Ayer en la ONU Ivan Duque dedicó una parte significativa de su discurso a hablar de las metas del país frente al cambio climático: dijo que en Colombia ya empezó la transición energética y se comprometió a reducir los gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y a cero para 2050. Sin embargo, la reforma tributaria recién aprobada sacrificó todo el paquete verde de medidas que incluía la que tumbó el paro en mayo.
El gobierno no incluyó ni una sola propuesta ambiental y en cambio, permitió una modificación grande al impuesto al carbono, el más importante para desincentivar el uso de combustibles fósiles.
En consecuencia, hoy es menos claro cómo Colombia va a cumplir con los ambiciosos compromisos ambientales que reiteró el Presidente esta semana.
Lo que se sacrificó en la reforma tributaria: en la abortada reforma de Alberto Carrasquilla había un paquete “verde” que incluía la creación del Fondo para el Cambio Climático y el Fondo para la Energía. Gravaba los plásticos de un solo uso. Y extendía el impuesto al carbono a la industria del carbón, como una forma de desincentivar el uso de combustibles fósiles que son los que más contribuyen al calentamiento del planeta.
En la nueva reforma ninguna de estas cosas se incluyó.
“Desde el principio sacaron los impuestos verdes de la nueva reforma —dice Diana León, economista e investigadora en temas de cambio climático— Todos los estudios técnicos se fueron a la basura”.
Contexto
Lo que modificó: El único artículo que quedó en la nueva tributaria fue introducido por los conservadores Juan Diego Gómez y Nicolás Echeverry.
Cambia la destinación del impuesto al carbono, que este año va por los 215 mil millones de pesos.
Desde 2016 y hasta esta modificación, la plata del impuesto al carbono llegaba en un 70 por ciento al Fondo Colombia en Paz para la implementación de los Acuerdos de Paz en lo que tenía que ver con sostenibilidad.
Ahora irá al Fondo Nacional Ambiental (Fonam) del Ministerio de Ambiente y será usado para reforestar y pagar por servicios ambientales, que básicamente es pagar a ciudadanos que cuiden el medio ambiente.
Este cambio de destinación es polémico por dos razones: porque quedó solo por un año y para distribuir en micropagos a los que cuidan las cuencas de los ríos y cosas así (justo en año electoral), y porque el Fonam no tiene mucha experiencia ejecutando recursos. De hecho, no ejecutó nada de dinero los últimos dos años.
El ponente de esta modificación dice que lo dejó solo por un año por “la reactivación económica. Lo más probable es que con una nueva ley se dejen permanentes”, como podría pasar con la Ley de presupuesto.
El contexto: A principios de año el Ministerio de Hacienda presentó una reforma tributaria con la que quería recaudar 25 billones de pesos. Era ambiciosa en casi todos los temas, entre ellos el ambiental.
Lo crearon expertos, ambientalistas y el Ministerio de Hacienda, con el impulso del exviceministro Juan Alberto Londoño. Querían presentar ese paquete como un proyecto de ley independiente, pero finalmente, se convirtió en un capítulo de la tributaria.
Pero después del estallido social que provocó la presentación de esa reforma que golpeaba el bolsillo de la gente, el nuevo minHacienda, José Manuel Restrepo, decidió sacar una reforma que fuera posible aprobar rápidamente, que generara poca resistencia en los ciudadanos y que no tuviera una oposición frontal de ningún gremio.
Los impuestos ambientales podían traducirse en un aumento en la tarifa del gas o de productos de plástico (casi cualquier producto de consumo masivo) y las emprsas de la industria del carbón se oponen a que se grave el carbón con el impuesto al carbono. Por eso se sacó.
La polémica: los ambientalistas han criticado la eliminación del paquete verde de la nueva tributaria por varias razones. La principal es que las metas ambientales de Duque son muy ambiciosas y costosas —se estima que adaptar al país a los efectos inevitables del cambio climático requiere inversiones de dos billones de pesos anuales—, y no quedaron nuevos recursos para ello en la tributaria.
La segunda razón es que el nuevo ministro de Hacienda no incluyó a los ambientalistas en la discusión de la tributaria, ni rescató el trabajo que ya habían adelantado con Carrasquilla. Y lo que es peor, el ministro de Ambiente estuvo totalmente ausente de la discusión.
“El ministro Carlos Correa y su equipo se quedaron durmiendo —dijo una persona que participó en la construcción del primer paquete “verde” —Para la segunda tributaria no hubo la apertura que hubo en la primera tributaria. No aportamos nada. El Gobierno buscó un mecanismo y unos artículos que salieran rápidamente”.
Lo que ha pasado de agache: antes de la tributaria el impuesto al carbono le llegaba al Fondo Colombia en Paz, bajo la lógica de que la deforestación —que es un factor importante en el cambio climático— es mayor en las zonas de conflicto y que por eso tenía sentido que los recursos se canalizaran por la vía del Acuerdo de Paz. Ahora, estos recursos que son importantes saldrán de la órbita del acuerdo.
Y por otro lado, la nueva tributaria también debilitó la inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac). Ahora ese dinero también podrá destinarse a municipios con altos índices de pobreza aunque no hayan sido golpeados por el conflicto y a Áreas de Desarrollo Naranja –que son distritos culturales dentro de los municipios que tengan la economía naranja que promueve el Presidente Duque.
En otras palabras, es un nuevo golpe al Acuerdo de Paz.
