La Registraduría avanza contra el tiempo para contratar el software electoral

La Registraduría avanza contra el tiempo para contratar el software electoral
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Registrador nacional Alexander Vega

En medio de críticas a su gestión, y dudas sembradas sobre las garantías del proceso electoral, la Registraduría Nacional está a punto de contratar por primera vez un software propio para contar los votos en 2022. Las dudas las ha sembrado el propio registrador, Alexander Vega, con salidas cuestionadas en medios que han agitado denuncias preventivas de algunos sectores de la oposición de que se robarán las elecciones. 

Mientras tanto, dentro de la Registraduría, el proceso de contratación del software propio, una de las solicitudes principales para blindar el proceso electoral, avanza con el tiempo en contra. El contrato de 27 mil millones de pesos, además, se otorgará sin una licitación, sino con una proceso cerrado que, de nuevo, resalta el universo limitado de compañías que acaparan la contratación estatal de los temas electorales en Colombia.

Los ruidos de fraude creados por Vega

Con una carta virtual que ya tiene más de 22 mil firmas, el hashtag #RegistradorRenuncieYA que lleva una semana dando vueltas en Twitter, y la convocatoria a un plantón el viernes frente a la Registraduría, sectores de oposición están exigiendo la salida del registrador nacional Alexander Vega. “Sin garantías en lo electoral no hay democracia”, dice José Novoa, líder del petrismo que está convocando al plantón.

Aunque aún no hay pruebas de que en las próximas elecciones vaya a haber ese fraude, el registrador Vega sí se ha encargado de ambientar esos temores.

Primero, cuando dijo, sin dar detalles, que en Colombia había 55 millones de personas y no 50 millones como reportó el Dane — que es la autoridad oficial para temas de población — dejando un manto de dudas sobre si en realidad votan los que deben votar, o si el censo electoral está inflado, o siguen votando los muertos.

Y luego, cuando de manera retadora dijo que en las elecciones “el que no sienta garantías, no debería presentarse”. Ahí, el rechazo a su gestión pasó las fronteras de la oposición de izquierda y generó voces de otros sectores políticos y de opinión

Vega ha soltado esos señalamientos y luego no ha vuelto a hablar ni en los canales institucionales ni en los medios de comunicación para sustentarlas. Lo último que dijo es que va a cumplir un viejo pedido de la oposición: que el software con el que se hace el escrutinio de los votos sea propiedad de la Registraduría, y no alquilado a un privado.

La necesidad del software propio

Para eso, Vega sacó la semana pasada un proceso de contratación por 27 mil millones de pesos. “Pidieron observación internacional, va a haber observación internacional, pidieron software propio de escrutinios va haber software propio escrutinios”, dijo Vega en la instalación de un mesa exploratoria de observación electoral internacional. 

Hace un año en el proyecto de reforma al Código Electoral, que impulsó el registrador Vega, los sectores de oposición lograron que se aprobara la compra del software para hacer el conteo oficial de los votos. Un proceso que técnicamente se llama escrutinio y permite seguir la huella de cada voto para evitar que se presenten irregularidades.

Es un software que consolida los datos de los formularios que llenan los jurados de votación, conocidos como E14. Es un proceso diferente al que se hace con el preconteo, que se hace de manera preliminar y que solo sirve para fines informativos en medios de comunicación o en la página de la Registraduría.

Hasta entonces, la Registraduría siempre había alquilado ese software a un tercero. Y eso, no siempre terminó bien. Por ejemplo, en las elecciones de Congreso de 2014 el movimiento cristiano Mira denunció irregularidades en los registros del software contratado y el Consejo de Estado encontró que efectivamente hubo manipulación al sistema, lo cual alteró los resultados en 1.412 mesas.

Con un agravante: Que dentro del contrato de la Registraduría con ese privado — una unión temporal integrada por Grupo Asesoría en Sistematización de Datos (ASD); Data Processing & Systems; Carvajal Tecnología y Servicios; Thomas Greg & Sons, y Manejo Técnico de Información S.A — se estableció que toda la información del proceso se podía borrar tres meses después de las elecciones.

Aunque no pudo revisar todo el historial del escrutinio para señalar a los determinadores, el Consejo de Estado encontró las pruebas suficientes para considerar que sí hubo fraude y sabotaje al sistema. Al corregir la votación al Mira le aparecieron los votos para superar el umbral y conseguir tres curules en el Senado.

El lío es que el litigio en el Consejo de Estado tardó cuatro años, y los senadores del Mira solo se pudieron posicionar a meses de terminar el periodo legislativo. 

Luego, en las elecciones de 2018 se viralizaron los tachones y enmendaduras de los formularios donde los jurados de votación llevan el conteo de los votos y que luego son consolidados en los procesos de escrutinio que lleva el software.

Para que no se repitan esos casos, en el debate del Código Electoral, todos los movimientos políticos decidieron avalar la compra del software para que pase a ser propiedad de la Registraduría, sea manejado por el Consejo Nacional Electoral y auditable por todos los partidos. Eso montó en el trámite inicial del Código a Gustavo Petro, quien se ha opuesto a que el programa sea contratado a un privado.

El Código aprobado no ha entrado en vigencia porque la Corte Constitucional no lo ha terminado de revisar para darle su aval constitucional. Pero el registrador Vega dijo que para dar “garantías de transparencia” a los partidos políticos en contienda era necesario contratar ese software para estas elecciones.

Argumentando que las elecciones son un asunto de seguridad nacional, la Registraduría no entregará ese contrato por una licitación pública sino por un proceso de selección abreviada de mínima cuantía. Esto es clave porque por ese camino los requisitos son más puntuales, y los tiempos para adjudicar el contrato y empezarlo a pagar, son más cortos.

