La presión funcionó: gobierno y privados arrancan a negociar importación de vacunas

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Desde esta semana varios gremios y MinSalud discutirán cuándo pueden empezar a vacunar los privados y quién será responsable si algo sale mal.

En las últimas semanas ha sido intensa la presión de gremios y empresarios sobre el Ministerio de Salud y la Presidencia para que les permita importar y poner vacunas. Finalmente funcionó y se van a sentar a buscar acuerdos, un paso más para que eso ocurra.

El lobby se ha dado en escenarios públicos, como la campaña en medios de comunicación que ha liderado el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y en privados, con reuniones y llamadas entre líderes del Consejo Gremial Nacional, empresas grandes como Ecopetrol y funcionarios del alto gobierno.

 

En todas, los representantes del sector privado han urgido al Gobierno a que concrete las reglas y normas para que puedan traer y poner vacunas.

En el Plan Nacional de Vacunación quedó que MinSalud puede definirlo, pero tras seis semanas no lo ha hecho. Estaba enfocado en el despegue del plan público.

Eso cambió. La Silla pudo establecer con dos fuentes, que lo saben de primera mano, que esta semana se instalará una mesa de trabajo entre la Andi y otros miembros del Consejo Gremial, de un lado, y MinSalud y Presidencia, del otro, para construir esas reglas.

Pinta duro pero no imposible, como muestra un detalle: el Ministro dijo hace una semana que los privados podrían empezar en la etapa 5 (cuando se deben vacunar las personas entre 16 y 69 años que no tengan comorbilidades), pero en el Ministerio se habla de empezar una vez acabe la etapa 3 (cuando se terminen de vacunar a personas con comorbilidades y profesores de básica y secundaria), algo que encaja en lo que buscan los privados.

Justamente el cuándo es uno de los puntos clave por definir, y no pinta sencillo.

El debate de la equidad

Que las personas que trabajen en una empresa terminen vacunados antes que otras personas que estén en una etapa anterior iría en contra el principio de equidad del Plan, que busca vacunar en orden para que haya menos muertos primero y menos enfermos después.

Por eso el Gobierno ha puesto freno hasta ahora a la vacunación de privados.

Como ha dicho Victor Muñoz y nos confirmó una fuente cercana al Ministerio, los privados no podrían vacunar antes de la etapa 3, cuando estén inmunizados todo el personal de salud, los mayores de 60 años y quienes tienen comorbilidades.

Como esos grupos suman unas 12 millones de personas, si se mantiene el ritmo de vacunar unas 100.000 personas al día, eso sería en julio.

Aunque eso ya es una tensión, la mayor es que el Gobierno teme que los privados terminen quitándole dosis al Estado, al pagar más por ellas.

Aunque el Ministro, Fernando Ruiz, dice que hoy hay escasez de dosis (algo cierto), en sector privado aseguran que habrá disponibilidad para comprar vacunas en las próximas semanas.

Eso porque al juego van a entrar más vacunas que ya están en fase 3, como la gringa de Novavax que mostró resultados del 96 por ciento de eficacia. Con ellas, habrá más dosis disponibles.  

También porque ya hay acuerdos entre farmacéuticas que tienen vacunas pero no logran producir suficientes dosis y otras con capacidad para producir pero sin vacuna propia, o entre farmacéuticas que han avanzado lento con las suyas, para sacarlas adelante.

Por ejemplo, recientemente Sanofi (Francia) y Glaxosmithkline (Reino Unido) unieron fuerzas para producir una nueva vacuna que está en fase 2.

Además, la farmacéutica francesa llegó a un acuerdo con Janssen, de Johnson & Johnson, para producir 12 millones de dosis mensuales de su vacuna.  

Adelantándose a esa nueva disponibilidad, países como México o Brasil ya dieron autorización a los privados para comprar con contraprestaciones al Estado; en Brasil los privados deben donar al sistema público la mitad de las vacunas que compren.

