La propuesta de la MANE por fin ve la luz

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Tras una plenaria de tres días en la Universidad de Antioquia el fin de semana, a la que asistieron unos 2500 estudiantes de todo el país, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) terminó de darle forma a la “propuesta alternativa” que prometió hace año y medio cuando suspendió el paro estudiantil que logró bloquear la reforma a la educación superior del presidente Santos y que ahora le presentará al Gobierno

Tras una plenaria de tres días en la Universidad de Antioquia el fin de semana, a la que asistieron unos 2500 estudiantes de todo el país, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) terminó de darle forma a la “propuesta alternativa” que prometió hace año y medio cuando suspendió el paro estudiantil que logró bloquear la reforma a la educación superior del presidente Santos y que ahora le presentará al Gobierno.

Llegar a este punto tomó más de un año, siete plenarias nacionales y cientos de reuniones de las cerca de 70 mesas de la Mane que existen en el país. En ese tiempo nacieron mesas de la Mane en casi todas las universidades públicas -con la única excepción de la Militar- y en tres cuartas partes de las privadas. Hoy hay mesas en todos los departamentos y en cada una de las facultades de la Universidad Nacional.

El documento final de la Mane aún no está listo, pero las propuestas ya quedaron en firme. En este momento están redactando el documento formal, que luego evaluarán con un grupo de abogados y académicos de alto nivel para asegurar que su articulado es correcto legalmente.

A finales de agosto se lo presentarán a la ministra María Fernanda Campo y comenzará el proceso de concertación con el Gobierno, que esperan reúna las aspiraciones de estudiantes, profesores y empleados tanto de las universidades públicas como privadas.

“Es hora de organizar una discusión seria con todo el sector. La situación es tan grave que el debate no es sobre cómo queremos que sea la universidad pública, sino sobre si ésta seguirá existiendo”, dice Sergio Fernández, estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional y uno de los voceros de la Mane.

La mayoría de sus propuestas hablan específicamente de las universidades públicas y en muchos puntos su diagnóstico es similar al que llegaron en enero los vicerrectores administrativos de las 32 universidades públicas del país. Algunas de sus propuestas tocan también a las privadas, aunque los líderes estudiantiles de la Mane siempre aclaran -anticipándose a una de las acusaciones que se les ha hecho- que en ningún momento están buscando la estatización de las universidades.

La Mane está planeando una serie de 'manifestaciones creativas' con las que busca ambientar el debate y mover al Gobierno a conversar con ellos, pero no tomará ninguna decisión sobre volver al paro estudiantil hasta un mes después de entregarle su propuesta a la ministra Campo. Es decir, dejarán el balón en terreno del Gobierno.

La Silla conversó con varios líderes de la Mane sobre cuatro puntos centrales de la “propuesta alternativa” que presentarán al Gobierno.

1.    La gratuidad para mejorar el acceso y la cobertura

Como lo han venido planteando desde hace dos años, una de las mayores prioridades para la Mane es la “matrícula cero”, que ellos ven como el mayor obstáculo para incrementar el acceso a la educación superior.

Para la Mane, la gratuidad total de la universidad pública -siguiendo el modelo de financiación total por parte del Gobierno de la educación escolar- permitiría corregir una realidad alarmante. Por cada 100 estudiantes que se gradúan del colegio, 30 llegan a las universidades y 10 a instituciones técnicas, según datos del Ministerio de Educación. De esos universitarios, 15 llegan a las públicas y otros 15 a las privadas, pero no se gradúan sino la mitad de ellos.

La Mane sabe que un revolcón al sistema educativo como la gratuidad de la universidad pública no puede ser inmediato, por lo que proponen hacerlo de manera gradual durante 10 a 15 años.

“Es claro para nosotros que es necesaria y que es posible, contrario a lo que se quiere hacer creer. Es una decisión política que se puede tomar”, dice Juan Sebastián López, representante estudiantil del Externado y también vocero de la Mane. “Nuestros cálculos son que garantizar la 'matrícula cero' podría costar unos 850 mil millones de pesos por año, lo que viene a ser anualmente menos de los 1,2 billones que representa un punto del Cree [impuesto sobre la renta para la equidad que creó la reforma tributaria para remplazar los parafiscales]”.

Eso vendría a ser, aproximadamente, menos del 0,1 por ciento del Pib o un 3 por ciento del presupuesto anual del Ministerio. Un salto en esa inversión podría aumentar el número de estudiantes en las universidades públicas, que en Colombia es del 48 por ciento y similar al de la mayoría de los países latinoamericanos.

Pero muy diferente al de la OCDE, el ‘club de buenas prácticas’ al que espera entrar Santos, donde la mayoría de países cuenta con sistemas altamente financiados por el Estado, que superan el 90 por ciento en Alemania o Francia.

