La propuesta anticorrupción de Betancourt: ⅓ carreta, y el resto pfff

Para saber cómo hacemos el Carretómetro haga click aquí
betancourt-corrupcion-150222.jpg

En el mes que lleva como candidata presidencial, Ingrid Betancourt ha enfocado todo su discurso en la lucha contra la corrupción. De eso habló en el lanzamiento de su campaña, en los debates a los que ha asistido, y en la pelea que protagonizó con Alejandro Gaviria y el eventual portazo que dio a la Coalición Centro Esperanza. Y la semana pasada lanzó la que por ahora es su única propuesta programática y que será el eje de lo que queda de su campaña y de su eventual gobierno si sale elegida: su programa contra la corrupción.

El programa —que puede consultar en este link, junto con las respuestas a las preguntas que La Silla envió posteriormente— tiene tres pilares: recuperación, compensación y sanción.

Como parte de una serie para analizar el programa central de los candidatos que irán a primera vuelta, La Silla Vacía le aplicó su “Carretómetro” a cada uno de los tres pilares. Para ello, hablamos con cinco expertos en temas de corrupción, economías ilegales y política pública para evaluar sus propuestas.

La conclusión es que aunque suenan muy ambiciosas, sus propuestas anticorrupción son una mezcla de mecanismos que ya existen en Colombia y de metas que son inviables porque no se resuelven los problemas de fondo.

Para saber cómo hacemos el Carretómetro haga click aquí

El Carretómetro evalúa dos aspectos de las propuestas de los candidatos: si son innovadoras y si son logrables.

Después de investigar a profundidad sobre el tema, puede haber cuatro resultados:

  • Transformadoras: las que son innovadoras y logrables.
  • Carreta: las que son innovadoras, pero no logrables.
  • Humo: las que son poco innovadoras y logrables.
  • Pfff: las que son poco innovadoras y además, tal como están planteadas, no son logrables.

Recuperación de dineros de corrupción y narcotráfico

Propuesta: “Estableceré un grupo interdisciplinario ad hoc cuya función exclusiva será identificar, perseguir y recuperar los activos de los carteles, y los dineros de los políticos y funcionarios corruptos, así como de las maquinarias operando bajo su control”.

En la respuesta que dio a La Silla sobre este pilar dijo textualmente: “La Contraloría estima en 50 billones de pesos anuales lo que se desaparece por corrupción. El CEDE de la U de los Andes señala que el negocio de la coca representa entre 18 y 24 billones de pesos anuales.

Estimamos que podemos recuperar entre el 5-10% de los desfalcos causados en la última década por la corrupción. A eso se añade un 10% del negocio ilícito anual de estupefacientes procedente de incautaciones de activos. Esto significa que durante mi gobierno, la meta es recuperar 27 billones de pesos durante los 4 años del mandato”.

Calificación: Carreta (es innovadora pero no es lograble).

En Colombia existen y han existido diferentes mecanismos de colaboración interdisciplinaria y articulación entre entidades del Estado para investigar casos de corrupción. Sin embargo, como la misma Betancourt señaló en su rueda de prensa, Colombia no ha logrado avances significativos en la recuperación de estos dineros; en ese sentido, la propuesta de Betancourt es innovadora porque le apunta a cambiar este aspecto. Sin embargo, no resuelve los problemas estructurales que hay detrás de esta dificultad.

En 2015 se creó un convenio tripartito entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para investigar y sancionar conductas de corrupción; en 2018, Juan Manuel Santos creó un Comando Anticorrupción integrado por estas tres mismas entidades; en 2020 Iván Duque anunció la creación de un Bloque de Búsqueda contra los Corruptos, en trabajo conjunto con la Fiscalía y la Procuraduría.

Todo esto a pesar de que un marco de articulación entre el poder público y los entes de control para la lucha anticorrupción existe por lo menos desde 2011, cuando el Estatuto Anticorrupción retomó la Comisión Nacional de Moralización (creada inicialmente en 1995), que está integrada por las cabezas de las ramas del poder público y de los organismos de control.

