Hace una semana el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri ordenó cambiar al jefe de vivienda rural en el Banco Agrario, que lidera el programa con mayor presupuesto de todo el agro y que es el equivalente para el campo de las 100 mil casas urbanas que el vice Germán Vargas Lleras convirtió en su bandera política. En su reemplazo nombró a una persona de la cuerda del ex senador Juan José García Romero, el poderoso barón cartagenero que perdió su curul cuando fue condenado por corrupción y un fiel aliado de la reelección de Juan Manuel Santos.
Hace una semana el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri ordenó cambiar al jefe de vivienda rural en el Banco Agrario, que lidera el programa con mayor presupuesto de todo el agro y que es el equivalente para el campo de las 100 mil casas urbanas que el vice Germán Vargas Lleras convirtió en su bandera política. En su reemplazo nombró a una persona de la cuerda del ex senador Juan José García Romero, el poderoso barón cartagenero que perdió su curul cuando fue condenado por corrupción y un fiel aliado de la reelección de Juan Manuel Santos.
Esa decisión disparó las alarmas en el sector de que se politice un programa que es considerado la joya en la corona del campo y que este año maneja un presupuesto de 1,1 billones de pesos. Sobre todo, porque va acompañada con un cambio que quiere hacer Iragorri en la modalidad en la entrega de las casas, que ya no se hará por convocatoria pública sino concertada con los alcaldes y gobernadores, lo cual podría tener grandes réditos políticos para el Gobierno en época electoral. Y porque él mismo tiene, según sus colegas del gobierno, aspiraciones presidenciales.
Un gerente político para la vivienda
El lunes de la semana pasada llegó un nuevo gerente de vivienda rural al Banco Agrario en reemplazo de Juan Carlos Ortega, el técnico que puso en marcha el programa bajo la batuta del ex ministro Juan Camilo Restrepo.
Se trata de Sergio Agustín Suárez Nieves, un contador público y revisor fiscal sin ninguna experiencia en vivienda o estructuración de proyectos, los dos temas que manejará ahora.
Suárez nació en el municipio guajiro de Fonseca pero ha vivido las últimas dos décadas en Cartagena. Allí se ha dedicado sobre todo a la docencia, siendo decano académico de la Universidad Colombo Internacional y director de contaduría pública en la Rafael Núñez.
También se ha movido en el mundo político: fue presidente departamental de Alas Equipo Colombia (el extinto partido de Luis Alfredo Ramos y Álvaro Araújo Noguera), candidato con éste a la Cámara en 2006 (quemándose con 665 votos) y cabeza de lista al Concejo de Cartagena en 2007 (quemándose con 430).
En el sector público fue director de tres oficinas del Banco Agrario en el centro de Bolívar (Arjona, San Juan Nepomuceno y Marialabaja), auditor de la Caja Agraria y director de impuestos en la alcaldía de Campo Elías Terán.
Éste último fue un puesto que, según le confirmó a La Silla un político de la región que militó en ese grupo, fue uno de los que recibió el clan García Zuccardi en la administración del fallecido alcalde. Es además cercano -según dos políticos locales- a Duvinia Torres, la concejal de los García allá.
Tres fuentes del sector agrario y dos de la política le confirmaron a La Silla que Suárez llega al Banco Agrario como cuota del grupo político de los García Zuccardi, hoy en cabeza del senador Andrés Felipe García Zuccardi y el representante Alonso del Río (allegado de toda la vida a esa familia).
“Eso [el de vivienda rural] es un tema que lidera el representante Alonso, que está en la Comisión Quinta que trabaja los temas de agricultura y tiene un vínculo muy cercano con Iragorri. Porque tú sabes que ese ministerio es supuestamente de La U y ahí trabajan de la mano para que entren los de La U”, le dijo a La Silla una persona de ese grupo político.
El Ministro Iragorri le negó a La Silla que Suárez haya llegado por recomendación política y señaló que cualquier vínculo que pueda existir con los García no influyó en su nombramiento.
“Esa hoja de vida la llevé yo. No vino ni por García, ni por Zuccardi, ni por el hijo de ellos, ni por el representante de ellos. A Piedad no la veo desde que está en la cárcel. Que los conozca, que sea del grupo o que haya trabajado con ellos, no sé. Cuando uno es de provincia normalmente viene de o ha trabajado con un grupo político. Pero que esté ahí para hacerles la vuelta, no”, le dijo Iragorri a La Silla, explicando que lo conoció cuando, como Ministro de Interior, trabajó el tema de seguridad con el Fonsecon.
