Con su posesión en los próximos días, la abogada Carmen Ligia Valderrama se convertirá oficialmente en la tercera ministra TIC del gobierno de Iván Duque. Como su antecesora, Karen Abudinen, llega al cargo sin experiencia en el sector de telecomunicaciones. Y llega con una historia de diferencias con un gremio clave en la economía digital: las plataformas de transporte.
Como superintendente de Transporte —cargo en el que estuvo desde octubre de 2018 a abril de 2020— Valderrama sancionó a Uber por promover servicios no autorizados de transporte de pasajeros. Asimismo, como Viceministra de Transporte, desde el año pasado, “torpedeó consensos” para lograr una reglamentación de las plataformas en el Congreso, según denunció el congresista Mauricio Toro, autor de uno de los proyectos que tenía el apoyo de varias bancadas, incluida la coalición de Gobierno.
Con su nombramiento, el impulso inicial del Gobierno Duque para lograr solucionar la novela regulatoria con las plataformas de transportes, como Uber, que viene desde el Gobierno Santos, se ve frenado. Un golpe para el legado modernizador en tecnología al que aspira a dejar Duque.
Pero, a 10 meses de terminar el mandato, las prioridades parecen estar más enfocadas en lo que la nueva ministra sabe hacer: arreglar la contratación pública y cerrar el proceso de la licitación para conectar a 7 mil colegios rurales con internet, tras la debacle con Centros Poblados, que produjo el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Duque.
Ministra para la crisis de contratación
Carmen Ligia Valderrama es abogada con especialización en derecho de negocios. Lleva 25 años de carrera alternando entre la docencia en la Universidad Externado y el sector público. Fue superintendente delegada de Comercio (en 1999 y 2012) y superintendente de Transporte, designada por Duque. Desde el 2020 es viceministra de Transporte.
El nombramiento en el Ministerio TIC fue para el sector una sorpresa porque no estaba en el radar, según nos dijeron tres directivos gremiales. Pero dentro del Gobierno había pocas alternativas. Era un puesto poco atractivo, con solo 9 meses, entre esos una campaña electoral. Y en el puesto debía llegar una mujer, para mantener la Ley de cuotas.
“A menos de un año de terminar mandato nadie te renuncia para quemarse en un ministerio”, nos dijo un directivo gremial del sector TIC que supo de la movida. Una declaración similar nos dio un funcionario de Palacio que conoció del nombramiento.
Luego de la renuncia de Abudinen —a pedido de Duque tras quedar sin respaldo político — el presidente siguió su línea de hacer enroques dentro del gabinete: fueron barajados los nombres de las consejeras Clara Parra (de competitividad) y Ana María Palau (de regiones); además de Valderrama. Por fuera, se habló de Gale Mallol, presidenta de Asotic y de Ana María Quessep, directora de BPO.
Según una versión, que no pudimos corroborar con otra fuente independiente, el nombramiento de Valderrama fue promovido por su jefa, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Dos fuentes más nos dijeron que la voz de peso en el nombramiento fue la de Víctor Muñoz, director administrativo de Palacio, quien, además de ser la mano derecha del presidente, tiene un pie en el manejo de minTIC.
Valderrama ya había mostrado capacidad de ejecución en crisis: le fue encargada la labor de garantizar el abastecimiento de las ciudades tras los cierres de fronteras y que los servicios de transporte se siguieran prestando a los trabajadores esenciales durante las cuarentenas. “Fue la viceministra del covid”, nos dijo un exjefe de la funcionaria. “Eso tiene mucho mérito de aguante”.
De todos modos, como su antecesora Abudinen, Valderrama no tiene experiencia en el sector TIC. Y de los sectores que impulsan la regulación del transporte le cobran que llegue a una cartera de tecnología -un tema del corazón del presidente- con una relación de mano dura con las plataformas que manejan estos servicios, que siguen sin estar regulados en el país.
El lastre con las plataformas
“Me preocupa que en términos de plataformas digitales la ministra, cuando fue viceministra de transporte, fue una gran opositora”, nos dijo el representante Toro, una de las voces cantantes desde el Congreso para que las plataformas tengan una reglamentación.
En el gremio de las plataformas el nombramiento fue visto con recelo.
“La junta ha sido cuidadosa en no opinar del nombramiento justamente porque con ella hay antecedentes”, según nos dijo un miembro de Alianza In, el gremio que reúne a las principales plataformas que funcionan en el país, entre ellas Uber, Didi, Beat y Rappi.
Contexto
Una opinión similar nos dio otro miembro de ese grupo, en referencia explícita a las decisiones de Valderrama dentro de la Superintendencia y el Viceministerio contra las plataformas.
Las primeras medidas llegaron en 2019. El 6 de diciembre, la entonces superintendente Valderrama ordenó el inicio de una investigación a Uber por no cumplir la orden de dejar de promover, con voceros, entrevistas o vallas publicitarias, sus servicios de transporte público. A los 12 días, el 18 de diciembre, su despacho sancionó a la empresa con 414 millones de pesos.
Se trata de un proceso que inició en la Superintendencia de 2016, en el Gobierno Santos, en el que la entidad le pidió a la empresa “abstenerse directamente o a través de voceros proponer la prestación ilegal de servicios públicos de transporte”.
