La Procuraduría de Cabello se va contra dos candidatos de oposición

La Procuraduría de Cabello se va contra dos candidatos de oposición
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La semana pasada la Procuraduría le notificó un pliego de cargos a Miguel Samper, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y hoy candidato al Senado por la Coalición de la Esperanza. Él señaló a la procuradora Margarita Cabello de usar “maniobras chambonas” para sacarlo de la contienda electoral.

Hay varios indicios de que la Procuraduría está actuando políticamente, y no solo contra Samper, pues también investiga a otro candidato opositor al Gobierno de Iván Duque. Uno de los casos es liderado por un funcionario que trabajó en la Procuraduría y la campaña de Alejandro Ordóñez, y que enfila investigaciones que pueden sacar del camino político a figuras de la oposición.

La investigación contra el delfín revivió en campaña

Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper, denunció que la Procuraduría de Cabello le quiere afectar su carrera política por ser un crítico del gobierno de Iván Duque, del que ella hizo parte como ministra de Justicia. En diciembre, la procuraduría delegada para asuntos administrativos, sociales y de paz, expidió un pliego de cargos que lo acusa de no cumplir con sus funciones como director (2016-2018) de la Agencia Nacional de Tierras, entidad que nació con el Acuerdo de Paz para manejar el tema de tierras.

Puntualmente el caso se relaciona con unos fallos de restitución de tierras a unas víctimas del conflicto en Sucre que Samper debía acatar, pero que, según la Procuraduría, no se aplicaron oportunamente. 

Por eso, el pliego de cargos habla de que “posiblemente incurrió en falta disciplinaria por no cumplir en su totalidad con orden judicial impartida por un juzgado de Sincelejo”. La cual en caso de ser probada le puede acarrear a Samper una sanción e inhabilidad para desempeñar cargos públicos, como el de senador al que aspira en estas elecciones.

El aliado de Ordoñez que está detrás

Además del momento en el que el pliego fue emitido cuando Samper se lanzó oficialmente al Senado, hay otros indicios de que es políticamente motivado. Entre ellos el funcionario en la procuraduría encargado del caso. La investigación que tiene contra las cuerdas a Samper lo lleva un procurador cercano del anulado exprocurador Alejandro Ordoñez, y que se reencauchó con Cabello.

Se trata de Ricardo Mosquera Robín, quien vive su segundo momento en la Procuraduría. Llegó a la entidad en 2014 nombrado directamente por Ordoñez, y salió en febrero de 2017, cuatro meses después de que el Consejo de Estado anulara la reelección de Ordóñez, al comprobar que la consiguió metiendo a trabajar en la entidad a amigos y familiares de magistrados y congresistas.

La de Ordoñez fue una Procuraduría que se caracterizó por su tinte político y por sacar decisiones cuestionadas como la destitución de Gustavo Petro, que luego tumbaron distintas instancias nacionales e internacionales por ilegales. 

Tras salir del cargo, Mosquera Robín, de Nariño, se convirtió en el coordinador en ese departamento de la campaña presidencial de Ordoñez durante la consulta de candidatos de la derecha de 2018. En ese departamento le recogió 42 mil firmas para impulsar esa candidatura presidencial. “Coincidimos en la defensa de la familia, de la vida y de las instituciones”, dijo Mosquera a La Silla en ese momento.

Luego de perder la consulta Ordoñez entró a hacer parte del gobierno de Iván Duque como embajador ante la OEA, cargo que ocupa actualmente. Lo mismo que Cabello, que inicialmente se desempeñó como ministra de Justicia, y luego con el impulso de Duque llegó a la Procuraduría en enero de 2021.

Mosquera Robín regresó a la Procuraduría de la mano de Margarita Cabello, quien lo nombró a dedo en junio del año pasado como procurador delegado para la vigilancia administrativa, asuntos sociales y paz. 

Tres meses después, el procurador Mosquera activó el proceso contra Samper y lo aceleró hasta llegar al pliego de cargos, el cual se expidió el 9 de diciembre en la semana de cierre de inscripciones de candidatos al Congreso. La notificación se hizo la semana pasada con el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras en modo campaña.

Samper se defiende señalando que, además de la fecha en que se activó el caso, el procurador no tuvo en cuenta sus argumentos de defensa. Según él, “en varias oportunidades allegué la evidencia de que, de los 10 casos pendientes, cinco no contaban con órdenes de adjudicación de baldíos o eran órdenes para la Unidad de Restitución de Tierras”.

