La idea de una propia estrategia para que los campesinos cambien la coca por otros cultivo sería de la mano del sector privado.
Mientras el Ministerio de Justicia está a punto de dar el paso clave para volver a asperjar con glifosato, la política de sustitución, la zanahoria para que los cocaleros arranquen la mata voluntariamente, avanza lento, tiene líos de plata y los gremios y empresarios ganarán protagonismo, propio de la visión de Duque de recargar al sector privado.
Quien perdería funciones para eso sería la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, que hoy contrata con operadores locales la asistencia técnica para los cocaleros y verifica que arranquen la hoja después de recibir un primer pago del Estado.
El cambio
Seis fuentes que lo saben de primera mano le contaron a La Silla que la Alta Consejería presidencial para la Estabilización, en cabeza de Emilio Archila, está pensando dejar a la Unodc solo con la verificación, un cambio muy grande pues por lo menos desde 2003, en plena era Uribe y con el programa ‘Familias Guardabosques’, apoya al Gobierno con asistencia técnica en el campo.
El convenio más reciente lo firmó en noviembre de 2017 la entonces Alta Consejería para el Posconflicto en cabeza de Rafael Pardo, por cuatro años. Por él la Unodc, entre otras cosas, verifica la sustitución y contratara la asistencia técnica con organizaciones locales (como pedían las Farc) donde el programa de sustitución, Pnis, lo necesitara.
“Hay una instrucción general del Presidente Duque de reducir eso (la Unodc). Uno de los elementos candidatos a salir es la asistencia técnica, pero no es una decisión tomada”, nos dijo una persona que estuvo en las discusiones del Gobierno sobre este tema.
“Desde que llegó, el nuevo Gobierno señala a la Unodc de ser cómplice del desastre que según ellos dejó el anterior Gobierno”, nos dijo otra alta fuente que está metida en este tema y nos habló bajo la condición de no citarlo.
“Desde el empalme el Gobierno Duque preguntó por ese convenio, ha revisado las cláusulas y se ha llenado de argumentos para reducir sus funciones”, nos dijo otra fuente que estuvo adentro. “El malestar con Unodc no es nuevo. Tienen muchas restricciones porque para todo deben esperar el permiso de Viena (una de las oficinas centrales de la ONU) y eso retrasa mucho los procesos”, agregó esa fuente.
A eso se suma una vieja queja y es que al verificar y a la vez contratar, la Unodc se vuelve juez y parte, a pesar de que los equipos que hacen esas tareas son independientes.
Según el último informe ejecutivo que entregó la Unodc, con datos hasta el 31 de julio, con plata del Fondo Colombia en Paz ha contratado a 44 organizaciones, universidades o corporaciones, que prestan la asistencia técnica en 50 municipios de 14 departamentos y cubren a 60.731 de las 99.097 familias inscritas en el Pnis.
El otro 40 por ciento de la asistencia técnica la han canalizado la Federación Nacional de Cacaoteros, la Federación Nacional de Cafeteros y Corpoica.
La idea del Gobierno es que la Unodc siga en ese rol hasta que termine la asistencia técnica que está ejecutando, lo que terminaría este año.
Eso sería en si mismo un cambio radical de esquema en el Pnis, el programa de Santos en el que entrarían los gremios y empresarios y que se enfrenta a otros líos.
Los retos del Pnis
El actual programa no tiene la plata suficiente para cumplir los compromisos del Estado con las casi 99.097 familias que tiene vinculadas, de las que, según cálculos del Gobierno, unas 70 mil son cultivadoras y las demás de raspachines y recolectores.
Como a cada una toca darle 36 millones de pesos en dos años, el Gobierno necesita 3,6 billones y hasta ahora ha invertido casi un billón. Hernando Londoño, que será director de sustitución en la Agencia de Renovación del Territorio, nos dijo que le pidieron al Ministerio de Hacienda 2,1 billones para 2020, pero solo les metieron 1,3 billones en el presupuesto que le presentó el Congreso. Es decir, seguirían faltando 1,4 billones.
