Las 10 recomendaciones – bomba de la Comisión de Drogas

Crear una agencia para política de drogas

La Comisión propone crear una agencia especializada en temas de drogas que coordine a todas las entidades involucradas en la lucha antinarcóticos, ya que la política de drogas hoy depende de una dirección dentro del Ministerio de Justicia y -dadas las dificultades que tienen los ministerios a la hora de coordinarse- no tiene cómo jalarle las orejas al resto del Gobierno.

La idea no es que administre bienes (como lo hacía el extinto DNE) sino que, siguiendo el modelo de países como Estados Unidos o Perú, se encargue de coordinarlos a todos y maneje el presupuesto antidrogas, ya que -como dice un experto en el tema- “el que controla la plata, manda”.

Que sea una agencia, argumenta la Comisión, le daría más dientes que el Consejo Nacional de Estupefacientes donde hoy se reúnen, al que -como ha contado La Silla– nunca ha asistido el propio Santos. Y también le quitaría el monopolio sobre los temas de drogas que en la práctica tiene el Ministerio de Defensa, que ha defendido el enfoque más represivo.

Ayudar a reducir riesgos de consumidores

Una de las maneras claves para ayudar a las personas dependientes a qué reduzcan los riesgos de las drogas se centra en ayudarles -y enseñarles- cómo consumir más sanamente. La Comisión recomienda que se amplíen estos programas, en los que Colombia apenas está dando sus primeros pinitos pero que se suelen quedar sin financiación o no llegan a ser el centro de una política nacional.

Ya hay una primera experiencia positiva: desde hace un año Acción Técnica Social -una ONG que trabaja en prevención de riesgos a consumidores- le está entregando jeringas nuevas a personas que se inyectan heroína en Pereira, para reducir su probabilidad de contagio de VIH/Sida o hepatitis C. Ese piloto, que se llama “Cambie” y que acaba de comenzar también en Bogotá, los tiene repartiendo unos 13 mil kits de jeringas mensuales y atendiendo a 70 personas cada día.

Asimismo, la naloxona -que permite salvar de la muerte a una persona en sobredosis por heroína- solo se encuentra en Colombia en hospitales y el Ministerio de Salud aún no ha adoptado la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en 2014 de hacerla fácilmente accesible.

Replantear la fumigación de coca

La Comisión concluye, como muchos expertos, que los resultados de la aspersión aérea son pobres para sus altos costos y que, además, resulta dañina para la salud, el ambiente y la legitimidad del Estado en las zonas afectadas.

A pesar de que el programa de fumigación es muy opaco y de que no son públicos ni sus metas, presupuesto o contratación, la Comisión subraya que el costo-beneficio de atacar uno de los eslabones más débiles de la cadena (los cocaleros) ha tenido un efecto magro sobre el negocio.

Calcula que para erradicar de manera definitiva una hectárea de coca es necesario asperjar 30, debido a que un porcentaje muy alto de esos cultivos se resiembran a la siguiente lluvia. Eso significa que, a un costo de 2600 dólares por hectárea asperjada, eliminar una hectárea efectivamente cuesta 72 mil dólares (mientras la cocaína que produce cuesta unos 3600 en el mercado).

Regular la marihuana medicinal

A pesar de que el Estatuto Antinarcóticos de 1986 autoriza que la marihuana sea utilizada en ambientes médicos, Colombia jamás reglamentó su uso en las tres décadas siguientes.

De hecho, el año pasado se hundió en el Congreso el proyecto de ley del senador liberal Juan Manuel Galán que buscaba regularla por primera vez, para permitirle acceso a las personas con enfermedades como la epilepsia refractaria o para quien sufren dolores crónicos que no pueden ser paliados de otra manera.

Ir más allá del ‘Di no a las drogas’

Si el enfoque de salud es el centro de la agenda, uno de sus ejes más importantes es la prevención, con el ánimo de reducir por ejemplo el consumo en menores de edad y postergar su edad de consumo.

Por eso la Comisión recomienda que esos programas sean integrales y apunten a transformar las condiciones de vida de los jóvenes consumidores en potencia, en vez de limitarse al tradicional mensaje de ‘Di no’ que promovía el búho Dino en los comerciales de la Policía por las noches. De hecho, el mayor programa de prevención hoy lo maneja la Policía, que no es la entidad más apropiada para encargarse de un tema de salud pública.

Al igual que sucede con la reducción de daños para consumidores, la mayor amenaza para los programas de prevención es que su supervivencia y tamaño se ve limitado por la falta de plata que les está asignando Estado.

Cambiar la manera de medir el éxito contra las drogas

Pasar de pensar en la política antidrogas como un tema de salud más que uno policial también implica cambiar los indicadores con que se mide su éxito (o no). Eso implicaría dejar de pensar en cifras como la cantidad de arrestos, las hectáreas asperjadas o el volumen de droga incautada, que en sí no son capaces de explicar si hay una reducción en la demanda o una mejoría en salud.

De hecho, el indicador más usado por el Gobierno hoy son las hectáreas de coca fumigadas o erradicadas, que mide cada año la Oficina de la ONU para combatir la Droga y el Delito, pero que ni siquiera capturan la tasa de resiembra de coca en los meses lluviosos tras la fumigación.