Entre 2016 y 2018, la Agencia Nacional de Tierra bajo el mando de Samper expidió 596 órdenes de restitución de tierras. “El Incoder se demoró 4 años en sacar 200, hicimos más que el Incoder, pero eso ni otras pruebas fueron tenidas en cuenta por la Procuraduría”, añade.

En el pliego de cargos el procurador Mosquera advierte que los fallos de restitución siguen sin cumplirse en su totalidad, pero no vincula al caso a los nuevos funcionarios de la Agencia, que entraron desde agosto de 2018 con el Gobierno de Iván Duque, y que serían responsables de la misma supuesta omisión.

Pero el procurador Mosquera insiste en que Samper es el responsable directo de que sea así y por eso valoró la presunta falta disciplinaria como “gravísima”, la de mayor categoría en el código disciplinario porque puede generar destituciones o inhabilidades para desempeñar cargos públicos.

Lo cual hace que el futuro político de Samper quede en entredicho porque si logra salir electo senador y la Procuraduría decide sancionar lo puede sacar del cargo.

Aunque una sentencia de la Corte IDH en el caso de Gustavo Petro le dijo al Estado colombiano que los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser sancionados, destituidos o inhabilitados por la Procuraduría o la Contraloría, sino por una sentencia de un juez penal, la procuradora Cabello logró mantener ese poder.

A través de una reforma Constitucional que impulsó en el Congreso con el apoyo del Gobierno Duque. La reforma busca crear un proceso judicial dentro de la entidad, con una doble instancia, para seguir sancionando. Cabello justificó que así cumplía con la sentencia de la Corte IDH. De paso, creó 1.200 nuevos cargos, que le dan un poder burocrático enorme, para llevarlo a cabo. 

Sin embargo, la Corte IDH ya dijo que eso no fue lo que ordenó. Y en la Corte Constitucional hay tres demandas que piden tumbar esa reforma. Pero la Procuraduría de Cabello se mantiene en que sí puede sancionar y que por eso avanzará con los casos que ya tiene en carpeta como el de Samper y otros candidatos de oposición.

Fuerza Ciudadana también se queja de Cabello

El lunes pasado, la Procuraduría también le notificó un pliego de cargos al exalcalde de Santa Marta (2016-2019) y candidato al Senado, Rafael Martínez.

La investigación se relaciona con presuntas omisiones de Martínez en la ejecución de un contrato para la construcción de una megabiblioteca en Santa Marta, en 2017. Se basa en informes de la interventoría sobre posibles demoras en esa obra, y la supuesta pasividad de la alcaldía de Martínez para exigirle resultados al contratista.

El caso también revivió con Martínez en campaña al Senado. Él es una de las cabezas del movimiento de izquierda del Magdalena, Fuerza Ciudadana, que ha tenido duros enfrentamientos con el Gobierno de Iván Duque y la Procuraduría de Cabello.

Desde que Cabello llegó al cargo, Martínez ha lanzado varios reparos a su gestión, especialmente a la reforma con la que mantuvo sus poderes para sancionar, suspender o inhabilitar a funcionarios públicos o elegidos popularmente.

“La coalición de Gobierno aprueba un proyecto de Ley que permite a la Procuraduría revocar alcaldes, gobernadores y congresistas, violando varios fallos de la CIDH y abriendo las puertas a una persecución política sin precedentes. Así se comportan las dictaduras”, dijo Martínez cuando se aprobó la reforma.

“Están recomponiendo la estructura burocrática de la Procuraduría con miras a elecciones en 2022. Usan estos cientos de cargos dados a dedo para favorecer la continuidad del modelo empobrecedor de masas dirigido por Uribe”, añadió cuando se conoció la creación de los 1.200 cargos nuevos.

Igual que con el caso de Miguel Samper, la Procuraduría dice que la actuación de Martínez es ‘gravísima’, y por eso el expediente también pasará a una de las nuevas salas de juzgamiento que creó Cabello.

El hecho de que las investigaciones contra Samper y Martínez, quienes tienen serias opciones de ganar una curul en marzo, se hayan activado en pleno calendario electoral y no antes, le da eco a quienes han planteado que Cabello metió en el juego electoral a la Procuraduría.

Se trata de una intensificación de la politización de la Procuraduría, que ya investiga a mandatarios en ejercicio opuestos al Gobierno como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por trinar contra el uribismo; el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por no publicar su declaración de renta; o el alcalde de Cartagena, William Dau, por señalamientos contra otros funcionarios públicos.  

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