La Procuraduría de Margarita Cabello suspendió provisionalmente (por tres meses) al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política. La sanción llegó menos de 24 horas después de que Quintero publicó un video a bordo de un carro en el que, sin mencionar a Gustavo Petro, movió la palanca de cambios y dijo: “El cambio en primera”. Un guiño provocador a la campaña de izquierda.
Se trata de una decisión que sacude el tablero electoral a veinte días de la primera vuelta. El sustento jurídico de la procuradora, que explicó su decisión en un video, es débil porque:
- No aplica el mismo rasero con Quintero que con otros funcionarios que se han metido en campaña, como el general Enrique Zapateiro y el propio presidente Iván Duque.
- Bordea de nuevo un terreno en el que el Estado de Colombia ya salió mal librado: la suspensión y destitución de funcionarios de elección popular por entes administrativos como la Procuraduría.
El antecedente del uso político de la Procuraduría y de los límites de esta está fresco. En 2013 el mismo Petro fue destituido por el procurador Alejandro Ordóñez, pero la decisión fue reversada por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ahora una nueva procuradora, que viene de ser ministra de un presidente que ha opinado de manera reiterada contra las propuestas de Petro, retoma el camino de Ordóñez.
Y la respuesta de Quintero a la suspensión también sigue la misma ruta que tomó Petro cuando fue destituido. Minutos después de la decisión, Quintero se declaró un perseguido político y convocó para la tarde del miércoles una manifestación en La Alpujarra para “defender la democracia y la voluntad popular”. Petro se sumó a la convocatoria.
Se trata de un llamado que recuerda al famoso discurso de Petro desde el balcón del Palacio de Liévano tras ser destituido. Una estrategia que, como ha mostrado el candidato presidencial, es muy rentable para crecer políticamente.
La procuradora Cabello sigue el guion de Ordóñez
Cabello explicó la destitución de Quintero (y también del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado) en un video de tres minutos en el que dijo: “La Procuraduría tiene la competencia para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los funcionarios del país”.
Este fue el mismo argumento que usó Alejandro Ordóñez para destituir a Petro hace nueve años, pero el contexto es completamente distinto. En 2020 la Corte IDH, el órgano judicial del sistema interamericano del que hace parte Colombia, emitió un fallo que dijo que un funcionario administrativo (como el procurador) no puede destituir ni suspender a uno elegido democráticamente.
En diciembre del año pasado la Corte IDH ratificó esa posición y dijo que la reforma a la Procuraduría aprobada el año pasado, y aún pendiente de revisión por la Corte Constitucional, no cumple con el mandato de la sentencia del caso Petro.
Así, el argumento de Cabello en el video según el cual podía suspender a Quintero contradice a la Corte IDH y le da aire a posibles reclamos del alcalde.
La procuradora también dijo que con su decisión estaba propendiendo por el equilibrio. Sin embargo, un factor que debilita este segundo argumento es que suspendió a un aliado clave de Petro, pero ignoró un abanico de funcionarios que han apoyado abiertamente a la campaña contraria, de Federico Gutiérrez. “La Procuraduría no suspendió con igual rapidez al comandante del ejército frente a su clara intervención en política electoral”, publicó el martes el abogado Rodrigo Uprimny.
El jurista agregó que, aunque la procuradura no tiene la facultad para suspender al presidente, sí puede hacerle un llamado de atención, cosa que no hizo, pese a que en uno de cada tres discursos Duque ha hecho campaña contra Petro. Se trata de una omisión importante de Cabello, quien viene de ser ministra de Duque y ternada por éste para su cargo.
En la sanción la procuradora tampoco incluyó a los alcaldes que corearon el nombre de Federico Gutiérrez en la reunión de Fedemunicipios en abril a la que solo asistió ese candidato. En cambio, sí incluyó al de Ibagué, Andrés Hurtado, que hace dos meses dijo en una entrevista de radio “yo me identi… fico”, en alusión a su apoyo a “Fico” Gutiérrez.
