Iván Duque alardea de ser el presidente que más ha visitado Arauca pero el escalonamiento de la violencia le pasó por enfrente. Literalmente. Guerrilleros del ELN se pasearon el domingo por un centro poblado de Arauquita mientras él hablaba en Arauca, a unas tres horas en carro. Un acto simbólico que muestra que la política oficial de “paz con legalidad” allí no ha dado resultado.
La fuerza pública intentó mitigar el impacto de la noticia tomando la misma foto en el mismo lugar durante la noche. Pero esa demostración no resuelve lo de fondo: a comienzos de enero Arauca dejó de ser una de las pocas regiones del país con presencia de grupos armados ilegales en donde no había enfrentamientos entre ellas. Algo que debilita por completo la relativa tranquilidad con la que vivían en la región.
La tensa calma se rompió con 27 asesinatos selectivos en dos días, producto de la guerra entre la disidencia del frente décimo de las Farc y el ELN.
Era una olla a presión contenida por un pacto de no agresión que había entre esas guerrillas desde 2011 (tras cinco años de crueles enfrentamientos). Sin embargo, desde hace más de un año estaba a punto de explotar.
Hubo campanazos. La confrontación entre la disidencia del Décimo y tropas venezolanas en la que el ELN tuvo que ver indirectamente o el aumento de homicidios en agosto pasado en la capital producto de una reorganización del poder de contrabando y microtráfico sobre el río Arauca.
Todos en el departamento anticipaban el estallido de una guerra entre guerrillas y los 38 asesinatos —más de dos muertos al día— que se han dado en los primeros 19 días del año confirman sus temores.
La realidad de la inversión
El domingo, Duque estuvo en Arauca. Llegó a la madrugada, tal y como hizo cuando visitó Cali en mayo pasado en medio de la crisis de seguridad por el paro nacional. Pero allí sí se quedó todo el día.
Pasó revista por los dos batallones que su Gobierno envió a ese departamento fronterizo para atender la ola de violencia que se desató desde el 2 de enero por los enfrentamientos entre las disidencias y el ELN. En la mañana, hizo un consejo de seguridad y entregó nueva dotación a la Fuerza Pública: cuatro botes de bajo calado para la Armada y 24 motocicletas para el Ejército. En la tarde, presidió el taller Construyendo País, su evento insigne de rendición de cuentas.
“He sido el Presidente que más ha visitado este departamento y este es el Gobierno que más inversión social en infraestructura y en seguridad ha hecho en el departamento de Arauca”, dijo Duque.
En total son 1,8 billones de pesos asignados, de los cuáles hasta ahora ha concluido la ejecución de 507 mil millones.
Casi un billón de esa cifra está representado en la inversión de dos vías nacionales (La Soberanía y la Ruta de los Libertadores) que también cuentan como inversión en otros departamentos como Boyacá, Norte de Santander y Casanare.
Alrededor de 200 mil millones se gastaron en mantenimiento de vías y mejoramiento de dos aeropuertos en la región. Otros 268 mil millones corresponden a programas de subsidios como Familias en Acción y Jóvenes en Acción y otros 317 mil millones de pesos en programas del Ministerio de Agricultura como acceso a créditos, tasas de interés bajas o asesoría técnica a agricultores.
El Gobierno ya había presentado esas mismas noticias de inversión al departamento a principios de 2021. Y tal y como nos dijeron dos periodistas, un político, dos defensores de derechos humanos y un miembro de una Ong de la región que accedieron a hablar, quedaron opacadas ante la situación de seguridad.
“Uno entiende que él (Duque) está organizando la casa porque va de salida pero no se puede maquillar la violencia. Puede haber inversión pero la anula totalmente lo que está pasando en el piedemonte”, dijo una de esas fuentes.
Seguridad reactiva
Al hablar de resultados de seguridad, pilar de su Gobierno, mostró como su logro visible que hay más militares en la región.
“Sabemos que el departamento sigue siendo afectado por la violencia. Tristemente sí, tristemente sí pero se han mejorado muchas cosas (…) en estos años de Gobierno hemos logrado aumentar el pie de fuerza”.
Sin embargo, esa medida no ha frenado el escalonamiento de la violencia.
A finales de marzo, cuando se dio el desplazamiento de más de 4 mil personas desde Venezuela hacia Arauquita producto de los combates entre el régimen venezolano y la disidencia del frente Décimo de las Farc en la línea fronteriza, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que enviarían 2 mil militares más, para completar 9 mil en el departamento.
En agosto, cuando ya habían llegado cerca de 1.700 uniformados, ocurrieron más de 20 asesinatos selectivos consecutivos en la capital araucana, aún cuando ese era el municipio relativamente más seguro de la región.
Ante eso, en septiembre, Molano reafirmó estrategias de seguridad existentes e insistió en el aumento de pie de fuerza. A los pocos días, llegaron 400 militares más a la región y aún así, el año empezó con el enfrentamiento entre guerrillas.
