La puja entre Petro y Claudia por el metro apunta al Consejo de Estado

Una corte para arbitrar entre Petro y Claudia

Los dos conceptos que mandó a hacer el distrito, a diferencia de los tres de la nación, muestran que hay varias dificultades para hacer ese cambio al contrato. El metro de Bogotá, un proyecto que se viene discutiendo hace 80 años, es la obra de infraestructura más grande del país actualmente, y tiene un costo de 13,8 billones de pesos.

Volver el metro subterráneo, dicen los abogados de la alcaldía, no se puede porque el consorcio chino que hoy construye la primera línea no tiene acreditada la experiencia necesaria para construir metros subterráneos. China es uno de los mayores constructores de metros subterráneos, pero el problema es que la empresa estatal, Apca Transmimetro (China Harbour Engineering Company y Xian Metro Company), no certificó esa experiencia porque no era necesario para esa licitación en ese momento.

El presidente y la alcaldesa habían acordado hacerles caso a las mesas técnicas, pero el cruce de conceptos jurídicos ha impedido ponerse de acuerdo. Por eso, la sala de Consulta Civil del Consejo de Estado aparece como el nuevo árbitro entre ambos.

“La posible consulta que se haría es, por ejemplo, si es posible para el consorcio chino adicionar documentación que certifique su experiencia en la construcción de metro subterráneo”, explica uno de los miembros de las mesas técnicas, que pidió no revelar su nombre para hablar con libertad. Pero también podrían hacer otro tipo de preguntas relacionadas con el dinero que tendría que dar la nación o un posible detrimento patrimonial.

Según explica el exmagistrado del Consejo de Estado William Zambrano, y quien estuvo en esa sala, “las consultas en la sala suelen responderse de forma rápida, algunas en solo tres días”. Pero dada la complejidad de este tema es posible que la consulta pueda demorarse unos tres meses.

Algo particular de este tipo de consulta, explica Zambrano, es que no funciona como una sentencia, que tiene que acatarse. Es un concepto para la toma de decisiones y el gobierno no está obligado a obedecerlo, pero por su autoridad genera confianza y legitimidad. Otra particularidad de este tipo de consultas es que el gobierno puede decidir no publicarla. Si no se pronuncia sobre su confidencialidad, el Consejo de Estado la publicará en seis meses, y por petición del gobierno puede mantenerla en reserva por un máximo de cuatro años.

Los escenarios tras una consulta en el Consejo de Estado

La posibilidad de la consulta y la diferencia de conceptos jurídicos implican que el debate seguirá corriendo, al tiempo que desde la alcaldía se avanza con la construcción de la primera línea del metro elevada, que ya tiene la obra física en 18 por ciento y el traslado de redes eléctricas y de gas en 99 por ciento, según la alcaldía.

Si llega al Consejo de Estado, el tema del metro enfrentará a dos exmagistrados que hoy litigan en lados opuestos. Uno de los conceptos del distrito fue realizado por la firma de abogados de Mauricio Fajardo, quien fue presidente del Consejo de Estado. El documento discute directamente con el que hizo para el gobierno Petro Enrique Gil Botero, también exconsejero y exministro de Justicia de Juan Manuel Santos.

Según Fajardo, el argumento de Gil Botero, avalando el cambio de diseño, parte de la suposición de que la concesión que hizo el exalcalde Enrique Peñalosa quedó mal planteada. Y afirma que eso no es cierto.

Además, según el concepto de Fajardo, “no resulta jurídicamente viable modificar los objetos de los contratos estatales, no al menos en sus aspectos centrales, básicos o sustanciales”. También dice que “la reforma del contrato en esencia debe tener lugar en un nuevo contrato”. Y asegura que cambiar el trazado implica reformar el objeto en cuanto a distribución de riesgos, obligaciones del contratista en su construcción y la definición de su esquema financiero.

El concepto de Fajardo también cuestiona que el concepto de Gill Botero no explique por qué habría riesgo de afectación grave del servicio público, como uno de los motivos para parar el metro.

La Silla no conoció el segundo concepto de la alcaldía, que fue elaborado por la Empresa Metro de Bogotá. Pero supo, por dos fuentes de la mesa técnica, que también muestra lo perjudicial que podría ser reformar el metro. “Hay implicaciones económicas, en tiempo, jurídicas y lo que vemos insalvable es la falta de certificación de la experiencia de los chinos en metros subterráneos”, dice una fuente.

Más allá del debate jurídico, que la decisión llegue al Consejo de Estado plantea dos escenarios. Uno, en el que la insistencia de cambiar el diseño del presidente sea negada en una alta corte, le quitaría legitimidad a la intención de el metro en la primera línea.

El otro escenario es que se avale el cambio. Esto mantendría viva la discusión entre Petro y Claudia, que avanzaría a otras instancias. Por un lado, entre las distintas opciones y costos de un nuevo diseño, lo que desataría una negociación interna de Petro con el Ministerio de Hacienda para sacar una plata que hoy no tiene presupuestada (17 billones costaría la modificación del metro), y otra externa con la alcaldía.

Por el otro, el tema llegaría al Congreso, donde tendría que modificarse una ley para hacer que todo el costo adicional lo asuma el gobierno nacional, pues la alcaldesa ha dicho que “no pondrá un peso para modificar la obra”. 

Petro sigue presionando a Claudia con la segunda línea

En este debate al presidente no le alcanza el poder para obligar a Claudia López a cambiar el metro, pero sí para presionarla. Ella depende de la nación para sacar adelante proyectos importantes para Bogotá. Entre esos, la segunda línea del metro, que será subterránea y llevará esa vía férrea hasta Suba y Engativá.

Petro lo sabe y le condiciona ese apoyo a que ceda con la primera línea, como ya lo dejó en evidencia el propio ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Este la amenazó públicamente con no apoyar algunas obras si ella no cedía a cambiar el trazado de la primera línea.

Prueba de que la siguen presionando es que desde el año pasado la mandataria ha buscado conseguir las contragarantías de la nación para poder abrir los créditos internacionales para la segunda línea. El exalcalde Enrique Peñalosa, con Iván Duque como presidente, las consiguió en cuestión de días, mientras que López con Petro lleva tres meses.

Son cuatro papeles de contragarantía que entrega el Ministerio de Hacienda. Ya entregó el primero en el que decía que se podían iniciar los trámites para empezar el proceso de crédito. Pero faltan otros tres, en los que se especifica que se pueden abrir créditos con el Banco Europeo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En esos documentos de garantía la nación se compromete a pagar a los bancos que financien la segunda línea en caso de que la ciudad incumpla. Y, a la vez, la ciudad queda comprometida a pagarle a la nación en caso de incumplimiento.

“Para poder abrir la licitación hay que tener una disponibilidad de plata en el presupuesto nacional que muestre que el gobierno tiene cómo pagar ese contrato”, explica Andrés Escobar, quien fue gerente del metro y quien conoce cómo funciona el proceso de contragarantías. “Sin esos papeles, no se puede abrir la licitación”, dice.

A la alcaldesa ya le entregaron el primer papel, pero falta la segunda contragarantía con la que ya podría abrir prepliegos (condiciones) de la licitación. En el distrito tienen planeado que les entreguen esa garantía a más tardar la próxima semana. “Pero ellos (el gobierno nacional) utilizan ese papel como una forma de presión. Cada cosa que le dan (a la alcaldesa) es de a poquitos”, dijo una fuente de la mesa técnica.