La visita del fiscal Francisco Barbosa a Medellín de la semana pasada, el título de una entrevista que le hizo el periódico El Colombiano y la respuesta del alcalde Daniel Quintero levantaron la tensión política de la ciudad. Y aunque Barbosa no se fue contra el alcalde, el titular dejó la impresión contraria. Quintero aprovechó la situación para atacar a la oposición de su gobierno y reforzar el discurso anti élite que lo llevó al poder.
La rueda de prensa de Barbosa
El 19 de julio, Barbosa anunció la solicitud de audiencias de imputación contra nueve altos responsables del proyecto de Hidroituango, entre los que se destacan el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos (2008 - 2011), condenado por sus vínculos con el paramilitarismo, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar (2008 - 2011) y el exgerente general de EPM Federico Restrepo. Ninguno de ellos es cercano a Quintero y, de hecho, han sido opositores a su gobierno o cercanos a sus rivales políticos.
Barbosa anunció que se les siguen procesos por fraude procesal, peculado e interés indebido en la celebración de contratos, entre otros. La mayoría por hechos ocurridos en el 2011, cuando fueron celebrados los primeros contratos entre EPM y la sociedad Hidroituango. Esta última encargada de ejecutar el proyecto energético más grande de la historia del país y que en 2018 sufrió una serie de emergencias que pusieron en peligro su viabilidad.
En la tarde, después de la rueda de prensa, Quintero trinó un vídeo en el que repitió las críticas en contra de un sector de las élites políticas y empresariales antioqueñas por su manejo de Hidroituango, que fue uno de sus caballos de batalla para llegar al poder en Medellín y que generó la ruptura de las buenas relaciones entre la administración pública de la ciudad y el empresariado de la región.