Justamente ese modelo es el que está en el trasfondo de la mesa. "Cuando se levante la restricción de la escasez, se debe levantar la restricción del monopolio”, le dijo Mac Master a La Silla.

Si el Gobierno y los privados logran acordar algún esquema como el brasilero, podría ocurrir sin afectar la equidad. Pero quedaría otro obstáculo por sortear. 

Quién responderá si hay efectos secundarios

El otro gran asunto es quién responde si llega a haber efectos secundarios negativos de unas vacunas producidas en muy corto tiempo, lo que los técnicos llaman la indemnidad.

Según la Ley 2064 del año pasado, creada especialmente para permitir el plan de vacunación de covid, las farmacéuticas están exentas de responder excepto si cometieron dolo (actuaron de mala fe) o culpa grave (una torpeza tan grande que es como si fuera mala fe).

Es un tema tan delicado que fue una de las razones por las que el Gobierno se demoró en llegar a un acuerdo con Pfizer, que quería quedar exenta de cualquier responsabilidad.

La pregunta en la mesa es si responderían los privados que las traigan o las pongan, o si al Estado le toque hacerlo.

Según nos confirmó Mac Master, en el sector privado esperan que sea el Estado, aunque la Ley dice que solo está obligado a hacerlo por las vacunas que él haya adquirido con las farmacéuticas.

Hay una tercera posibilidad: Andrea Ariza, vicepresidenta financiera de una compañía interesada en importarlas llamada Scalpi, dice que quien debería asumirla es el paciente, pues serían vacunas voluntarias (las públicas también, pero las asume el Estado).

La Silla supo de una fuente cercana al Gobierno y que ha estado al tanto del tema que en esa orilla creen que un paciente que tenga presuntos efectos adversos usaría los mecanismos de la Ley 2064, pero que la indemnización no la pagaría el Gobierno. 

Como es claro que esta definición es difícil de negociar, las fuentes consultadas de los dos lados coinciden en que, junto con cómo asegurar la equidad, será uno de los grandes nudos a deshacer.

Y como son tan grandes, para los empresarios es sorprendente que el Gobierno haya tardado tanto en arrancar la conversación. 

Una discusión que tardó en arrancar

Formalmente, en enero fue la primera reunión entre los gremios más grandes del país y el Gobierno para hablar de que privados importen vacunas.

Fue un encuentro del Consejo Gremial (en el que están 29 gremios) al que asistieron el viceministro de salud, Alexander Moscoso, y el director del Departamento Administrativo de Presidencia y líder de las estrategias de reactivación económica y vacunación, Víctor Muñoz.

El objetivo era que el Gobierno presentara a los empresarios su plan de vacunación, y varios líderes gremiales le pidieron al Ministerio que definiera cómo las empresas podían vacunar.

En ese momentos argumentaron que si les dejan vacunar a sus trabajadores y a sus familiares, ayudan a acelerar la vacunación, a acercar la reactivación económica y a que el Gobierno concentre sus recursos en personas más vulnerables.

Hablaron de que las empresas en general puedan comprar dosis para sus empleados y que las de medicina prepagada puedan hacerlo para sus clientes.

Esta segunda opción se descartó, porque implicaría que personas con más dinero se saltaran la priorización establecida en el plan de vacunación. Es decir, para preservar la equidad. 

“Después de eso, en la reunión el Gobierno dijo: ‘eso suena lógico’”, nos contó alguien que estuvo allí.

Pero solo fue la semana pasada, casi dos meses más tarde y después de la intensa campaña mediática liderada por Mac Master, que el Gobierno le mandó una razón a los líderes gremiales: que le mandaran información detallada sobre cómo serían sus planes de vacunación y cómo se armonizarán con el del Gobierno.

“Es ridículo (...) Para qué te pones a diseñar un plan de vacunación si ni siquiera tienes claro si puedes vacunar”, dijo la misma fuente, que pidió no ser identificada porque no es vocero del Consejo Gremial.