Dentro de la comunidad educativa hay visiones encontradas sobre la gratuidad. Para muchos, sería una decisión política que sí aportaría un piso mínimo de equidad que permite ampliar la cobertura y el acceso. Para otros en cambio la gratuidad no corrige el problema del nivel bajo de habilidades con que llegan muchos estudiantes, que podría explicar tanto las bajas tasas de acceso a la universidad (no pasan los exámene de admisión) como sus altos índices de abandono. Dentro de esta lógica, hacer la inversión más fuerte en toda la etapa escolar es una manera más efectiva de mejorar el rendimiento.

En todo caso, todos coinciden en que sola la gratuidad no basta, sino que tendría que estar acompañada por medidas e incentivos que permitan reducir tanto el abandono como la vagancia.

2.    El bienestar para contrarrestar la deserción

Para la Mane, una de las señales más preocupantes del estado de la educación superior es el número de estudiantes que no termina la carrera, que alcanza -según datos del Ministerio- el 45 por ciento en las públicas y el 51 por ciento en las privadas. Y para ellos el mayor causante es que la definición de bienestar estudiantil se ha reducido al mínimo posible.

“El bienestar universitario no se puede entender como hacerle favores a los estudiantes. Para nosotros la formación integral es una misión de la universidad que se incentiven el deporte y la cultura, la correcta alimentación, la permanencia. No estamos de acuerdo con que se tercerice lo que no es clase, que se entregue -como en la Nacional- el auditorio a Tuboleta o el estadio a Cafam”, dice Juan Sebastián López.

La inversión en bienestar es, en efecto, muy baja. Entre las 32 universidades públicas del país se invirtieron apenas 145 mil millones de pesos en 2011, según datos compilados por las propias universidades. Esto equivale a 260 mil pesos anuales por estudiante.

3.    La calidad como gran sacrificada por el hueco fiscal

Tal vez la mayor preocupación de los estudiantes -y las mismas universidades públicas- es que el alto déficit que tienen éstas no les permite alcanzar los niveles de calidad que quisieran.

El informe que realizaron los 32 vicerrectores administrativos estimó que las universidades públicas necesitan unos 18,7 billones de pesos para funcionar anualmente. De esos ellos han venido aportando 7,5 billones, lo que les deja un enorme deficit de 11,2 billones que no pueden cubrir.

“¿Cómo hablar de calidad si las cosas están como están? Sin hablar nosotros con los rectores y vicerrectores, llegamos a las mismas conclusiones. Se necesita una operación electroshock para el sistema educativo”, dice Sergio Fernández.

Y esos recursos no dan abasto. Las universidades públicas calculan que el sólo deficit en infraestructura es de unos 5 billones de pesos y que sus instalaciones actuales dan un promedio de 4 metros cuadrados por alumno, cuando ellas venían recomendando al menos tres veces eso. Eso sin contar el estado de deterioro en que se encuentran muchos campus como el de la Nacional en San Andrés.

Algo similar sucede en investigación y desarrollo, área a la que Colombia destina el 0,16 por ciento de su PIB. En cambio, países comparables como Brasil le asignan el 1,16 por ciento y Argentina el 0,6 por ciento, según datos del Banco Mundial.

En este punto coinciden prácticamente todos en el sector educativo. El sistema de financiamiento creado en un momento en que había 150 mil estudiantes en las universidades públicas hizo aguas hace rato en un país que hoy tiene unos 560 mil matriculados.

4.    Garantizar mayor autonomía de las universidades

Uno de los puntos que posiblemente levantará mayor controversia de las propuestas de la Mane es que cambie radicalmente el esquema de gobierno de las universidades públicas, para involucrar más activamente a los estudiantes, profesores y empleados de las universidades. Y que en las privadas también tengan mayor voz estos tres grupos.

“Para nosotros la concepción de autonomía viene acompañada de democracia, que los estamentos de dirección de las universidades incorporen de verdad a la comunidad académica y que no se tomen todas las decisiones importantes a puerta cerrada”, dice Juan Sebastián López.

Para la Mane no tiene sentido que los consejos superiores educativos de la mayoría de universidades, tanto públicas como privadas, tengan una representación mínima de sus sus principales beneficiarios. “En casi todas hay apenas un estudiante y un profesor, ningún empleado, cuando son el centro de la educación”, añade Sergio Fernández.

Para ello proponen crear cuerpos de decisión como las asambleas universitarias que existen en Argentina o México. O replicar modelos como el de la Universidad de Manizales, donde el consejo superior está integrado por el rector, dos estudiantes, dos profesores, dos empleados y dos egresados.

Este punto también genera reacciones divididas. Para muchos conocedores del sector, al financiar el Gobierno las universidades resulta lógico que cuente con personas en los cargos directivos que le permitan controlar que los recursos se gestionen de la manera apropiada.

Pero para otros sí existe un gran temor injustificado dentro de las universidades -tanto públicas como privadas- de que hacer esas instancias más abiertas podría significar perder las riendas de la dirección. Y que esa realidad fue precisamente una de las críticas más grandes que le hicieron a varias prestigiosas universidades cuando comenzaron sus procesos de acreditación internacional hace una década.

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