“Estos grupos interdisciplinarios son nociones que suenan bien en el discurso, pero materializarlas es muy complicado porque el Ejecutivo puede correr el riesgo de interferir con funciones de organismos que son completamente independientes. En el pasado este tipo de ideas no han funcionado”, señala Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. “Se debería priorizar la acción de la Comisión Nacional de Moralización, y en el marco de esta comisión que ya existe desarrollar acciones coordinadas”.

Adicionalmente, nada en la propuesta de Betancourt resuelve el principal obstáculo que los expertos identifican para la recuperación del dinero de los corruptos: la cooperación internacional. La mayoría de funcionarios corruptos guardan el dinero de coimas o sobornos fuera del país, en paraísos fiscales. Por lo tanto, identificar cuáles son los activos que tienen los corruptos y dónde están ubicados es el principal problema para la recuperación y la razón por la que Colombia no avanza en esta meta, a pesar de los mecanismos que ya tiene, incluyendo una unidad de inteligencia financiera (la UIAF).

Por último, todos los expertos son escépticos frente a los cálculos que hace Betancourt de recuperar 27 billones durante su gobierno, porque se basan en cifras que tienen poco sustento. La cifra de 50 billones de pesos la produjo en 2017 la Contraloría de Edgardo Maya, pero no explicó cómo la sacó y entre los expertos hay un consenso de que no tiene un soporte técnico.

Y según Daniel Mauricio Rico, experto en política pública y economías criminales, la cifra de 18 billones que cita Betancourt como rendimiento anual del narcotráfico tampoco es muy confiable, pues es una estimación que está basada en muchos supuestos —por ejemplo, supone cuánto se diferencia el precio de exportación del precio de frontera, y qué monto de la comercialización externa podría hacer parte del PIB colombiano.

“La cifra está llena de supuestos, es algo que confunde más que otra cosa. Tal vez lo más importante que muestran las cifras (que usa Betancourt) es que este programa no entiende de fondo la complejidad de los procesos de corrupción y extinción de dominio. Hay enormes cuellos de botella en esos procesos”, opina Rico.

Compensación a las víctimas de corrupción

Propuesta: “Presentar una nueva ley que reconozca el derecho fundamental de todos los ciudadanos colombianos, víctimas de la corrupción, a obtener una compensación por parte del Estado.

Para reconocer y desembolsar estas compensaciones crearé un fondo de destinación específica, que se alimentará de la incautación de dineros y bienes ilícitos provenientes del narcotráfico, y de las rentas desfalcadas a la Nación por políticos y funcionarios corruptos”.

Calificación: Pfff (no es nueva y no es lograble de la manera en la que la propone).

La noción de crear una nueva ley para indemnizar a las víctimas de la corrupción en Colombia suena muy ambiciosa, pero en realidad no lo es, por una razón: esto ya existe en la ley colombiana.

La ley 2195 se aprobó el 18 de enero de 2022, y establece, entre otras cosas, el marco legal para reparar a las víctimas de la corrupción por los daños causados: “Quienes se consideren afectados individuales o colectivos de los actos de corrupción podrán presentar solicitudes a la Procuraduría General de la Nación para que se les considere en los procesos de restablecimiento de los derechos y en la reparación integral pecuniaria y no pecuniaria”. Incluso establece un Fondo para la Reparación de Víctimas de Actos de Corrupción, a donde irán a parar las multas impuestas por esta ley.

Por otro lado, los cinco expertos coinciden en que la reparación como propone Betancourt en su programa no sería lograble por dos razones. En primer lugar, porque los recursos con los que ella plantea indemnizar a las víctimas vendrían de la recuperación de activos de corrupción, que no es lograble tal y como ella la propone, como se expuso en el apartado anterior. Por lo tanto, es poco probable que tenga suficientes recursos para indemnizar a todas las víctimas.