Y es que para algunos de los miembros del Consejo esa solicitud fue una forma de dilatar la discusión.

El afán del sector privado

Aunque para algunos miembros del Gobierno e incluso líderes del sector privado como el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, no hay afán porque todavía es difícil que los privados consigan dosis, del otro lado sienten que hay que arrancar ya.

Eso porque después de hablar con diez líderes gremiales y empresarios encontramos que ya están buscando vacunas por dos vías:

  • Negociando directamente con farmacéuticas: en la Andi y en Probogotá nos dijeron que han tenido conversaciones informales. En Probogotá quieren comprar cerca de 1 millón de dosis para reactivar el funcionamiento de empresas bogotanas, lo que podría costar entre 7 y 140 mil millones de pesos (según datos de Unicef del valor de las vacunas).

  • Negociando con intermediarios: además de comprarle a las farmacéuticas, hay un mercado porque hay fondos de capital de riesgo que invirtieron en el desarrollo de vacunas a cambio de tener dosis cuándo y si funcionaba el proyecto. Por eso el Fondo de Inversión Directa de Rusia tiene dosis a la venta, y la empresa de envases farmacéuticos Scalpi consiguió 5,5 millones de dosis de Sputnik (la vacuna rusa), para a su vez venderlas a empresas privadas.

Andrea Ariza, vicepresidenta financiera de Scalpi, le contó a La Silla que en noviembre le informó al MinSalud de su convenio con el Fondo, con la idea de venderle las dosis. Pero el Ministerio les respondió que negociaría con el Instituto Gamaleya, que fabrica las vacunas 

En enero encontró demanda de vacunas en el sector privado, y se empezó a mover.

“Enviamos un derecho de petición el 23 de febrero solicitando que se habilite los permisos a la importación para privados y que se expida lo más pronto posible la reglamentación. En la medida en que nos demoremos más, vamos a perder esa oportunidad”, explicó Ariza a La Silla.

Scalpi está preparando un documento en el que explica detalles de la negociación y cómo planea que se apliquen sin usar la capacidad de las IPS y las EPS, que están concentradas en el plan de vacunación público. Es justamente algo como lo que pidió el MinSalud la semana pasada.

Como el Ministerio dijo al CGN que necesitan que las empresas digan “cuántas dosis pueden traer, cuántas pueden aplicar, qué vacuna van a traer, en qué IPS las van aplicar y toda la información necesaria con cifras exactas para poder autorizar este proceso”, en Scalpi esperan que el documento ayude a convencer al Gobierno de que los privados van a complementar el Plan de vacunación y no competir con él.

Eso no es tan sencillo, pues los empresarios dicen que muchos de los datos de su posible plan dependen de cómo sea la regulación; pero llevarán la información que tienen a la mesa que convocó el Gobierno.

El sector privado, representado por la Andi, tiene claridad de lo que quiere que salga de la mesa: un marco regulatorio que autorice a importar dosis sin problema, sin un monopolio del Estado. 

Así podrán adquirir vacunas, sin importar el precio al que las compren, y poderlas poner a sus empleados y eventualmente a sus familias, y así reactivar sus actividades y eventualmente toda la economía.

Para eso necesitan aclarar cuestiones operativas como cuál será su cadena de frío, cómo cargarán la información de vacunación en la plataforma de datos Paiweb 2.0 o cómo reportar efectos adversos.

La discusión que empieza esta semana será un nuevo punto de tensión entre el Gobierno y el sector privado, que ha sido su aliado y en el que confía el 75 por ciento de las inversiones de su plan de reactivación económica.

Para los empresarios, lo que está en juego es la posibilidad de acelerar un plan de vacunación que les permitiría volver a la normalidad y reactivar la economía; y para el Gobierno está la meta de terminar el año con un país inmune al covid. En la mitad está la salud de los colombianos.

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