Al respecto, el consejero de Seguridad de Presidencia, Juan Camilo Restrepo, nos dijo que ese refuerzo significa mucho más que simplemente tener muchos militares.
“Aumentar el pie de fuerza es muy importante para ejercer control territorial pero ahora necesitamos que la gente pueda denunciar sin temores ni presiones y para eso la Fuerza Pública está enfocada en que los araucanos sientan confianza en esa presencia institucional”, dijo.
La otra estrategia de seguridad que el Gobierno ha desplegado, también en los momentos en los que la violencia se ha recrudecido, es la de ofrecer recompensas por información de cabecillas de los grupos ilegales.
Otra medida que el investigador de la Fundación Ideas para la Paz, Andrés Aponte, explicó en Charlas con La Silla por qué resulta ineficiente: “Están enfocados en (…) lo que fue exitoso con las Farc: dar de baja a prominentes figuras dentro de las organizaciones armadas pero no tienen en cuenta que su naturaleza es distinta. (…) Los mandos medios ahora asumen poder”.
Y aunque el Gobierno ha anunciado acciones específicas, como en septiembre pasado cuando fijó desmantelar la olla de microtráfico que funciona en la invasión de Los Guires en Arauca capital, nada ha ocurrido al respecto.
Siguen mandando las guerrillas
La estrategia de seguridad de Duque se planteó alrededor de las “Zonas Futuro” que en Arauca, particularmente, buscaba “la disrupción de la injerencia del terrorismo”. A ocho meses de que acabe el gobierno Duque, este propósito está muy lejos de cumplirse.
En el marco de esa estrategia de seguridad para las zonas más azotadas por el conflicto y las economías ilegales, el Gobierno planteó desde principios de 2021 la construcción de una estación de Policía en el centro poblado de Puerto Jordán en Tame y de dos bases militares más en el departamento. Ninguna de las dos se ha hecho, aunque Duque volvió a anunciarlas como noticia este domingo.
En todo caso, las fuentes consultadas en terreno nos dijeron que dado el escalonamiento de la violencia actual, una estación de Policía o una base militar nueva se convierten en un objetivo militar más para los ilegales.
“En Betoyes (Tame) se construyó una estación de Policía pero su funcionalidad es nula. Los policías están dedicados a cuidar la infraestructura de la estación y no a patrullar o actuar ante denuncias. Y es que no pueden, porque los matan”, nos dijo un miembro de una Ong que trabaja en el territorio.
Como lo detalló Human Rights Watch en su informe sobre Arauca en 2020, las guerrillas ejercen tal control social en el departamento que la ley que aplica es la de ellos. Así, tal y como reconoció alias ‘Ernesto’, del frente Décimo de las Farc –el único que ha hablado en medios–, ellos regulan ajusticiamientos según su parecer.
Con la guerra que se desató desde el 2 de enero, ambos grupos están mostrando sus capacidades. Según información extraoficial de las fuentes consultadas en terreno, hay tres comunidades indígenas entre Arauquita y Tame en confinamiento forzoso, ya que alrededor de sus resguardos las guerrillas impusieron restricciones de movilidad. Y aunque no haya comunicados oficiales de los grupos, en algunos sectores de Saravena, Fortul, Tame y Arauquita ha corrido el voz a voz de toques de queda nocturnos.
Y a los 38 homicidios selectivos que han ocurrido se suma un aproximado de mil personas en desplazamiento. Los registros oficiales, según dos fuentes oficiales que trabajan en temas humanitarios, un defensor de derechos humanos y un miembro de una Ong que trabaja en atención humanitaria, son imposibles porque la gente teme a denunciar.
“Los que informan que se vieron obligados a dejar su casa, desaparecen del departamento inmediatamente”, dijo una de esas fuentes. Entre los desplazados también hay ex guerrilleros en proceso de reincorporación.
Además, desde hace 15 días un grupo de más de 50 líderes sociales, campesinos y comunales de todo el departamento están viviendo en una sede de organizaciones sociales en Saravena, “como una medida preventiva”, nos dijo uno de ellos.
El agravante de esa guerra es que ocurre a ambos lados de la frontera, una zona en la que tanto colombianos como venezolanos viven en función de cruzar el río para estudiar, trabajar y regresar a dormir, como si fuera una sola región.
Se sabe que también ha habido asesinatos selectivos del lado venezolano y que el régimen de Nicolás Maduro movilizó tropas al estado fronterizo de Apure para combatir a la disidencia del frente Décimo –con la que se enfrentó hace 10 meses y salió derrotado–.
El presidente anunció el domingo “una operación trasnacional definitiva para desenmascarar las redes de lavado de activos de las disidencias y el ELN en Arauca”. Le preguntamos a su consejero de seguridad y nos dijo que más allá de esa mención, no hay información pública acerca de los países con los que trabajaría en esa operación o cuando comenzaría.
Lo que está claro es que no es con Venezuela, dada la ruptura de relaciones con ese país, aun cuando es fundamental dado que es allí donde ambos grupos ilegales tienen asiento.
