La reforma a la elección del Fiscal queda a la medida del Contralor y su esposa

La reforma a la elección del Fiscal queda a la medida del Contralor y su esposa
Contraloryesposa15102021.jpg

Marcela Yepes y Carlo Felipe Córdoba

Un cambio a la Constitución que aprobó esta semana el Congreso en primer debate, y que acaba de pasar de agache en una pequeña reforma a la justicia, blinda la posibilidad de que Carlos Felipe Córdoba, Contralor General, o su esposa y ex directiva de la Fiscalía, Marcela Yepes, sean candidatos a Fiscal cuando termine el período de Francisco Barbosa. 

En julio el Congreso ya había aprobado que los abogados que aspiren a ser magistrado de alta corte, Fiscal, Procurador, Defensor o Registrador no tengan experiencia profesional en derecho sino en cualquier profesión.

Eso, como ya explicó El Espectador, le conviene a Córdoba y Yepes, que tienen más de 20 años de experiencia profesional pero no son abogados, y están terminando su carrera de derecho en el Politécnico Grancolombiano.

Pero no está firme porque la ley que aprobó el Congreso es estatutaria, sólo empieza a regir cuando la revise la Corte Constitucional (un trámite que puede tardar unos seis meses y apenas arrancó) y la Corte lo puede hundir porque la Constitución prevé que se debe ser abogado para llegar a esos cargos.

Por eso el nuevo articulito refuerza las opciones de Córdoba y Yepes, que son un rumor en espacios políticos y que ellos niegan.

El nuevo intento de reforma

Esta semana, que no tuvo plenarias y en la que algunos congresistas dijeron que estaban en receso, la Comisión Primera de Cámara sí trabajó. Le metió el acelerador al proyecto de reforma a la justicia que le mete mano a la elección del fiscal.

El proyecto se radicó el 13 de septiembre con autoría de los senadores Germán Varón Cotrino (Cambio Radical), Fabio Raúl Amin (Liberal), Miguel Ángel Pinto (Liberal), Armando Benedetti (Petrista), Eduardo Pacheco (Colombia Justa Libres), Roy Barreras (Petrista) y los representantes Julio César Triana (Cambio Radical), Jennifer Kristin Arias (Centro Democrático) y Oscar Hernán Sánchez (Liberal).

En ese momento solo eran tres artículos para que la elección de magistrados la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se diera por convocatoria pública, y no por un proceso interno de esas cortes.

“Con esas intenciones, y por solicitud del senador Germán Varón, lo firmé”, dice el representante José Daniel López de Cambio Radical, quien dijo que le retiró ese apoyo. 

Así se presentó en una audiencia pública el viernes pasado, 8 de octubre. De hecho, la ponencia negativa para archivarlo que presentaron los representantes Inti Asprilla (Verde) y Luis Albán (Comunes), y que fue negada, solo hizo referencia a esos tres artículos.

Pero cuando fue agendado para el primer debate el martes pasado, la ponencia tenía nueve artículos más, incluyendo uno que cambia las reglas de juego para la elección de Fiscal, Procurador, Defensor y Registrador. No se mete con la del Contralor, que se cambió en 2019.

Actualmente, para ser Fiscal se debe ser abogado con diez años de experiencia profesional.

El proyecto propone cambiar la Constitución para que se pueda ser Fiscal teniendo título en ciencias jurídicas y experiencia profesional no menor a quince años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o jurídicas. Tanto Yepes como Córdoba cumplirían esos requisitos tan pronto se gradúen como abogados.

La justificación del cambio, según expuso el conservador Buenaventura León como coordinador ponente, es que un buen Fiscal, Procurador, Defensor o Registrador debe tener habilidades gerenciales y administrativas, que se pueden adquirir en otras áreas del conocimiento.

En medio del debate el representante César Lorduy (Cambio Radical), con apoyo de Juan Manuel Daza (Centro Democrático) y Harry González (Liberal), propuso que dejar cerrada la experiencia a temas de derecho en 15 años, más una complementaria o simultánea en otras carreras de por lo menos 10 años. Esa propuesta no pasó.

