanciales.
El primer objetivo del alcalde Char, y hasta el momento el único que ha conseguido, fue el contrato de recaudo tributario que tenía la empresa Métodos y Sistemas. Esa concesión fue firmada por el ex alcalde Bernardo Hoyos pero luego de varias demandas quedó en firme por veinte años bajo la administración de Humberto Caiaffa.
Durante 2007, ese contrato le costó al Distrito 21 mil 400 millones de pesos y el año en que se canceló el contrato se calcula que los ingresos del concesionario habría alcanzado los 29 mil millones de pesos.
Pero más allá de lo oneroso que resultaba este contrato para el Distrito, información revelada en los últimos años revela que la empresa Métodos y Sistemas era una empresa con socios oscuros, tanto del narcotráfico como de los paramilitares.
Sobre estas relaciones ya comenzó a hablar ante la Fiscalía alias “Gonzalo”, el jefe político de Jorge 40, quien aseguró que los paramilitares financiaron al ex alcade Guillermo Hoenigsberg. Y que Hoenigsberg tendría tratos con Jorge Lozada, conocido con el alias de “Manotas” y quien fue asesinado por sicarios en Barranquilla. Después de esto, Métodos y Sistemas pasó a manos de empresas panameñas, una de las cuales era representada por el esposo de una prima hermana de Jorge 40.
Pero además, la compañía tenía también nexos políticos, pues el representante legal y miembro de la junta directiva era Ricardo Varela, un abogado administrativista, ex contralor del Atlántico y quien siempre fue la mano derecha de Fuad Char, el papá de Alex Char.
La terminación del contrato fue ratificada por el Tribunal Administrativo del Atlántico y hoy cursa una demanda ante el Consejo de Estado. Pero mientras tanto, la administración está negociando una liquidación por 15 mil millones de pesos que, según Pumarejo, corresponden a la etapa en que estuvo en litigio el contrato pero representa un pago mínimo ante lo que era el contrato total.
El siguiente contrato en ser intervenido fue el de Alumbrado Público que tenía la firma Diselecsa Ltda.
Este contrato fue terminado en septiembre de 2008, pero un año después, luego de varias acciones legales, la administración decidió revertir la acción y firmar un par de otrosí que básicamente fijan la modificación de las tarifas para los tenderos del Distrito y reduce la ganancia del concesionario en 25 por ciento. La razón para esto, según explicó la Alcaldía a La Silla Vacía, es que era conveniente para la ciudad por los costos que podría tener una decisión judicial en contra de la terminación unilateral del contrato.
Otro de los contratos cuestionados es el de mobiliario urbano y publicidad visual exterior que está en poder de Construimos y Señalizamos Ltda., Construseñales. Este contrato está por diez años y contempla la semaforización y señalización de la ciudad y el manejo de las multas de tránsito con la ganancia del 50 por ciento de los comparendos. Adicionalmente, en noviembre de 2007 se le añadió un otrosí con el convenio para la instalación del sistema de fiscalización de tránsito que contempla básicamente la instalación de modernos equipos para la detección de infracciones.
Esos equipos son cámaras que suministra una empresa brasileña y que fotografían a los vehículos cuando cruzan un semáforo en rojo o llevan más velocidad de la debida. El tema causó caos en Barranquilla y por ello la concesión tuvo que llenar de señales de velocidad la ciudad y ubicar unos contadores de tiempo junto a los semáforos para que los conductores pudieran reducir la velocidad (ver foto).
Desde que el alcalde Char, elegido pero no posesionado, se enteró de este contrato pidió que no se formalizara y dijo que el propósito era bueno pero que no era viable financieramente. La puesta en marcha del convenio estuvo en stand by durante más de un año pero finalmente se puso en marcha y ahora los estudios financieros y jurídicos de la Alcaldía dicen que el contrato de concesión es totalmente legal.
En cambio de terminar la concesión, el Distrito le dio otro convenio a Construseñales, por el cual obtiene el 90 por ciento de los ingresos por cuenta de la publicidad en los paradores de buses, a lo que es necesario sumar el costo de cada señal nueva que también contratan ellos.
En cuanto a la Triple A, la concesión de la firma Canal Isabel II que maneja los servicios públicos en la ciudad, la Alcaldía quiere dar por terminado el contrato porque considera inconveniente la prórroga entre 2013 y 2023 porque las ganancias se están quedando en la empresa y no se retribuyen a la ciudad.
Sin embargo, no ha sido aún ejecutada porque existen dudas jurídicas. Actualmente, según explicó Pumarejo, el estudio está a cargo de Capital Advisory que dirige el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes. Mientras tanto, se han negociado varios laudos que han resultado favorables para la ciudad. Pumarejo dijo que incluso la administración está dispuesta a negociar con la Triple A para tener mayor beneficio.
No son las que quita, sino las que entrega
Pero las críticas a Alejandro Char no solo se originan en las concesiones y contratos que no ha tumbado pese a las muchas promesas públicas que hizo, sino también a las que está entregando. Según el Comité Intergremial y la Fundación Protransparencia del Atlántico, varias generan dudas.