En cambio, la Comisión propone otro tipo de mediciones que permiten entender mejor si se le está reduciendo el margen de maniobra a las organizaciones criminales que controlan el negocio, como los índices de reducción de violencia. O, para ver si hay menores riesgo entre los consumidores, mirar la reducción en sobredosis o las tasas de aumento de personas con VIH/Sida o hepatitis C.

Subirle el perfil al lavado de activos

Tal vez el brazo más invisible de la cadena de la droga sea el lavado de activos, que sigue siendo uno de los eslabones más descuidados no solo en Colombia sino en el resto del mundo. Por esto, la Comisión recomienda que el Gobierno le suba el perfil a la dimensión financiera del negocio.

Sobre todo porque casi todos los esfuerzos en lavado están en el sector financiero, pero la plata del narcotráfico se ha ido deslizando hacia otros lados a raíz de que se ha vuelto más difícil. Uno de ellos es el contrabando, que permite el movimiento rápido de dinero en zonas donde hay muy poco control del Gobierno y que -como ha contado La Silla- pasó de ser un negocio centrado en productos ‘clásicos’ como el alcohol, los cigarrillos y la gasolina hacia otros muchas veces más difíciles de controlar como los alimentos.

El otro son los bienes raíces, pero -pese a que la extinción de dominio existe desde 1996- los resultados han sido magros. En enero del 2014 el Gobierno aprobó un Código de extinción de dominio que permitirá formar jueces especializados en perseguir este delito, pero lleva año y medio estancado en el Consejo Superior de la Judicatura, que no ha asignado ni los jueces ni la plata. Eso significa que solo hay 3 jueces de extinción de dominio hoy (todos en Bogotá) y que todos esos procesos los llevan jueces penales que no tienen la formación idónea para hacerlo.

Eso hace que en un buen año la Fiscalía llegue a confiscar 3,5 billones de pesos a todo tipo de delincuentes, mientras el solo narcotráfico factura 9 billones, según cifras del ex Vicefiscal Wilson Martínez, que dirige un observatorio sobre estos temas en la Universidad del Rosario.

Replantear la extradición

Para la Comisión, la extradición de narcos debe replantearse ya que “no tiene actualmente las dimensiones que le son propias en el sentido político criminal del término” y termina teniendo mayores desventajas para el país que ventajas.

En particular, recomienda repensar un sistema que ha facilitado que muchos de los capos colombianos terminaran recibiendo rebajas de penas en Estados Unidos a cambio de información sobre los carteles mexicanos, para luego terminar sueltos y regresar al país para reencaucharse. O, como en el caso de narcos como Víctor Patiño Fómeque o Phanor Arizabaleta, volver al país para disfrutar sus fortunas casi intactas. A eso se suma que mucha de la evidencia que ellos aportan en países como Estados Unidos no puede usarse como prueba en Colombia porque no ha sido judicializada acá y, por lo tanto, se pierde.

Actualizar el Estatuto antinarcóticos

Una de las tareas que se propuso Santos fue sacar un nuevo Estatuto antinarcóticos que ‘oficializa’ todas políticas antidrogas, ya que el que está vigente data de 1986 y poco se ajusta a la realidad hoy.

Pero esa promesa tuvo un recorrido espinoso: el primer borrador de Germán Vargas Lleras, cuando era ministro del Interior y Justicia, tenía una aproximación totalmente represiva, que fue reelaborada por completo en el segundo borrador que hizo su sucesor Juan Carlos Esguerra. Luego Ruth Stella Correa lo depuró, lo consultó con otras entidades claves como Procuraduría, Fiscalía, Defensa y Salud y lo presentó al Consejo de Política Criminal. El problema es que cuando subió la presión de la opinión pública en 2013 por el escándalo de las drogas sintéticas -que además de sacado de contexto era apenas una parte ínfima del estatuto- el Gobierno decidió abortarlo y no lo terminó presentando al Congreso. Desde entonces, no se ha movido.

Ese borrador definitivo traía varios cambios innovadores como insistir en que los municipios deben tener un mayor protagonismo en la prevención y el tratamiento (una obligación legalmente, pero letra muerta en la práctica) o endurecer las sanciones en donde no existen y sí se necesitan, como contra quienes proveen a menores de edad o consumen frente a ellos, quienes usan escopolamina o quienes comercializan medicamentos de uso controlado como drogas recreativas.

Liderar el debate mundial de la política antidrogas

La Comisión le recomienda a Santos y al Gobierno que juegue un papel más activo en la discusión mundial sobre la “guerra contra las drogas” y promueva un debate amplio e informado sobre la efectividad de la actual postura prohibicionista. Y sugiere que en temas invisibilizados hasta ahora, como el del lavado de activos, ese rol podría ser

Sobre todo a medida que se acerca septiembre de 2016, fecha que está circulada en rojo en las agendas de todos los expertos en drogas porque por primera vez Naciones Unidas abordará el tema en su Asamblea General. El problema es que, a un año y medio de esa cumbre, no hay un borrador de trabajo ni una ‘alineación’ de países que permita que lleguen a la mesa con posiciones comunes.

Aunque hay un cierto consenso de que se quiere un cambio en la política, no es claro cuál sería y tampoco cuáles deberían ser las discusiones allí, en un círculo de poder donde todo se negocia de antemano en los corredores y donde cualquier desacuerdo mínimo sobre temas como la regulacio?n puede arruinar la delicada danza diplomática.