Un software express para un contratista conocido

El software que va a contratar la Registraduría se usará para consolidar los votos en las elecciones de Congreso en marzo y las presidenciales de mayo y junio. Pese a la urgencia, el proceso de selección solo arrancó la semana pasada, con los estudios previos y los pliegos de condiciones.

Del pliego de condiciones llaman la atención que para determinar el valor del contrato, los 27 mil millones de pesos, la Registraduría hizo un estudio de mercado con cuatro empresas — Widetech, OSP International, Evalúa e Indra— , de las que solo una tiene experiencia en temas de software electorales: Indra. Las otras han trabajo con software educativos o de administración para oficinas.

Luego del estudio de mercado, la Registraduría abrió el proceso de selección abreviada de menor cuantía, en el que estableció condiciones que automáticamente le cierran el mercado a cuatro empresas, como lo admite la misma Registraduría. Todas son empresas que han contratado en el pasado para hacer escrutinio electoral:

  • Thomas Greg & Sons, que se ganó el contrato de un billón para la logística de las elecciones del 2022, y hace parte de un conglomerado que tiene vínculos con el expresidente Juan Manuel Santos. 
  • Grupo Asesoría en Sistematización de Datos (ASD), que fue la que manejó el software saboteado en las elecciones de 2014. 
  • Carvajal Tecnologías, que ha hecho sociedad con Thomas para elecciones pasadas.
  •  Indra Colombia, filial de una empresa española, y que viene alquilando el software de los escrutinios en las últimas cinco elecciones.

Que el contrato vaya a quedar en manos de una de estas cuatro empresas se debe a que entre las exigencias técnicas la Registraduría pidió que los interesados demuestren experiencia en dos contratos de este tipo que mínimo hayan costado unos 90 mil millones de pesos.

Y de las cuatro, Indra sería la empresa que tiene más ventajas. Por un lado, es la empresa que ha alquilado el software que ahora va a comprar el Estado colombiano y que tiene que estar funcionando en menos de 5 meses, cuando son las elecciones de marzo.

Los tiempos planteados por el contrato son muy cortos. Aunque se adjudicará a finales de noviembre, y entre eso y la legalización suelen pasar semanas, el pliego dice que el que se gane el contrato deberá entregar la versión inicial del software antes de que se acabe el 2021 para poder pagar la plata destinada este año.

Tres desarrolladores de software consultados por La Silla coincidieron en que lograr la arquitectura y funcionamiento de un programa tan complejo como ese no es fácil de conseguir en un mes. Plantean que puede demorarse entre tres y ocho meses, por ejemplo, porque debe pasar por pruebas y auditorías.

“Ya el desarrollo tiene que estar hecho en este momento para poder asumir ese compromiso”, nos comentó el gerente de una desarrolladora informática que ha seguido el proceso. 

“Claro, salvo que la empresa ya tenga claro que se lo va a ganar, ya puede ir avanzando mientras tanto”, nos dijo otro de los desarrolladores consultados.

Por otro lado, Indra tiene la ventaja de que quien está coordinando técnica y jurídicamente el proceso de contratación es el ingeniero Alejandro Campo Valero, gerente de Informática de la Registraduría y antes empleado de la compañía española.

Campo Valero entró a la Registraduría de la mano de Alexander Vega en el año 2020, después de haber trabajado entre 2014 y 2017 en Indra y Thomas Greg & Sons. De hecho, el ingeniero Campo fue el gerente de proyectos de Indra en el contrato que se ganaron con la Registraduría en 2017 para hacer el escrutinio de las elecciones de Congreso y Presidencia en 2018. 

Ahora, Campo Valero está del otro lado coordinando la contratación en la que sus dos anteriores empleadores son potenciales ganadores. Por esto, no tienen ningún impedimento legal.

Los cuestionamientos a la Registraduría sobre el método de contratación, como por qué no hacerlo por licitación, o los requerimientos técnicos que limitan la participación de empresas no son nuevos.

En el proceso para contratar la logística de las elecciones, que costó 1.2 billones de pesos y cerró con un oferente que lidera Thomas, varios empresas del mercado hicieron reclamos.

La empresa paisa Cadena, por ejemplo, dijo que el pliego de condiciones “está diseñado para limitar la pluralidad de oferentes dentro del proceso de selección pública y que los plazos fijados en el pliego de condiciones no son suficientes para conformar un proponente capaz de satisfacer los requisitos exigidos”.

La Registraduría desvirtuó ese y otros reclamos similares, señalando que la modalidad de contratación está amparada en que es un servicio de seguridad nacional y que “teniendo en cuenta la finalidad de la contratación y la información sensible que ella supone”. Y que las condiciones habilitantes garantizan que los que se presenten de verdad tengan capacidad y experiencia para cumplir.

La Silla buscó respuestas a estos cuestionamientos por parte de la Registraduría, pero no obtuvo respuesta.

Más allá de que el proceso de contratación encaje en las condiciones de las empresas que históricamente han alquilado el servicio a la Registraduría, también queda la duda de si el software podrá ser auditable o no para los partidos políticos.

La Misión de Observación Electoral y la Fundación Karisma le han planteado permanentemente a la Registraduría que los códigos fuentes del software y su trazabilidad sean públicos y sin restricciones.

Una auditoría técnica, como explica Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, consiste en que una entidad independiente examine el software por dentro para saber cómo está hecho, cómo está programado, si efectivamente hace las operaciones como se debe y determinar si su configuración es confiable. 

Ese proceso se debe hacer, según Botero, unos seis meses antes de las elecciones para poder detectar posibles fallas y hacer los ajustes. Pero como la Registraduría arrancó tarde la contratación, si se aprueba esa auditoría al nuevo software será semanas antes de las votaciones a Congreso. 

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