El más reciente de estos contratos fue la entrega, la semana pasada, de la concesión del Corredor de Carga y Acceso Portuario del Distrito de Barranquilla y el saneamiento del Caño Ahuyama y la Avenida de los Estudiantes. El contrato no solo incluye la realización de los estudios y los diseños, sino también la financiación, gestión social, predial y ambiental hasta la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento.
La Cámara Colombiana de Infraestructura hizo una advertencia al Alcalde Char y al ministro de Transporte, Germán Cardona. En una carta, Juan Martín Caicedo Ferrer les dijo a los dos funcionarios que los requisitos en el pliego de condiciones resultaban “restrictivos” porque eran pocas las empresas que podían cumplirlas. Y fue así. De diez firmas interesadas sólo una, Sociedad Futura Convías S.A., cumplió con las condiciones y finalmente resultó beneficiada con la adjudicación.
La firma es una unión temporal conformada por tres compañías, una de ellas de la familia Gerlein. En un editorial, el periódico El Heraldo calificó la obra como estratégica y por ello advirtió sobre la necesidad de hacer vigilancia minuciosa y pidió a la Alcaldía que a la hora de firmar los contratos incluyera un examen periódico a cada parte del proceso.
No se oyeron tampoco las voces del Comité Intergremial ni de los voceros de los barranquilleros que pidieron conocer el monto exacto del contrato, cosa que nunca ocurrió. Se calcula que la obra podría costar 180 mil millones de pesos pero apenas son aproximaciones. El contrato incluye también un peaje y ese monto tampoco fue definido. También ProTransparencia hizo un llamado para que se mejoraran las condiciones y se permitiera la entrada de más proponentes.
La situación que advierten los gremios es que este caso de proponente único para las concesiones de Barranquilla se volvió repetitivo. Esto ocurrió con la entrega del contrato de chatarrización de los vehículos que salen del servicio por la entrada de operación de Transmetro y también con el del mantenimiento y construcción de colegios en el Distrito.
Las urbanizaciones Campo Alegre y Ciudad Jardín bien fueron construidas por una empresa de Alex Char. Ahora están a punto de caerse y cerca de cinco mil personas podría perder sus viviendas.
El primer tema es el de las urbanizaciones de estratos tres y cuatro llamadas Campo Alegre y Ciudad Jardín que fueron construidas sobre una falla geológica y hoy están a punto de derrumbarse. Allí viven más de cinco mil personas. La construcción estuvo a cargo de varias empresas, entre ellas una de Alex Char.
Ya algunos de los edificios han sido desalojados y el resto está en estudio. Quienes deben pagar la reubicación de los compradores y además devolver la plata de su inversión son los constructores, uno de los cuales es el Alcalde de Barranquilla.
Pero también están los escándalos por su relación con el cuestionado grupo Nule. Char está casado con Katia Margarita Nule Marino, hija de Guido Alberto Nule Amín y hermana de Guido Nule, uno de los tres primos que están en medio de la debacle.
Por un lado, está el escándalo del contrato de la Unión Temporal DIAN 2006, firmado por 51 mil millones de pesos con la DIAN y ejecutado cuando Char ya era funcionario público y que el nuevo director de la DIAN pasó a liquidación judicial por incumplimiento (ver artículo).
Y a nivel local, está el escándalo de Transmetro. A pesar de que Alejandro Char es miembro de la junta directiva de Transmetro, para la concesión de operación y explotación del sistema de recaudo del sistema, se eligió a Transvial, que pertenece en un 45 por ciento al Grupo Nule y que está amparada por la ley de insolvencia de 2006.
Adicionalmente, Alejandro Char, Guido Nule Marino y sus primos Miguel y Manuel se favorecieron con un préstamo de la Dirección Nacional de Estupefacientes a través de Fiduagraria por 25.980 millones de pesos que habían sido incautados al narcotráfico.
Ese dinero era una especie de adelanto para la Sociedad Futura Concesión Autopista Bogotá-Girardot, con un consorcio de empresas de ingeniería conformado por Alejandro Char, MNV S.A., Gas Kapital, Vergel y Castellanos Ingenieros Asociados y Álvarez y Collins S.A., ganadores de la licitación para la construcción en concesión de la doble calzada Bogotá- Girardot.
En consecuencia, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 13.709 millones de pesos contra dos sociedades del llamado Grupo Nule y directamente contra Alejandro Char. Además, la Contraloría embargó los bienes de todos los responsables, entre ellos el salario de Char.
Ese dinero que debían a la DNE y los recursos que se han pagado a los habitantes de las urbanizaciones derrumbadas ya han sido cancelados por Alex Char, pero no han salido de su bolsillo que hoy no está en las mejores condiciones.
Quien ha hecho efectivos esos pagos es la familia Char, específicamente su padre Fuad Char, quien según contaron tres fuentes cercanas al llamado clan Char, decidió intervenir mucho más de cerca en todos los negocios y decisiones de su hijo.
Esas mismas fuentes dijeron a La Silla Vacía que por eso aunque Alex rechazó el capital político de su padre durante la campaña que lo llevó a la Alcaldía para poder ser independiente de su clan familiar, ahora Fuad Char le reclama con participación en las decisiones de la Administración como una contrapartida al dinero que le prestó para pagar todas estas deudas.
