El asesinato de un líder social es un golpe al corazón de una comunidad. Su muerte se lleva ideas, saberes, causas y un mundo entero del que cuesta recuperarse, y los que quedan viven con miedo, angustia, desconfianza y zozobra.
Aunque no hay cifra única de las muertes, las que hay (de la ONU, la Defensoría y ONG como Indepaz y Somos Defensores) coinciden en que, tras la firma del Acuerdo de Paz y la dejación de armas por las Farc, el fenómeno se disparó.
Para revisar cómo son los líderes sociales asesinados desde la posesión de Iván Duque, y especialmente desde que empezó la pandemia (acá analizamos los asesinados hasta ese entonces), cruzamos las bases de datos de Somos Defensores y de Indepaz, y complementamos con reportería.
Encontramos que, desde que Duque llegó a la casa de Nariño y hasta el pasado 30 de junio, han sido asesinados por lo menos 397 líderes sociales, 222 hasta marzo de 2020 y 175 desde entonces.
Estas son las principales conclusiones de la dolorosa lista:
1. Esos asesinatos tuvieron su propio pico en pandemia
Hasta el 6 de marzo del 2020, cuando se detectó el primer caso de covid, por lo menos 213 líderes sociales habían sido asesinados. Eran, en promedio, 11 al mes.
Desde ese día y hasta el 30 de junio de este año mataron a otros 184; es el mismo promedio de 11 al mes. La buena noticia es que en el primer semestre de este año se redujeron a 8,3 en promedio al mes.
Esto no significa que este fenómeno se haya comportado todos los meses de la misma manera. Al igual que el virus, ha tenido sus picos y caídas.
En marzo, cuando empezó la cuarentena nacional, hubo una caída en los casos que repuntó en abril, con un pico en muertes de líderes afro que hasta entonces habían sufrido mucho menos que comunales o indígenas.
Allí cayeron, por ejemplo, los dirigentes campesinos afro Jesús Riascos y Sabino Angulo, ambos integrantes del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay.
A los dos los mataron disidentes de las Farc en plena reunión de Renacer en la vereda de Agua Clara en El Tambo (Cauca). Justamente hablaban sobre los riesgos que representaban el ELN y el frente disidente Carlos Patiño, cuando miembros de este grupo armado entraron, los sacaron a la fuerza y los ejecutaron frente a todos sus compañeros.
Entre julio y agosto, cuando se empezaron a relajar las restricciones de movilidad, los asesinatos bajaron a los niveles prepandémicos, y volvió a golpear con fuerza a quienes ha afectado más: a los líderes comunales e indígenas.
2. Han empezado a afectar menos a líderes comunales, pero no menos a indígenas
Los líderes más asesinados en estos tres años eran miembros de juntas de acción comunal. Suman un poco más de la mitad (202 de los 397).
El número de comunales que han asesinado ha ido disminuyendo, pero el de indígenas, el segundo tipo de líder que más está siendo exterminado, se ha mantenido.
Solo en el primer semestre de este año fueron asesinados 13 líderes de diferentes etnias, especialmente en el Pacífico; suman casi un cuarto de los 51 asesinatos.
Uno de los casos más impactantes fue el de María Bernarda Juajibioy, alcaldesa del Cabildo Camentzá Biyá en Orito (Putumayo). El pasado 17 de marzo viajaba en moto por las montañas del Alto Putumayo con su nieta y otras dos familiares hacia la inspección El Placer, en el municipio de El Valle del Guamuez.
En la mitad del camino, hombres del grupo disidente Comandos de la Frontera las interceptaron y les dispararon. Asesinaron a Juajibioy y a su nieta, Jazzlín Camila Luna Figueroa, que no había cumplido los dos años.
Paola Patricia Pujimuy y Sofía Solarte lograron llegar al hospital de Puerto Asís y se salvaron.
3. Siguen siendo sobre todo hombres
La gran mayoría de los líderes asesinados son hombres, y más de la mitad hacían parte de una junta de acción comunal.
Casi la mitad de las 57 mujeres asesinadas en este periodo también son comunales y una tercera parte son indígenas, incluyendo varias que ocupaban importantes cargos en sus comunidades, en las que muchas veces la mujer ocupa un papel central.
Además de María Bernarda Juajibioy, otros ejemplos son Aura Esther García Peñalver, autoridad de la comunidad Wayuú Arronshy en Uribia (La Guajira) o Sandra Liliana Peña, gobernadora del resguardo La Laguna en Caldono (Cauca).
4. Y el liderazgo comunal sigue siendo el más afectado
Los líderes de las más de 45 mil juntas de acción comunal, que propenden por el bienestar de sus barrios o veredas, son los más afectados porque son los primeros que pueden resistirse a los grupos armados.
Eso porque son el liderazgo de base que ayudan a que una comunidad decida si se opone o permite la presencia de un grupo, el desarrollo de una economía ilegal y si se montan a un programa o proyecto del Gobierno.
No tienen una preparación específica (solo deben vivir en la zona, ser mayores de edad y saber leer y escribir) y ejecutan proyectos, manejan plata de la comunidad y son una suerte de mediadores entre los vecinos y de la comunidad con otros actores, desde empresas hasta grupos armados, algo que los pone en riesgo.
5. Afectan sobre todo a liderazgos ya consolidados
La mayoría de asesinatos son de personas de más de 40 años, por lo menos entre los 244 asesinados cuyas edades pudimos verificar.
