La nueva tributaria es la derrota política de la visión económica de Duque

Mañana en la instalación de la nueva legislatura el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentarán la nueva reforma tributaria. 

La nueva reforma ha sido presentada como un triunfo del diálogo, de las conversaciones entre el ministro de Hacienda con líderes regionales, congresistas, voceros de partidos políticos, personas de la academia, empresarios, gremios y personas que se benefician de los programas sociales del Estado.

Como resultado de esos diálogos, el texto que presentarán mañana en el Congreso excluirá buena parte de los puntos de la anterior tributaria que causaron rechazo, y recogerá $15,2 billones adicionales para financiar programas sociales y cubrir buena parte del hueco fiscal a partir de 2023.

Sin embargo, para lograr recoger lo anterior, la propuesta del Gobierno de Iván Duque echa por la borda una de las grandes metas que se planteó cuando llegó al poder y el pilar de su visión económica: bajarles los impuestos a las empresas.

La visión derrotada

Iván Duque llegó al poder con la promesa de cobrar menos impuestos y generar más empleo. Su primera reforma tributaria se basó justamente en eso: bajar los impuestos a las empresas para que crearan más puestos de trabajo y le dieran un impulso a la economía.

Los resultados económicos antes de la pandemia le permitían al Gobierno sacar pecho; en el tercer trimestre de 2019, el país tuvo el mejor crecimiento trimestral desde 2014, 3,4 %. Analistas atribuyeron parte de este resultado a los descuentos de IVA que traía la reforma tributaria para compra de maquinaria y la reducción del impuesto de renta que tuvieron efectos directos en la inversión extranjera directa y en la creación de nuevas empresas.

A cambio, el Gobierno dejaba de recibir $9,5 billones anuales por cuenta de las exenciones tributarias creadas para el sector empresarial.

La otra parte de la promesa, la del empleo, estaba quedada. En enero, antes de la pandemia, la tasa de desempleo se encontraba en 12,9 %, más alta que en el mismo mes de 2018.

Pero la llegada de la pandemia y la convulsión política generada por la anterior tributaria que tuvo que retirar tan pronto la presentó lo obligaron a cambiar sus prioridades.

La pandemia se atraviesa

Por un lado, la pandemia y el cierre de las ciudades paralizó el sector productivo. En abril del año pasado la tasa de desempleo nacional llegó a su pico por encima del 19 % y en 2020, por primera vez en este siglo el país tuvo una recesión, su PIB cayó 6,8 %. 

Como en otras partes del mundo, en Colombia el gasto público se volvió esencial para mantener a flote la economía. La nación creó subsidios para empresas que mantuvieran los empleos (Paef), para las personas que no recibían apoyos del Estado y estaban en la línea de la pobreza (ingreso solidario), y aumentó los giros al sistema de salud para que respondieran a la pandemia. La consecuencia fue que entre 2019 y 2020 la deuda como porcentaje del PIB pasó de 52 a 66,7.

Pero mantener estos programas a punta de deuda no es sostenible financieramente. La solución a la crisis planteada por Alberto Carrasquilla, el exministro de Hacienda, fue una nueva reforma tributaria que recaudaba la mayor parte del dinero de las personas naturales, a través de un aumento en el impuesto de renta y un cobro de IVA a más productos de la canasta familiar. Y que, como sabemos, creó el mayor estallido social de este siglo.

Los empresarios rechazaron el aumento del IVA que proponía esa reforma, pero la propuesta mantenía e incluso bajaba el impuesto de renta para las empresas. 

De hecho, la reforma propuesta por Carrasquilla profundizaba la visión económica de Duque de que facilitarles la vida a los empresarios era el camino para la reactivación económica. Esto, a pesar de que el costo fiscal de los alivios tributarios creados en sus anteriores proyectos eran de $9,5 billones, casi equivalente a lo que pretendía recoger la reforma tributaria por cuenta del aumento del IVA.

La reforma que presentarán mañana significa un reversazo a esa promesa de campaña y a esa teoría de crecimiento. Por un lado, echa para atrás la posibilidad de que las empresas puedan descontar la totalidad del impuesto local de industria y comercio de su pago de renta; y por el otro, aumenta el impuesto de renta. Antes de la primera tributaria de Duque de 2018 estaba en 34 % y ahora será de 35 %. 

Incluso, medidas que en el pasado habían sido tildadas de “antitécnicas” por el Ministerio de Hacienda y el presidente Duque como la sobretasa para el sector financiero (que pondrá a bancos, fondos privados de pensiones y fiducias a pagar 38 % y no 35 % de impuesto de renta como los demás sectores) ahora están en la propuesta del Gobierno.

