La minSalud moviliza apoyo social a su reforma y margina a las EPS

La minSalud moviliza apoyo social a su reforma y margina a las EPS
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La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha dicho que presentará la reforma a la salud la primera semana de febrero cuando arrancan las extras del Congreso. Hasta ahora, es una reforma cuyo texto nadie —salvo el presidente— ha podido ver. 

Mientras Gustavo Petro la lee, Corcho ha venido movilizando al movimiento de la salud del que ella proviene, y que saldrá a las calles el 14 de febrero en defensa de una megareforma cuyo principal objetivo es acabar con el rol central que juegan hoy las EPS.

A las EPS, en cambio, las ha mantenido marginadas de la discusión, puesto que la ministra parte de la premisa de que esta reforma es producto de un mandato popular y que por lo tanto, ella no tiene por qué concertar con nadie diferente a Gustavo Petro.

La ministra consigue apoyos entre los suyos

Reformar el sistema de salud, eliminando el papel central que juegan hoy las EPS, fue una de las promesas de Gustavo Petro más discutidas y más polémicas durante la campaña presidencial. La división de opiniones persiste en la sociedad e, incluso, dentro del mismo gabinete presidencial.

El presidente y la ministra Corcho consideran que el sistema de salud colombiano es uno de los peores del mundo, en particular por las altas cifras de mortalidad materna. Alegan que los recursos de la salud no deberían ser manejados por privados porque no privilegian la atención en salud como un derecho, sino como un negocio.

En cambio otros, como el exministro de Salud de Santos y ahora ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dicen que el sistema ha logrado conseguir una cobertura casi total y que, además, es uno de los países de la región en los que la gente tiene que gastar menos plata en salud. 

Más allá de la orilla donde uno se ubique, la complejidad de esta reforma es inmensa porque las EPS manejan entre unos 60 billones de pesos al año y las historias médicas del 99 por ciento de la población. Si se aprueba la reforma a la salud, estos recursos entrarían a ser administrados directamente por el Estado, a través de la Adres.

Sin embargo, la ministra, lejos de hacer un esfuerzo por explicar y concertar la reforma con sus principales dolientes para que llegue al Congreso con unos mínimos de consenso, ha escogido como estrategia reforzar el apoyo de la Cumbre Social y Politica Reforma Estructural Salud, el movimiento social al que ella pertenece, y del que salen las ideas principales que nutren su reforma.

La Cumbre reúne a representantes de médicos como la Federación Médica Colombiana, a la Asociación Nacional de Internos y Residentes; y a sindicatos de trabajadores, como la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Colombiana de Trabajadores (CTC).

De acuerdo con Fabio Arias, de la CUT, la última reunión de la Cumbre con la ministra fue el 12 de enero en el ministerio de Salud, en Bogotá.

“Allí la ministra nos planteó las cuatro líneas generales de la reforma. Nosotros expresamos nuestro apoyo. Y dijimos que estamos plenamente de acuerdo con eliminar la figura de las EPS —le contó Arias a La Silla— Ya empezamos a hablar con los compañeros para compartir ese mensaje y también salir a las calles el próximo 14 de febrero para defender a la salud como un derecho, no como un negocio”.

Para ese 14 de febrero, precisamente, el Gobierno de Gustavo Petro convocó una movilización para apoyar el grupo de reformas a la seguridad social. En su defensa, Petro argumentó en Twitter que “la plaza pública también es un lugar de discusión”.

Aunque Arias tampoco ha visto el texto de la reforma, le dijo a La Silla que los sindicatos y miembros de esa Cumbre la apoyan porque atiende un viejo reclamo de los trabajadores y de esas organizaciones. “Desde que se hizo la reforma a la ley 100 se formuló una privatización de los derechos fundamentales a la salud. Y esta reforma ve a la salud como un derecho y no como un negocio”.

La ministra también se ha reunido en los últimos días con congresistas de la comisión Séptima, donde se dará el primer debate de la reforma.

Esta semana, por ejemplo, atendió al representante Liberal de Boyacá, Héctor Chaparro, quien se llevó una comitiva de alcaldes y gerentes de hospitales que le pidieron a la ministra Corcho más recursos para sus hospitales.

Chaparro destacó la atención y buena respuesta de la ministra. 

Así, poco a poco, construyendo apoyos desde las bases de la pirámide de la salud y facilitando espacios para que también lo hagan en sus regiones los congresistas encargados de aprobarla en primer debate, la ministra se prepara para llevar al Congreso la reforma que le dará la estocada a la ley 100, la ley que regula la seguridad social impulsada en 1993 por el entonces senador Álvaro Uribe.

La transición confusa de las EPS

Mientras tanto, las EPS esperan en la incertidumbre a conocer una reforma de la que solo saben que significa el debilitamiento o el fin de su sector.

Esto, a pesar de que el 16 de septiembre de 2022, el ministerio de Salud publicó un comunicado en el que decía la reforma sería ampliamente discutida. “Nuestra intención es presentar en las próximas semanas el documento para el debate público, para que se discuta con tranquilidad, se dialogue y se mejore", dijo en ese entonces la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Hoy, cuatro meses después, no lo ha hecho.

Una fuente del Minsalud que prefirió no revelar su nombre para dar más detalles, le contó a La Silla que la idea de la ministra Corcho es que una vez radicado el proyecto se convoquen unas audiencias públicas para discutir la reforma con la ciudadanía, incluyendo las EPS.

Frente a las EPS, la estrategia de la ministra hasta ahora ha sido ignorar a los gremios que las representan como Gestarsalud, que reúne a las EPS del régimen subsidiado; Acemi, que congrega a las otras EPS del régimen contributivo; y la cámara de salud de la Andi. Y hablar directamente con las empresas.

El 22 de diciembre, Corcho finalmente se reunió con varios presidentes de EPS en su despacho. Estuvieron Sanitas, EPS Sura, Salud total, Audifarma y Compensar, que son algunas de las que más tienen afiliados tienen.

Pero desde un principio fue claro — según supo La Silla—que su objetivo no era concertar la reforma ni lograr unos mínimos acuerdos. Corcho se enfocó en exponer cuáles son para ella los principales problemas del sistema de salud y plantear cómo sería la transición para acabar el rol de las EPS en dos años.

“La ministra creó un escenario de diálogo en el que no se están debatiendo los detalles de la reforma, sino que se le dijo a las EPS cuál sería el camino para que no manejen recursos, sino que se conviertan en administradoras de redes de hospitales y clínicas”, explicó una fuente del sector privado que conoció de primera mano los detalles de la reunión.

Con poca información disponible, y navegando en un mar de filtraciones de supuestos apartes de la reforma, las EPS han optado por esperar a ver el texto una vez lo presente para definir el curso de acción.

“Hasta el momento, el único que conoce ese documento es el presidente, que tiene el documento desde principios de enero en su despacho”, le contó a La Silla el asesor de una de las EPS y lo verificamos con una fuente del ministerio de Salud que lo sabe de primera mano.

Por lo pronto, las EPS han optado por recurrir a funcionarios de Hacienda, de Comercio y de Planeación para indagar por detalles de la reforma, y para abogar por sus intereses y los de sus afiliados que creen que quedarían a la deriva bajo el nuevo esquema.

Pero es poco lo que han conseguido por esa vía porque, según supo La Silla por un funcionario de Hacienda, cuando del Ministerio fueron a pedirle a la ministra los detalles de la reforma para evaluar su impacto fiscal, la ministra les dijo que su “reforma era la del pueblo”, y que por eso solo recibiría comentarios del presidente Petro. Tampoco se las dejó ver. 

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