Sin embargo, más que una muestra de una vara pareja, la suspensión de Hurtado deja varias preguntas. Según Juan Carlos Novoa, ex procurador delegado de Alejandro Ordóñez, y hoy abogado defensor del alcalde Hurtado, la decisión contra su cliente es “irregular y violatoria de su derecho a la defensa” porque su proceso pasó súbitamente a la etapa de investigación, necesaria para decretar la suspensión, sin que se hubieran practicado las pruebas. “Se saltaron de una etapa a otra sin ninguna razón”, dice Novoa.
Es decir, también hay dudas jurídicas en la del alcalde de Ibagué, sumadas a la omisión de otros funcionarios que han hecho campaña más claramente a favor de Gutiérrez o en contra de Petro.
Este contexto aleja a Cabello de la neutralidad que ella misma se fijó en el video de ayer —cuando dijo que “debo evitar ser parte de las controversias”—, y alimenta las acusaciones de la izquierda de que la Procuraduría está puesta al servicio de una agenda política. E irónicamente, ha permitido que el alcalde Quintero entre aún más de lleno en la campaña con el discurso de la persecución política.
Quintero sigue el guion de Petro
La reacción de Quintero minutos después de su suspensión marcó la pauta de cómo buscará capitalizar esta sanción. “Esto va a fortalecer la figura de Quintero como un político que sobrepasa las fronteras de Medellín. Hoy se ha logrado que Daniel se convierta en una figura nacional”, le dijo a La Silla el representante electo Alejandro Toro, cuota de Quintero en la lista del Pacto Histórico.
La coincidencia entre Quintero y Petro fue notoria. A las 7:50 pm Petro publicó: “Golpe de Estado en Medellín”, y 13 minutos después el alcalde sancionado dijo: “Ha iniciado el golpe de Estado en Colombia”.
Es decir, el efecto inicial de la medida fue montar aún más a Quintero en la campaña, algo que puede ahondar su sanción, pues la suspensión no lo exime de la prohibición de participar en las elecciones.
Aunque están en duda las facultades de Cabello para suspender a Quintero, lo que sí ha sido claro es la apuesta del alcalde de Medellín por Petro: seis de sus secretarios renunciaron para sumarse a la campaña de Petro y Diana Osorio, su esposa, que en la práctica ha ejercido como una autoridad más en La Alpujarra, ha estado haciendo campaña de frente con el petrismo.
El propio Quintero ya estaba bajo la mira de la Procuraduría porque el 13 de marzo se tomó una foto en la mesa de votación en la que se vio que sostenía el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico.
Quintero queda suspendido por tres meses y, al ser el alcalde de un distrito, su reemplazo deberá ser escogido en los próximos 30 días por el presidente Iván Duque. La persona elegida, según señala la ley, tendrá que ser alguien del mismo movimiento o partido político del alcalde: Independientes.
Aunque las consecuencias de la sanción son menores que la que tuvo Petro en 2013, el círculo de Quintero y el propio Petro le están dando la misma dimensión. El candidato Gustavo Petro invitó a sus votantes a protestar en el centro de Medellín este miércoles en la tarde.
En La Alpujarra, 11 de mayo a las cinco de la tarde el pueblo de Medellín tiene la oportunidad de movilizarse para defender la democracia.
Quienes hoy sienten simpatía por mi candidatura deben priorizar la movilización popular para hacer respetar el voto popular en Medellín.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2022
La suspensión, a tres semanas de las elecciones, es una oportunidad para Petro para dar un golpe de opinión en una ciudad en la que la tendencia está a favor de su principal rival: Federico Gutiérrez.
La decisión de sacar temporalmente a Quintero tampoco cambia el curso de la ciudad ni de la burocracia, pues su reemplazo será del mismo movimiento. En cambio, sí le da a Quintero un tiquete que ya está aprovechando para resaltar a nivel nacional, algo que ya venía buscando con sus intervenciones polémicas sobre EPM e Hidroituango.
Por ahora, la controversia pasará a la Sala Juzgamiento de Funcionarios Elección Popular, la nueva instancia creada por la reforma de la procuradora Cabello, que de paso creó 1.200 nuevos cargos. Esa instancia recibirá las apelaciones de los involucrados y tiene 10 días para decidir, tiempo durante el cual Quintero y sus aliados no podrán poner tutelas.
Para entonces, los ecos de esta decisión de Cabello se seguirán sintiendo a días de las elecciones; ahora no desde un balcón del Liévano, sino desde una ventana de La Alpujarra.