Según el ministro, viene buscando un cambio en la gerencia de vivienda rural desde hace cuatro meses. Por eso contó que él envió cuatro hojas de vida a la firma cazatalentos Hunting & Selection, de las cuales tres cumplieron los requisitos y la de Suárez fue la mejor. También enfatizó que el nuevo gerente cumple con todos los requisitos legales para ese rol, como lo muestra en efecto el perfil del cargo que le entregó a La Silla.
“Él no va a construir, sino a gerenciar y sacar adelante el proceso. Su compromiso es desatrasar la ejecución”, dijo, añadiendo que -como contador, revisor fiscal y antiguo empleado del Banco- es idóneo para el puesto.
El regreso triunfal de “Juancho” García
Más allá de si llegó con la recomendación de su padrino político o porque Iragorri vio en él al profesional más óptimo para el cargo, el gran ganador con este nombramiento es Juan José García Romero, el ex senador de origen liberal condenado en 1998 por corrupción que -como contó La Silla- fue uno de los apoyos clave de la reelección de Santos en la Costa.
Tanto que fue uno de los invitados especiales a la celebración del Presidente en el Claustro de la Enseñanza el día de su victoria sobre Óscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta presidencial, teniendo acceso privilegiado a un área a la que sólo entraron los familiares y políticos más cercanos. Y luego repitió el 7 de agosto en el coctel el día de su posesión.
Ese reconocimiento se lo ganó tras haber sido el cerebro de la estrategia de Santos en Bolívar, donde dobló su votación entre primera y segunda vuelta (y repitió un rol que la familia ya había tenido en 2010, cuando su esposa Piedad Zuccardi fue su coordinadora allí). “El Presidente lo adora”, le contó hace dos meses a La Silla Caribe un senador de la coalición santista, cuando hicimos el ranking de súper poderosos de Bolívar que García encabeza.
‘Juancho’, como le dicen en la Cartagena política, es la cabeza de un poderoso grupo político que no ha perdido influencia pese a sus líos jurídicos.
Cuando él fue condenado por el desvío de auxilios parlamentarios, su esposa Piedad heredó sus votos y su curul en el Senado. Ella fue detenida en 2013 y está en juicio por parapolítica, por lo que el cetro pasó a manos de su hijo Andrés, que -con 31 años y cero experiencia en política- llegó al Senado con 50 mil votos (manteniendo viva la racha familiar de 35 años consecutivos en el Capitolio).
De hecho, esta influencia -lejos de estar minada- ha ido en aumento con Santos II.
Hoy en La U, el partido del Presidente, García funge como si siguiera siendo congresista: asiste a reuniones de la colectividad, opina, quiso influir en la elección del director del partido e incluso -a nombre de La U- le dan cita algunos ministros. Todo esto es lo que hace que algunos legisladores se refieran a él como “el senador número 22” de La U.
Según dos fuentes del Gobierno, los García Zuccardi inicialmente promovieron para el cargo de vivienda rural el nombre de Flavio Romero Frieri, un arquitecto que es primo hermano de Juan José y a quien la ex senadora ya había incluido en 2012 en una terna para dirigir Transcaribe en Cartagena (en la que salió elegido otro político cercano al grupo). Pero esa posibilidad se cayó cuando Romero fue nombrado presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en marzo, por lo que empezaron una nueva búsqueda.
Fue ahí que surgió el nombre de Sergio Suárez. Su perfil contrasta con el de su antecesor Juan Carlos Ortega, un economista de la Universidad Nacional que lleva dos décadas trabajando en temas de vivienda y que -según le confirmó Iragorri a La Silla- ahora pasó a ser asesor de despacho del presidente del Banco Agrario, Francisco Solano.
Ortega llegó a ese cargo en 2010 tras trabajar en tres alcaldías en Bogotá, como subdirector social de Planeación de Enrique Peñalosa, subsecretario de control de vivienda con Antanas Mockus y subsecretario de planeación socioeconómica con Lucho Garzón.
Además, fue consultor en vivienda en el Banco Mundial y el BID, gerente de una de las 35 zonas en reconstrucción tras el terremoto de Armenia y subdirector del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional.
