El Consejo de Estado eligió a los tres candidatos para reemplazar a Alberto Rojas en la Corte Constitucional, de los que deberá elegir a uno el Senado. Rojas, un magistrado liberal, termina su período en febrero y el presidente Iván Duque tenía un candidato, su exembajador en La Haya, Alvaro Motta Navas, que finalmente desechó el Consejo de Estado. En su lugar, armó una terna liberal, con tres constitucionalistas con hojas de vida sólidas y experiencia en la Rama.
La Corte toma decisiones tan trascendentales como definir si se descriminaliza el aborto o tumbar leyes por inconstitucionales.
Aunque la terna define solo 1 de los 9 votos, pesa porque la Sala Plena, que define la constitucionalidad de las leyes y las tutelas de más impacto, no tiene una mayoría permanente. Cada voto cuenta y Rojas siempre vota liberal. Si lo reemplaza alguien más conservador, la Corte podría frenar cambios, especialmente en temas morales (magistrados como Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez o Gloria Ortiz son liberales en algunos temas y conservadores en otros).
Muchas tutelas se deciden en salas de 3 magistrados, donde un voto es decisivo, y los ponentes toman solos decisiones trascendentales como suspender una decisión del Estado mientras sale la tutela.
El o la elegida estará en la Corte durante todo el cuatrienio presidencial 2022-2026, y casi todo el 2026-2030, porque sus períodos son de 8 años.
Terna liberal y sin vínculos con el Gobierno
Los ternados, que eligió el Consejo de Estado tras revisar la hoja de vida de 43 inscritos, y hacer entrevistas con preguntas de derecho constitucional a los elegidos en una lista corta de 10 abogados, muestran que la Alta Corte eligió hojas de vida sólidas y de clara estirpe liberal.
Estos son:
Natalia Ángel, la de la academia: constitucionalista de la Universidad de Los Andes, es profesora allí desde 1997. Tiene una maestría en Harvard y un doctorado en la Universidad de York (Canadá) con una tesis sobre la implementación de sentencias constitucionales.
Es la única de los tres que ya fue ternada: por el mismo Consejo de Estado en 2020 y por Juan Manuel Santos en 2017.
En 2007 creó el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, Paiis, una clínica de derecho público enfocada en temas de desigualdad e inclusión. Allí, por ejemplo lideró la campaña para que Colombia ratificara la Convención de la ONU de derechos de personas con discapacidad.
De los tres, es la que tiene mayor trayectoria en la Corte Constitucional: arrancó como practicante (auxiliar ad-honorem) cuando estudiaba su pregrado, luego fue abogada del despacho de Carlos Gaviria entre 1996 y 2000, regresó entre 2008 y 2009 al despacho de Manuel José Cepeda y llegó a ser magistrada auxiliar, y en el segundo semestre de 2010 coordinó la sala de seguimiento a la tutela sobre desplazados (T-025).
Además, ha sido asesora de varias instituciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, en general sobre temas de justicia constitucional.
En esa trayectoria, Ángel ha propugnado por un derecho constitucional que más que resolver conflictos, promueva debates que incluyan a los ciudadanos, y en el que el juez constitucional impulsa avances en los derechos sociales, como lo que busca Paiis.
La misma Ángel le explicó esa postura al Senado en 2017, cuando Santos la ternó: “Para mí un buen juez constitucional es aquel que parte del texto de la Constitución, que tiene en el centro el compromiso decidido con el avance de los principios, valores y derechos que ella encarna”.
En esa elección arrancó cuesta arriba, porque había una favorita clara: la entonces secretaria jurídica de Palacio, Cristina Pardo. Las mayorías santistas sumadas a la entonces oposición de derecha eligieron a Pardo. Isabel Cristina Jaramillo sumó 3 votos y Ángel logró 30.
En 2020, en su segunda terna y cuando acababa de ser parte del equipo de empalme de Duque en temas de justicia, el Senado actual pues prefirió al hoy magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de perfil más conservador (el tercero fue Henao). Pero Ángel sacó 38 de los 102 votos y se dio a conocer entre quienes serán sus electores.
Héctor Riveros, el más visible: constitucionalista externadista, es el más visible por fuera de los círculos académicos y de litigantes, ya que tiene un alto perfil público como analista de Blu Radio y columnista de La Silla Vacía.
Además, ha sido cercano al Partido Liberal como director del Instituto de Pensamiento Liberal, el órgano académico y doctrinario del partido. Además, fue parte de la campaña liberal de Humberto de La Calle en 2018. Por todo eso, conoce a la bancada liberal en el Senado.
También ha sido cercano a otros políticos como Enrique Peñalosa, de quien fue Secretario de Gobierno en su primera alcaldía de Bogotá, y Antanas Mockus, a cuya candidatura a la alcaldía adhirió en 2000 cuando Riveros era el candidato de continuidad de Peñalosa.
De hecho, fue uno de los estrategas de la exitosa “Ola Verde” de 2010, que llevó a Mockus a segunda vuelta contra la poderosa campaña de Santos (que tenía el apoyo de toda la clase política y del entonces presidente Álvaro Uribe).
En su trayectoria ha demostrado ser defensor de ideas liberales, defensor del proceso de paz y de la Constitución de 1991, que ayudó a armar como magistrado auxiliar de la Sala Constitucional de la Corte Suprema (la antecesora a la Corte Constitucional con la Constitución anterior), viceministro de Gobierno de César Gaviria cuando se hizo la Constituyente y luego su último consejero presidencial para el desarrollo de la Constitución.