El rango de edad predominante de los asesinados hasta antes de la pandemia era de entre 30 y 39 años. En estos tres años es más usual que maten a personas con más experiencia, con liderazgos usualmente más consolidados y una mayor pérdida de memoria para sus comunidades. Más cuando se suman con los líderes de 50 a 59 años, que tienen todavía más recorrido: casi 3 de cada 5 tenían entre 30 y 59 años al momento de su asesinato.
Pero los asesinatos golpean también cuando son más jóvenes o mayores. Como en el caso de Francisco Giacometto, un reconocido líder de izquierda al que asesinaron el pasado 18 de abril. Tenía 61 años y gran parte de su trabajo político lo había desarrollado en Santa Marta (Magdalena), como miembro del Partido Comunista que apoyó al movimiento estudiantil.
Giacometto era uno de los sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica y una víctima acreditada ante la JEP, que adelanta uno de sus siete marcocasos sobre ese exterminio. Su testimonio se perdió para siempre.
6. Se siguen concentrando en zonas muy claras
A pesar de que Colombia tiene casi 1.200 municipios, los asesinatos de líderes se han dado en apenas 180, una señal clara de que el Estado tiene cómo concentrar esfuerzos para luchar contra esos asesinatos que golpean la construcción de comunidad.
Más porque los asesinatos se concentran en pocos de esos 180 municipios: 10 de ellos suman 1 de cada 4 asesinatos.
7. Son una continuación del conflicto
Los 10 municipios con más muertes son todos municipios Pdet, las regiones priorizadas por el Acuerdo de paz para implementar sus reformas por sus altos niveles de pobreza, afectación por el conflicto, presencia de cultivos ilícitos y ausencia estatal. Una vez más, pistas claras para enfocar esfuerzos en esa lucha.
Y es un patrón más grande: 6 de cada 10 asesinatos ocurrieron en esos municipios.
De hecho, de los 16 Pdet que hay, solo en el del sur del Tolima no encontramos asesinatos de líderes sociales. En todos los demás ha habido.
Especialmente en el llamado Alto Patía – Norte del Cauca, que va del norte de Nariño al sur del Valle del Cauca. Allí han sido asesinados especialmente líderes indígenas del pueblo Nasa.
Por ejemplo, el 28 de mayo de 2020 María Nelly Cuetía y Pedro Trochez estaban haciendo un ritual de medicina ancestral Nasa. Fueron raptados y aparecieron muertos al día siguiente
Eran sabedores ancestrales o the’wala del pueblo Nasa, que queda sin parte del liderazgo natural de las comunidades y, sobre todo, de la reproducción de sus saberes propios, de su identidad cultural.
Que sigan siendo los lugares de mayor violencia contra líderes significa que el Estado tendría un elemento para concentrar territorialmente su esfuerzo en reducir significativamente esas muertes.
9. Están marcados por la coca (y la enredada sustitución)
Así como coinciden con los Pdet, los asesinatos se dan en municipios que tienen cultivos de coca, según los datos del Observatorio para las Drogas.
Muchas de las muertes de 2018 y 2019 tenían que ver con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis) que viene del Acuerdo con las Farc y con el que el Gobierno Santos firmó acuerdos colectivos con 188 mil familias para que fueran dejando ese cultivo a cambio de subsidios y apoyo del Gobierno para pasar a la economía legal. Además, alcanzó a firmar acuerdos individuales con 99.097 familias.
El Gobierno Duque decidió honrar los compromisos con esas 99 mil familias pero frenar las firmas con las otras 80 mil y con otros más, y el avance ha sido muy lento: según datos del sistema de seguimiento al posconflicto de Planeación Nacional, mientras el 98 por ciento de las 99 familias cumplió con arrancar la coca, solo el 21,83 por ciento tiene apoyo financiero para proyectos de corto plazo y apenas el 9,33 por ciento para proyectos de largo plazo.
Eso ha creado una frustración a la que se suma que los grupos armados presionan en muchas regiones para que no haya sustitución, lo que deja a los líderes de sustitución en la mira: 41 han sido asesinados.
10. Y levantan alertas de una nueva oleada de violencia política
Aunque han sido relativamente pocos los líderes políticos asesinados (entendidos como personas que han sido candidatos a cargos de elección popular, hayan resultado electos o no), el pico se dio en las elecciones locales de 2019.
Esa tendencia es preocupante porque hay elecciones de nuevo en cinco meses; esta vez para Congreso.
Con una particularidad: se estrenarán las 16 circunscripciones especiales de paz en la Cámara, en municipios muy similares a los Pdet. En ellos, de nuevo, se concentran los asesinatos de líderes.
Además, esas circunscripciones solo tendrán puestos de votación en las zonas rurales de los municipios, que son los lugares en los que, a pesar de la población relativamente escasa, se han producido 7 de cada 10 asesinatos de líderes sociales.
Y, encima, los candidatos deberán vivir en esas zonas y no serán inscritos por partidos políticos sino por organizaciones sociales de los grupos más asesinados: organizaciones de víctimas, de campesinos o sociales, consejos comunitarios afro, resguardos y autoridades indígenas, y kumpañy rom.
Es decir, serán personas con perfiles muy similares a los líderes asesinados. Y esto asusta a quienes están pensando en aspirar. Así se lo confesó a La Silla una líder que está evaluando lanzarse y que, a pesar de contar con esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), tiene miedo.
“Con este panorama, con esos grupos matando y nosotros ahí en el medio, se vienen las curules de la paz. ¿Cómo vamos a hacer campaña? No tenemos las condiciones, no sé cómo vamos a hacer campaña”.