Y en segundo lugar, porque mucho de lo que ella señala como corrupción hoy en día no es considerado como tal por los organismos de control. Por lo tanto, las “víctimas” que Ingrid tiene en mente tampoco serían consideradas víctimas de corrupción —y la declaratoria del reconocimiento de las víctimas les corresponde a los entes de control y la Rama Judicial, donde el (o la) presidente no tendría injerencia. Esto implicaría sacara adelante una nueva ley que redefina la corrupción en los términos amplios que ella lo entiende, con el problema de que tendría que ser aprobada por una mayoría de políticos que ella tilda de corruptos.

En la rueda de prensa, Betancourt puso el ejemplo del derrumbe que hubo en Pereira la semana pasada. Señaló que se conocía que esa era una zona de riesgo pero no se evitó el daño que sufrieron quienes vivían en la zona, y que por lo tanto, este daño fue producido por la corrupción. Este es uno de varios ejemplos que Betancourt cita como corrupción erróneamente, como señalaron cuatro expertos consultados.

“La diferenciación más importante que hay que hacer es entre corrupción y negligencia. La negligencia no es corrupción, puede ser pereza, o baja capacidad de parte de la entidad o el funcionario, pero no es corrupción. El funcionario no está ganando plata o algún beneficio propio por ser negligente. Hay muchos errores que se cometen en el sector público por negligencia o por baja capacidad institucional. No puede uno decir que todos los problemas del país son corrupción”, señala Carolina Isaza, docente investigadora de la Universidad Externado y experta en temas de corrupción.

Para el caso particular del derrumbe en Pereira, este artículo de El Espectador menciona las dificultades de prevenir el desastre a pesar de que era una tragedia anunciada. Aunque Betancourt plantea que estas víctimas podrían ser indemnizadas por daños de corrupción, en la práctica esto sería muy poco probable.

Sanción a los corruptos

Propuesta: “Estableceré un tribunal especial conformado de jueces incorruptibles, para sancionar a los políticos y funcionarios responsables de estos desfalcos.

Serán investigados los funcionarios de alto rango (políticos actuales y anteriores, funcionarios públicos, alcaldes, ministros, etc.) que hayan acumulado una riqueza que no puedan justificar”.

Calificación: Pfff (no es nueva y no es lograble de la manera en la que la propone).

La propuesta no es nueva, por un lado, porque ya existen en Colombia mecanismos de sanción a los corruptos y organismos encargados de llevarlos a cabo, como se ha señalado en los apartes anteriores. Incluso, la propuesta específica que hace Betancourt de investigar funcionarios que hayan acumulado riqueza no justificada ya está cubierta en la ley 2195, que en el artículo 15 establece un “sistema de detección y alertas para combatir el incremento patrimonial no justificado de servidores públicos”.

En cuanto a la creación de un nuevo tribunal especializado, esta es una idea que se ha planteado a nivel internacional, pero no está demostrado que aumente la efectividad de la justicia para sancionar a los corruptos.

“La conclusión del debate internacional ha sido que lo que se necesita es garantizar la plena independencia de los jueces y la justicia. Asegurar que el ejecutivo no tenga ningún tipo de injerencia sería el aporte más importante que se podría hacer”, explica Hernández, de Transparencia por Colombia.

Esta, de hecho, es la principal razón para que la propuesta de Betancourt no sea lograble: para interferir en la Rama Judicial y crear un tribunal, ella, como presidente, tendría que sacar adelante una reforma constitucional, nuevamente con una mayoría de políticos que ella considera corruptos. Y, dado el sistema de contrapesos que es sustancial al diseño institucional colombiano, ella no podría garantizar que esos jueces sean incorruptibles pues la nominación y la elección de los jueces está repartida entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Rama Judicial. Es decir, ella no podría nombrarlos.

Compartir