?En un mismo día, el Consejo de Estado anuló las muy polémicas elecciones de los magistrados Francisco Ricaurte y Alberto Rojas y la Corte Constitucional ternó a Edgardo Maya para la Contraloría Nacional. Lo que tienen en común las tres decisiones es que son una prueba más de la defenestración de la ‘rosca’ del procurador Alejandro Ordóñez en la justicia.
?En un mismo día, el Consejo de Estado anuló las muy polémicas elecciones de los magistrados Francisco Ricaurte y Alberto Rojas y la Corte Constitucional ternó a Edgardo Maya para la Contraloría Nacional. Lo que tienen en común las tres decisiones es que son una prueba más de la defenestración de la ‘rosca’ del procurador Alejandro Ordóñez en la justicia.
La decisión contra Francisco Ricaurte la tomó la sala plena del Consejo de Estado ayer con una votación de 17 votos contra cinco.
Los consejeros le dieron la razón a una demanda interpuesta por Dejusticia, Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano que alegaba que la elección del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura era ilegal pues en su nombramiento habían participado varios de los juristas que habían sido a su vez nombrados por él. Es lo que se ha conocido como “el carrusel de la justicia”.
La demanda demostraba, con base en las actas, cómo 15 de los 16 magistrados que votaron por él en noviembre del 2012 para magistrado del Consejo Superior de la Judicatura habían sido a su vez elegidos en sesiones en las que Ricaurte intervino como magistrado de la Corte Suprema.
Con este antecedente, en los próximos días se tendrá que caer también la elección de Pedro Munar en el Consejo Superior de la Judicatura, pues tiene una situación casi idéntica a la de Ricaurte y también fue demandada por Dejusticia.
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?Unas horas después de conocerse la decisión contra Ricaurte, una sala integrada por tres conjueces (Gabriel de Vega, Carlos Medellín y Jaime Córdoba Triviño) y la única magistrada del Consejo de Estado que no estaba impedida para votar porque es nueva en la corporación (Lucy Janeth Bermúdez) votó 3 a 1 a favor de la anulación de la elección del magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas.
El argumento esgrimido por los tres jueces (Jaime Córdoba Triviño salvó el voto) fue de tipo técnico: en el trámite de la selección de la terna para magistrado de la Corte Constitucional, se violó el reglamento del Consejo de Estado que dice que el voto debe ser secreto.
La decisión fue relativamente fácil puesto que los magistrados Stella Conto y William Zambrano habían dejado una constancia el día de la elección diciendo que era ilegal que los hicieran parar para indicar que estaban a favor de la terna pues violaba la confidencialidad del voto. Ellos dos se quedaron sentados.
El otro cargo que era más difícil, porque tenía un componente subjetivo, fue desechado. Alegaba que Rojas no cumplía con el requisito de haber “ejercido la profesión de abogado con buen crédito.”
Antes de la elección de Rojas, los medios habían denunciado varios incidentes poco decorosos en su pasado.
La Silla Vacía denunció que Rojas no había pagado impuestos sobre un contrato que había hecho con un amigo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Noticias Uno mostró el testimonio de una viuda que alegaba que Rojas se había quedado con la indemnización que le habían pagado a su cliente por la muerte de su marido.
Los conjueces (Gabriel de Vega aclaró el voto) consideraron que la presunción de buena fe de Rojas no había sido desvirtuada porque un segundo dictámen grafológico del CTI en el proceso penal que habían adelantado hace años contra Rojas decía que la firma de la viuda sí era auténtica. El primero respaldaba la versión de la viuda que decía que su firma había sido falsificada.
En todo caso, al haber probado que la elección no se había ajustado al reglamento fue suficiente para que el Consejo de Estado decidiera que Rojas deberá dejar su cargo en la Corte Constitucional. Le queda ahora un recurso de revisión con pocas posibilidades de ser resuelto a su favor por la sala plena del Consejo de Estado y la tutela que eventualmente lo podría restituir en su cargo.
“La denuncia de Nilson Pinilla sobre Rojas ayudó a crear el ambiente”, dijo una de las personas que estuvo cerca del proceso de decisión. “Era más sólida la decisión por el lado del reglamento. Fue un acto de asepsia”.
Se refería a las denuncias recientes que hizo el magistrado saliente de la Corte Constitucional sobre las dudas que le dejaban los magistrados Jorge Pretelt y Rojas ya que “no se sabe si fallan en derecho o si están movidos por otra razón”.
Mientras los conjueces tumbaban la elección de Rojas, este magistrado resucitaba en la Corte Constitucional la designación de Edgardo Maya, su ex jefe en la Procuraduría, como el ternado para suceder a Sandra Morelli en la Contraloría General.
Golpe al Procurador
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Las dos decisiones del Consejo de Estado le devuelven un poco de la dignidad perdida a la justicia justo cuando hay un gran rechazo social a las cortes puesto que tanto la elección de Rojas como la de Ricaurte habían sido seriamente criticadas.
Pero más estructuralmente, cada una de estas tres decisiones –sumadas a la elección de Gloria Ortíz como nueva magistrada de la Corte Constitucional- significan un golpe a la ‘rosca’ del Procurador Alejandro Ordóñez que viene manejando la justicia desde hace unos años.
“Es un golpe de estado al Procurador”, dijo a La Silla su bloguero Carlos Suárez, un agudo analista de la Rama Judicial.
Como contó La Silla, en los últimos años, Ordóñez se fue acercando a magistrados como Leonidas Bustos, Pedro Munar, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, que armaron una fuerte mayoría en la Corte Suprema. Luego, Ricaurte y Munar fueron elegidos por los mismos magistrados que ellos ayudaron a nombrar para llegar al Consejo Superior de la Judicatura, con lo cual la red de contactos del Procurador se siguió extendiendo.