Ese cambio incluso agarró por sorpresa a dos integrantes de la junta del Banco, que cuando La Silla los llamó a consultar sobre este cambio señalaron que Ortega había estado hace dos semanas en su última sesión y les había hecho un balance de gestión que uno de ellos describió como “muy positivo”.
El cambio de un técnico por un político no es el primer trueque de esta naturaleza que hace Iragorri desde que llegó al Ministerio. De hecho, los dos jefes que tiene Suárez en el Ministerio tienen también un perfil político.
El viceministro de desarrollo rural -que tiene bajo su ala todos los temas sociales del campo- es Juan Pablo Díaz Granados, el ex alcalde de Santa Marta que fue gerente de la reelección en Magdalena, viene de una de las familias más poderosas allí (es primo del el ex ministro y ex presidente de la U Sergio Díaz Granados y el representante Eduardo Díaz Granados, ambos del partido de Iragorri) y tampoco tiene mayor experiencia en el agro.
Y su superior inmediato, el director de bienes públicos rurales -la dirección encargada de coordinar las obras públicas como distritos de riego o vías terciarias en el campo durante en el posconflicto- es el ingeniero cordobés Héctor Julio Álvarez, que -como contó La Silla- viene recomendado por el muy votado senador Musa Besaile de La U e incluso sonó como su candidato a la alcaldía de Chinú.
“Yo lo vi [a Álvarez] haciéndole campaña a Santos en Córdoba. Cuando uno gana, nombra a la gente que le ayuda: los hay técnicos y los hay de origen político, siempre y cuando cumplan los requisitos. Uno no puede descalificarlos por eso. Yo entonces, por ser hijo de [el ex senador] Aurelio Iragorri, ¿no puedo hacer política?”, dice el ministro.
Los nombramientos políticos han sido una regla en el sector agrario desde hace dos años. En 2013, cuando era ministro Rubén Darío Lizarralde, Santos le entregó tres entidades clave a congresistas conservadores, en momentos en que quería evitar a toda costa una candidatura rival dentro de los azules (como al final sucedió con Marta Lucía Ramírez).
Fue así como un ahijado de Efraín Cepeda llegó a dirigir el Ica, uno de Hernán Andrade al Incoder y Álvaro Navas Patrón -el sobrino político de Roberto Gerlein– al Banco Agrario (de donde salió hace un año).
Ya con Iragorri llegaron otros apadrinados por congresistas: además de la cuota de Besaile, llegó un recomendado del senador azul Juan Diego Gómez a una subgerencia del Incoder y la fórmula al Congreso de Andrade a un puesto clave en el Incoder. El nombramiento de una ahijada del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías de La U a una subgerencia del ICA se cayó después de que La Silla lo contara. (En cambio, en la presidencia del Banco Agrario, Iragorri se la jugó por un técnico pese a las presiones de los congresistas).
Según le confirmaron a La Silla cuatro ex funcionarios del sector, la gerencia de vivienda rural siempre fue uno de los puestos agrarios más codiciados por los políticos.
“En el pasado muchos parlamentarios, especialmente los de la Costa, habían pedido ese cargo. Hacían grupos y decían que [un candidato] tenía el respaldo de todos”, dice uno de ellos. “Sí hubo presiones para volver al modelo viejo de la época de Uribe, en que se le daban unos cupos [de viviendas] a los parlamentarios para que ellos escogieran a tal alcalde, tal constructor y tal interventor”, dijo otro.
Pero hasta ahora los ministros de Agricultura se habían resistido a ceder control de una de las dependencias con más plata y más proyectos del sector, clave para el posconflicto y para reducir la pobreza en el campo.
Cambios en el techo para el campo
Las 100 mil viviendas rurales, aunque mucho menos mediáticas que las de Vargas Lleras, son uno de los pilares de toda la política agraria del Gobierno.
Son uno de los puntos en el acuerdo agrario que firmaron las Farc y el Gobierno, que se compromete “a crear e implementar el Plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural” para mejorar la calidad de vida en el campo.
Además, el actual programa -que es una versión miniatura del que nacería si se firma un Acuerdo final en La Habana- es el más consentido del sector, llevándose el 19 por ciento del presupuesto de inversión del Ministerio (y recibiendo nuevos con el Pipe 2 que lanzó Santos en abril).
Pero va mucho más atrasado que su ‘par’ en las ciudades. Mientras Luis Felipe Henao (y Vargas Lleras) han terminado ya 92 mil, Agricultura apenas ha inaugurado o terminado las mejoras en 58.370.