En cambio, la recomendación del comité de expertos del estatuto tributario —creado por Duque— de poner a pagar más impuestos a las personas naturales, en especial a los que más ganan, no se acoge en la nueva iniciativa. Mientras en la anterior era una prioridad.

“Su rol (el del Gobierno) se limitó, fruto de su debilidad presente, a indagar cuál reforma tendría posibilidad de ser aprobada por el Congreso. La gran paradoja es que la que cumple con ese requisito es la que echa para atrás buena parte de los cambios grandes al estatuto que el propio Gobierno, en épocas de mayor popularidad y en la que todavía defendía su visión de país, había introducido”, dijo en su columna de este fin de semana el profesor de Economía de la Universidad de los Andes Marc Hofsteter.

“Creo que esta reforma nos deja con un peor estatuto del que tenemos, pero, en este instante, creo que simplemente es la reforma posible”, complementó el académico a La Silla.

Y esa es una de las principales virtudes de la reforma.

La reforma posible

Desde la presentación de la reforma la semana pasada, quedó claro que al menos parte con el apoyo de varios partidos que se opusieron a la reforma anterior, entre ellos, el Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical y de la U. Es decir, toda la coalición oficial.

“El gobierno hizo un inmenso esfuerzo, el ministro de Hacienda lo ha hecho, y yo quiero hacerle un reconocimiento, porque es un ministro que logró por consenso esos 15,2 billones”, dijo a La Silla el representante del partido de la U, Óscar Tulio Lizcano.

Incluso en las comisiones económicas la oposición ha resaltado las ventajas de la propuesta.

“El tema financiero, bancario y las sobretasas de los bancos del 3 %  es algo importante que celebramos, algunos creeríamos tal vez que puede ser un poco más (…)  es una revisión de algo que antes nos decían que no se podía y ahora se puede”, dijo a La Silla el Representante David Racero, de Los Decentes.

El consenso entre los seis congresistas de comisiones económicas con los que hablamos para este artículo es que esta tributaria es favorable porque no toca a las personas, al IVA ni a las pensiones, y permite alargar, al menos temporalmente, programas sociales como el subsidio a las empresas (Paef), el ingreso solidario (a familias vulnerables) e implementa el programa de matrícula cero a estratos 1, 2 y 3.

“Nuestro partido está de acuerdo en apoyarlo (...) No veo grandes controversias en lo que se conoce del contenido de la reforma”, dijo el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araújo.

Aunque solo hasta mañana se conocerá el texto del articulado, hasta ahora, las propuestas de los congresistas que se han conocido para ajustar el proyecto no cambiarían el corazón de la reforma. Como sí ocurrió cuando se conocieron los primeros puntos del proyecto anterior.

El partido de la U quiere revivir el impuesto solidario, que pagarían los funcionarios públicos de altos salarios; el Centro Democrático, incorporar un mayor subsidio a 2 millones de adultos mayores, aunque no es claro cuál sería su fuente de financiación; y la Alianza Verde espera que se revise si el aumento al impuesto de renta debe ser igual a todas las empresas independientemente de su tamaño.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo a La Silla que esperan que el proyecto pase sin mayores contratiempos, y que cuentan con que al Legislativo lleguen propuestas que ajusten el texto del Gobierno.

Asegura que el aumento del impuesto de renta es un sacrificio que los empresarios, a través de sus principales gremios, anunciaron que están dispuestos a hacer, y que la ley alza la tarifa de manera permanente para tener un ingreso estable en el largo plazo que supere los $15,2 billones y les dé tranquilidad a los inversionistas.

Pero que en la misma ley dejarán un parágrafo que obligará al próximo Gobierno a evaluar al cabo de dos años cuál es el impacto que tendrá este nuevo aumento del impuesto de renta empresarial en la competitividad del país. 

La reforma que aprobará el Congreso en esta legislatura le permitirá al Gobierno mantener los programas sociales hasta el 2022, pero dejará al país con una de las tasas de tributación empresarial más altas de los países de la Ocde y mantendrá la senda de endeudamiento en la que está el país desde la pandemia. 

De hecho, un análisis publicado hoy por el departamento de estudios económicos de Corficolombiana indica que de aprobarse lo anunciado por el Gobierno el país podrá demorarse unos diez años en recuperar su grado de inversión, lo que quiere decir que tendrá que endeudarse más caro.

Por eso es casi un hecho que el próximo (o próxima) presidente deberá reformar de nuevo el estatuto tributario para garantizar que el país vuelva a tener estabilidad fiscal. Eso implica que la visión económica de los candidatos estará, nuevamente, en el centro del debate. Porque en ese campo Duque tampoco alcanzó a asegurar su legado.

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