“He defendido y defiendo la experiencia relacionada por eso presenté la proposición para aclarar lo del Fiscal, quedó como constancia y será debatida antes de que se elabore la ponencia para segundo debate”, nos dijo Lorduy, que igual votó a favor del artículo como venía en la ponencia.

“Hoy por lo menos se expide una experiencia mínima relacionada de 15 años, no sé exactamente quién no cumple ese requisito y están tratando de cambiar las reglas para que lo cumpla”, comentó la representante Juanita Goebertus.

“Ahora resulta que son 15 años pero en cualquier otro tema ya no relacionado específicamente con la materia jurídica de la que se trata.¿Detrás de quién están para facilitar y cambiar esos requisitos?”, añadió.

La llamativa justificación

Según el ponente coordinador León y tres congresistas de esa comisión consultados por La Silla, la idea de meter esos nuevos artículos se dio tras la audiencia pública de la semana pasada. 

En esa audiencia, que duró menos de una hora y en la que participaron seis personas, los abogados y docentes Néstor Osuna, Germán Lozano y Dario Bazzani coincidieron en pedir que se aprovechara el proyecto para replantear los requisitos para ser Fiscal, Procurador, Registrador y Defensor.

“La ampliación del catálogo de profesiones con las que se habilita a la persona para ejercer el cargo debería aplicarse también al Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional del Estado Civil, puesto que allí prima el perfil gerencial como cabeza de la entidad, sobre la preparación jurídica”, dijo Bazzani

“Los requisitos para la elección de altos funcionarios se ha entendido desde tiempo atrás en asimilación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que si bien no se niega su valor, posiblemente desde que se aplica esta antigua dinámica a tiempos presentes la forma de actuar del estado y sus autoridades cada vez ha hecho más tecnócrata, burocrática y compleja”, dijo Lozano.

“Las funciones de Fiscal, Procurador, Contralor y Registrador, tiene un fuerte componente gerencial y administrativo, que bien pudiera acomparse de unos requisitos de acceso a esos cargos que tenga en cuenta la experiencia gerencial y administrativa como factor habilitante”, planteó Osuna.

Curiosamente, Osuna y Lozano han tenido contratos de asesoría jurídica con la Contraloría de Córdoba desde 2019. 

En La Silla revisamos si anteriormente Osuna y Lozano habían expresado públicamente esas posturas y no encontramos ninguna referencia.

Sobre si esa relación contractual que ha tenido con la Contraloría incidió en su concepto, Osuna le dijo a La Silla que “es una falacia ad hominem no controvertir los argumentos de la persona, sino tachar a la persona que los plantea”.

Por su parte, el contralor Córdoba le dijo a La Silla que aunque efectivamente Osuna y Lozano han tenido contratos en la entidad, eso no significa que ellos hayan planteado esas propuestas por petición de él.

“El doctor Bazzani también lo planteó y él no ha tenido contrato con la Contraloría. El doctor Osuna siempre ha tenido las asesorías de los temas constitucionales en la entidad, pero eso no quiere decir que haya hablado en el Congreso por cuenta mía. Pregúnteles quién los invitó esa audiencia es la Comisión”, dijo Córdoba.

La audiencia pública fue citada por la mesa directiva de la Comisión, que, aunque era general, mandó invitaciones personalizadas a los presidentes de las altas cortes, al Ministerio de Justicia y a universidades.

Las personas interesadas en participar debían enviar un correo el día anterior, es decir el jueves 7 de octubre. Solo seis personas notificaron ese interés, aparte de Osuna, Lozano y Bazzani, participaron Gloria Stella López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura,  Mauricio Fernando Rodríguez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el académico Pedro Nel Pinzón.

Además de esa relación entre los abogados que plantearon las propuestas y el contralor Córdoba, hoy La W dijo que los ponentes del proyecto de reforma (León, Lorduy, Óscar Sánchez y Alfredo Deluque) fueron invitados a un desayuno en la Contraloría para debatir la inclusión de los nuevos artículos. 