Hay varias razones que explican esa diferencia en los tiempos, incluyendo que éstas están desperdigadas por las zonas rurales (en vez de concentradas en conjuntos residenciales); que solo se puede estructurar un proyecto cuando hay un número determinado de beneficiarios en un municipio; que han tenido muchos problemas con las pólizas de seguros (dado el número de proyectos de vivienda cuya plata se perdió durante el gobierno Uribe); y que la mayoría de las sentencias de restitución de tierras vienen con una orden de incluir a sus víctimas en el programa. Es decir, hay más variables en juego.
Pero el hecho de que haya casas asignadas hace tres años y sin entregar llevó a Iragorri a pensar que era necesario un cambio, según se lo dijo a La Silla.
“Si yo sigo con el proceso como viene, no podría cumplir con la promesa que le hice al Presidente de entregar todas antes de final de año. Cuando uno tiene a la misma gente, tiene los mismos resultados”, le dijo a La Silla.
Por eso Iragorri está impulsando un revolcón en toda la política de vivienda. Ampliará el tamaño de las casas que él ha calificado como “indignas” (pasarán de 36 a 55 metros cuadrados), les añadirá otra habitación, las dotará con una batería sanitaria y las entregará con acabados (a diferencia de cómo es hasta ahora, tanto en las rurales como las de Vargas Lleras). Acelerará los tiempos, para que todo el proceso, desde que se asigna el subsidio hasta que se entrega la casa, demore solo cinco meses (y no los 27 que él dice se toma hoy).
Pero, sobre todo, cambiará la modalidad como se entregan. En vez de asignarlas a través de convocatorias, el plan del Ministro es que -al igual que en sus reuniones regionales de planeación bautizadas Pares– se concerte su entrega con los alcaldes y gobernadores según las necesidades locales.
(La entrada en vigor de estos cambios -que no regirán para las 100 mil casas ya contratadas sino para todos los programas a futuro- depende aún de un decreto que ya firmaron Agricultura, Interior y Vivienda pero que lleva cuatro meses frenado en Hacienda).
Ese tema -las convocatorias versus las asignaciones directas- es polémico entre los expertos del sector y también ha disparado los temores de que los beneficiarios se escojan con criterios políticos.
Algunos creen que, como dice un ex funcionario, “ninguna convocatoria es perfecta, pero es la mayor coraza contra la corrupción y el clientelismo”. Sus detractores argumentan que en las convocatorias muchos campesinos no se enteran y salen ganando los departamentos más pilos a la hora de postular beneficiarios (como Nariño, Antioquia y Cauca), por lo que es mejor identificar y buscar a los campesinos que más lo necesitan.
La Misión Rural, que Santos creó para trazar una política agraria a largo plazo, es crítica de las convocatorias, pero insiste en que debe ser una entidad externa como el Departamento de Prosperidad Social o Planeación Nacional la que -usando bases de datos como la del Sisben o el Índice de Pobreza Multidimensional– se encargue de que el proceso de selección focalice a los que más lo necesitan y sea transparente.
“El problema básico [de las convocatorias] es que sesgan los procesos hacia municipios que tengan mayor capacidad para elaborar proyectos. Pero la asignación a dedo por motivos políticos puede ser, sin duda, peor”, dice un experto del sector que está de acuerdo con el diagnóstico de la Misión Rural.
Iragorri le aseguró a La Silla que en todo caso mantendrá el actual sistema de contratación de las casas, en donde -a diferencia del modelo que había en la era Uribe- el Banco Agrario ha venido creando unas gerencias integrales, escoge a los constructores y los interventores, y le hace seguimiento permanente a la ejecución. Es decir, que no se volverá a un modelo donde los alcaldes escogían a los constructores e interventores y el Gobierno desembolsaba la plata pero no hacía casi visitas de seguimiento.
“No hay ninguna posibilidad de politizar el proceso”, dice, añadiendo que ya no serán los alcaldes los que postulan a los beneficiarios (como ocurre con las actuales convocatorias), sino que el Ministerio buscará a los campesinos que lo necesitan en los municipios con mayor déficit de vivienda.
Este argumento, quizás, podría enviar un mensaje de tranquilidad al sector si no fuera por el perfil de su elegido para dirigir precisamente ese programa: la carta de uno de los clanes políticos más poderosos y cuestionados de la Costa.
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