“Hay que decirle a las familias que toca ir despacio”, nos dijo Londoño.
Eso quiere decir que no alcanzan a pagarles a todas las familias en dos años a las que empezaron a girarles en noviembre de 2017.
A los líos de plata se suma que en el año desde que llegó Duque, la Unodc no ha firmado ningún acuerdo para financiar los proyectos productivos, que son la nuez de la sustitución porque de ellos depende que el campesino tenga un reemplazo para la coca.
Al Gobierno le toca enfrentar esos enredos, porque el Pnis seguirá funcionando con las familias que ya están en él.
En paralelo a ese trabajo, está pensando en hacer su propia estrategia de sustitución con las 100 mil familias de cocaleros que, según sus cálculos, no están dentro del Pnis. Es allí, en el que será un programa más grande que el que dejó Santos en términos de beneficiarios potenciales, que quiere llevar a los gremios y empresarios,
La “nueva” sustitución
“El consejero Archila está empeñado en nuevos modelos de sustitución”, dice Londoño. “Hay que hacer esfuerzos para que las otras 100 mil familias no queden sueltas y es lo que estamos empezando a trabajar”, agregó.
Aunque esas iniciativas todavía están en borrador, y no es claro siquiera si habrá otro programa paralelo al Pnis o cómo coordinarán las diferentes entidades encargadas de aplicarlo, lo que tienen en común es la apuesta a lo privado.
Uno de los esquemas que han pensado es “Formalizar para sustituir”, que la Alta Consejería para la Estabilización ha presentado en comunicados como “otra gran herramienta del Gobierno Duque para la sustitución de cultivos” aunque es una iniciativa que creó en 2016 la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de Miguel Samper.
Básicamente, consiste en darle títulos de propiedad a campesinos que dejen la coca para que así puedan tener créditos más fácil para otros proyectos productivos.
La idea es que en vez de inyectarle dinero público a los proyectos, como hace el Pnis, el Estado entregaría tierra para que sean los privados los que pongan la plata, con la garantía de hipotecas sobre las tierras.
Eso abre un potencial negocio para empresarios -aunque en Colombia los bancos tradicionalmente han prestado poco a los campesinos, y el Banco Agrario, que es público, ha asumido la mayor parte de esa labor.
Otro modelo de Duque es el de los derechos de uso de la propiedad de la tierra, que tampoco es nueva pues está en el Acuerdo de La Habana.
La idea del Acuerdo era que el Gobierno presentara un proyecto de ley para promover formas de acceso a la tierra diferentes a entregar su propiedad, como darle derechos de uso a pequeños y medianos campesinos.
Con esos derechos también podrían tener acceso a créditos privados.
El tercer esquema sería hacer programas de sustitución a la medida de los territorios. La idea es armar alianzas en las que los campesinos cambian la coca por productos que gremios o empresas se comprometan a comercializar, como un negocio propio de ellos, y que en ese esquema participen gobernaciones, alcaldías y la comunidad.
Por ejemplo, en Tumaco, Nariño, están hablando con el Éxito para un proyecto en el que campesinos cocaleros que no están en el Pnis y quieran dejar atrás la coca, arranquen un proyecto de camarones, que comercializaría esa cadena.
En esa nueva sustitución no entraría la Unodc, aunque con su monitoreo de cultivos seguirá verificando qué pasa con las hectáreas.
“Para proyectos productivos los ejecutores y gremios harán integralmente la ejecución tanto de asistencia técnica, implementación de la línea productiva y apoyo a la comercialización y mercados”, nos dijo una fuente que lo sabe de primera mano.
El riesgo de optar por ese camino es perder los avances en fortalecimiento de las organizaciones locales, que han tenido la batuta para hacer la asistencia técnica. Eso le pegaría al corazón del Acuerdo, que buscaba empoderar a las organizaciones campesinas.
En cambio le daría aún más juego a los empresarios, que han venido ganando todo el protagonismo desde el arranque de su gobierno.