El 19 de diciembre de 2019, la Superintendencia de Comercio también sancionó a Uber y generó que la empresa saliera por unas semanas del país.
En 2020 vinieron otras investigaciones en el sector transporte: la Superintendencia, en cabeza de Camilo Pabón (hoy designado viceministro de Transporte en reemplazo de Valderrama) abrió una investigación contra Didi, Cabify y Beat, también por promocionar sus servicios. Y en noviembre de ese año, emitió una circular para que las alcaldías y gobernaciones sancionaran con multas a los carros particulares que prestaran ese servicio.
Actualmente esa circular está demandada por el gremio de plataformas ante el Consejo de Estado, en el que, dice este subsector, es la última muestra de una “persecución del Gobierno”, contra este tipo de tecnología.
El impulso del Gobierno a apoyar una reglamentación quedó corto. Arrancando el Gobierno Duque, el entonces consejero Muñoz, el viceministerio de Transporte al que llegó Valderrama y el ministerio TIC sostuvieron varias mesas de trabajo con este tipo de empresas para llegar a acuerdos.
Incluso para 2020, Muñoz y el Ministerio de Transporte anunciaron que acompañarían iniciativas en el Congreso para la reglamentación. Eso fue un hito, porque normalmente Transporte y TIC tienen posiciones contrarias dentro de los gabinetes en torno a la legalidad de las plataformas. Mientras en el sector TIC pesan los intereses de las plataformas, en el de transporte pesan los de los transportadores tradicionales, como los gremios de taxis.
Pero ninguna de las seis iniciativas radicadas el año pasado para reglamentar (de todos los tonos y de la mayoría de los partidos) pasó del primer debate. En algunos casos no hubo ni ponencias.
El que había logrado más apoyos era el del representante Toro a finales del año pasado. Según su versión, la entonces viceministra detuvo las concertaciones entre las plataformas de transporte, congresistas y Gobierno.
“(Valderrama) No permitió que tuviéramos mesas técnicas, ni tampoco que se avanzara en el proyecto, todo lo torpedeó”, señaló. “Cuando logramos un acuerdo y cedimos en un tecnicismo, de la nada el proyecto se cayó y fue por la movida del Gobierno, Palacios y Valderrama”, señaló el congresista, en referencia al ministro del Interior y a la hoy designada ministra TIC.
Otros tres congresistas de los partidos Liberal, La U y Centro Democrático que participaron en el debate nos confirmaron que las mesas sí llegaron a un punto muerto. Pero la razón fue que el Gobierno, en cabeza del minTransporte, cedió a la presión de taxistas que amenazaron con un paro.
“Un grupo importante de dueños de cupos de taxis, lobbistas y empresarios del transporte le exigieron al Gobierno que lo hundieran”, nos dijo uno de los congresistas consultados.
Al final, en mayo de este año, el último de los proyectos fue archivado por falta de votos a favor.
“Valderrama es muy institucional y la posición del Ministerio de Transporte fue la que ella siguió en el Viceministerio y la Superintendencia”, señaló una de las personas que trabajó con la nueva Ministra. “Falta ver qué pasa ahora en su nuevo rol”.
Ese antecedente pesa teniendo en cuenta que Duque ha tenido como una de sus principales banderas la innovación tecnológica: el internet de las cosas, la digitalización de los expedientes judiciales, la conectividad del país, la inteligencia artificial entre otros.
En algunos puntos hay avances, como la reglamentación y financiación que ya está aprobada para que los expedientes judiciales sean electrónicos; o la publicación de la política pública de inteligencia artificial la próxima semana. Pero en el caso de la regulación de plataformas, el Gobierno se ha quedado corto y no es claro cómo será el papel de Valderrama con los antecedentes de peleas con las plataformas.
“Hay un pendiente importante que tiene Colombia y es el poder ofrecerle mayor seguridad jurídica a los participantes de la economía digital”, dijo Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de la Tecnología sobre los retos de la nueva ministra.
Control de daños tras la salida de Abudinen
Ceder el billonario contrato del enlodado consorcio Centros Poblados a una nueva empresa es el reto más visible y mediático que le puso el presidente Duque a la ministra designada Valderrama.
Para los directivos de gremios consultados, el reto más importante, más allá de los aspectos técnicos será recuperar la confianza luego del escándalo.
“Estas circunstancias frenan las inversiones y retrasan los procesos para poder cumplir la meta propuesta de tener un país conectado”, dijo Gale Mallol, de Asotic. “El tiempo para hacer esto es corto, especialmente por la ley de garantías que entrará pronto en vigencia”, dijo Juliana Uribe-Villegas, de la plataforma Movilizatorio.
En MinTIC quedan procesos clave que Valderrama deberá atender una vez se posesione. La subasta del espectro 5G, la renovación a 20 años del espectro electromagnético a los operadores móviles, y la entrega de 240 emisoras comunitarias y étnicas.
Por ahora, el Ministerio sigue a punta de encargos en dos de sus cuatro despachos (el de la ministra y la Secretaría General). En los próximos días comenzará la nueva etapa de Valderrama en la entidad, una de la que depende el legado de la bandera de Duque en su política de modernidad y tecnología.