La llegada de sus dos amigos a las presidencias de las cortes (Alfonso Vargas a la del Consejo de Estado y Ruth Marina Díaz –la famosa magistrada del crucero- a la de la Corte Suprema) el año pasado amplió el poder del Procurador, que ya había hecho lobby exitosamente a favor de su amiga Sandra Morelli a la Contraloría y de Jaime Ardila a la Auditoría General.
Pero con la anulación de la elección de Ricaurte, esa ‘rosca’ de Ordóñez, que había ido ocupando vacante tras vacante en la Rama Judicial, se queda sin una ficha clave pues él y Munar desde el Consejo Superior de la Judicatura movían los hilos para elaborar las listas de las cuales las cortes escojen a sus propios magistrados.
Con la nueva jurisprudencia del Consejo de Estado, se acaba la posibilidad de continuar con este carrusel de ‘yo te nombro, y tú me nombras después’ que había resultado tan exitoso para este poderoso grupo.
La ‘rosca’ también se quedó sin la posibilidad de nombrar contralor. El Procurador impulsó inicialmente la candidatura de Camilo Tarquino, también ex magistrado de la Corte Suprema y miembro de la ‘rosca’, pero esta fue derrotada en la primera ronda de votaciones en la Corte Constitucional. En la segunda, tampoco fueron escogidos Martha Elvira Ciodaro, asesora de Ordóñez en la Procuraduría, ni Orlando Lineros, casado con la cuñada del Procurador. Al final, la Corte ternó a Edgardo Maya, el antecesor de Ordóñez en la Procuraduría y un liberal que está en su polo opuesto.
La elección de Maya en el Congreso está prácticamente asegurada, lo que deja a Carlos Ardila, el apadrinado de la ‘rosca’ en la Corte Suprema, sin muchas posibilidades para llegar a la Contraloría.
En conclusión, una vez salga Morelli de la Contraloría el Procurador pierde un pie allí. Con la salida de Rojas, se queda sin un aliado en la Corte Constitucional.
Alberto Rojas, es liberal y llegó a la Corte Constitucional con el apoyo de Simón y Cesar Gaviria y de todo el Partido Liberal en el Senado, en medio de todos los escándalos en su contra. Pero a pesar de tener ese origen contrario a la ideología de Ordóñez, también contó con el respaldo activo del procurador conservador para ser ternado.
El Procurador le ayudó a limar las asperezas que tenía con Morelli –a quien Rojas no quería porque le había arrebatado de las manos el cargo de la contraloría unos años antes- y también le dio el espaldarazo con su ‘rosca’ en el Consejo de Estado para que lo metieran en el trío.
De hecho, Rojas tiene en este momento en sus manos una ponencia para anular la sentencia T-841 de 2011, tal como lo había solicitado el Procurador.
El ponente de la sentencia que quieren anular fue Humberto Sierra Porto, quien en este importante fallo sobre el caso de una niña de 12 años que tuvo que tener un bebé porque le negaron el derecho a abortar, ordenó, entre otras cosas, la reserva de los nombres de las mujeres que a través de tutela solicitan el aborto, dijo que toda solicitud de aborto debe resolverse dentro de los 5 días calendario después de la solicitud y declaró la interrupción voluntaria del embarazo como derecho fundamental en las tres excepciones. Este último criterio ha sido usado en todas las sentencias de tutela posteriores.
Es una sentencia que el Procurador Ordóñez, en su cruzada contra el aborto, ha querido tumbar y para ello solicitó la nulidad de la sentencia. Con esa solicitud, la Procuraduría intenta reabrir el debate de fondo sobre la sentencia que permitió el aborto en tres casos excepcionales.
Como Rojas es un liberal que siempre había profesado ideas liberales y se hizo elegir bajo esa plataforma, su ponencia acogiendo la solicitud del Procurador dio pie para que en los corrillos de la justicia y entre los grupos feministas se dijera que su objetivo era intercambiar favores con el Procurador para que éste la ayudara con sus amigos en el Consejo de Estado a evitar la anulación de su elección.
Al final, Rojas no alcanzó a defender su ponencia en la Sala Plena.
Por eso la salida de este magistrado, justo en este momento, es otro golpe para Ordóñez porque con la corte actual Rojas podría haber conseguido la mayoría a favor de su ponencia. A partir del 3 de julio, cuando entra Gloria Ortíz a la Constitucional en reemplazo de Nilson Pinilla, la mayoría será de verdad liberal.
La inclusión de Ortíz en la terna de la Corte Suprema –en desmedro de los candidatos del Procurador- y su rápida elección en el Senado fue otro duro golpe para Ordóñez pues, como contó La Silla, ella llega apadrinada por el Fiscal Eduardo Montealegre, su acérrimo contradictor.
Ortiz es una constitucionalista con trayectoria en la corte como magistrada auxiliar y con un talante netamente liberal. Con su entrada y la salida de Rojas, la ponencia a favor de la solicitud de Ordóñez tiene pocas posibilidades de salir en sala plena.
El reemplazo de Rojas, que tendrá que decidir ahora el Consejo de Estado, seguramente tampoco será de la ‘rosca’ dado el relevo de poder que se ha dado en esta corporación.
La época en que Alejandro Ordóñez –que ya sufrió otras tres grandes derrotas con la restitución de Petro, la rehabilitación de Alonso Salazar y la reelección de Juan Manuel Santos- era el mandamás en la Rama Judicial parece haber quedado atrás.
Contexto