“No me he reunido con nadie y menos con el Contralor”, le dijo a La Silla el representante Lorduy.

“Tengo reuniones permanente con el Congreso porque es una de mis funciones porque tenemos muchos proyectos de ley que están en curso. Pero no es cierto que le hayamos pasado documentación alguna a esos ponentes y que desde la Contraloría quiera incidir en esa reforma”, le dijo a La Silla el contralor Córdoba.

“Esto es de mala leche, y de mala fe decir que entregamos información ese documento de la W no tiene ni siquiera membretes”, añadió. 

Pero el cambio sí encaja con el perfil de Córdoba.

Encajan los perfiles

El Contralor es profesional en Relaciones Internacionales y Gobierno con una especialización en Alta Gerencia y una maestría en acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Y Yepes es economista empresarial y tiene una maestría en administración. Los dos están terminando derecho.

De aprobarse la reforma sus perfiles encajarían para optar a la Fiscalía porque ya tienen el título de abogados, y cuentan con la experiencia profesional en “ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o jurídicas”.

Córdoba lleva 20 años en cargos públicos en Presidencia, gobiernos de Risaralda, la Auditoría General y la Federación de Departamentos. 

Y Yepes desde el 2007 con cargos administrativos y financieros en la Contraloría General y en la Fiscalía

El Contralor ha negado que esté detrás de que él o su esposa lleguen a ese cargo. “Es de muy mala leche pensar que por hacer uno una carrera eso sea malo. En este país ustedes deben mirar qué cuentan para no acabar con la función pública", nos dijo Córdoba.

Aunque sea así, la reforma los podría cobijar y por ahora hay ambiente en la Cámara para que pase. Pero esos ruidos, los tiempos legislativos y otros proyectos paralelos que también tocan la elección de Fiscal se pueden interponer.

Como es una reforma a la Constitución, debe pasar ocho debates antes de ser aprobada. De esos, al menos cuatro deben darse de acá a que termine este periodo de sesiones, el 16 de diciembre.

“Está apretadito, pero no imposible. Como ya salió en primer debate, el segundo podría ser en la semana del 25 de noviembre. De ahí saldría a Comisión Primera de Senado, que tendría diciembre para sacarla y meterla en plenaria antes del 16 de diciembre”, calcula un representante a la Cámara.

Como el primer debate pasó con respaldo de los partidos mayoritarios es muy probable que sea igual en plenarias.

El lío es que se cruza con otro proyecto del senador Roy Barreras para que el Presidente sea quien elija el Fiscal de una terna que le pase la Corte Suprema de Justicia (hoy lo elige la Corte de una terna que arma el Presidente), sin cambiar los requisitos.

“Es una propuesta que garantiza la separación de poderes, independiza al fiscal del grupo de amigos del presidente. La de la Cámara trivializa los requisitos para ejercer los mayores cargos del control público”, le dijo Barreras a La Silla.

Esa propuesta ya pasó el primer debate en la Comisión Primera del Senado.

En paralelo, el senador cristiano Eduardo Pacheco está impulsando que la elección se haga por un concurso de méritos y convocatoria pública en la que dos universidades, una pública y otra privada, definan el perfil y elijan al mejor cualificado.

Como el de Barreras, este proyecto mantiene los requisitos actuales.

El período de Francisco Barbosa en la Fiscalía culmina, en principio, en enero de 2024, aunque hay una tutela que pide que se entienda que terminó en junio (tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez), y que se elija otro fiscal. Eso cambiaría el panorama radicalmente, pero no es sencillo que ocurra pues el Consejo de Estado ya dijo que va hasta 2024.

Mientras tanto, faltan meses para que la Corte falle sobre el cambio que ya hizo el Congreso en una ley estatutaria, y para que se sepa si avanzan esos cambios en los requisitos para ser Fiscal. Meses en los que la campaña electoral seguramente acaparará la atención, y en los que otros cambios de poder se pueden ir dando lejos de los reflectores. Como abrir la puerta a que el actual Contralor pueda seguir su estelar carrera con una candidatura a la Fiscalía.

Compartir
0