Como constitucionalista, defiende una Corte que aplique la teoría de la sustitución para proteger la integridad de la Carta, una que puede interpretar la Constitución para avanzar en la protección de derechos incluso más allá de lo que pensó la Constituyente de 1991, y una que sea un claro contrapeso al Gobierno y al Congreso.
También ha trabajado directamente en asuntos de paz y desarrollo territorial, pues fue director del Plan Nacional de Rehabilitación (un proyecto para financiar el desarrollo en regiones afectadas por el conflicto y desconectadas del resto del país) de ese mismo Gobierno, ha sido asesor en asuntos constitucionales de diferentes entidades del Estado.
Es conocida su distancia con Álvaro Uribe y el uribismo, hasta el punto de que se retiró de la campaña de Peñalosa a la alcaldía de Bogotá de 2011 cuando llegaron Uribe y el controvertido asesor JJ Rendón (lo siguió alentando pero ya desde afuera).
Tampoco es cercano al petrismo, como recuerda su defensa del voto en blanco para la segunda vuelta de las elecciones de 2018.
Respecto de la Corte, ha sido varias veces su conjuez lo es actualmente, una muestra de respeto dentro de los magistrados actuales.
Luis Manuel Lasso, el de la Rama: magistrado de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, está especializado en derechos humanos y en derecho constitucional, en lo que tiene en proceso un doctorado en la Universidad de Buenos Aires.
Es quizás el menos visible de los tres pero es conocido en la Rama porque ha hecho carrera allí y porque ha sido visible como magistrado, cargo en el que está desde 2007.
Abogado de la Universidad del Cauca (el único de universidad pública), fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado entre 2001 y 2007. Antes, duró siete años como asesor jurídico de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia durante gobiernos tan disímiles como los de Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Allí trabajó con Carlos Vicente de Roux, Sonia Eljach y Gustavo Bell.
Es magistrado suplente de la JEP, por lo que su elección es un mensaje fuerte al uribismo que sigue impulsando, como en un reciente proyecto del senador Ernesto Macías, eliminar o quitarle los dientes a ese tribunal de justicia transicional.
En el Tribunal de Cundinamarca ha sido ponente de decisiones sonadas como la sanción por 800 mil millones a Odebrecht, la negativa a salvar de urgencia las curules de paz que pidió el Gobierno Santos a fines de 2017 pero el aval a que las firmara o las medidas cautelares para garantizar la atención a usuarios de la EPS Medimás en 2019.
Es conocido por el trabajo previo de documentación antes de tomar decisiones y por su trabajo en la Escuela Judicial, donde ha encabezado capacitaciones y ha liderado un grupo de 10 magistrados de todo el país que se encarga de revisar las decisiones para mantener unificada la jurisprudencia.
Frente a la Corte Constitucional, le dijo al Consejo de Estado que defiende su papel de contrapeso a otros poderes (“las Constituciones son ataduras que se imponen las sociedades en tiempos de sobriedad para no sucumbir en épocas de ebriedad”, dijo) y que en general lo ha hecho bien.
La puja que perdió Duque
Le gran derrotado con esta terna es el Gobierno que se movió en favor de Álvaro Motta, un constitucionalista de tendencia conservadora a quien la Corte Suprema ternó en 2017 y quien se ha preparado desde incluso antes para ser magistrado de la Corte, de la que ha sido conjuez.
Es abogado javeriano con doctorado en en Derechos Humanos y Ordenamiento Constitucional de la Universidad de la Laguna (Islas Canarias) y maestría en Acción Política y Participación Ciudadana de las universidades Rey Juan Carlos I y Francisco de Vitoria, ha sido director de la especialización en Derecho Constitucional de la Javeriana.
En 2017 perdió en el Senado ante Diana Fajardo por apenas 5 votos, 48 a 43, con el apoyo de uribistas y algunos conservadores y senadores de Cambio Radical. Y en 2018 hizo parte del equipo de empalme del uribista Iván Duque, para temas de justicia.
Luego sonó como posible ternado a la Fiscalía General en reemplazo de Néstor Humberto Martínez, pero el Presidente finalmente no lo incluyó, sino que lo envió como embajador a La Haya, un cargo de importancia política dada la disputa con Nicaragua que se tramita en la Corte Internacional de Justicia que tiene sede en la capital de los Países Bajos.
Con ese peso en el pasado, más la cercanía a Duque que lo llevó a la embajada y a sonar como posible candidato del Presidente a la Procuraduría hace un año, pintaba como peso pesado en el Consejo de Estado. De hecho, se devolvió de La Haya a inicios de año con la meta de llegar a la Corte, y desde entonces inició su campaña.
Dos consejeros de Estado coinciden en que el Gobierno buscó que Motta quedara en la terna, aunque no quisieron explicar cómo. Eso coincide con la información que han publicado Daniel Coronell o Noticias Uno.
Como el presidente define otros magistrados, ya incidió al ayudar a elegir a su amiga de colegio, Paola Meneses. Además, ha incidido en otros cargos que permanecerán después de su cuatrenio, como la fiscalía en cabeza de su amigo de universidad, Francisco Barbosa; o la Procuraduría con su exministra de Justicia, Margarita Cabello.
La decisión de hoy se demoró porque había una competencia reñida entre Motta, el elegido Lasso y Marino Tadeo Henao, quien ya estuvo ternado y es muy cercano al expresidente César Gaviria.
Mientras los otros dos ternados fueron elegidos antes de mediodía, los consejeros debatieron toda la tarde entre esos tres candidatos, Finalmente ganó Lasso, el menos político de los tres y el único que viene de la Rama Judicial.
Sin Motta en la terna, Duque se queda sin la posibilidad de dejar una Corte más conservadora y de dejar un aliado que se sume a los que tiene en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
