Las obras de la Estrategia Sacúdete, la principal política del gobierno de Iván Duque para la juventud, se han usado para consentir a aliados del Gobierno. Eso, más fallas de planeación, han llevado a que las obras para el bienestar de los jóvenes hayan salido más caras y se hayan demorado más de lo previsto.
El Gobierno ha definido los Sacúdete como “el antídoto contra la violencia en Colombia”. Además de programas para los jóvenes, incluye una suerte de polideportivos para que usen su tiempo libre, se mantengan en el sistema educativo e incluso desarrollen emprendimientos.
La mayoría de los más o menos 300 mil millones de pesos que se han dirigido a hacer esos centros sale de Fonsecon, un fondo creado para invertir en seguridad ciudadana, que depende del Ministerio de Interior y que diferentes ministros han usado para aceitar maquinarias aliadas desde la era Uribe.
Fonsecon financia polideportivos desde la era Santos, cuando La Silla demostró que los recursos se usaban para mantener aceitada la coalición santista: los alcaldes pedían un polideportivo, un congresista aliado los apadrinaba en el Ministerio y, si el proyecto cumplía los requisitos técnicos, se entregaba con lógica política.
Eso fue algo que denunció el uribismo pero que se repite ahora.
“El Alcalde que quiera quedarse con un Sacúdete tiene que cumplir con unos requisitos técnicos, pero para que el Ministerio lo avale hay que ser de los afectos del Gobierno”, le dijo a La Silla un congresista que ha gestionado varios de esos proyectos sin éxito para su región.
“El lapicero está en el Ministerio. La política es la que decide qué jóvenes se van a beneficiar”, nos aseguró otro congresista. “Uno acompaña al Alcalde en el proceso, pero el sí no depende solo de que cumpla, sino de que la palanca sea de los más cercanos”.
Otros seis congresistas con los que habló La Silla Vacía, incluidos dos que hacen parte de la coalición de Duque, dieron versiones similares, todos bajo la condición de no ser citados para evitar problemas. Pero es una realidad conocida en el Congreso.
Por ejemplo, durante la moción de censura a la exministra TIC, Karen Abudinen, un congresista del Centro Democrático manifestó que la situación para ella estaba tan mal que “no hay Sacúdete que valga”. En cambio un opositor de la Alianza Verde creía que podían incidir: “Los Sacúdete son la moneda de cambio”, dijo.
El ofrecimiento de esos proyectos, según un congresista de la coalición que pidió reserva para hablar con sinceridad, viene de años atrás. “¿Que si usan esos Sacúdete para hacer política? Sí, eso es cierto. Me llamaron, me dijeron que en qué municipio quería uno, pero por lo menos a mí no me cumplieron”, aseguró, refiriéndose a un momento en el que tuvo un cargo directivo en la Cámara.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, le dijo a La Silla que esa es una percepción que no obedece a la realidad, porque el trámite para definir los beneficiarios del proyecto es técnico.
“El secreto de esto es que el proyecto se haya viabilizado técnicamente. Aquí nunca se pregunta de qué partido político es el alcalde. Se maneja técnicamente”, aseguró. “Nunca yo he llamado a un congresista a decirle vote por esto a cambio de un Sacúdete. Eso no ha pasado nunca. Nuestro actuar no es así”.
Aunque así sea, al revisar 106 de los 256 convenios para financiar Sacúdete que hasta ayer había viabilizado el Ministerio del Interior y que equivalen a 136 mil millones de los 340 mil millones de pesos que han sido destinados para esta infraestructura en el Mininterior, encontramos que en por lo menos 59 algún congresista ayudó a gestionarlos.
Para ellos, ayudar a que los municipios reciban esos centros favorece su relación con los alcaldes y con los pobladores, con la lógica ”obras son amores”, y por eso lo hacen público: